Una de las principales bazas electorales de Juan Manuel Moreno es la misma que emplea su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo: la presunción de haber bajado los impuestos y la promesa de bajarlos aún más. Veremos que ni una cosa ni la otra son como ellos las pintan, pero vayamos por partes. 

Por un lado, se trata de una cuestión clave desde el punto de vista ideológico: las derechas, los liberales –sean ordo, neo, ultra o simplemente liberales sin prefijos o apellidos– no se cansan de insistir en que hay que quitar recursos al Estado para "ponerlos en el bolsillo de los ciudadanos". Y siguen defendiendo la famosa Curva de Laffer, esa que sostiene que cuanto más bajan los impuestos más sube la recaudación. Algún día (ya debería haber ocurrido) esa curva será considerada tan fiable como la teoría terraplanista (ver aquí), pero ya se sabe que hay gente impermeable a la realidad y, sobre todo, mucho interesado en seguir vendiendo crecepelos.

Vayamos a los datos: sólo por la rebaja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Andalucía ha dejado de ingresar en los últimos tres años 204,79 millones de euros, una media de 68,26 cada año (ver aquí). Y además, esa rebaja ha beneficiado fundamentalmente a las rentas más altas, aquellas que heredan "más de un millón de euros" (ver aquí). Fuera caretas: hay quien representa los intereses de quienes no llegan a fin de mes y quienes se esfuerzan en evitar la más mínima "molestia" a quienes viven de las rentas o reciben herencias millonarias. Suelen ser estos los mismos que defienden con uñas y dientes la "meritocracia" (ver aquí). 

Si uno sigue creyendo que la Tierra es plana, puede perfectamente seguir confiando en la ya desmentida Curva de Laffer: eso de que bajando impuestos aumenta la recaudación sólo se produce en situaciones muy (pero que muy) singulares, porque influyen otros muchos factores en el resultado real de la medida. Por ceñirnos a Andalucía, incluso en referencia a las rebajas en el IRPF (mucho más beneficiosas para quienes más ganan), ¿cuánto se podría/debería haber recaudado en un ciclo económico de crecimiento o sólidamente fortalecido por las transferencias milmillonarias desde el Gobierno de Estado y desde la Unión Europea? ¿Cuánto o cómo influye esa rebaja de impuestos en el hecho de que Andalucía siga estando a la cola de España en inversión por alumno en la educación pública o en gasto sanitario por habitante?

Debería ser sencillo ponerse de acuerdo en que la mejor fórmula para sostener un Estado del bienestar es una fiscalidad justa y progresiva (como mandata, por cierto, el artículo 31 de la Constitución). Pero no, una parte considerable de la población sigue comprando el crecepelo de esas presuntas "bajadas de impuestos" que favorecen sobre todo a quienes menos impuestos pagan y que, en el caso de comunidades autónomas como Andalucía, Galicia o Madrid, claramente reducen la recaudación y debilitan los servicios públicos (ver aquí). 

Voten, por mucho calor que haga, y no permitan que les engañen: repasen y contrasten los datos antes de votar. 

(Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Es sólo un símil, pero de los que pueden tener fuerza ilustrativa. Afirma el historiador de la economía Carlos Arenas que Andalucía vive atrapada en una "rueda de hámster". Se mueve, su economía se mueve, pero no avanza. El PP y Cs, partidos que han gobernado durante la última legislatura con el apoyo de Vox durante buena parte de la misma, se han propuesto generar a toda costa sensación de dinamismo económico, dinamismo empresarial, dinamismo fiscal... Pero, ¿hay avance o sólo movimiento en la "rueda de hámster"?

Datos en mano, una respuesta corta sería esta: la convergencia se resiste, Andalucía sigue en el furgón de cola en los indicadores socioeconómicos clave y dos de las supuestas pruebas de cambio económico a mejor son cuestionables. 1) El auge en el número de autónomos, porque más que de emprendimiento presenta características de fórmula renovada de economía de supervivencia en un entorno de escasas opciones. 2) La "bajada masiva de impuestos", porque ha supuesto una merma de ingresos que abre incógnitas –al margen de valoraciones sobre justicia fiscal– sobre su sostenibilidad cuando se acabe el ciclo expansivo animado por la UE. Un dato: la Junta ha dejado de recaudar cerca de 70 millones al año del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la bestia negra de su agenda fiscal.

