Pasados 26 días desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta, el Gobierno ha decidido activar un mando único para atajar la situación. La medida ha sido anunciada este mismo lunes por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como un “antes y un después” en cuanto a la gestión y ha sido definitivamente aprobada este martes a través de un real decreto, respondiendo así a la solicitud que había hecho el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Para encabezar este mando se ha designado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y en él participan también representantes de Ceuta, incluido su presidente, el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los 11 ministros implicados, con el asesoramiento del Departamento de Seguridad Nacional. El real decreto indica, además, que esta situación estará vigente hasta el 31 de diciembre, pero podrá ser prorrogada si es necesario.

De hecho, la publicación del real decreto tiene que recoger específicamente la crisis concreta que se declara, qué territorio queda afectado, cuánto durará la situación y, si procede, cuánto podrá prorrogarse. Además, el Gobierno está obligado a informar inmediatamente al Congreso de las medidas adoptadas y de la evolución de la crisis.

Aunque la expresión “mando único” se ha utilizado coloquialmente en otras crisis como la de los incendios, el apagón de 2025 o la pandemia de covid, la de Ceuta marca la primera vez que un Gobierno activa la Situación de interés para la Seguridad Nacional recogida en los artículos del 23 al 26 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

Esta situación excepcional no equivale a un estado de alarma ni supone que el Gobierno pueda suspender derechos o sustituir las competencias de las administraciones que ya actúan en Ceuta. La propia Ley de Seguridad Nacional la define como una fórmula para aquellas crisis cuya “gravedad, urgencia, dimensión y carácter transversal” hacen necesaria una coordinación reforzada de las autoridades competentes, pero siempre en el ejercicio de sus atribuciones ordinarias y bajo la dirección del Gobierno.

En la práctica, el cambio simplemente consiste en colocar bajo una misma estructura de dirección las competencias que hasta ahora estaban repartidas entre distintos ministerios y administraciones. En el caso de Ceuta, eso incluye la seguridad y el control fronterizo, la gestión migratoria, los retornos, las solicitudes de asilo, la atención a los menores, los servicios públicos y las consecuencias económicas de la crisis.

Esto significa que Torres no se convierte en el superior de todos los profesionales que trabajan en Ceuta (policías, militares, funcionarios de la ciudad de Ceuta, etc.). La propia ley habla de una autoridad “funcional”, y el Tribunal Constitucional dejó claro en 2016 que la aportación temporal de medios durante una crisis no implica una adscripción orgánica de esos cuerpos a la Administración estatal. Cada administración conserva sus competencias y sus estructuras y lo que cambia es la forma de coordinar su actuación durante la crisis. 

En el caso de Ceuta y, según lo que recoge la ley, el mando único no puede, por el hecho de existir, ordenar una devolución que la legislación de extranjería o una resolución judicial impidan; eliminar las garantías de un procedimiento de asilo; prescindir de las reglas de protección de los menores; o suspender derechos fundamentales. Tampoco permite por sí mismo imponer restricciones generales a la circulación o adoptar medidas extraordinarias propias de un estado de alarma. La Ley de Seguridad Nacional establece expresamente que esta situación se afronta con los poderes y medios ordinarios de las administraciones y que no puede implicar la suspensión de derechos y libertades públicas.

Esto marca diferencias con crisis anteriores en los que se ha hablado de mando único. El precedente más cercano en cuanto a funcionamiento práctico son las emergencias de interés nacional de protección civil, recogido en la Ley 17/2015, de 9 de julio. La última vez que se aplicó fue el pasado mes de julio durante los grandes incendios que afectaron a Madrid, Ávila y, después, Toledo.

En ese caso sí existía una dirección operativa específica: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asumió la dirección de la emergencia y el titular de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ejerció como director operativo. La dirección podía integrar sobre el terreno los recursos estatales, autonómicos y locales movilizados para hacer frente a los incendios. La propia normativa de protección civil establece que, en una emergencia de interés nacional, las funciones de dirección operativa corresponden al titular de la UME bajo la superior dirección del ministro del Interior.

El apagón del 28 de abril de 2025 siguió un esquema similar. El Gobierno declaró una emergencia de interés nacional de protección civil porque la caída generalizada del sistema eléctrico afectó simultáneamente a infraestructuras y servicios esenciales en varias comunidades autónomas. La lógica era la de una emergencia concreta, en este caso una catástrofe tecnológica y la recuperación de servicios básicos, que requería una dirección nacional de la respuesta.

Pero la gran diferencia de mando único, sin lugar a dudas, es el que hubo durante la pandemia de Covid-19, en la que el mando centralizado no se apoyó en la Ley de Seguridad Nacional, sino en el estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020 y que se sustentó en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. El Gobierno era la autoridad competente y se designó como autoridades delegadas a los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. El decreto permitió así adoptar medidas extraordinarias sobre la movilidad —como el confinamiento—, las actividades económicas y los servicios públicos.

Esta diferencia es fundamental porque el estado de alarma pertenece a un régimen constitucional excepcional, mientras que la situación de interés para la Seguridad Nacional está diseñada para gestionar una crisis sin abandonar el marco ordinario de competencias. En Ceuta, por tanto, el objetivo es coordinar mejor la aplicación de las leyes existentes a diferencia de lo que sucedió durante la primera fase de la pandemia, cuando el Gobierno disponía además de instrumentos jurídicos extraordinarios para imponer determinadas medidas restrictivas de forma directa.

Miles de personas salieron este domingo a las calles de Ceuta para reclamar una respuesta ante la situación que atraviesa la ciudad después de la entrada masiva de más de 72.000 personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. La movilización, una de las más multitudinarias de los últimos años en la ciudad autónoma, reunió a más de 10.000 asistentes según los organizadores y a algo más de 5.000 según la estimación de la Policía Nacional.

Bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”, la concentración llenó la plaza de la Constitución convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad —cristiana, musulmana, hebrea e hindú— y con el respaldo de la Federación de Vecinos, los sindicatos CCOO y UGT y el Gobierno ceutí. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, acudió también a la protesta.

El llamado Manifiesto por la Unidad de Ceuta, leído por el presidente de la Comunidad Hindú, Ramesh Chandiramani, reclamó al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al resto de administraciones una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada”. Entre las demandas figuraron más medios humanos y materiales, el refuerzo de las fuerzas de seguridad, una mayor protección de la frontera con Marruecos y recursos suficientes para atender a las personas migrantes que continúan en la ciudad y aliviar la presión sobre los servicios de acogida.

Los convocantes buscaron mantener un mensaje centrado en la convivencia. “Esta llamada no nace del rechazo a nadie, sino de la responsabilidad hacia todos”, recogía el manifiesto, que defendió la pluralidad de Ceuta y advirtió de que la ciudad no puede afrontar en solitario una situación que “supera ampliamente sus capacidades”.

Sin embargo, entre parte de los asistentes también se escucharon consignas de rechazo a la inmigración y gritos de “Sánchez, dimisión”, “ilegales, expulsión” o “invasores”. Los manifestantes pidieron además la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que no asistió a la concentración. La tensión llegó incluso a impedir que se guardara el minuto de silencio propuesto desde la organización por las personas fallecidas al intentar alcanzar la ciudad.

Vivas volvió a aprovechar la movilización para pedir ayuda al resto del país. “Solos no vamos a poder, necesitamos solidaridad del resto de España y que el Estado cumpla con sus obligaciones”, afirmó el presidente ceutí, quien calificó nuevamente de “insostenible” la situación de la ciudad.

Un día después de la concentración, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha desplazado este lunes a Ceuta para mantener una reunión de coordinación con Vivas y evaluar la situación. Según las últimas estimaciones del presidente ceutí, todavía permanecen en la ciudad entre 8.000 y 11.000 personas migrantes, muchas de ellas sin alojamiento y con los recursos de acogida desbordados. Torres tiene previsto comparecer ante los medios a las 13.00 horas en la Delegación del Gobierno.

La situación de los menores no acompañados es otro de los principales frentes abiertos. Hasta el momento hay 1.342 registrados oficialmente en Ceuta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha convocado para este jueves 13 de agosto la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas y ha anunciado que un equipo técnico de su departamento se desplazará a la ciudad el próximo día 16 para agilizar los trámites relacionados con su acogida.

La reunión entre Torres y Vivas se produce, por tanto, después de un fin de semana en el que la presión ciudadana ha vuelto a situar en primer plano las reclamaciones de Ceuta al Ejecutivo central y en un contexto marcado también por el temor a que pueda producirse un nuevo intento de entrada multitudinaria desde Marruecos el próximo sábado.

Ese temor ha llevado también a la Comandancia General de Ceuta a cancelar todos los permisos de los militares destinados en la ciudad autónoma a partir del próximo jueves 13 de agosto y hasta nueva orden, salvo en circunstancias excepcionales. La decisión ha sido confirmada a EFE por fuentes de Defensa.

