La pugna entre Esquerra Republicana y Junts se recrudece cada día más. ¿Quién se puede arrogar más logros en Madrid para Cataluña? Con la Generalitat en manos de Salvador Illa (PSC), el independentismo tiene de manera paradójica como principal tablero político el Congreso. Y la nueva financiación autonómica se ha convertido en un elemento clave para el futuro político de las dos formaciones.

El nuevo sistema ideado por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, pasa este miércoles por la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El PP, que tiene en sus manos la mayoría de gobiernos regionales, no piensa apoyarlo cuando llegue al Congreso (todavía el proyecto de ley no ha sido acordado en el Consejo de Ministros). Por lo que todas las miradas están puesta en Junts de cara a esa futura negociación en las Cortes.

El sistema de financiación nace marcado políticamente por el acuerdo entre los socialistas y ERC para hacer presidente a Salvador Illa en Cataluña. Entonces, los republicanos para dar su apoyo al líder del PSC vendieron la creación de un concierto económico al estilo del País Vasco.

En el documento que suscribieron las dos formaciones se recogía el impulso de “un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de una Cataluña de 8 millones de habitantes”.

El acuerdo que alcanzaron Oriol Junqueras, líder de ERC, y el presidente, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa la semana pasada supone un aumento de financiación para Cataluña de 4.700 millones de euros, además de contemplar, al igual que el resto de autonomías, el aumento de la cesión de la recaudación del IRPF y del IVA hasta el 55% y el 56,5%, respectivamente.

Y uno de los aspectos más polémicos es que el sistema “tiende a la ordinalidad”, como señaló Montero, por lo que Cataluña será la tercera que más recibe por habitante al ser la tercera que más aporta en global. Pero eso no sucede igual en todas las autonomías, debido a los ajustes del modelo, por lo que Madrid no será la primera por habitante a pesar de ocupar ese puesto a nivel general.

Pero la llamada financiación singular para Cataluña dista mucho de ser un sistema como el cupo vasco, algo que está sirviendo a Junts para marcar distancias con ERC y amortiguar su pacto con el Gobierno. En realidad, se trata de una renovación del modelo de financiación de las comunidades del régimen común (todas menos Euskadi y Navarra) y no implica, como pretende desde hace años el independentismo, la recaudación total de los impuestos por parte de una Hacienda catalana.

Junts en estos momentos se posiciona en contra del sistema precisamente por considerar que se trata de “café para todos y perjudica a los catalanes, especialmente a los barceloneses”. Su apuesta sigue siendo un concierto económico y que la comunidad salga del paraguas de la ley de régimen común. Pero, sobre todo, está utilizando políticamente el asunto para desgastar a Esquerra, en un momento en el que los posconvergentes necesitan marcar terreno por la subida en las encuestas de Aliança Catalana.

Antoni Castellà, vicepresidente de Junts, hacía estas reflexiones al hilo del acuerdo entre Junqueras y Sánchez: “No entendemos por qué ERC, que siempre ha votado a favor del concierto económico. ha llegado a un acuerdo tan débil y que mantiene a Cataluña en el café para todos”. “Negociar un nuevo modelo de financiación sin las balanzas fiscales es un fraude”, reflexionaba. 

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también ha sido muy crítica con el plan acordado por el Gobierno y ERC: “El modelo de financiación dice que Madrid gestiona el dinero de los catalanes: Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez o incluso Abascal. Nosotros no queremos eso”. No obstante, Puigdemont todavía no se ha pronunciado específicamente.

En Esquerra son conscientes del intento de Junts de rebajar de todas las maneras por el acuerdo. El que ha hablado de manera más clara ha sido el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha expresado durante estos días:  “Ante cualquier acuerdo de ERC siempre lo mismo. La derecha española dice que es una traición por exceso y la derecha catalana dice que es una traición por defecto. PP, VOX y Junts con diferentes banderas pero la misma soberbia”.

Por eso, ha pedido: “Si quieren votar en contra, que lo hagan. pero que lo expliquen. Y que no sean pesados. Sobre todo eso. Y, sobre todo, Junts”.

Asimismo, Junqueras está tratando de presionar al propio Carles Pugidemont, al que ha pedido una cita en Bruselas para hablar del nuevo modelo. Los posconvergentes están muy molestos con que el líder de ERC hiciera pública en una entrevista este lunes esa reclamación.

A juicio del portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, esta petición "llega tarde", reduciéndola a un "tanteo vía mensaje privado". "Lamentamos que haya trascendido al ámbito público este mensaje, una petición de reunión que era privada y que no tenía ni motivos ni concretaba ninguna fecha. No es la manera. Llega tarde, esto tendría que haber ocurrido antes de la reunión y la foto en Moncloa", señaló al hilo.

Y también Juns se ha lanzado contra el nacimiento de la empresa mixta que gestionará Rodalies, cuya firma se realizó entre Illa y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta es otra de las exigencias que puso ERC a los socialistas en las negociaciones tanto de la investidura del presidente catalán como de Sánchez. Al acto de rúbrica de este lunes acudió Ester Capella, exconsellera de Territori y una de las figuras de ERC más próximas a Junqueras. 

Los posconvergentes han desacreditado por completo esta iniciativa: "La firma de la empresa mixta de Rodalies escenifica un engaño ante el drama que vivimos en este país con el servicio de trenes. Que alguien pueda pensar que la solución pasa por hacer una empresa mixta de Rodalies en la que siga participando Renfe, y además con mayoría absoluta, nos parece una estafa”.

"Vemos un paralelismo evidente en estos acuerdos entre PSC y ERC. Es igual que sea Rodalies como financiación, siempre acaban descafeinados respecto a lo que prometieron en el punto inicial", lanzaron desde el partido posconvergente.

En mitad de esta pugna entre las fuerzas catalanas, en La Moncloa tratan de evitar enfrentamientos. Y no quieren poner presión sobre Junts de manera pública en un momento en el que las relaciones están rotas por parte de los de Puidgemont. Pero los socialistas creen que los posconvergentes pueden terminar apoyando tanto el sistema de financiación como la quita de la deuda (que fue aprobada en el último Consejo de Ministros de diciembre y ya pasa a tramitación parlamentaria) porque suponen miles de millones de para Cataluña y es muy difícil de justificar socialmente. 