Los datos abren paso a algunas certezas poco alentadoras: Andalucía era al principio y ha sido al final de la legislatura salida de las elecciones de diciembre de 2018 la segunda autonomía con más paro y menos PIB per cápita, lo cual cuestiona el relato del "milagro andaluz". Dicho relato, el de Andalucía como "locomotora económica" de España, competidora de Madrid y Barcelona, futura Baviera de España, también se apoya en un supuesto boom empresarial. Lo cierto es que la evidencia disponible rebaja el triunfalismo.

Atendiendo a los datos de las empresas inscritas en la Seguridad Social, en diciembre de 2018, fecha en la que tuvieron lugar las últimas elecciones, había en Andalucía 266.856, en un registro que excluye a las empresas sin asalariados. En mayo de 2022, el número había bajado a 246.468, una caída del 7,64%. Se trata de una bajada mayor que en el mismo periodo en el conjunto del país (-1,05%).

No obstante, comparar un diciembre con un mayo puede ser útil para comparar a Andalucía con el conjunto de España, pero para ver la evolución de la comunidad del sur es preferible medir mes con mes. Ahí se ve una línea bastante estable: 243.179 en mayo de 2018, 246.280 en mayo de 2019, 228.424 en mayo de 2020, 239.416 en mayo de 2021 y 246.468 en mayo de 2020. Está por ver si el número en diciembre supera los 266.856 del cierre de 2018, cosa que no ocurrió al cierre de 2021.

Hay una segunda fuente de información: el Directorio Central de Empresas que publica el INE. ¿Qué muestra? En primer lugar, que la empresa andaluza es una empresa pequeña. El 96,24% (511.203 de 531.160) tienen menos de diez trabajadores (95,77% en España). De hecho, el mayor número de empresas andaluzas se concentra en aquellas "sin trabajadores", 289.289. Contabilizando la evolución del número de empresas como lo hace el directorio publicado por el INE, es decir, incluyendo a las empresas sin asalariados, su número entre 2018 y 2021 no ha descendido, sino que ha crecido un 4,32%, frente a un 0,86% en el conjunto de España.

Aquí se hace patente una característica ilustrativa del modelo laboral, social y empresarial andaluz: la fuerza del trabajo autónomo. Durante la legislatura ha habido un crecimiento significativo del número de trabajadores por cuenta propia en la Seguridad Social. Según datos del Ministerio de Trabajo, a 31 de diciembre de 2018 había 529.251 en Andalucía, un 16,18% del total. A 31 de marzo de 2022, la cantidad había subido un 6,76% hasta los 565.066, suponiendo un 16,9% del total. En España el número de autónomos ha subido menos en el mismo periodo: de 3.269.909 a 3.341.662 a (+2,2%).

Los 565.066 convierten a Andalucía en la comunidad con mayor número de autónomos de España, por delante de Cataluña (559.868). Esto es presentado como una prueba del éxito del Gobierno andaluz tanto por las direcciones de los partidos que lo integran como por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), y su vicepresidente, Juan Marín (Cs).

No obstante, es un dato que hay que coger con pinzas. "Hay demasiado romanticismo con la pequeña y mediana empresa y con el emprendimiento, cuando en realidad implica un tejido empresarial con menos capacidad de inversión, de innovación y de adaptación y por lo tanto más frágil", señala Marcial Sánchez Mosquera, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla. Como ha alertado Manuel Delgado, catedrático de Economía Aplicada y colaborador del grupo Andalucía Post-Covid, el alta como autónomo en economías frágiles puede ser un "refugio" en un mercado laboral corto de opciones.

De modo que los datos de autónomos se entienden mejor puestos a contraluz. Es útil para comprender su significado cuantificar el conocido como "autoempleo involuntario". Un informe del Observatorio de la Fundación La Caixa de febrero de 2021 situaba a Andalucía como la tercera comunidad con mayor porcentaje de "autoempleo involuntario", con un 25%, sólo por detrás de Asturias y Galicia. Uno de cada cuatro autónomos no quieren serlo. Hay que tener en cuenta además los posibles falsos autónomos.