La orden, firmada por el general jefe de la Comandancia General, establece que las excepciones deberán estar “debidamente justificadas y autorizadas” por los responsables de cada unidad. En la práctica, según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), implica que los efectivos que se encuentren disfrutando de sus vacaciones en la Península o en otros países deberán regresar a Ceuta si no obtienen esa autorización.

La asociación vincula la medida con la situación provocada por la entrada masiva de finales de julio y con los llamamientos detectados en redes sociales para intentar una nueva entrada multitudinaria el 15 de agosto. En Ceuta hay miles de militares repartidos entre unidades como la Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta 54 y los regimientos de Caballería Montesa 3 e Ingenieros.

ATME asegura comprender la decisión por las circunstancias excepcionales, pero reclama al Ministerio de Defensa que tenga en cuenta las consecuencias para quienes tengan que interrumpir sus vacaciones y asumir pérdidas por billetes de avión o alojamientos ya contratados. Su presidente, Marco Antonio Gómez, ha pedido especialmente flexibilidad para los militares destinados en Ceuta que hubieran viajado al extranjero para visitar a sus familias.

La organización también alerta del desgaste de los efectivos desplegados estos días. Según Gómez, algunos están encadenando turnos de ocho horas de patrulla, ocho de descanso y otras ocho en situación de alerta dentro del cuartel. El presidente de ATME ha recalcado además que los militares están prestando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que cualquier persona migrante interceptada queda a disposición de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Local.

El primer curso de verano organizado por infoLibre en colaboración con la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha reflexionado sobre el papel del periodismo en los próximos años. El curso ha reunido a periodistas, analistas, académicos y expertos que han debatido sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo: la democracia, el poder, la información y el futuro de los medios.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Concordia de Extremadura, acordada el año pasado con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y que supuso derogar la anterior normativa autonómica sobre memoria democrática.

El Gobierno, a petición del Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática, dará este paso después de haber pedido el informe previo al Consejo de Estado, que emitió su dictamen en la reunión que mantuvo el jueves pasado, según fuentes del Ejecutivo.

La Ley de Concordia fue aprobada el año pasado en la Asamblea de Extremadura y fue una de las exigencias de Vox para respaldar a María Guardiola en su primera investidura. En cambio, contó con los votos en contra del PSOE y de Unidas por Extremadura, que consideraron durante el debate parlamentario que se trataba de una norma con carácter revisionista y una humillación para las víctimas del franquismo.

El Gobierno ha tratado de negociar con la Junta de Extremadura durante los últimos meses para evitar el conflicto ante el Tribunal Constitucional, pero no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Por ello, ahora el Ejecutivo central pulsará el botón del recurso para intentar frenar la norma en el Alto Tribunal al entender que vulnera el marco de la ley estatal de Memoria Democrática.

La norma autonómica, impulsada por la ultraderecha, borra la referencia a la dictadura y obvia aspectos como la represión franquista al colectivo LGTBI, la perspectiva de género, y las asociaciones memorialistas. Además, evita que se tengan que eliminar los símbolos franquistas y rehúye las sanciones por destruir fosas comunes.

La aprobación de esta ley supuso la derogación de la norma sobre memoria democrática que aprobó el Gobierno extremeño en 2019, con Guillermo Fernández Vara a la cabeza. Los socialistas autonómicos criticaron duramente al PP y Vox por esta decisión porque, en su opinión, se trata de “un retroceso para quienes están comprometidos con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

El Gobierno ya ha llevado al Tribunal Constitucional leyes de Concordia parecidas y aprobadas por comunidades como Balears, Aragón, Cantabria y la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo entiende que cada una de estas normas tienen un efecto similar al tratar de mantener las exhumaciones, pero no defender el derecho a la verdad (derecho a conocer lo que ocurrió), el derecho a la reparación pública (tanto material como moral) y el derecho de garantías de no repetición, fundamentalmente a través de esta reparación pública y de la inclusión de estos contenidos en el sistema educativo.

Además, el Gobierno central ha advertido durante estos meses que estas leyes autonómicas extinguen los órganos administrativos que se habían creado para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

El hantavirus recorre de lleno la política española, aunque para la Organización Mundial de la Salud este brote presenta un riesgo bajo para la población. La oposición ha encontrado en la crisis sanitaria una oportunidad para tratar de desgastar por otro flanco al Ejecutivo de coalición en un momento sensible, con la vista puesta en las elecciones andaluzas del próximo día 17 y a un año, además, de que se celebren las autonómicas y municipales en Canarias.

Detrás de las discusiones técnicas, también hay un potente trasfondo político. Con varios factores sobre la mesa. El presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha buscado el choque durante estos dos últimos días con el Ejecutivo central, acusándole incluso de no darle información, aunque posteriormente ha reconocido que sí habló varias veces con la ministra de Sanidad, Mónica García. Y también puso en el punto de mira al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Este jueves se vieron las caras los tres en la sede del Ministerio de Sanidad en el madrileño paseo del Prado. Y, al terminar, el tono del presidente autonómico se rebajó al vender como un éxito suyo que finalmente el barco no atraque en el puerto, sino que fondee a unas millas de tierra. Una decisión tomada precisamente por Sanidad tras estudiar las diferentes opciones.

El Gobierno canario sigue insistiendo en su rechazo a que el barco llegue al archipiélago, aunque ahí el Ejecutivo central es firme por varias razones de peso: el derecho internacional, la petición de la Organización Mundial de la Salud (de la que España es Estado miembro), la solidaridad y el hecho de que haya 14 españoles a bordo del crucero. Además, España es el país más cercano para poder coordinar este tipo de operación, un extremo que rechaza Clavijo, que cree que debería haberse realizado en Cabo Verde.

En el Gobierno central tratan de rebajar el tono y no quieren entrar en la confrontación con Clavijo, aunque en privado el enfado es mayúsculo por la actitud del dirigente de Coalición Canaria, que gobierna junto al Partido Popular. Y recuerdan también la actitud del nacionalista durante la crisis de los menores migrantes en las islas, donde hubo colaboración al principio, pero luego hizo frente común con sus socios populares.

“Más allá del ruido, el operativo saldrá bien”, señalan fuentes del Gobierno. Clavijo, que dirigió durante dos días sus críticas al Gobierno desde Bruselas, también ha marcado perfil durante estos días. Precisamente, el ministro Torres es su gran rival político en las islas. El socialista fue el ganador de las pasadas elecciones autonómicas, pero CC se hizo con la Presidencia al pactar con el PP. 

Ángel Víctor Torres revalidó su cargo como líder del PSOE canario en el último congreso autonómico y tiene la intención de ser el aspirante en las elecciones de mayo del año que viene. En los últimos sondeos publicados, los socialistas serían de nuevo la fuerza más votada para el Parlamento regional, aunque PP y CC pueden conservar el Gobierno de la séptima comunidad más poblada de España. El partido de Pedro Sánchez ha sido la primera fuerza en el archipiélago en las últimas cuatro citas: generales, regionales, municipales y europeas.

Canarias es en estos momentos una de las batallas políticas más abiertas dentro del mapa autonómico. Por ejemplo, en la calle Ferraz creen que es uno de los gobiernos que pueden recuperar tras el batacazo del 28M, aunque siempre pendientes de que haya una lista competitiva a su izquierda. Asimismo, en unas semanas, las islas serán la parada clave de la visita del papa León XIV a España, que lanzará un mensaje a favor de la visión integradora y humanista de la migración en medio del ruidoso rechazo del PP y de Vox a la regularización impulsada por el Ejecutivo.

El Partido Popular se ha lanzado también de lleno contra el Gobierno. El foco principal de sus críticas es la ministra García. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, pidió este jueves su comparecencia de manera urgente y extraordinaria; en su opinión, debería celebrarse antes del próximo martes.

Muñoz lamentó "el caos absoluto" y acusó al Gobierno de no tener comunicación con los Ejecutivos autonómicos ni con el PP: "A la ciudadanía no le da ninguna tranquilidad pensar que esta crisis sanitaria puede ser gestionada por los mismos que no le dieron importancia al covid hasta que fue demasiado tarde".

No ha pasado desapercibido, además, que uno de los arietes del Partido Popular para lanzarse contra la ministra haya sido Elías Bendodo, dirigente malagueño. Y es que dentro de diez días se celebrarán elecciones en Andalucía. En el Gobierno son conscientes, como señalan varias fuentes, de que el Partido Popular sube el volumen contra el Ejecutivo y no arrima el hombro por esa cercanía del 17M. Fuentes del espacio progresista señalan: “Estamos en campaña electoral. A pesar del ruido, todo saldrá bien en la gestión”. 

Las críticas contra García por parte del PP se han acrecentado desde hace dos semanas. Y existen dos factores esenciales que las explican. El primero: el principal problema en Andalucía es la sanidad, es el flanco débil de Juanma Moreno, especialmente por la crisis de los cribados de cáncer. Por eso, los populares se vuelcan en criticar a la coalición usando asuntos sanitarios para contrarrestar. Llamó mucho la atención la semana pasada que Alberto Núñez Feijóo centrara su pregunta a Sánchez en el Congreso en la huelga de médicos.