La oferta de Pedro Sánchez a Junts no ha servido de nada por el momento. "Estamos donde estábamos", ha sido la respuesta que ha dado la portavoz posconvergente, Míriam Nogueras, después de que el jefe del Ejecutivo haya dado un giro en su discurso y haya puesto en marcha un paquete de medidas para atraer de nuevo a Carles Puigdemont al bloque de investidura,

Junts no contestó oficialmente al presidente del Gobierno hasta este miércoles por la mañana: "Que nadie se confunda. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir".

La portavoz de Junts ha enfatizado en una rueda de prensa en Barcelona: “La relación entre ellos y nosotros está cerrada, no hay negociación y no va a haber negociaciones”.

No obstante, sí ha reconocido que el presidente haya admitido "incumplimientos" sobre el acuerdo de Bruselas entre los dos partidos para la investidura de Sánchez. El jefe del Ejecutivo cambió, en sendas entrevistas este martes en Rac1 y La 2 Cat, su discurso, ya que hasta ahora había dicho que el Gobierno había hecho todo lo posible y que los acuerdos no se materializaban por actores externos: Congreso (traspaso de migración) y UE (cooficialidad del catalán en las instituciones europeas).

Respecto al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para flexibilizar el gasto de ayuntamientos como exigía Junts, Nogueras ha remarcado: “Demuestra que no querían cumplir, no que no pudieran, lo de ayer es parte de lo que se debería haber aprobado hace tiempo”.

Para Nogueras, el PSOE ha incumplido "la parte troncal de los acuerdos" a los que llegaron en los dos primeros años de la legislatura: "Cuando nosotros rompemos, rompemos". En este sentido, ha analizado que el Gobierno no tiene margen para aprobar los presupuestos, como se evidenció con el 'no' a la nueva senda de déficit la semana pasada por parte del Congreso. Para ella, el Ejecutivo está en una situación de "debilidad política".

"La decisión de cómo seguirá gobernando la tiene que tomar el Gobierno. Es Sánchez quien tiene que responder a esta pregunta", ha apostillado Nogueras, que ha insistido en que sólo aprobarán aquello que sea bueno para Cataluña: "Ojalá nuestro problema sea que, dentro de un mes, tengamos que volver a convocar para explicar qué haremos porque el Gobierno ha cumplido todo lo que tenía pendiente. Entonces querrá decir que se ha aplicado al cien por cien la amnistía o que el catalán es lengua oficial en la Unión Europea"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que el movimiento llevado a cabo ayer martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cambiado la posición de Junts y ha emplazado al PSOE a que "tome decisiones": "Estamos donde estábamos la semana pasada", ha señalado.

Así lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa en la sede de JxCat un día después de que Sánchez asumiese sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con Junts y anunciase medidas para remediarlo, entre ellas la aprobación de un decreto ley para flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles.

"Que nadie se confunda, estamos donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir", ha argumentado la portavoz de JxCat en el Congreso.

(En ampliación)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho este miércoles que una mejor financiación de Cataluña está "más cerca" tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, al tiempo que ha instado a Junts a abandonar la "queja" y a defender los intereses de los catalanes, según informa EFE.

En la sesión de control al president en el Parlament, Illa ha rebatido así a la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, que le ha acusado de "conformarse" con la propuesta en la que trabaja la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "¿Tiene usted voz propia o sencillamente hace de altavoz del PSOE?", le ha preguntado.

Sales, que se ha estrenado en esta sesión de control como presidenta de Junts en el Parlament en sustitución de Albert Batet, ha anunciado que su grupo ha registrado una solicitud de comparecencia de Illa para que "presente y explique su propuesta de financiación".

El president ha lamentado que "desde 2014 no ha habido ningún avance" en esta carpeta y ha recordado que Junts ha gobernado durante "mucho de este tiempo": "Pueden exhibir mucha queja, pero ningún resultado".

"En materia de financiación estamos más cerca que ayer y solo un poco más lejos que mañana de resolver un problema que ustedes durante muchos años de gobierno han sido incapaces de resolver", ha resuelto Illa.

El diputado de Junts en el Parlament Antoni Castellà ha tendido este miércoles la mano al Govern para "enmendar la plana" a la ministra Montero, en lo que respecta al nuevo modelo de financiación autonómica y tejer "un gran acuerdo de país a favor del concierto económico".

Durante la sesión de control al Govern, Castellà ha emplazado a la consellera de Economía, Alícia Romero, a que sea "valiente" y "dé un paso adelante" para "abandonar la oscuridad del Estado español y volver a la luz del catalanismo político".

El lunes, Montero avanzó a los consejeros autonómicos que presentará dentro de unos meses su propuesta para reformar el sistema de financiación para las comunidades de régimen común, en la reunión que celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Para Castellà, este anuncio de Montero representa "una enmienda a la totalidad" a la financiación singular pactada con ERC, porque se trata de "un modelo bilateral en el que todos ganan y todos están por encima de la media", mientras los catalanes siguen "pagando impuestos".

Y es que el diputado de Junts ha reprochado a la consellera que prometiese este acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica "antes de acabar el año" y todavía no se ha materializado.

Además, en su intervención, Romero ha anunciado que el Govern publicará las balanzas fiscales junto a la ley de presupuestos, tal y como estipula la ley.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha mostrado este viernes optimista para aprobar mediante el diálogo con Junts más iniciativas después de que la abstención de los nacionalistas permitiera este miércoles al Gobierno salvar una importante votación sobre la fecha de cierre de las nucleares.

La decisión de los catalanes no fue una sorpresa para el grupo socialista, ha asegurado López en una entrevista en RNE recogida por EFE, en la que ha señalado que sus "cálculos decían que podía pasar lo que pasó".

En su opinión, se debe tener cuidado con los "órdagos" en política porque luego hay que posicionarse sobre asuntos que "están encima de la mesa, no en el vacío", como el decreto para desarrollar la ley ELA que llega la semana que viene al Congreso u otras propuestas que mejoran la vida de los ciudadanos, incluidos los catalanes.

Entonces "¿van a votar en contra o se abrirán al diálogo?", ha preguntado el dirigente socialista, quien ha vuelto a ofrecer la "mano tendida" a Junts y ha asegurado que van a seguir hablando con ellos.

"En ese diálogo y esa negociación vamos sacando las cosas adelante y vamos a seguir haciéndolo así", ha insistido López, convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez agotará la legislatura.