Además, hay datos que invitan a vincular el autoempleo no tanto con la prosperidad y el emprendimiento como con la falta de opciones. La Junta ha publicado un listado de las 19 ciudades con más del 20% de autónomos en marzo de 2020. El resultado muestra que un total de once aparecen en la última clasificación de Eurostat entre las ciudades con peores indicadores socioeconómicos de España. Están en la lista Níjar, Vícar (Almería) y Los Palacios (Sevilla), las tres con menor renta media por habitante del país. Aparecen además Linares (Jaén), la ciudad con más paro de España, y La Línea (Cádiz), la segunda con más desempleo.

Los datos muestran cinco características más de la empresa andaluza. La primera es que su fuerza se concentra en el sector servicios, donde hay un 66,9% de los activos, según datos del INE del primer trimestre de 2022. La segunda es que la industria tiene un escaso peso relativo: sólo concentra el 7,7% de los activos, cuando eran el 8,1% en el cuarto trimestre de 2018. La industria ha perdido peso con el actual Gobierno andaluz. En España la caída ha sido menor, partiendo de un mayor peso industrial: de 12,6% al 12,3%. Andalucía es la tercera comunidad con menos peso de la industria, sólo por delante de Baleares y Canarias.

La tercera es su comparativamente menor afiliación a organizaciones patronales, según datos de 2020 de la Encuesta Anual Laboral del Ministerio de Trabajo. El porcentaje de empresas asociadas es de un 16,4%, frente a un 21% en el conjunto de España. Esto está relacionado con el tejido empresarial andaluz. Las empresas que más se asocian son las grandes (más del 50% a partir de 250 trabajadores) y las industriales (28%).

La cuarta característica es una mayor reticencia al teletrabajo. Con datos de 2020, año más duro de la pandemia, en Andalucía aplicaron el teletrabajo el 16,8% de las empresas, frente al 22,1% en España. Por último, la quinta característica está relacionada con las relaciones laborales: Andalucía tiene menos porcentaje de empresas que el conjunto del país con convenio colectivo sectorial: 68,6% frente a 72,6%.

Sin duda la gran baza política del Gobierno andaluz son los impuestos, columna vertebral de la primera legislatura autonómica con mayoría derechista. El PP y Cs presumen de recaudar más habiendo bajado impuestos. ¿Es cierto? Sí, en letras grandes. Pero la letra pequeña cuenta una historia llena de matices, escrita en los Cuadernos de Recaudación Tributaria que cada año publica la Consejería de Hacienda de la Junta.

Observando año a año la recaudación acumulada, sobresalen dos evidencias. 1) La Junta de Andalucía ha recaudado más cada año con el PP y Cs en el Gobierno, es decir, desde el ejercicio de 2019. 2) El crecimiento ya venía produciéndose ininterrumpidamente al menos desde 2013. Y además, a pesar del crecimiento de la recaudación general, la Junta sí paga con una menor recaudación sus bajadas de impuestos, por ejemplo en el caso de Sucesiones y Donaciones, aunque lo compensen otras fuentes.

Dentro de la subida global, sí se observan con el actual Gobierno bajadas en la recaudación por las figuras tributarias cedidas, aquellas en las que se han centrado las bajadas del PP, Cs y Vox. En ese apartado la recaudación baja en 2019, lo hace aún más fuerza en 2020 y la recuperación en 2021 todavía no alcanza el nivel de 2018. Hay que tener en cuenta, a la hora de valorar la subida de 2021, que en 2020 estuvieron suspendidos los plazos de numerosas obligaciones fiscales, saldadas en 2021, subraya un funcionario conocedor de las interioridades fiscales de la Junta. Es decir, no ofrece una imagen fiel ver aisladamente la bajada de 2020 –porque no es del todo ilustrativa por sí sola– ni la subida de 2021 –que no se explica sin la bajada de 2020–. Puede resultar más útil hacer la media de 2020 y 2021: 1.945 millones, frente a 2.216,43 de 2018.

¿Qué impuestos hay dentro del esos tributos cedidos? Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones-Donaciones, entre otros.

La rebaja de este último ha sido un motivo de orgullo del PP y Cs, cuyo gobierno lo lleva recortando desde abril de 2019, después de que PSOE y Cs ya lo redujeran en la anterior legislatura. El resultado es una bajada en la recaudación en 2019 que se hace más profunda en 2020. En 2021 sigue por debajo del umbral del 19, mucho más si comparamos con 2018 (299,34 millones) o 2017 (364,2).

Tomando como referencia hipotética para el ciclo 2019-2021 los casi 300 millones recaudados en 2018, último año con el PSOE en el Gobierno, la Junta han dejado de ingresar en total en los tres años 204,79 millones de euros, una media de 68,26 al año.