Pero la ofensiva contra García tiene también un punto de inflexión: hace dos semanas oficializó su intención de volver a ser candidata en las elecciones madrileñas del año que viene. Desde ese momento, los populares han redoblado la presión contra ella y han exigido que sea cesada del Ejecutivo por la gestión de la crisis de médicos. Desde el Palacio de la Moncloa, en cambio, el apoyo es total a la ministra de Sanidad: “Es una mujer valiente. Sabemos que te creas muchos enemigos cuando te enfrentas a Quirón”.

Por su parte, Vox ha vuelto también a sus teorías de la conspiración y a deshumanizar a Sánchez, acusándolo de “no tener escrúpulos” y de ser capaz de “provocar una pandemia” con el objetivo de no hablar del caso Koldo. 

La gestión de un brote que no supone una amenaza generalizada, como señalan los expertos y la OMS, vuelve a zarandear, sin embargo, el tablero político español.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado su disposición a seguir yendo "de la mano" con el Gobierno central para recurrir contra la indemnización a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos que les ocasionó el Pazo de Meirás.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha considerado que sería "positivo" este recurso desde el punto de vista político y solo queda que los expertos jurídicos de cada uno de los dos Gobiernos, el central y el autonómico, estudien los argumentos jurídicos.

Tras confirmar la semana pasada el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del pazo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó que el Ejecutivo central "dará la batalla" contra la indemnización que el mismo tribunal reconoce para los herederos del dictador por los gastos realizados en el inmueble.

Una vez obtenida esta sentencia de devolución, por la que hay que "felicitarse", ha dicho Rueda, ahora "si podemos conseguir que no se pague indemnización, nosotros estamos dispuestos a colaborar si es jurídicamente viable", ha constatado.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia provincial, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

Rueda ha destacado que para conseguir la titularidad pública del Pazo de Meirás, la Xunta y el Gobierno central fueron "de la mano" lo que demuestra que cuando hay voluntad de colaboración "se salda con éxito", así que este "es el camino" a seguir.

Ha recordado que la Abogacía del Estado utilizó documentación aportada por la Xunta y "salió bien" y ahora si el Gobierno se está planteando recurrir la indemnización y considera que "hay argumentos" el Ejecutivo autonómico tiene la intención de "seguir de la mano también".

Sobre el informe aportado por la Xunta y si fue un elemento clave para decidir la indemnización, en contra del voto particular del Ayuntamiento de Sada (A Coruña) —donde se sitúa el pazo— Rueda se ha limitado a argumentar que el Gobierno autonómico hizo la colaboración que se le solicitó y el documento "fue aprobado por el Parlamento gallego" y sus argumentaciones sirvieron para la "sentencia favorable" a la devolución.

Por eso, ha apuntado que "otras consideraciones" que fuera tenidas en cuenta por el tribunal quedan a la interpretación del mismo y a otras valoraciones jurídicas. 

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha amenazado este miércoles con llevar al Tribunal Constitucional la derogación de la ley de memoria de las Illes Balears si no se llega a un acuerdo previo entre ambas administraciones, según informa EFE.

En declaraciones a los medios en la primera Cumbre contra el Odio inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Torres ha lamentado la derogación el pasado martes en el Parlament de las Illes Balears de la ley de memoria democrática autonómica con el apoyo de PP y Vox.

En su opinión, es un caso claro de "sumisión" del PP hacia Vox, ya que en un principio la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, dijo que no iba a aceptar las exigencias del partido de Santiago Abascal, que fue el que propuso esta derogación, y finalmente "ha sucumbido a ellas".

"Tengo que lamentarlo porque no era preciso que el PP, de nuevo, cediera a las exigencias de la ultraderecha. Se ve claramente quién está mandando. Unos pueden tener la presidencia, pero mandan los otros más, mandan los que exigen, los que ponen condiciones", ha señalado. Además, ha anunciado que van a invitar al Govern balear a que se siente con el Gobierno de España para negociar y dar marcha atrás en la derogación de esta ley de memoria democrática autonómica.

"Si nos dicen que no se sientan con nosotros o no hay acuerdo al respecto, el Gobierno de España elevará al Tribunal Constitucional solicitando que se quede sin afección inmediata", ha añadido. De esta forma, el Gobierno vuelve a recurrir al artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que plantea la posibilidad de entablar negociaciones sobre una ley entre administraciones para evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

En el momento en que el Gobierno remita una propuesta para iniciar un proceso de negociación sobre la derogación de la ley de memoria, el Govern balear tendrá un plazo para decidir si acepta esta propuesta de diálogo.

Si no se consigue un acuerdo, el Gobierno irá al Tribunal Constitucional, como ya hizo por ejemplo en Aragón tras la derogación de la ley autonómica de memoria por parte de PP y Vox, con la denominada ley de "concordia" aprobada en la Comunitat Valenciana por los mismos partidos o con la suspensión de la norma de memoria cántabra impulsada por el PP y apoyada por Vox.

En estos tres casos las normas han sido suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional, según han recordado a EFE fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática.

Por otro lado, próximamente van a empezar las negociaciones con el Gobierno de Extremadura para tratar de resolver las discrepancias sobre la denominada ley de "concordia" autonómica aprobada por el PP y Vox y, en el caso de que no haya acuerdo, el Gobierno de España recurrirá ante el Constitucional.

Dice Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966) que la declaración como lugar de memoria de la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en la isla de Fuerteventura, era una cuenta pendiente de la sociedad española con el colectivo LGTBIQ+, uno de los que más sufrió la sangrienta persecución del régimen franquista y que más luchó por la recuperación de la libertad. "Es un acto de reconocimiento, justicia y reparación", desliza el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Con esta mención, el espacio, que en el pasado albergó un campo de trabajos forzados para personas homosexuales, se convertirá en la primera gran ubicación memorialista en Canarias. Y en la primera en toda España dedicada en exclusiva a este colectivo.

Para celebrar este hito, el Gobierno ha previsto un gran acto en el que, entre otras cosas, se hará entrega de una decena de declaraciones de reconocimiento y reparación, tanto a representantes de la lucha LGTBIQ+ como para algunas víctimas del centro –en el que vivieron alrededor de un centenar de reclusos–. Dentro de este último grupo se encuentran, por ejemplo, Octavio García o Juan Curbelo, que vivieron confinados en ese campo en condiciones infrahumanas. Un lugar marcado por el eufemismo de su denominación oficial. "Es un terreno de secano en el que se picaba piedra sabiendo que no se podía recuperar ningún espacio como vergel", recuerda Torres. Lo hace en una entrevista con infoLibre en la que también analiza el presente y futuro de la Ley de Memoria Democrática.

El Gobierno acaba de declarar como Lugar de Memoria la antigua colonia agrícola penitenciaria de Tefía, que albergó un campo de trabajo para personas homosexuales. Cuánta falta hacía un homenaje así en un sitio como ese y en un momento como el de ahora, con una extrema derecha disparada, como hemos visto, en distintos territorios.

Hacía absoluta falta, era imprescindible este acto de justicia. Sobre todo, en estos momentos de auge de la ultraderecha y señalamiento con mensajes homófobos. Y para que nadie olvide lo que ocurrió o, al menos, lo sepa. Porque hay un gran desconocimiento sobre lo que pasaba durante aquellos años en Fuerteventura, donde se creó un centro de trabajos forzados a donde iban destinadas personas solo por ser homosexuales.

El régimen franquista, después de que la República despenalizara la homosexualidad, hizo, a través de una Ley de Vagos y Maleantes, que fueran considerados como tales todas las personas que mostraban su homosexualidad. Y digo bien, mostraban, porque había muchos homosexuales que vivían casados heterosexualmente. Lo que hacemos ahora es un acto de reconocimiento, justicia y reparación. Un acto histórico, porque va a ser el primer Lugar de Memoria en la historia de Canarias al calor de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y el primer Lugar de Memoria en toda España para el colectivo LGTBIQ+.

¿Ha estado ese colectivo relegado siempre a un segundo plano en la lucha por la recuperación de la memoria?

Fue un colectivo clave en la recuperación de las libertades. Reivindicó en la calle su libertad y, junto con los movimientos sociales, feministas o vecinales, hizo que el cambio hacia la democracia fuera posible. Por tanto, esa visibilización es fundamental. Yo he estado en centros educativos en los que se me niega que eso ocurriera, jóvenes a punto de ir a una prueba universitaria afirmando que todo eso no pudo pasar. Y sí, pasó. Y la actual sociedad, que tiene una libertad sexual que no teníamos quienes contamos con cierta edad, tiene que valorar esa libertad de la que ellos disfrutan, también en su orientación sexual, en su capacidad de amar a quien quieran, porque otros sufrieron presidio por mostrarse.

Uno de los homenajeados será Octavio García. ¿Qué me puede contar de él?

Hay varias personas que significaban aquella lucha en Canarias desde el mundo del arte en su amplio espectro. Hablamos de pintores, cantantes, transformistas, que sufrieron torturas, humillaciones y vejaciones. Actos que el propio Octavio relataba y que eran tremendamente sangrantes.