Preguntado si al entendimiento con Junts contribuirá el aval del abogado general de la UE a la ley de amnistía, ha destacado que el informe respalda la tesis del Gobierno sobre que la polémica norma ha ayudado a la reconciliación en Cataluña.

Y sobre si allana el camino para aplicar la amnistía al líder de Junts, Carles Puigdemont, ha contestado que no sabe para añadir acto seguido que "quita una piedra del camino para ese recorrido y ese cumplimiento".

Pese a lo sucedido el jueves, el diputado de Junts Josep Pagès ha reclamado al Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones porque la mayoría parlamentaria y de gobierno "ya no existen" y el Ejecutivo ha perdido la capacidad de gobernar. 

Así se lo ha dicho el diputado de Junts al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso a la que el ministro ha acudido a presentar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

El diputado de Junts ha recordado que su formación decidió hace unas semanas dar por finalizado el acuerdo del gobierno con el PSOE. "El acuerdo que teníamos con el PSOE ya no existe, lo han roto ustedes con sus incumplimientos".

Pagès ha subrayado, en consecuencia, que esta mayoría parlamentaria y de gobierno "ya no existen" y "a pesar de que el Gobierno sigue adelante, ha perdido la capacidad de impulso político, por ejemplo, mediante la aprobación de leyes".

"Ustedes pueden ocupar el Gobierno, lo que no pueden hacer es gobernar", le ha espetado, para después instar al Gobierno a acudir "a la fuente de la legitimidad democrática, devolver la palabra al Parlamento o, en última instancia, al pueblo".

En este sentido, ha recordado que el artículo 115 de la Constitución prevé la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones como mecanismo ordinario de restauración, de legitimidad en el sistema parlamentario. 

El diputado ha reprochado a Bolaños que "ante este hecho traumático" que supone la ruptura con Junts, esté de lleno en la fase de negación, la primera etapa del duelo, caracterizada por la incredulidad ante la pérdida y una negación de la realidad". 

En cuanto a la reforma del Ministerio Fiscal, ha reprochado que se impulse justo en medio del juicio al fiscal general del Estado. "Nos parece que es difícil justificar cómo se puede pretender una reforma histórica con un fiscal encausado y con la Fiscalía cuestionada", ha dicho.

Y ha denunciado que lo que el Gobierno pretende no es la mayor transformación, "sino la mayor adquisición, es la mayor apropiación de la justicia en décadas".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este viernes en que la relación con el Gobierno está rota de forma "irreversible" y en que "no hay marcha atrás", aunque en las últimas horas ha habido nuevos gestos del Ejecutivo con la convocatoria de la ponencia de la ley sobre multirreincidencia presentada por su formación en la Cámara Baja.

"El Gobierno español no ha cumplido y empezar a hacer las cosas no es cumplir", ha añadido.

En sendas entrevistas en RNE y TVE, y que recoge EFE, ha remarcado que su formación no "va de farol", después de la ruptura hace una semana con el PSOE y de presentar ese jueves enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso, además de anunciar que harán lo mismo con las que lleve al Parlamento en el futuro.

"A partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar, la diferencia es abismal", ha dicho sobre los efectos de la decisión de Junts.

Ha reiterado que la medida adoptada ayer no era la escenificación de nada, que era el trabajo parlamentario que les correspondía tras la ruptura y que les ha llevado unos días porque había que preparar las enmiendas a la totalidad. "Cuando se rompe, se rompe. Hasta la ruptura, nosotros dialogábamos y cerrábamos acuerdos", ha recordado.

La portavoz de Junts ha insistido en que lo que ha pasado es consecuencia de la "inacción del Gobierno español", de sus "incumplimientos, mentiras y faroles".

"Yo soy muy pesimista en que este Gobierno cumpla los acuerdos. Ojalá nuestro gran problema sea que acaban cumpliendo los acuerdos y que nos tengamos que comer el sapo, pero yo creo que esto no va a pasar", ha añadido.

Preguntada sobre si Junts iría a una moción de censura, aunque fuera instrumental, ha mantenido lo mismo que en los últimos días, que si el PSOE en materia de incumplimientos ha "suspendido todos los exámenes", el PP "repite curso".

Junts ha anunciado este jueves que ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso y que hará lo mismo con las que lleve al parlamento en el futuro, incluidos los presupuestos generales del Estado, una medida con la que asegura queda "bloqueada" la legislatura.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha subrayado que sin los votos de su formación "no se pueden aprobar leyes" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe "desde el primer día" que su partido no vota para garantizar la "estabilidad" de España sino a favor de los intereses de Cataluña.

Nogueras ha explicado que Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y que vetará también las nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

Ha enfatizado que el Gobierno no podrá aprobar los presupuestos para el próximo ejercicio ni el techo de gasto, a menos que "una sus votos con el PP y Vox".

El Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa", ha insistido Nogueras, quien ha añadido que este paso de Junts es un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar y ha recordado que su formación no pide "favores" sino "coherencia" y que se cumplan los acuerdos.

Nogueras ha remarcado que el presidente Pedro Sánchez “debería dar explicaciones en el Congreso” sobre cómo piensa gobernar a partir de ahora. La portavoz ha recordado que el PSOE y Sumar no solo deben explicaciones a Junts, sino a todos los catalanes, e insistió en que Cataluña debe recibir lo que le corresponde. “Nuestra responsabilidad —que debería ser la de todos los servidores públicos catalanes— es hacer lo necesario para que eso ocurra”, dijo. “Es inaceptable que los partidos catalanes, los 19 diputados socialistas catalanes y el Gobierno de Cataluña, con el presidente Illa al frente, no hagan nada ante la deuda, la falta de respeto y el menosprecio constante del gobierno español hacia Cataluña".

Ante esta situación, el Ejecutivo ha insistido en los argumentos que expuso después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, informase de que su partido rompía el acuerdo al que había llegado con el PSOE al inicio de la legislatura.

"Mano tendida siempre", han subrayado fuentes del Gobierno a EFE tras conocer el nuevo paso dado este jueves por Junts. Han insistido también en que las iniciativas incluidas en el acuerdo de investidura con Junts que dependían en exclusiva del Gobierno, o se ha cumplido o están en vías de hacerlo.

En esa línea, han subrayado que el Ejecutivo mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Han insistido asimismo en que el Gobierno cumple con sus compromisos y han recalcado que siempre lo ha hecho.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este domingo que la legislatura "no puede llegar a 2027" ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene mayoría".