Haciendo la misma operación con otros impuestos cedidos, lo recaudado de media ha subido en 2019-2021 con respecto a 2018 en Patrimonio (95,95 frente a 80,35 millones), pero ha bajado en Transmisiones (1.114,63 frente a 1.200,98 millones) y Actos Jurídicos Documentados (422,78 frente a 470,66 millones).

En paralelo, Moreno mantenía hace un año frente al Gobierno de España reclamaciones económicas de más de 15.000 millones de euros.

¿Y el IRPF? Los datos de la Junta de Andalucía, de carácter provisional, dibujan una tendencia hacia una mayor recaudación, aunque está por ver cuando los resultados sean definitivos. La media del ciclo 2019-2021 es de 5.778.702.913,67, frente a 4.953.249.586 en 2018.

La del IRPF ha sido otra reforma fiscal estrella del Gobierno andaluz Para ver en qué ha consistido es útil partir de la escala autonómica previa a la llegada al Ejecutivo de PP y Cs.

Y esta es la escala que aprobaron PP, Cs y Vox en el Parlamento en 2019, actualmente en vigor tras su introducción progresiva.

Los más beneficiados por la reforma son los que tienen una base liquidable de 120.000 euros o más, que pasan del 24,9% de tipo aplicable al 22,5%.

La Ley de Tributos Cedidos de 2021 crea además una deducción nueva de hasta 150 euros en el IPRF que comprende los gastos de enseñanza de idiomas y de informática y a la que tienen derecho aquellos contribuyentes con bases de hasta 80.000 euros, en caso de tributación individual, o de 100.000 euros en tributación conjunta. La medida fue criticada por su falta de progresividad. Y más aún cuando el PP vendió así la medida.

Abusamos de los análisis políticos en clave estatal/centralista y también de los que focalizan las comparaciones en el nivel autonómico. Sería muy interesante observar con más detenimiento la evolución comparada entre grandes ciudades de la misma o de diferentes comunidades. Probablemente esa mirada nos aportaría visiones más concretas, realistas y cercanas de lo que (nos) pasa (ver aquí ejemplo). Y lo mismo ocurre con el seguimiento de los procesos económicos, demográficos, industriales o de servicios entre provincias de una sola comunidad. 

En el caso de Andalucía, los datos demográficos indican un claro desequilibrio entre la costa y el interior, cuyo origen es anterior a la llegada de las derechas al poder, pero que se ha seguido acentuando desde 2018. Jaén ha perdido casi el 6,5% de su población en los últimos diez años, y es la única provincia andaluza más envejecida que el conjunto de España. Según las últimas estadísticas oficiales, Jaén y Córdoba son las que pierden habitantes durante la última legislatura en la comunidad más poblada de todo el Estado, mientras ganan población las otras seis provincias andaluzas. La España de las sombrillas se impone a la de los olivos.

Frente a la imagen tópica de una Andalucía eminentemente rural, los datos actualizados del INE que Ángel Munárriz aporta en estas mismas páginas indican que es una comunidad fundamentalmente urbana, en la que crece el peso de las poblaciones entre los 50.000 y los 100.000 habitantes, lugares donde, por cierto, las derechas de PP y Vox se muestran especialmente fuertes.

A juzgar por los indicios en clave netamente política, el otro eje de cambio que se viene produciendo desde 2018 afecta a la vieja rivalidad entre las dos principales ciudades de Andalucía: Sevilla y Málaga. Como este mismo miércoles apuntaba Enric Juliana (ver aquí), múltiples indicadores señalan que la segunda está tomando el relevo a la primera como "centro de gravedad" o motor del poder andaluz. Tanto Juanma Moreno como su mano derecha, Elías Bendodo, y los principales nombres del equipo que dirige el PP, proceden de las Nuevas Generaciones malagueñas, y el apoyo a los proyectos económicos, tecnológicos y turísticos ubicados en Málaga es notorio. 

Eso sí, entre las variadas fake news que se han escuchado en campaña en boca de Juanma Moreno, una de las más repetidas es la de que el crecimiento demográfico de Andalucía se debe a su "bajada de impuestos". Como veremos en el siguiente capítulo de esta serie, la rebaja fiscal no es para nada como la pinta la derecha, pero además el crecimiento demográfico tampoco tiene relación alguna con ella. De hecho esa curva ascendía ya cuando las grandes fortunas andaluzas se trasladaban a Madrid aprovechando las facilidades exclusivas para ricos de las administraciones del PP.