Porque eso es lo que ocurría allí, en un campo de trabajo al que se le llamaba de forma eufemística centro agrícola, siendo un terreno de secano en el que se picaba piedra sabiendo que no se podía recuperar ningún espacio como vergel. Ni siquiera valía como cantera para sacar piedra y reutilizarla. Eran trabajos forzados inútiles, que hacían que sufrieran esas personas porque existía una supremacía del régimen donde imperaba un machismo absoluto que algunos quieren recuperar, señalando a quienes son distintos.

Hablaba antes de los institutos. Varios estudios han puesto de manifiesto en los últimos años el incremento de una pulsión autoritaria entre los jóvenes, que va de la mano con el desconocimiento que existe en las aulas del franquismo. Uno de los pilares fundamentales de la Ley de Memoria de 2022 era, precisamente, el educativo. ¿Se están cumpliendo las previsiones de llevar la memoria a los centros, teniendo en cuenta que la educación es una materia con competencias autonómicas?

Se ha avanzado, porque frente a la norma de 2007, la de 2022 ya lo incluía de manera expresa en el decreto del diseño curricular educativo como materia obligatoria. Lo que sucede es que al estar la educación delegada en las comunidades autónomas, hay un negacionismo de algunas de ellas, que impiden que se den charlas sobre memoria democrática, que vayan personas a los centros a explicar lo que sufrieron para poder recuperar los restos de sus seres queridos, que se forme a los profesores para que expliquen la historia más reciente de España, que tiene que ver con una dictadura que sufrimos cuarenta años.

Todo eso, además, es una contradicción, porque esos representantes políticos que están en esas comunidades son fruto de las urnas, no de un régimen autoritario. Dicen que queremos guerracivilismo. Y no, nosotros queremos hacerlo sin ningún tipo de proselitismo ni direccionismo. Lo que queremos es que los jóvenes sepan lo que pasó, que lo conozcan y decidan. No puede ser que desde los poderes políticos se ponga freno a eso.

Uno de los proyectos que se han aprobado en los últimos meses tiene que ver con la resignificación del Valle de Cuelgamuros. En este sentido, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Iglesia para el mantenimiento en el complejo monumental de los monjes, quitando a los más ultras. ¿Se puede resignificar con la misma comunidad benedictina que fundó el Valle de los Caídos?

Aquí había objetivos de máximos. Por un lado, no tocar nada, posición que representaba el prior y gran parte de quienes son reminiscentes de la dictadura. Y por otro, una opción, que también era de máximos, que pasaba por demolerlo todo. Yo puedo entender que los que aspiraban a máximos estén molestos. Pero es que había que buscar una solución que fuera factible, porque si no era imposible caminar. Dicho esto, nosotros queremos que las obras comiencen en la presente legislatura, para las que ya tenemos proyecto ganador. Y espero que si hay un cambio de Gobierno no venga nadie a pararlas.

Efectivamente, las elecciones están a la vuelta de la esquina y las exhumaciones en Cuelgamuros continúan. ¿Cree el Gobierno que va a poder culminar esos trabajos antes de que finalice la legislatura?

Las exhumaciones son la voluntad de este Gobierno y de este Ministerio. De hecho, con carácter inminente se va a convocar el Consejo Territorial para una nueva partida económica de exhumaciones. Quedan unas 10.000 personas susceptibles de ser exhumadas en el conjunto del país, hay ya un mapa de fosas y queremos que al final de la legislatura no quede ninguna persona sin ser exhumada. Es un trabajo arduo, pero desde el año 2018 hemos logrado exhumar 10.000. Aquí lo importante es la implicación de las administraciones.

Respecto a Cuelgamuros, desde que comenzamos allí las exhumaciones hemos tenido algunos problemas: con el ayuntamiento, con las licencias, con algunas demandas de particulares en las que, al final, la justicia nos ha dado la razón... Además, ha habido un amplio llamamiento de familias de toda índole, también carlistas, que quieren recuperar los restos de sus seres queridos. Y tenemos un equipo, con el doctor Francisco Etxeberria a la cabeza, que es un auténtico lujo.

La Ley de Memoria recoge que en el plazo de un año debería estar lista una auditoría de los bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. Ya han pasado tres y aún no tenemos inventario. ¿Cómo va este asunto? 

La Ley de Memoria Democrática plantea consecuciones que no han sido fáciles. En este tiempo, hemos conseguido caminar con las comisiones de trabajo, con los informes pertinentes, con el Valle de Cuelgamuros, con el plan cuatrienal de las exhumaciones... Y ya, y voy a la pregunta, desde el Ministerio de Hacienda han quedado en el ámbito del de Memoria Democrática los procedimientos para las incautaciones de los bienes privados y privativos que hubo durante la dictadura, a partidos políticos y particulares.

No es un trabajo sencillo, hablamos de cuestiones donde puede haber muchas peticiones. Ya hemos respondido a alguna de ellas, como es el caso del espacio del PNV en París. Y lo vamos a seguir haciendo. Siempre, eso sí, teniendo los informes de Patrimonio, porque hay propiedades revendidas, derechos a terceros... Pero bueno, estamos en esa senda.

Del mismo modo, sigue pendiente la elaboración del censo de empresas que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio. La norma busca que las mismas “adopten medidas en este sentido”. ¿Cómo va a enfocar esto el Gobierno? ¿Se plantea, por ejemplo, la creación de una fundación y un fondo a la alemana para ofrecer compensaciones financieras a esas personas? ¿Ya está elaborado el censo? 

Es un trabajo también espinoso, pero ya se han dado pasos con la incoación del expediente y la comisión pertinente para esta materia. Y espero poder ofrecer conclusiones periódicamente.

¿Pero el Gobierno se plantea compensaciones financieras?

Hay distintos mecanismos. El modelo alemán es uno. Y otro es el diálogo con las propias empresas, que haya una colaboración de aquellas que en un momento fueron beneficiadas [por la mano de obra presa] y que lo deben reconocer... 

¿Ese diálogo ya ha empezado?

Ya ha empezado. No hemos dado aún las conclusiones, pero lo haremos junto al secretario de Estado, que es quien tiene la encomienda.

¿Se muestran partidarias [las empresas] de reconocer el uso de mano de obra esclava? 

Hay quienes ya han manifestado claramente que sí, que se han servido de una mano de obra presa para beneficio particular.

Esta semana se han desclasificado documentos del 23-F, pero algunos partidos piden mayor ambición. ¿Es usted partidario de que se vaya más allá, de que se desclasifiquen también documentos de otros muchos acontecimientos? Se me ocurre, por ejemplo, el asesinato de Mikel Zabalza. O la matanza de Vitoria. ¿Debería el Gobierno seguir dando pasos en ese sentido?

Es que el Gobierno ya lo hizo. Se aprobó un proyecto de ley de Secretos Oficiales en el que, por ejemplo, se establece como mecanismo inmediato y automático que a los cuarenta y cinco años se desclasifique ese material. Lo que pasa es que eso, ahora mismo, está en manos de los grupos políticos. Esto lo teníamos cerrado con Junts, pero fue una de las leyes a las que dijo que presentaría una enmienda a la totalidad. Ese es el problema, que tenemos dificultades de articular una mayoría.

Pero es que los documentos del 23-F se han desclasificado sin necesidad de que se haya aprobado dicha ley. Quiero decir, se puede seguir desclasificando sin la norma.

En este caso, estos expedientes y cumplidos los 45 años, se hace de manera automática. Hay una propuesta de ley ya aprobada que permitiría desclasificar incluso antes, pero necesitamos una mayoría.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que convocará al Consejo Territorial de Memoria Democrática para aprobar otra partida de tres millones de euros con la que espera completar las 10.000 exhumaciones pendientes de la Guerra Civil y la dictadura, según informa EFE.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha dicho que espera contar con el respaldo de las comunidades autónomas para aprobar estos tres millones de euros y que "nadie vote en contra", aunque se produzcan abstenciones para poder recuperar "los cuerpos que quedan del lado vencido por defender la democracia y la República".

Torres ha dicho que esta nueva partida permitirá seguir con estos trabajos que se llevan a cabo en las comunidades autónomas con los cabildos y los ayuntamientos para que cualquier persona que pueda ser sacada de una fosa o un pozo o cuneta tras perder la vida de manera violenta pueda ser devuelta a sus familiares.

El ministro además ha anunciado que el próximo día 27 de febrero se va a designar como primer lugar de Memoria en Canarias a la antigua colonia penitenciaria de Tefía, que fue centro de reclusión y trabajos forzados por ser homosexuales durante la dictadura franquista. Será un homenaje a todo el colectivo LGTBIQ+, por lo que será un día "muy importante en defensa de la libertad y de la orientación sexual". Torres ha recalcado que los jóvenes deben saber que a los homosexuales se les sometía a trabajos forzados durante la dictadura de Franco. 