"La semana pasada dijimos que era la hora del cambio. Esto no es un ultimátum. Esto no es un aviso. Esto es una ruptura", ha aseverado en una entrevista publicada en El País.

La vicepresidenta de Junts ha subrayado que es Sánchez quien debe dar explicaciones sobre "qué va a hacer ahora".

"Con Junts se ha roto, no se habla, no se dialoga, se ha acabado y no vamos a negociar. Nosotros nos vamos a cobrar todo lo que hemos negociado, cerrado y firmado antes de la ruptura. Ya no nos vamos a reunir en Suiza. No vamos a abrir espacios nuevos de negociación para blanquear que han incumplido todo", ha expresado.

Preguntada sobre por qué han decidido "romper" ahora, Nogueras ha recordado que el último punto del acuerdo que firmaron era que la estabilidad de la legislatura iría en función del cumplimiento de los acuerdos.

Aunque ha puesto en valor que el PSOE se haya sentado en una mesa de negociación con representantes políticos del independentismo catalán, Nogueras ha incidido en que se confunde negociar con "hacer la lista de la compra".

"A nosotros no nos hace falta poner la lista de la compra porque el acuerdo dice que queremos el súper entero. No renunciamos a la unilateralidad, cosa que se nos ha pedido, y hemos escrito que no lo vamos a hacer", ha sentenciado.

Estas declaraciones de la portavoz de Junts, se producen después de que la militancia del partido catalán apoyase con el 86,98 % de los votos la ruptura del acuerdo de investidura.

Junts se enfrenta en estos momentos a una realidad compleja, marcada principalmente por la irrupción con fuerza en las encuestas de Aliança Catalana, que está atrayendo a parte del electorado posconvergente. Además, se encuentran en un terreno absolutamente contradictorio porque con su ruptura hacen tambalear la legislatura, pero, a la vez, rechazan cualquier tipo de moción de censura que suponga desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de La Moncloa y se niegan a ir de la mano en bloque con el Partido Popular y con Vox.

“Se debería hablar menos de cambios horarios y empezar a hablar de la hora del cambio”. La frase que le dijo la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la pasada sesión de control en el Congreso sigue retumbando con fuerza en el tablero político nacional. Un nuevo aviso, con el interrogante de hasta qué punto es una amenaza real.

El próximo lunes el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión con la cúpula de su partido para afrontar la situación actual y no se descarta ningún tipo de decisión. La cúpula baraja convocar a sus militantes a una consulta interna sobre su apoyo a Pedro Sánchez. Los posconvergentes se encuentran en una especie de callejón sin salida, presionados por el trasvase permanente de votantes, según las encuestas, a Aliança Catalana y por el embotellamiento judicial que hace que el expresidente no pueda acogerse a la ley de amnistía.

Asimismo, en Junts no han logrado sacar adelante el traspaso de competencias en materia de migración, pactado con el PSOE (fue tumbado por PP, Vox y Podemos). Y presionan estos días a los socialistas para conseguir algún triunfo, que podría pasar por sus peticiones respecto a normas relativas a la multirreincidencia y a las ocupaciones, aspectos que consideran clave para su electorado. Otra de sus frustraciones es que la UE no ha aprobado aún la petición de que el catalán sea lengua oficial en las instituciones comunitarias.

El Gobierno en estos momentos trata de actuar en dos sentidos. Por un lado, quiere restablecer los puentes de manera discreta, como suele hacerse a través de las reuniones en Suiza entre el PSOE y Junts, pero también está lanzando un aviso muy directo a los posconvergentes: la alternativa solamente pasa por un Ejecutivo del Partido Popular y de Vox.

Este mensaje lo hizo el propio presidente del Gobierno en una intervención por la mañana el jueves ante los periodistas en Bruselas, a donde se trasladó para participar en la reunión del Consejo Europeo. Sánchez remarcó: “Sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos, aunque evidentemente hay algunos que no dependen en exclusiva del Gobierno o de los grupos parlamentarios que lo sustentan”.

Para, acto seguido, hacer esta reflexión dedicada a Puigdemont: “Hay una cuestión, hablando de cambio, indiscutible. Puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar. Para regresar, no una hora como decía la portavoz de Junts, sino cincuenta años atrás. Hoy es indiscutible que a Cataluña y a España les sienta bien este Gobierno de coalición, que ha propiciado un cambio para bien desde 2018, de avance y no de involución, como plantean PP y Vox”.

El recado del presidente va en la línea de que un Gobierno del PP y de Vox supondría una afrenta directa para Cataluña. Y, además, como señalan varias fuentes socialistas, Junts tendría también un problema muy grave entre el electorado catalán si se alinea con la derecha y la ultraderecha para dejar paso a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal al frente del Palacio de la Moncloa. Dentro del Gobierno se habla de que Junts ha tratado de hacer “un juego de palabras” y una “teatralización”, por lo que rebajan la situación y sostienen que no se trata de un ultimátum.

Por la noche, tras revelarse la idea de una posible consulta entre los militantes de Junts, Sánchez se volvió a pronunciar con la idea de que el Ejecutivo está cumpliendo todos los compromisos que están en su mano y de que tendrá una reunión con Puigdemont "cuando toque".

Fuentes socialistas al tanto de los contactos con los posconvergentes hacen este análisis: “Siempre, en nuestra relación con Junts, lo que mejor ha funcionado es la discreción en las conversaciones y la claridad y transparencia en los acuerdos. Creemos que esta metodología ha traído importantes acercamientos y acuerdos, y vamos a seguir así. Somos conscientes de la complejidad de este Congreso, pero en estos dos años han salido adelante importantes leyes que benefician a todos”.

Nogueras respondió a Sánchez en una entrevista en Al rojo vivo, donde dijo que “llega un momento en el que la paciencia deja de ser una virtud”. “Es el momento de tomar decisiones. Se ha convocado para el lunes una reunión de la dirección ejecutiva en Perpiñán, que será quien tome las decisiones que tenga que tomar”, añadió.

Asimismo, la líder posconvergente en la Cámara Baja aseveró: “Hace meses ya le dijimos a Sánchez que la prórroga no duraría toda la legislatura. Está claro que el momento de ultimátums ha terminado y que el PSOE no ha sabido aprovecharlo”. Sobre la posibilidad de que su partido se abra a una moción de censura, contestó: “Esta decisión la va a tomar la dirección ejecutiva”.