(Mañana analizaremos los números sobre economía, empresa y fiscalidad. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

La Andalucía interior se descuelga de la dinámica de crecimiento poblacional de la comunidad con más habitantes de España. Las tres provincias sin costa perdieron habitantes en 2020, mientras las cinco litorales ganaban. El caso emblemático es Jaén, donde ha prendido el descontento propio de las zonas donde se denuncia "abandono" y "olvido". La provincia de los olivos, que ha cedido casi el 6,5% de su censo en diez años, tiene cinco veces menos densidad de población que Málaga y es la única de Andalucía más envejecida que el conjunto de España. Por otra parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), atribuye a su política fiscal una dinámica de crecimiento demográfico general que en realidad empezó dos años antes de que llegara a San Telmo.

La evolución demográfica no ha quedado al margen de la autoatribución de méritos del Gobierno andaluz. "Andalucía, que perdía entre 1.000 y 2.000 habitantes al año, ahora ha ganado 80.000”, ha afirmado en plena precampaña el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, que achacaba directamente el incremento a su "bajada de impuestos".

Los datos en detalle conducen a serias dudas sobre la incidencia de las bajadas de impuestos en la recuperación demográfica. Dos años antes de formarse el Gobierno de PP y Cs, la población ya había empezado a subir tras cinco años de bajadas durante la dificultosa resaca de la Gran Recesión.

Lo que es innegable es que hay crecimiento demográfico a nivel autonómico. Además de la comunidad más poblada de España, con 8.494.155 habitantes a 1 de enero de 2022 (17,9% del total en España), Andalucía es en efecto una de las 13 donde crece el censo desde el inicio de 2019 –las elecciones andaluzas fueron el 2 de diciembre de 2018– hasta el inicio de de 2022. Queda pues fuera del grupo de las cuatro que pierden: Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia. La subida andaluza es de 79.915 habitantes, un 0,94%, levemente mejor que en el conjunto del país (0,87%).

En Andalucía, como en el conjunto del Estado, llegó a haber años de bajadas poblacionales durante la década pasada. Se perdió censo cinco años seguidos: 2012-2016. Aunque no fue una caída fuerte. En todo ese periodo la población cayó un 0,83%, mientras en el conjunto del país se perdió en el mismo periodo un 1,46%. La reversión de la tendencia empezó en 2017 (+0,05%) y siguió en 2018 (+0,35%), antes de Moreno. Las subidas con el Gobierno de PP y Cs han sido del 0,59% (2019), del 0,09% (2020) y del 0,25% (2021).

Se trata de un crecimiento no exento de desequilibrios internos. A falta de los datos provincializados a 1 de enero de 2022, en la presente legislatura ha subido la población en seis provincias y ha bajado en dos: Jaén y Córdoba. La primera, ya de por sí la menos poblada de Andalucía (con algo más de 525.000 habitantes, 6,19% del total), ha perdido un 0,76%; la segunda, un 0,79%. Jaén y Córdoba son además las dos únicas provincias, junto a Granada, que han perdido habitantes desde 2011. El caso de Jaén es más grave: en una década se ha dejado el 6,47% de su población. Además, es la única que retrocede mirando las últimas dos décadas. ¿Está Sevilla libre de la tendencia de retroceso del interior? No del todo. La provincia sevillana ha perdido población en 2020. Con ello, retroceden las tres interiores de Andalucía en el mismo año.

Entre las que crecen desde 2019, la que más lo ha hecho es Almería (2,08%), por delante de Málaga (2,03%), Huelva (0,75%), Granada (0,72%), Cádiz (0,46%) y Sevilla (0,28%).

En España no hay provincia que pueda integrarse con propiedad dentro de eso que se ha dado en llamar España "vacía" o "vaciada". La que tiene sectores que con más fuerza reclaman su inclusión en esa categoría es Jaén, donde un cóctel de malos indicadores socioeconómicos, decisiones políticas interpretadas como agravios e infraestructuras pendientes ha terminado por conformar un movimiento provincialista del que está por ver su impacto electoral.