El acto de Fuerteventura contará con la presencia de todas las administraciones canarias, el Gobierno de España y los colectivos LGTBIQ+.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a la exposición El viaje de Celia en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde se aborda el auge de la literatura infantil durante la República y su transformación tras la llegada de la dictadura franquista.

El exasesor Koldo García se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno porque, según ha alegado, no tiene a su disposición el contenido de los móviles y dispositivos que le fueron intervenidos y que podrían ayudarle a "refrescar" la memoria, según recoge EFE.

El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, también encarcelado, estaba citado este viernes en la Audiencia Nacional para responder por el informe de la UCO sobre los contratos de mascarillas en Canarias .

Una comparecencia que se ha producido al día siguiente de ingresar en prisión preventiva por "extremo" riesgo de fuga por orden del juez del Tribunal Supremo ante la proximidad del primer juicio por el caso Koldo. 

 El exasesor ha llegado a los calabozos de la Audiencia Nacional a las 8:45 horas, conducido por la Guardia Civil desde la cárcel de Soto del Real, donde ha pasado su primera noche en prisión y ha compartido celda con el que fuera su jefe, el exministro José Luis Ábalos.

Sobre su primera noche en prisión, su abogada Leticia de la Hoz ha señalado que ha visto a Koldo "tranquilo" no tanto a Ábalos, al que esta misma mañana acudía a visitar al centro penitenciario de Soto del Real su abogado, Carlos Bautista. 

Según han indicado fuentes jurídicas a EFE, el exasesor ministerial ha optado por no declarar al afirmar que no tiene información para responder.

Leticia de la Hoz ha asegurado, en declaraciones a los periodistas a su salida de la Audiencia Nacional, que su cliente tiene previsto declarar cuando le den una copia de sus teléfonos y los dispositivos que le fueron incautados, aún en poder del Juzgado Central de Instrucción número dos, y que, ha recordado, ha pedido sin éxito en numerosas ocasiones.

La defensa de Koldo ha recalcado además que esta situación le impide acceder a los elementos que pueden ayudarle a defenderse de cara a ese primer juicio por el caso Koldo, por la trama de los contratos de mascarillas. "Es como ir al matadero", ha lamentado.

Ha criticado así el "agravio comparativo" que esto supone frente al tercer procesado en esa causa, el comisionista Víctor de Aldama, al que esta misma semana el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno le entregó un disco duro con una copia de dos móviles que le fueron intervenidos.

La abogada ha anunciado también que recurrirá en apelación la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de enviarle a prisión por un riesgo de fuga que ella considera inexistente teniendo en cuenta que ya podría haberse fugado hace año y medio, cuando comenzó la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Al igual que hizo ayer en la vistilla, tras la que el juez del Supremo envió a su cliente a prisión, la abogada ha insistido en la falta de competencia del Supremo en la causa por la trama de las mascarillas, que, según ha puntualizado, está "artificialmente dividida" entre el alto tribunal y la Audiencia Nacional.

La citación de este viernes era previa a la decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar tanto al exasesor como al exministro a la cárcel por el riesgo "extremo" de fuga. 

El informe sobre el que el juez pretendía preguntar a Koldo García apunta a que el comisionista Víctor de Aldama, considerado "nexo" corruptor de esta trama, tenía a sueldo al asesor, que a cambio de 10.000 euros al mes influía en su favor en distintas administraciones, incluida la de Canarias, un extremo que este empresario, también investigado, confirmó ayer al instructor de la causa.

En el caso de las mascarillas de Canarias, según la investigación, Aldama contaba con la intermediación de Koldo García para que el Gobierno de las islas abonase a la empresa Soluciones de Gestión unas facturas que estaban retenidas, por problemas con la homologación y reticencias de los funcionarios, y el exasesor llegó hasta el entonces presidente autonómico, ahora ministro, Ángel Víctor Torres.

Este asesor tendrá que aclarar mensajes que figuran en la causa, como aquellos en los que Torres le dijo afirmaciones como: "Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y, o lo soluciona o la levanto para el aire" o, "esta mierda la resuelvo sí o sí".

Hasta el momento, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha sostenido que el informe demuestra que no ha cometido delito, aunque este jueves el comisionista Aldama le ha lanzado un aviso, al señalar que debería "preocuparse bastante" tras decirle al juez que Torres buscaba a cambio de sus favores una cartera ministerial.

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, será citado por el PP a la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado para que comparezca por cuarta vez, a raíz del último informe de la UCO.

Lo ha avanzado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha apuntado que según la UCO el ministro "mintió" en las tres comparecencias anteriores, porque declaró que no ordenó la compra de mascarillas a la trama del comisionista Víctor de Aldama y que no tuvo relación con él.

Torres ya compareció en la comisión Koldo del Senado el 28 de noviembre de 2024 y el 21 de enero y 6 de marzo de este año, en las comparecencias número 40, 45 y 54, respectivamente, de las 92 celebradas hasta ahora.

En la del 6 de marzo, el ministro mostró una fotocopia del único whatsapp que le envió De Aldama en 2020, al que, aseguró, nunca contestó, y en una rueda de prensa este martes el ministro subrayó que el nuevo informe de la UCO deja en evidencia que solo existió ese mensaje.

García ha informado también de que será llamado a comparecer de nuevo en la comisión Antonio Olivera, exdirector del Servicio Canario de Salud, quien ya declaró el 5 de marzo.

El PP, que tiene mayoría para decidir quiénes comparecen, citará asimismo a la jefa del servicio de contratación y asuntos generales de salud del Gobierno de Canarias, Salomé Ballesteros, porque, según García, también ha sido "señalada" por la UCO.

Otras citaciones anunciadas por la portavoz del PP son las de Pedro Luis Egea, quien fue tesorero de Bancal de Rosas, la asociación que ayudó a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, y Francisco Martín Aguirre, quien presidió ese grupo de militantes socialistas y ahora es delegado del Gobierno en Madrid.

"Sánchez dijo que no recordaba si los negocios de saunas de su suegro habían financiado las primarias, vamos a ver si a los responsables de las cuentas de las primarias les consta", ha explicado García, en referencia a la comparecencia de Sánchez en la comisión el jueves pasado, la número 91.

Además, ha indicado que no descartan convocar de nuevo a Sánchez a declarar, porque en su comparecencia "encubrió" la verdad, en una "burla" al Senado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado una demanda contra el comisionista Víctor de Aldama por intromisión en su honor familiar y personal, su intimidad y su propia imagen, tras las acusaciones de éste, que considera "mentiras y vilezas".

El ministro ha anunciado esta acción judicial en rueda de prensa tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas por parte de Canarias cuando Torres presidía estas islas.

Tras destacar que en este informe no se detecta ninguna actuación ilícita, Torres ha subrayado que quedan en evidencia las "falsedades, mentiras y vilezas" del comisionista investigado en el caso Koldo

"He sufrido un ataque difamatorio, con insidias, con falsedades, con vilezas, de las que se han hecho eco, incluso las han amplificado, partidos políticos", ha recalcado Torres, que ha pedido al PP que pida disculpas.

"En ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado, ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente", ha recalcado.

En cuanto a los contratos para la adquisición de mascarillas, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática afirman que "queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas".

Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del ministro, tras no convencerles las explicaciones que ha dado este martes el ministro de Política Territorial.

Según ha informado el grupo popular, el ministro debe aclarar por qué medió con los técnicos del Gobierno de Canarias para acelerar el pago de los contratos durante la pandemia y tiene que dar más explicaciones sobre otros aspectos recogidos en el informe de la UCO.

A juicio del PP, ese documento acredita que Torres ha mentido en reiteradas ocasiones en sesiones de control y en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre su relación con los integrantes de la trama.

La Guardia Civil expone en su informe -conocido el pasado lunes- que Koldo García había logrado que Torres reclamase unos pagos pendientes, valorado en 7,8 millones de euros, del Gobierno autonómico a una empresa de Víctor de Aldama por la compra de material sanitario. La empresa en cuestión se trata de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

El informe de la UCO refleja el intercambio de mensajes entre el exasesor de Ábalos y Torres en verano de 2020, además de una cita en un restaurante el 15 de julio.

"Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire", llegó a decir el ahora ministro de Política Territorial.

Según la Guardia Civil, Koldo García habría llegado a hablar con el entonces viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, acerca del pedido de mascarillas, incluso antes de que se adjudicase.

La UCO ha descrito el 'modus operandi': Íñigo Rotaeche, uno de los titulares de Soluciones de Gestión trasladaba a Aldama los problemas con el contrato, y este contactaba con Koldo. El exasesor reclamaba los pagos al viceconsejero canario hasta que finalmente escribió a Torres.

Por su parte, el informe también recoge algunas reticencias presentadas por parte del personal técnico y funcionario sobre el pedido de mascarillas. Una funcionaria llegó señalar que se había dado el visto bueno sin ver la ficha y apuntó a que habían comprado mascarillas más baratas.