En esta situación de cuerda tensionada se mira también a Sumar, que ha tenido choques bruscos con Junts a raíz de la negativa de los independentistas a apoyar el proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que lo que quiere ahora el partido de Puigdemont es “mostrar una posición de fuerza” y remarcó que el Ejecutivo va a dialogar de manera permanente para aguantar la legislatura. 

Los populares miran de nuevo con incredulidad de nuevo el movimiento de Junts y creen que a Puigdemont le interesa seguir “chantajeando” a Sánchez. Pero, no obstante, fuentes populares trasladaron al hilo de las palabras de Nogueras: “Si quieren moción de censura, aquí estamos, podemos hablar”.

Este choque entre Junts y el PSOE llega en un momento clave de la legislatura, cuando el Ministerio de Hacienda trata de armar una nueva mayoría de cara a los presupuestos generales. El Ejecutivo todavía no ha presentado ni la senda de déficit, pero no tira la toalla para sacar las cuentas públicas. No obstante, el mensaje que sale de la Moncloa y de Ferraz es que aguantará hasta 2027, aunque la Cámara Baja tumbe esas cuentas.

Pero esta fotografía no es creíble para el PNV, uno de los socios clave para sostener a la coalición. El presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, advirtió de que le parece “muy difícil” que la legislatura llegue a 2027 si no hay presupuestos y no descartó “nada”, incluyendo que haya elecciones generales ya el año que viene.

PP, Vox y Junts han dejado claro este martes su rechazo a la propuesta de subida de cuotas para 2026 para los autónomos planteada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la que también se ha desmarcado Sumar.

"Ni un solo voto de Junts irá a apretar más a los autónomos. Lo que hace falta es rebajar la presión fiscal en las clases medias y trabajadoras de Catalunya", ha dejado claro la diputada de Junts Miriam Nogueras en X.

Un rechazo que ayer también avanzó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que comparte Vox.

"Se ve que todavía no es suficiente y quieren subirle todavía más la cuota a los autónomos, que son los que sostienen este país, porque España se sostiene gracias a la gente que levanta la persiana", ha subrayado esta mañana la diputada de Vox, Pepa Millán.

Y el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2026 incluye una ayuda de al menos 300 euros por cotizante para paliar una posible subida de las cuotas de los trabajadores autónomos.

La propuesta también ha generado dudas en el seno del Gobierno de coalición y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha desmarcado de la propuesta planteada por el Ministerio de la socialista Elma Saiz.

"Si la propuesta es la que ha transcendido (...) desde Sumar no la compartimos (...) la progresividad empieza por abajo", ha declarado Díaz en La Sexta.

La propuesta que el Gobierno puso ayer en la mesa de negociación supone elevar en 17 euros la cuota más baja, hasta los 217,37 euros mensuales, y subir la más alta en 206 euros, hasta los 796,24 euros.

El planteamiento se enmarca en las negociaciones para pactar las cuotas de los autónomos para los próximos tres años en lo que supone el desarrollo de un acuerdo que todas las partes (Gobierno, patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos) cerraron para ir avanzando hacia un sistema en el que se cotice según ingresos.

El presidente de la asociación de autónomos (ATA), Lorenzo Amor, había asegurado esta mañana que está manteniendo reuniones con grupos parlamentarios para que rechacen el decreto de subida de las cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia que les presentó ayer el Gobierno.

"El decreto no va a llevar nuestro aval y espero que tampoco el del Congreso", ha añadido.

ATA, que considera la propuesta como un "sablazo", ha sido la asociación más crítica, mientras que UPTA ha señalado que la estudiarán para hacer más propuestas, entre ellas establecer un tramo inferior al más bajo, y UATAE ha apuntado que "no va en la línea adecuada" al interrumpir la reducción de cuotas para los de menores ingresos.

Por su parte, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) ha expresado "su rotundo rechazo a la propuesta".

Las negociaciones de esta mesa seguirán en las próximas semanas en aras de pactar ese nuevo esquema de cotización para los próximos tres años, así como las mejoras en la protección social del sistema.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado a Junts su discurso "racista" acerca de la inmigración al relacionarla con el "colapso" de los servios públicos en Cataluña, aunque ha defendido su propuesta, que se vota este martes, para delegar a la Generalitat competencias en inmigración, según recoge EFE. 

"Señora (Míriam) Nogueras, su discurso, la primera parte, es lamentable y sí, es racista", ha referido Rufián a la portavoz de Junts durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley pactada por PSOE y Junts, que, previsiblemente, no saldrá adelante en la votación de esta tarde ante el anunciado rechazo de PP, Vox y Podemos.

Rufián ha hecho este reproche a Junts cuando, en su opinión, la mejor manera de integrar a los migrantes es "no perpetuar el modelo económico" que la formación independentista catalana defiende "día sí y día también" junto al resto de la derecha española.

"Dejen de hacer daño a Cataluña" al votar con PP y Vox, ha rogado a la formación, a la que ha acusado de tener miedo a Aliança Catalana y, al igual que el PP con Vox, estar "fomentando un monstruo que les va a comer".

Pero Rufián también ha cargado contra Podemos -que se opone a esta iniciativa precisamente por considerar que parte de planteamientos racistas- a quien ha dicho no entender en esta ocasión, ya que lo que se vota este martes no son competencias para la derecha catalana, sino para la nación de Cataluña. 

Les ha advertido de que, con sus argumentos, corren el riesgo de emprender "un camino peligroso", el de solo estar de acuerdo en delegar competencias cuando son gobernadas por quienes les gusta, lo que ha tachado de "terriblemente jacobino". 

Ha rogado a Podemos "que se lo repiensen" y permitan que la propuesta avance: "Les pido que ganemos a esta gente en el periodo de enmiendas y que mejoremos esta ley porque a Junts no se le frena aquí, frenando competencias para Cataluña", ha defendido. 

Antes, durante el debate, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha asegurado que las "olas migratorias" de los últimos años y la mala gestión por parte del Gobierno ha llevado a una situación de "colapso" en Cataluña y la ley que hoy se debate permitiría a la Generalitat "controlar el actual desbordamiento". 

Ha señalado el creciente número de inmigrantes en Cataluña para hablar de la saturación de los servicios públicos y de que parte de las familias trabajadoras de la comunidad queden "excluidas" de las ayudas, lo que genera un "sentimiento de agravio" entre los catalanes que crece junto a la sensación de que su trabajo e impuestos no se transforman en mejores servicios. 