La protesta jiennense, en rigor, es más por "olvidada" o "abandonada" que estrictamente por "vaciada", porque su densidad de población es de 46,47 habitantes por kilómetro cuadrado, lejos de Teruel, que apenas supera los 9. No obstante, dentro de Andalucía Jaén sí es claramente no sólo la que más habitantes pierde, sino también la que menos densidad de población presenta, con datos de 2021. La siguen Huelva (51,9, con fuertes desequilibrios entre costa e interior) y Córdoba (56,4%). Las dos con mayor densidad son las provincias costeras de Málaga (232,1) y Cádiz (167,4).

Jaén está por debajo de la mitad de la densidad población de Andalucía y tiene cinco veces menos densidad que Málaga.

La provincia que tiene al olivo por emblema es a su vez la más envejecida, con 43,9 años de media con datos de 2021, por encima de Córdoba (43,77). Otra vez, dos interiores. Además, Jaén es la única con una edad media superior a la española: 43,8. La más joven es Almería, 40,68, fenómeno vinculado a su inmigración en las áreas agrícolas: el 16,86% de su población es no comunitaria.

En cuanto a las capitales de provincia, han perdido población en 2019 y 2020 no sólo Jaén y Córdoba, sino también Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva. Sólo ganan Almería y Málaga. Si ampliamos el análisis a veinte años, hay un retroceso demográfico en tres ciudades: Sevilla, Cádiz y Granada. Seis capitales de provincia andaluzas han perdido población en el bienio 2019-2020.

Esta dinámica alimenta el pique entre Sevilla, la capital que retrocede demográficamente, y Málaga, que avanza y se presenta además como la ciudad con rasgos de un mayor dinamismo empresarial. De momento, la diferencia en población es considerable: 684.234 frente a 577.405.

Quizás por las crónicas rurales de los viajeros románticos, por las estereotipadas estampas miserabilistas sobre el campo agrietado bajo el ardiente sol, o por las impactantes luchas jornaleras de los braceros sin tierra, o quizás por una mezcla de estos y otros factores, es frecuente asociar a Andalucía con lo rural. En realidad, esto es inexacto. Andalucía es una comunidad fundamentalmente urbana.

El 83% de la población se concentra en el 36% del territorio. Sólo el 17% vive en lo que el Instituto de Cartografía de Andalucía considera "zonas rurales". Esto no es producto de ninguna revolución demográfica. Andalucía ha sido –en parte gracias a ayudas como el subsidio agrario– de las comunidades que mejor han conseguido fijar población en el entorno rural. El porcentaje que vive en municipios de menos de 10.000 habitantes no llega a la quinta parte. Y por poco supera el 30% en los de menos de 20.000. Es a partir de los municipios de más de 20.000 cuando aparecen las tres franjas con más porcentaje de población: 20.000-500.000 (18%), 50.000-100.000 (15,22%) y más de 100.000 y capitales (35,45%).

Los datos del INE muestran que Andalucía tiene menor porcentaje que el conjunto de España de población sobre el total en municipios de menos de 10.000 habitantes. En toda la gama de ciudades medias hasta 100.000 habitantes Andalucía sobresale por encima del conjunto de España.

La tendencia más llamativa en cuanto al tamaño de los municipios en los que se agrupa la población en la comunidad del sur es el crecimiento del porcentaje de habitantes en localidades de entre 50.000 y 100.000. En 1996 suponía un 9,55%; ahora, un 15,22%, siendo la comunidad que más porcentaje concentra en localidades de este tamaño tras Castilla La Mancha (18,78%).

Los datos de opinión indican que en estas poblaciones (50.000-100.000 habitantes) la derecha es especialmente fuerte. Según el CIS, es ahí donde mejor nota obtiene la gestión de Juan Manuel Moreno (6,18), mayor porcentaje de la población cree que el PP es partido que mejor defiende los intereses de los andaluces (36,6%) y más gente siente por Vox la mayor confianza (10,6%) y mayor proximidad ideológica (11,4%).

En Andalucía hay menos porcentaje de inmigrantes no comunitarios que en el conjunto de España: 6,26% frente al 8,24%. En 2021 llegaron a las costas andaluzas un 22% más de inmigrantes que en 2020, pero la cifra queda muy lejos de 2018: 12.456 frente a 52.411. No parece, datos en mano, que la inmigración sea un problema de dimensiones descontroladas. Y, sin embargo, se ha colado con espacio de relumbrón en la legislatura andaluza. A pesar de que la comunidad del sur está lejos de una situación de saturación y de que la inmigración es una competencia estatal, ha sido un tema candente. Lo ha impulsado Vox, que ha arrancado cesiones sobre la materia al Gobierno de PP y Cs con las que ha logrado validar su marco antiinmigración.