La Guardia Civil subraya en un informe que Koldo García consiguió que el entonces presidente de Canarias y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia, según ha informado EFE.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla las gestiones de Koldo -que era asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos- para que el Gobierno canario contratase con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y, más tarde, para que abonase 7,8 millones de euros impagados.

El informe, remitido al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso EFE, deja constancia del intercambio de mensajes entre Koldo y Ángel Víctor Torres en el verano de 2020 y una cita en un restaurante el 15 de julio.

La UCO recuerda que hay indicios en la causa de que De Aldama pagaba 10.000 euros mensuales al entonces asesor de Ábalos y subraya la influencia que ejerció en administraciones como el Gobierno de Canarias, hasta el punto de implicar a su presidente para conseguir que pagasen el dinero pendiente.

En el informe figuran mensajes de WhatsApp en los que el entonces presidente de Canarias le dijo a Koldo García que estaba "encima de tu pago", o pedía información sobre el monto que se debía y a qué empresa.

"Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire", le llega a decir Torres a Koldo, un día antes de cenar en Madrid con el asesor y el entonces ministro José Luis Ábalos, un encuentro en el que según la UCO también habría acudido Aldama.

La Guardia Civil ha constatado además que el asesor de Ábalos habló con el entonces viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, sobre el pedido de mascarillas, antes de que se adjudicase y una vez adjudicado, de pormenores sobre los envíos o el pago.

"Te juro que te lo agradeceré en carne. Y te querré mucho. Y te pondré puentes. Y carreteras", le dijo Koldo a Olivera el 4 de mayo de 2020 al reclamar un problema. "Que no se preocupe que se lo resolvemos", contestó el viceconsejero.

Según la UCO, la dinámica era la siguiente: uno de los titulares de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, trasladaba a Aldama los problemas con el contrato de mascarillas y el comisionista contactaba con Koldo, quien a su vez reclamaba los pagos al viceconsejero canario hasta que finalmente escribió al entonces presidente, ahora ministro.

En el informe aparecen las quejas de los empresarios sobre la administración canaria: "Víctor, insistiendo en Canarias, no atienden el teléfono. ¿Podéis tirarles un coco?, lamenta Rotaeche. "Vaya tela de tíos", reprocha el comisionista, en otra ocasión.

La Guardia Civil ha detectado cómo los técnicos y funcionarios expresaron reticencias sobre el pedido de mascarillas. Destacan sobre todo las reservas de una funcionaria que señaló que se había dado el visto bueno sin ver la ficha, se preguntó si había dinero para la operación y apuntó a que habían comprado mascarillas más baratas.

Cuando la responsable de recursos económicos del Servicio Canario de la Salud aludió al origen de la petición, esta trabajadora señaló: "a mí me da igual de donde venga, yo soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos".

En otra ocasión otro trabajador preguntó por qué se salían "del circuito" con este pedido de mascarillas, pues el resto pasaba por la funcionaria antes mencionada.

Finalmente, algunas de las mascarillas recibidas no cumplieron con los estándares para uso sanitario, por lo que tuvieron que retirar el material y hablaron de rehacer las facturas.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, liderado por Ángel Víctor Torres, destacan a infoLibre que en el informe de la UCO no se hace mención a "ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones, ni encuentros con narcotraficantes".

Tras el procesamiento de Ábalos, su exasesor y Aldama este lunes, estas fuentes recuerdan que no existe "ninguna mención sobre Canarias ni sobre el ministro Torres". "El juez no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de Aldama", añaden.

"Después de más de un año, donde se han analizado por parte de la Guardia Civil las distintas conversaciones del ministro Torres desde el año 2020, la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas", declaran.

En cuanto a los contratos para la adquisición de mascarillas, estas fuentes afirman que "queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas".

"¿Se puede permitir en un estado de derecho que se intente, sin la más mínima prueba y con absoluta vileza, destrozar la imagen de una persona y a su familia?", se preguntan desde el ministerio.

“No nos preocupa. Lo que ha salido en el informe de la UCO nos da la razón de que no ha habido financiación irregular. Estamos muy tranquilos. Está sobradamente explicado”. Así de tajantes se muestran en el círculo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de convocar al socialista a la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado.

Era un as que se guardaba bajo la manga el PP, que llevaba meses sin concretar si daría ese paso con su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Pero lejos de la sensación de acorralamiento que quieren los populares trasladar respecto a Sánchez, en La Moncloa y en Ferraz están convencidos de que es un “bumerán” para Génova 13.

Entre los dirigentes del PSOE y del Gobierno existe la sensación de que esa comisión ha sido fallida para los populares. Un espacio en el Senado del que salieron airosos incluso Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Además, los socialistas consideran que el nivel de los portavoces populares en esas comparecencias es muy bajo. Por eso, señalan en La Moncloa y en Ferraz que el presidente no tendrá ningún problema y que volverá a demostrar que no hay ninguna caja b y que su lucha contra la corrupción es firme. Ponen como ejemplo la sesión dedicada al caso Koldo en el Congreso el pasado mes de julio.

Fuentes de La Moncloa insisten: “Es un teatro donde da la sensación de que el PP vive en un universo paralelo”. “Quieren seguir dándole vueltas a esto que tan buenos resultados les da en las encuestas…”, ironizan en el complejo presidencial. Pero también lamentan la estrategia emprendida por Génova 13: “No podemos normalizar tener que demostrar que eres inocente, cuando dice la Guardia Civil que todo cuadra”.

El presidente del Gobierno podría ir, según cálculos del PP, a finales de octubre a la comisión en la Plaza de la Marina Española. Los populares han tardado un año y medio en llamarlo y ya se han celebrado 88 comparecencias. Por ejemplo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tenido que ir hasta en tres ocasiones. Los populares también citaron a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la exministra Reyes Maroto y al titular de Transportes, Óscar Puente. Y recuerdan en el Ejecutivo que ese paso por la Cámara Alta “siempre ha sido favorable para el Gobierno”.

En la sala de máquinas de Ferraz hacen esta reflexión: “A veces el Partido Popular toma decisiones sin pensarlo mucho que van contra tus propios intereses. Desde luego, si fuésemos ellos, le daríamos una vuelta a lo de citar al presidente en la comisión, por su propio bienestar”.

“Feijóo se sacó eso de la chistera porque llegó a la sesión de control agotado, perdido y sin nada que aportar. Es un liderazgo fallido. Además no podrá estar en esa comisión para confrontar él con el presidente. Lo hará por persona interpuesta. Toda una declaración de intenciones. Se trata de una comisión de investigación fallida que siguen manteniendo en el Senado para tratar de molestar al PSOE y al Gobierno con citaciones surrealistas que nada tienen que ver con el objeto de la comisión, que está más que agotada”, indican en Ferraz, donde subrayan: “No es que sea un bumerán por la citación del presidente, ya lo es por todas las que ha habido, que no han servido de nada, y que sólo han puesto evidencia que es una comisión de la mala fe”.

Durante estas horas resuena con fuerza entre la familia socialista la frase de “ánimo, Alberto” con la que cerró Sánchez su cara a cara en la sesión de control en el Congreso este miércoles después de que el líder del Partido Popular elevara más el tono y dijera que el socialista vivía de prostíbulos. De esta manera breve y contundente le contestó el presidente. Fuentes del Gobierno señalan que fue toda una declaración de intenciones y que se evidenció que el liderazgo del gallego está de capa caída.

Muchos diputados socialistas comentan que tuvieron la sensación de que la ovación del PP a Feijóo, con su bancada levantada y aplaudiendo en la sesión de control, tenía ecos a una escena similar horas antes de que los barones decapitaran a Pablo Casado en 2022. Una imagen que visualizó en sus redes sociales incluso el titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

Como señala un alto dirigente del PSOE: “Feijóo salió por la mañana con lo de la comisión. Se creía que el mundo se paraba ahí. Pero al final de la tarde se encuentra con que el Gobierno no se rompe y gana las votaciones del decreto del embargo de compra y venta de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible. Y encima tiene la imagen de un diputado ausente por luna de miel. Pues eso. Ánimo, Alberto”.

En el PSOE y en el Gobierno centran también el tiro en desgastar el liderazgo de Feijóo frente al sector duro del PP encabezado por Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar. En las últimas horas, el enfrentamiento entre los sectores del Partido Popular sobre la interrupción voluntaria del embarazo ha vuelto a mostrar la brecha interna. La presidenta de Madrid ha dicho en la Asamblea que las mujeres “se vayan fuera” a abortar.

Sobre el asunto se pronunció hasta en dos ocasiones Sánchez en la red social X. En un primer mensaje trasladó: “Esta es la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres, al clasismo y al señalamiento. Volver cincuenta años atrás. No lo vamos a permitir. El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcalde para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta el Constitucional”. Luego, en respuesta a la misiva de Feijóo sobre el aborto, el presidente escribió: “Isabel, Alberto tiene una carta para ti”.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la reubicación de menores migrantes prevista para este jueves no se celebrará finalmente después de que el Gobierno haya comprobado la falta de quorum para llevarla a cabo debido al plante de las comunidades del PP, que consideran esta cita "ilegal".