En la misma línea que ERC, el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha criticado la "aproximación demasiado sectaria" de las migraciones de Junts y la forma en la que ha hablado de su efecto en los servicios y las ayudas públicas, pero ha precisado que eso no les impide apoyar "una ley que en sus 13 artículos y objetivamente, siendo rigurosos, no tiene ninguna afirmación de tipo racista o xenófobo".

Además del PP, Vox y UPN -que consideran esta propuesta una cesión a los independentistas catalanes-, Podemos ha sido muy contundente al rechazar esta proposición de ley y su diputado Javier Sánchez, ha asegurado que no va de un debate de gestión de competencias sino de una iniciativa que "trata la inmigración como un peligro social".

"Lo que han pactado el PSOE y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población", ha añadido el representante de Podemos.

Yolanda Díaz sube el pasado miércoles a la tribuna de oradores. Ya sabe que minutos más tarde el Congreso rechazará debatir su proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Su medida estrella para más de doce millones de trabajadores. La vicepresidenta segunda hace uno de los discursos más sentidos y duros de su carrera política. 

Y mira directamente a Míriam Nogueras (Junts): “Usted y yo, aquí en este debate, representamos algo que mueve la Historia, la lucha de clases. ¿Y sabe a quién representa usted? Representa en esta lucha al capital. El Gobierno de España y yo estamos representando a las gentes trabajadoras catalanas y españolas. Usted no se pone del lado del trabajador y del autónomo catalán. Se pone del lado de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando. Por eso este debate es tan importante”.

Díaz se encontró con el portazo del PP, Vox y Junts. Y le duele especialmente el ‘no’ de los de Carles Puigdemont. Un rechazo, a través de una enmienda a la totalidad, que imposibilita el mero debate en las Cortes de esa ley. Además, supone el mayor choque vivido esta legislatura entre Sumar y los posconvergentes. 

Ese rechazo duele especialmente a Díaz y a Sumar porque el espacio a la izquierda del PSOE ha empujado activamente desde la pasada legislatura para la rehabilitación política de la antigua CiU y para recuperar un clima de reencuentro en Cataluña. Por ejemplo, Jaume Asens, eurodiputado por los comunes y persona de confianza de la vicepresidenta, ha sido uno de los más defensores durante años de medidas como los indultos. También fue clave en la redacción y negociación de la ley de amnistía.

Fue la propia Díaz la que abrió el deshielo público de la relación con Puigdemont reuniéndose con él en septiembre de 2023 en Bruselas, un paso inédito hasta el momento de algún miembro del Ejecutivo. Entonces el PSOE se desmarcó de la cita, pero ahora ha sido el propio presidente de Cataluña, Salvador Illa, el que ha ido a ver al posconvergente durante este mes de septiembre a la capital europea.

En aquel momento Puigdemont y Diaz acordaron, tras más de tres horas hablando a puerta cerrada, mantener una “relación normalizada y estable entre ambas formaciones políticas”. Y salieron con la idea de “explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto catalán”. La vicepresidenta segunda ha hablado en varias ocasiones con el expresident para tratar de acordar la reducción de la jornada laboral.

Pero ahora los dos lados, según fuentes consultadas, se acusan mutuamente de “mentir” sobre la negociación del proyecto. En Junts indican que Díaz se ha negado, por ejemplo, a excluir a las pymes de la futura ley, en tanto que en Trabajo recuerdan que se pusieron encima de la mesa medidas que pedían los independentistas y estaban dispuestos a debatir y aceptar enmiendas a lo largo de la tramitación.

Según fuentes gubernamentales, durante las reuniones los posconvergentes no eran claros y titubeaban mucho sobre lo que pedían respecto al proyecto de ley, Finalmente, sostienen en el Ejecutivo, en Junts han pesado más las fuertes presiones ejercidas por parte de las patronales a Puigdemont y los suyos que el propio sentir de sus votantes (el 72% apoya la medida, según el barómetro del CEO de la Generalitat catalana).

La vicepresidenta segunda durante estas horas ha llegado a decir tras la votación: "Uno lo que tiene que hacer es negociar y no condicionar el absoluto, el todo, con una posición de fuerza que ya no es una clave de negociación, es de chantaje". Unas palabras que han enrarecido todavía más la relación y la futura negociación de la norma, que volverá a ser llevada al Consejo de Ministros y posteriormente a las Cortes (aunque el registro horario se hará de manera autónoma con la aprobación de un decreto). A pesar de las duras palabras de Díaz, Sumar sigue tendiendo la mano a Junts y plantea empezar de nuevo sin reproches.

Este ‘no’ a la reducción no conlleva la muerte prematura de los presupuestos generales del Estado. Tanto en La Moncloa como en Junts desvinculan esa negociación de la tensión por la reducción de la jornada laboral. Desde el núcleo duro de Puigdemont subrayan que ellos negocian cada “carpeta” de manera separada. En Moncloa han emitido gestos de querer sacar las cuentas como la reunión de Illa con Puigdemont y no se descarta un encuentro con el propio presidente del Gobierno, un as del Ejecutivo para cerrar un asunto de enorme importancia con los posconvergentes.

Las negociaciones no han llegado a buen puerto. Junts mantiene su enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, la medida estrella de esta legislatura impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Carles Puigdemont no se mueve de su posición y tirará esta norma en el primer gran paso en el Congreso junto al Partido Popular y a Vox.

El bloqueo anunciado por Junts a la norma supone una derrota para el Gobierno este miércoles, pero también es una controvertida posición del partido independentista de cara a su propio electorado, que apoya de manera masiva la medida. En el último barómetro del CEO (el CIS catalán) publicado durante este verano se recoge que el 72% de los votantes posconvergentes respalda la norma (el 46,5% está “muy de acuerdo” y el 25% está “de acuerdo”).

Pero el bloqueo a la norma, en cambio, supone la victoria dentro de Junts de las posiciones cercanas a las empresas y a las clases burguesas, columna vertebral de este espacio heredero de CiU y que ha dominado durante décadas la política catalana. Más de una veintena de organizaciones empresariales territoriales catalanas llevan meses presionando a los de Carles Puigdemont contra la medida impulsada por el Ministerio de Trabajo, especialmente aquellas que agrupan a las pymes. De esta manera vuelven en Junts a ponerse de acuerdo con las derechas para tumbar una medida progresista como pasó con el impuesto a las energéticas.