Así lo han señalado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia media hora después de lo que debía ser el comienzo de la reunión, según recoge EFE, a las 9:30 horas, a la que sí han asistido de forma presencial el consejero de Ceuta, ciudad autónoma gobernada por el PP, y los de Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha denunciado la decisión del PP y ha advertido de que con esta decisión no dan "plantón" al Gobierno, sino a Canarias y a los niños y niñas que hay en las islas.

Esta postura, señala Torres en un mensaje en redes sociales, "obliga al Gobierno a solicitar aval al Supremo, para hacerlo con garantías". Y concluye su mensaje: "Esa es la diferencia. El Gobierno de España quiere acogerlos en otros territorios. El PP lo impide".

En esta cita estaba previsto tratar con las autonomías el plan del Gobierno de trasladar unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, para aliviar los recursos saturados de las zonas de llegadas.

Las comunidades presididas por el PP han mostrado desde el principio una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno. De hecho, 10 de estas autonomías y Castilla-La Mancha han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación ante el Tribunal Constitucional.

Ahora estas comunidades han dado un paso más al negarse a acudir a una reunión de estas características, bajo el argumento de que el orden del día fue impugnado en una cita previa y, por lo tanto, la convocatoria de la misma es "ilegal", algo que desde el Ministerio niegan tajantemente.

La cifra total de traslados desde el archipiélago con la que trabaja el Gobierno es de 3.975, a los que previsiblemente habrá que restar alrededor de un millar de Canarias que finalmente serán acogidos por la red estatal de protección internacional por ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.

De acuerdo a estos datos, que aún no tienen en cuenta este extremo, las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677 jóvenes; Madrid, a 647 y la Comunitat Valenciana, a 571, mientras que Cataluña y País Vasco no tendrían que acoger a ninguno. Aun así, Cataluña ha anunciado su intención de atender, como mínimo, a 31.

La previsión del Gobierno era incluir el reparto del fondo de 100 millones de euros que contemplaba el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y crear este mecanismo de derivación. Según estos datos, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, y después iría Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha negado tajantemente que el acuerdo alcanzado este martes con el Gobierno vasco para transferir la gestión de prestaciones no contributivas suponga la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, como sostiene el PP. En rueda de prensa en Moncloa tras la reunión de la comisión bilateral que ha acordado un nuevo paquete de traspasos a Euskadi, el ministro ha aseverado: "Es una falsedad decir que se rompe la caja única de la Seguridad Social".

De este modo ha rechazado los reproches del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, para quien el Gobierno de Pedro Sánchez ha negociado con el PNV "desguazar" la Seguridad Social en el País Vasco en "otra ruptura y otra patada a la unidad de España".

El ministro ha aclarado que lo pactado en la reunión ha sido la "gestión" de las prestaciones no contributivas, algo que constata el propio acuerdo, donde está recogido "de manera taxativa", ha aseverado.

Y ha leído el texto que refleja que esta transferencia respeta "el modelo unitario y el principio de solidaridad y la caja única de la Seguridad Social". En consecuencia, ha instado a Bendodo a corregir su afirmación por ser "falsa".

Torres ha calificado la reunión con el lehendakari, Imanol Pradales, de "fructífera" tras haber concluido "con acuerdos consensuados" y ha criticado que la oposición recurra al "disenso y a "lo más fácil en la política", que "es la crispación, el insulto, la demagogia y el populismo", ha lamentado.

Asimismo, ha destacado que el Gobierno seguirá con su calendario de bilaterales "con todas aquellas" autonomías que se lo soliciten "de manera oficial" y ha zanjado que "más autonomía, no es menos España, sino justamente todo lo contrario".

"El Gobierno de España sigue trabajando, lo va a seguir haciendo, lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo hasta el final de su camino, que es la presente legislatura, que quedan dos años por delante con voluntad de continuidad", ha dicho Torres, para reafirmar el compromiso del Ejecutivo con los acuerdos firmados en el marco Constitucional y los estatutos de autonomía.

Pero no ha sido el único acuerdo al que han llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari. En total, han acordado avanzar en siete materias clave reclamadas desde hace tiempo por Euskadi, entre ellas la transferencia al País Vasco de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social a la familia.

Así se ha acordado en la segunda reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, en la que se han dado nuevos pasos para ir completando las cerca de 25 transferencias pendientes que reclama Euskadi tal y como acordaron los socios del Gobierno Vasco PNV y PSE, en un momento delicado de la legislatura en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez necesita afianzar el apoyo de sus socios.

A las siete materias a las que se ha dado luz verde se suma otro acuerdo importante para cerrar la venta de Talgo.

Estos son los ocho acuerdos:

Los acuerdos sobre competencias deberán ser ratificados en una comisión mixta de transferencias antes del final de año. 

En lo que supone la primera transferencia del Estado a Galicia en 17 años, el 1 de julio la Xunta comenzará a ejercer diversas competencias en materia de gestión del litoral, salvo su titularidad, que continuará siendo estatal y pública, tal y como marca la Constitución. Una gestión que se centra fundamentalmente en las concesiones de usos productivos o de actividades económicas en el litoral, con intercambio de informes entre el Gobierno gallego y el central para aquellos casos en los que una determinada competencia corresponda a la otra administración. 

Así se establece en el acuerdo entre la Xunta y el Estado alcanzado el pasado 9 de abril en Santiago en presencia del presidente gallego Alfonso Rueda y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La Ley de Costas estatal de 1988 contempló dos grandes tipos de concesiones: las que pueden otorgarse en cualquier momento para actividades ligadas con el litoral, reguladas en el artículo 64 de la ley, y las compensatorias reguladas en una disposición transitoria a modo de indemnización por la expropiación de facto que supone en algunos casos el denominado deslinde marítimo-terrestre. Este es el acto administrativo con el que el Estado traza una línea que establece hasta dónde llega el litoral público, con compensaciones para quien tuviese un terreno que pase a estar delimitado como tal. Esta compensación es una concesión de terreno por 30 años a partir del momento en que se aprueba el deslinde.

Esta concesión compensatoria, regulada en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, es la que solicitó la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas, para el terreno de 210 metros cuadrados que da acceso directo a la playa desde el chalet que compró en Moaña (Pontevedra) en 2019 y con el que está cerrado de forma conjunta. Allí el deslinde marítimo-terrestre fue aprobado en 2007 y, aunque el anterior propietario no tenía concesión sobre esta parcela, ahora Cárdenas solicita ese derecho hasta 2037 "como causahabiente del propietario original".

Estas concesiones compensatorias quedan al margen de la transferencia del Estado a la Xunta y no son gestionadas por ninguna de las comunidades que ya tenían competencias sobre el litoral. El pasado septiembre, el Tribunal Constitucional estableció una clara diferencia entre las concesiones ordinarias, que sí pueden ser transferibles a las autonomías, y las compensatorias, que considera "estrechamente vinculadas" a la competencia exclusiva del Estado en el litoral para "establecer las medidas que garanticen su integridad física y jurídica y aseguren su libre utilización". Y así lo asume la Xunta.

De hecho, el acuerdo Gobierno-Estado ni siquiera menciona las concesiones compensatorias reguladas por la disposición transitoria de la Ley de Costas y sólo cita las ordinarias reguladas por el artículo 64 de esta norma. Así, las "funciones y servicios" que se transfieren a Galicia, según el acuerdo, son las siguientes:

En línea con esta última función, el acuerdo establece que la Xunta y el Estado emitirán informes recíprocos cuando la otra administración quiera planificar o construir infraestructuras de transporte o portuarias. Y respecto a las concesiones reguladas por el artículo 64, la Xunta notificará al Estado "cada solicitud en tramitación para que, en el plazo máximo de dos meses, emita por escrito su criterio en relación con la garantía de la integridad física y el uso público del dominio público marítimo-terrestre". En caso de discrepancias con estos u otros tipos de informes recíprocos, se abrirán períodos de consultas de un mes para intentar llegar a un acuerdo.

La polarización domina el escenario político español. Las sesiones de control son el termómetro del fuerte choque entre el Ejecutivo y la oposición. Los acuerdos parecen en esos momentos una película de ciencia ficción, incluso ni siquiera el PP ha asegurado su apoyo al decreto para hacer frente a las consecuencias económicas por la guerra comercial emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pero frente a ese ruido, hay una realidad fuera de los focos que demuestra que es posible el diálogo entre el Gobierno central y las administraciones dominadas por el Partido Popular. El Ejecutivo y las comunidades han alcanzado durante esta legislatura hasta 56 acuerdos para evitar ir a los tribunales, según los datos registrados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática hasta el pasado mes de marzo.

Una de las líneas que marcó el ministro Ángel Víctor Torres al llegar al departamento tras la formación del Gobierno de coalición fue buscar acuerdos con las comunidades (la mayoría en manos del Partido Popular tras el 28M) para no tener que llegar a largos litigios competenciales en los tribunales. Los pactos alcanzados suponen una interpretación compartida por las dos administraciones o una modificación legal para evitar el choque.

A la cabeza de los acuerdos está Balears, que suma diez pactos con el Ejecutivo central en normas como la de cooperativas, de Menorca como reserva de la Biosfera, de vivienda y de actividad sanitaria urgente. También destaca Canarias, con hasta ocho acuerdos, sobre decretos respecto a vivienda y de ayudas para recuperación de la isla de La Palma. Y hasta cinco acuerdos se han alcanzado con País Vasco, Aragón y Comunidad Valenciana.

En este particular ranking aparecen luego los pactos con Andalucía (4), Castilla- La Mancha (3), La Rioja (3), Extremadura (2), Madrid (2), Asturias (2), Galicia (2), Cantabria (2), Cataluña (1) y Murcia (1).

La mayor parte de estos acuerdos se han alcanzado en las reuniones discretas en órganos bilaterales entre el Gobierno y las autonomías. La conflictividad entre administraciones se ha rebajado considerablemente en los últimos años. En la legislatura anterior, acabaron en el Constitucional por estas razones 41 recursos. Una cifra muy inferior a períodos pico como las legislaturas 1982-1986 (382), 1986-1989 (284), 2000-2004 (217) y 2011-2016 (213).

Según explicó recientemente el ministro Torres, desde que llegó Sánchez a La Moncloa en 2018 el número de recursos directos planteados se ha reducido un 69% (de 124 a 39) con respecto a la etapa anterior, en tanto que el número de recursos presentados tras la negociación que permite el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha descendido un 60% (de 114 a 45).

En cuanto a los resultados de las negociaciones aplicando el 33.2 en los más de seis años que Sánchez lleva gobernando se han logrado 306 acuerdos con las comunidades autónomas, 112 acuerdos más que los que se lograron en los seis años anteriores.

Además, otro flanco donde se están consiguiendo avances y diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas es en materia de traspasos de competencias. La semana pasada hubo pacto con la Xunta de Galicia, que domina con mayoría absoluta el PP, uno de los buques insignia de los populares y de donde proviene Alberto Núñez Feijóo. No se había producido una transferencia a esta administración desde 2008.

En concreto, el acuerdo pasa por traspasar a la Xunta las autorizaciones de usos de temporada en playas y en el mar territorial, las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar y la vigilancia, tramitación e imposición de sanciones. El acuerdo también establece una serie de formas de cooperación entre las dos administraciones en materia de construcciones o modificaciones de puertos y vías de transporte. El coste total efectivo supera los 1,2 millones de euros.

El Gobierno cumplirá el requerimiento del Tribunal Supremo que le ordena hacerse cargo de 1.008 de menores solicitantes de asilo que están en Canarias, pero ve imposible hacerlo "de la noche a la mañana" y recuerda que el auto judicial no establece que tenga que trasladarlos fuera de las islas, según recoge EFE.

Tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar esta cuestión, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha remarcado que el Supremo "no dice" que esos menores solicitantes de asilo "deben quedarse" en Canarias "o irse a otro lugar, lo que dice es que deben estar en el sistema nacional".

"Lo que es imposible es que pasen, como si fueran una bolsa, de un lado a otro, 1.000 menores de la noche a la mañana", con lo que habrá que analizar "caso a caso", ha añadido el ministro. Clavijo ha reclamado que en ese análisis "caso a caso deberá imperar el interés general del menor" y ha subrayado que "una de las circunstancias que estaba generando un quebranto" al mismo, "y lo dice el Tribunal Supremo, es el hacinamiento" que soportan en los centros de Canarias, donde hay casi 6.000 niños y adolescentes.

El problema del hacinamiento "se resuelve llevando a los menores a otros recursos donde van a poder ser mejor atendidos", ha insistido Clavijo, quien ha revelado que en la reunión de este jueves no hablaron de si los 1.008 solicitantes de asilo que hay en las islas computan en los 4.000 menores que serán repartidos por otras comunidades en virtud del decreto ley que reforma la ley de extranjería.

Sobre esto, Torres ha indicado que "son cuestiones distintas" y ha recordado que en los borradores anteriores esos solicitantes de asilo estaban incluidos en la propuesta del Gobierno de Canarias para su distribución por el resto del territorio nacional.

Tampoco han entrado en el debate sobre la tutela de los menores migrantes no acompañados, pues el ejecutivo central considera, en base a "fallos recientes", que "sigue siendo de la comunidad autónoma", y el de Canarias justo lo contrario, ha esgrimido Torres. "Hemos estado de acuerdo en no centrarnos en esta cuestión porque lo importante es dar respuesta al Supremo" y que la próxima semana se convalide en el Congreso de los Diputados el real decreto ley para el reparto de los menores, ha dicho el ministro.

Torres ha hecho de nuevo un llamamiento al PP para que lo apoye, y ha advertido de que para Canarias "sería dramático" que no saliera adelante. Fernando Clavijo ha confiado en que el decreto sea convalidado, "pero tal y como está la cosa no podemos decir que las tenemos todas con nosotros", ha dicho.

Respecto a la remisión incompleta de los datos de algunas comunidades autónomas sobre sus recursos de acogida de menores, el presidente canario ha dicho sentir "tristeza" ante lo que considera tácticas "dilatorias", que implican "perpetuar la vulneración" de los derechos de los menores. Clavijo ha señalado que le corresponde al Gobierno de España exigir estos datos "de forma correcta", y ha añadido: "Esperamos no tener que acudir a los tribunales para que se preserve el derecho de los menores".

Sobre esto, el ministro Torres ha indicado que las comunidades que han remitido datos incompletos deberán hacer aclaraciones al Ministerio de Infancia, y ha avanzado que el Gobierno requerirá "en un tiempo corto" a las que no han trasladado información alguna para que lo hagan. En caso contrario, ha advertido, "tendremos que recurrir a aquellos mecanismos administrativos, jurídicos y de otra índole para que cumplan la ley. Porque es un real decreto ley. Espero que ninguno acabe incumpliendo la ley, máxime cuando estamos hablando de seres humanos".

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática está estudiando acciones legales y llevar a la Fiscalía las palabras del diputado de Vox en el Parlamento de Balears Sergio Rodríguez, quien ha rememorado este martes el triunfo del bando sublevado en la Guerra Civil el 1 de abril de 1939.

El parlamentario de la ultraderecha señaló durante una intervención en la Cámara autonómica: "Permítanme que inicie mi intervención, yo que soy muy bien mandado, obedeciendo al Gobierno de España y a su presidente Pedro Sánchez en su año de celebraciones y hoy, primero de abril, les deseo un feliz día de la victoria".

Los diputados de los grupos de la oposición han protestado ante esas palabras, pero el presidente del Parlament, Gabriel La Senne (también de Vox), ha evitado pedir a su compañero de partido que retirara tales afirmaciones al entender que solo se trataba de “una broma”.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han explicado a infoLibre que los servicios jurídicos del Gobierno están estudiando ya esas palabras ante la posibilidad de emprender acciones legales y no descartan llevar esas declaraciones ante la Fiscalía para que actúe. En este tipo de casos se suele intervenir por parte del Ejecutivo ante la posible comisión de delitos de odio y la realización de manifestaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y de sus familias.

Durante estos días, añaden las fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, los servicios jurídicos del Gobierno también están trabajando y recopilando datos ante la posibilidad de incoar un expediente sancionador a la recién creada Plataforma 2025 por actos que exaltan la figura de Franco. Partidos como ERC ya han pedido al Ejecutivo que actué al conocerse el manifiesto a favor del dictador firmado por sus integrantes, entre ellos figuras de la ultraderecha y militares retirados. Este tipo de expedientes ya se han hecho efectivos en casos como La Falange por la celebración del 20N, con una multa de 10.000 euros por contradecir lo que estipula la ley de Memoria Democrática.

La ley de 2022 establece como actos contra la memoria democrática aquellos efectuados “en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.

Estas manifestaciones de Rodríguez son un nuevo acto de Vox en el Parlament balear contra la memoria democrática. El propio presidente de la Cámara está pendiente de un juicio acusado por un delito de ocio después de romper durante una sesión plenaria una fotografía de víctimas de la represión franquista.

Le Senne, durante un debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática balear, destrozó el pasado mes de junio una fotografía en la que aparecían las militantes comunistas Aurora Picornell y Antònia y Maria Pascual, conocidas como ‘Las rojas del Molinar’, que fueron asesinadas por falangistas la noche de Reyes de 1937 en Mallorca.

Durante el debate parlamentario, la segunda autoridad en Baleares arrancó la imagen exhibida en el ordenador de la vicepresidenta segunda de la mesa, la socialista Mercedes Garrido. Después de llamar al orden tres veces a Garrido y la secretaria segunda de la Mesa, la también socialista Pilar Costa, Le Senne, de acuerdo con el juez instructor, mostró “rabia, ira y desprecio” hacia lo que representan las imágenes arrancando la foto y arrojándola al suelo, según recoge el auto del juez instructor de la causa.