Además, esta postura de Junts llega en un momento muy simbólico de la política catalana a escasas horas de la celebración de la Diada este jueves. Los de Puigdemont tenían el dilema de si aparecer en los actos de Barcelona tras apoyar al Gobierno central (mientras siempre tratan de proyectar que ERC es el partido dócil ante Sánchez) o si llegaban tras tumbar la iniciativa de la mano del PP y de Vox, las dos fuerzas que son más duras contra el expresident.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míram Nogueras, defendió en una rueda de prensa el martes por la tarde que están a favor de la reducción de la jornada laboral, pero que esta ley pone en riesgo a las pymes y los pequeños comercios, por lo que afectaría al Estado del Bienestar. "Sin ellos no habrá riqueza ni pensiones ni sanidad", alegó a la vez que dijo que afectaría en negativo a los trabajadores catalanes. Y se quejó de que la propuesta del Gobierno no incluye incentivos fiscales y cambios en la cuota de autónomos, además de no contemplar un frente contra el absentismo laboral.

A pesar de no tener los votos suficientes asegurados, el Gobierno ha decidido mantener en el orden del día la votación respecto a la reducción de la jornada laboral. Tanto en el ala socialista como en Sumar señalan que, pese a que el panel saldrá en rojo, es el momento de que “se retraten” todos los partidos ante los ciudadanos sobre esta medida.

En el Gobierno insisten en que la batalla “social” sobre esta medida está “ganada” y que hay un sentir mayoritario entre los ciudadanos para acometer este cambio. Su rechazo en el Congreso no supondrá su desaparición, sino que el Ministerio de Trabajo tiene previsto volverla a aprobar y llevarla a las Cortes Generales. Asimismo, el registro de horarios será obligatorio y se hará a través de un decreto.

Según señalan varias fuentes del Gobierno, el rechazo en la Cámara Baja no lo toman como una derrota parlamentaria. El debate, empezando para la propia Díaz, tendrá una relevancia máxima y todo el Ejecutivo quiere darle el “máximo foco mediático” para que los ciudadanos sepan en qué lado se posiciona cada formación. Y no se quedará solo en un eco dentro del Parlamento, sino que también Izquierda Unida está llamando a las movilizaciones en el país para mostrar su respaldo a la norma proyectada por Sumar y que costó duras negociaciones con el PSOE.

En el centro del debate está la propia Díaz y lo que puede suponer de erosión para su figura no sacar adelante este proyecto de ley. No obstante, las fuerzas que integran Sumar están alineadas para defender esa ley y no cuestionan el papel de la vicepresidenta segunda, que ha internado convencer hasta el último momento al propio Puigdemont.

Los socialistas tampoco quieren utilizar esa votación para malmeter contra ella: “También es nuestra vicepresidenta segunda”, dicen con rotundidad en el Palacio de La Moncloa. Uno de los ministros del PSOE con más peso hace esta reflexión: “Es una medida con amplísimo consenso de la ciudadanía. Está bien que cada uno se retrate, quiénes son los buenos y los malos”.

También están empujando para su aprobación los sindicatos, tanto a nivel nacional como en Cataluña. El líder de UGT, Pepe Álvarez, consideró: "No se quiere discutir porque los intereses que están defendiendo son tan espurios que no soportarían un debate en el Congreso de los Diputados". Puso sobre la mesa que la votación no la va a perder Pedro Sánchez, sino “la cajera, el camarero, el vigilante de seguridad o el que recoge fruta".

Para indicar Álvarez al hilo: "Que estén muy tranquilos porque esto va a continuar. Les vamos a dar incluso la oportunidad de rectificar, exigiendo al Gobierno que de manera inmediata lo lleve de nuevo al Consejo de Ministros y a debate en el Congreso". Asimismo, desde CCOO, a través de Unai Sordo, también se ha lamentado que se paralice el debate con estas enmiendas a la totalidad: “No es de recibo esta poca calidad democrática”.

“Carpeta a carpeta”. Es la máxima que sale del corazón de Junts sobre las negociaciones con el Gobierno de coalición. Tras el acuerdo in extremis para apoyar el nuevo decreto del escudo social, las dos partes tienen sobre la mesa varios asuntos de máxima importancia. Pero en el partido de Carles Puigdemont ponen el foco principalmente en el traspaso de las materias de migración.

Fuentes posconvergentes detallan que esta es ahora su prioridad en las conversaciones con el Ejecutivo central, por encima de asuntos como la senda de déficit y del futuro proyecto de presupuestos generales del Estado. De estos dos últimos puntos, indican en Junts, no se ha empezado a hablar ni siquiera con el Ministerio de Hacienda que pilota María Jesús Montero.

Junts pone ahora toda su presión para cerrar el traspaso de migración, un acuerdo político que se alcanzó en enero del año pasado para salvar varios decretos del Gobierno en el Senado. Según comunicaron entonces los posconvergentes, el pacto pasaba por la "delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, modificando el artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica para Cataluña”. Y especificaron entonces que “la delegación de esta competencia vendrá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña una política integral, para que sean tanto el Govern como el Parlamento de Cataluña los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país".

El Gobierno, con la coordinación del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el equipo negociador de Junts llevan tiempo trabajando de manera discreta para cerrar este acuerdo. El también titular de Justicia relató este mismo miércoles que ese traspaso está “bastante avanzado, pero no cerrado”. Los escollos principales, según reconocen las partes, pasan por la presencia de los Mossos d’Esquadra en las fronteras, la gestión de las órdenes de expulsión de la Generalitat y la expedición de los Números de Identidad de Extranjero (NIE).

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se refirió a esta negociación abierta este miércoles mandando un mensaje al Gobierno central: “Puesto que el acuerdo al que llegamos con el Partido Socialista, que está escrito y firmado, es delegación integral, nosotros queremos delegación integral. Integral significa que los Mossos tengan competencias plenas en materia de inmigración”. “Si hay un ‘pero’, no habrá acuerdo”, apostilló la diputada.

En el Gobierno son conscientes de que volverá a ser una negociación difícil de rematar, pero confían en que el nuevo clima, tras el acuerdo del decreto ómnibus, vuelve a allanar el carril con Junts. Y aplicarán de nuevo la misma técnica de diálogo y discreción para aislar las conversaciones del ruido mediático. Creen, además, que los de Carles Puigdemont son conscientes del coste político que tiene para su partido en Cataluña hacer caer la legislatura y situarse junto al PP y Vox en una carrera electoral que puede desembocar en un Gobierno con Santiago Abascal como vicepresidente.

En los partidos de la coalición no tiran las campanas al vuelo, pero durante estas horas respiran mejor y creen que hay más posibilidades de poder cerrar un acuerdo con Junts posteriormente sobre la senda de déficit y los presupuestos generales. Hay algo más de optimismo, aunque la máxima ahora en La Moncloa y en Ferraz es de prudencia. Si en Junts hablan de “carpeta a carpeta”, en el Gobierno recalcan que “partido a partido”. Y los ministros celebran en privado especialmente que se haya levantado esa “congelación” de las negociaciones parciales avanzada por los de Puigdemont.

Otro de los principales escollos que ha habido durante estas semanas ha sido el texto sobre la moción de confianza que quiere impulsar Junts en la Cámara Baja, que finalmente el PSOE ha aceptado tramitar. El partido independentista registró este miércoles las modificaciones técnicas a la redacción original, rebajando la proposición no de ley. El escrito que se verá ahora en la Mesa de la Cámara Baja dice lo siguiente: “El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.

El nuevo redactado amaina el texto inicial registrado por Junts en el Congreso. La exposición de motivos se mantiene, pero la parte dispositiva (la más importante) se ablanda. En el anterior texto se recogía directamente: “El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a plantear una cuestión de confianza”. La iniciativa modificada se verá previsiblemente la semana que viene en la reunión de la Mesa del Congreso, donde la mayoría progresista dará su visto bueno a la tramitación. Su debate en el Pleno podría ser el 25 de febrero, jornada en la que tiene cupo el grupo parlamentario de Junts. No obstante, Pedro Sánchez ya ha advertido que no ve necesario presentar esa cuestión posteriormente.

En febrero también tendrá que llegar a la Cámara Baja el decreto aprobado el martes por el Gobierno con el escudo social pactado por Junts. Todavía no se ha fijado una fecha concreta: el Ejecutivo tiene un mes para buscar su convalidación y el primer pleno fijado es en la segunda semana de febrero. Y en esa votación el PP finalmente dará un sí al texto recortado por el Gobierno, con 29 medidas, a pesar de que contiene medidas criticadas por los populares como el traspaso del palacete en París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio al PNV y el freno a los desahucios a los más vulnerables (que los dirigentes del Partido Popular habían tachado de inquiocupaciones).

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este miércoles a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que cumplirá el compromiso que alcanzó con ERC para su investidura reformando el sistema de financiación autonómica y reconociendo "una singularidad al pueblo de Cataluña" y ha desvinculado este compromiso de la eventual investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, tal y como ha recogido Europa Press.

Así lo ha dicho en el Pleno del Congreso después de que la portavoz del partido de Carles Puigdemont exigiera una financiación "justa" para su comunidad y preguntara al jefe del Ejecutivo si Cataluña sólo podrá lograr ese objetivo si se inviste al líder del PSC.

Sánchez ha invitado a Nogueras a "leer los acuerdos de investidura", en concreto el que cerró con ERC. "Lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña", ha recordado. "Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto", ha abundado, incidiendo en que ese es su compromiso con independencia de que Illa consiga o no ser investido.

Previamente Nogueras había subrayado que la financiación de los catalanes depende de los Presupuestos Generales en del Estado y no de "una investidura". También ha instado al presidente a dejar de hablar de forma "irresponsable" de "financiación singular" para su comunidad "como si fuera un privilegio" porque, ha destacado, Cataluña no necesita "ningún favor ni trato especial" sino que se le pague lo que "le corresponde".

"La gente de Cataluña, independentista y no independentista, no pide una financiación singular, necesita una financiación justa y que se pague a los catalanes aquello que corresponde a los catalanes, no lo que a usted le parezca o le convenga", ha avisado Nogueras, recalcando al presidente que el dinero "no es suyo" ni puede hacer con él "lo que quiera". Así, ha apuntado que "cada catalán pierde 2.700 euros anuales por el único hecho de formar parte del Estado español" mientras que un extremeño gana 3.200 o un castellano y leonés 1.800".

"Deberían preocuparse todos ustedes un poco más de la vida de las personas y un poco menos de las sillas, las poltronas, las encuestas y los titulares porque más de la mitad de la población pasa por dificultades para llegar a un nivel de mes", ha añadido la portavoz de Junts. Y después ha preguntado directamente a Sánchez: "¿Los catalanes solo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted consigue colocar a Illa en el Gobierno de Cataluña y si no, ¿qué? ¿Qué nos den a todos?, porque eso es exactamente lo que está usted diciendo".

Además, ha recordado al jefe del Ejecutivo que Junts negocia con el PSOE fuera de España y con un mediador internacional no "por capricho" sino porque les han demostrado que los socialistas "no son de fiar". "Y no se confundan, nuestro trabajo aquí no es hacer que usted o un partido político español le vayan bien las cosas. Nosotros estamos aquí para Cataluña y para los catalanes", ha sentenciado.

Sánchez le ha respondido que, efectivamente, Cataluña merece "una mejor financiación, como el resto de territorios de España" y ha sacado pecho de que el suyo es el Gobierno que más ha apostado por la financiación de las comunidades autónomas, con 250.000 millones de euros "de media más" que durante los seis últimos años de ejecutivos del PP. También ha señalado que Cataluña ha recibido casi 50.000 millones y que con estas inversiones se está reforzando el Estado del bienestar y se ha podido doblar la capacidad de ahorro de las familias en 2023.

Previamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del Gobierno "ya empieza a ser incompatible" con la regeneración democrática y le ha avisado que "su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" sino "con la Justicia", en alusión a las investigaciones judiciales su entorno familiar. En su réplica, Sánchez le ha advertido de que su plan se aprobará con o sin el primer partido de la oposición.

"Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes", ha afirmado Sánchez, quien le ha echado en cara a Feijóo "el bloqueo" que el PP "está haciendo al Consejo General de Poder Judicial y su renovación, tal y como mandata la Constitución española".

Sánchez ha afirmado que su Ejecutivo "va a afrontar esa regeneración democrática". "Vamos a contrastar con las cosas que ustedes hacen allí donde gobiernan", citando por ejemplo la eliminación de la oficina de lucha contra la corrupción de las Islas Baleares o el "execrable comportamiento del presidente del Parlamento de las Islas Baleares", que, según ha dicho, merecería "la reprobación y la dimisión".