Todo ello ocurre mientras, silenciosamente, más de 350 personas al año se dejan la vida en ruta hacia Andalucía, un drama que cuestiona las políticas de fronteras del Gobierno de España y la UE. Un drama del que el foco político andaluz sigue lejos. La inmigración ofrece en Andalucía cifras de tragedia humanitaria, no de amenaza social.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) elabora anualmente su informe Frontera Sur con datos del Ministerio de Interior, de la Fiscalía General del Estado y de organizaciones que trabajan sobre el terreno, entre otras fuentes. Según la última edición, en 2021 llegaron a la Andalucía por las rutas de Alborán y el Estrecho 12.456 personas en 1.141 embarcaciones, una media de casi 11 por embarcación. Ello supone 2.250 más que en 2020 (10.206). En cambio, aún son menos que los registrados en 2019, 20.309, y sobre todo que en 2018, cuando fueron 52.411, siempre según los informes anuales de Apdha. El decrecimiento 2018-2021 es del 76,23%.

Se trata de datos que se aproximan a la tendencia que dibujan los facilitados por Interior a infoLibre: 3.480 en 2015, 6.305 en 2016, 18.007 en 2017, 51.033 en 2018, 19.362 en 2019, 9.860 en 2020 y 10.434 en 2021. Según Interior, la bajada en 2021 con respecto a 2018 es aún más drástica: 79,55%.

En cualquier caso, sea cual sea la fuente se llega a la misma conclusión: aunque hay una subida con respecto a 2020, las llegadas en 2021 suponen menos de una cuarta parte de las ocurridas en 2018.

En Andalucía entraron en 2021 menos inmigrantes irregularmente que en Canarias y en Ceuta y Melilla. En 2018 Andalucía encabezaba esta lista.

Por provincias, Cádiz y sobre todo Almería son las que más reciben.

¿Y en 2022? Según la información ofrecida por Interior, a 15 de mayo el número de inmigrantes llegados a las costas andaluzas iba por 1.712. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no aclara cuántos iban a 15 de mayo del año pasado, para comparar. No obstante, los datos disponibles apuntan a una reducción. En primer lugar, porque el total de inmigrantes llegados a la Península y Baleares por vía marítima, dato que Interior no ofrece desagregado, ha caído un 35,5% entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año y el mismo periodo de 2021. En segundo lugar, porque las llegadas a la Península y Baleares a 31 de mayo en 2021 supusieron un 25,25% del total. Si se diera una evolución similar del dato andaluz, las llegadas se situarían por debajo de las 7.000. No obstante, está por ver la evolución en lo que queda de año.

La Apdha también contabiliza los fallecidos cada año intentando llegar. 2021 supuso un récord luctuoso. Por primera vez desde que existen registros, en 1988, la ONG registró más de 2.000 fallecidos en la frontera sur, que además de Andalucía abarca a Ceuta, Melilla y Canarias. En total, fueron 2.126, un 24% más que en 2020. Apdha advierte: "Sólo se contabilizan las desapariciones de personas de las que se ha tenido constancia. No es arriesgado estimar en 4.000 las víctimas".

Camino de Andalucía por las vías de Alborán y el Estrecho perdieron la vida el año pasado 261 personas, frente a 247 en 2020, 327 en 2019 y 568 en 2018. En total, 1.403 personas en cuatro años. Una media de más de 350 al año.

Una de los dos coordinadores del informe, Ana Rosado, explica a infoLibre que estos niveles de letalidad del viaje no sólo no causan cambios en las políticas migratorias del Gobierno y la UE, sino que tampoco tienen excesivo impacto en la opinión pública andaluza. A su juicio, los muertos camino de las costas son "los grandes invisibles". Ello se debe a lo que, analiza Rosado, es una "distorsión" en el debate público, donde la cuestión migratoria se aborda como un problema de seguridad/integración. La coordinadora del informe Frontera Sur cree que este clima de opinión está influido por el uso de la inmigración como "arma arrojadiza" por parte de la "extrema derecha", que trata de hacer cundir la impresión de que nos encontramos en un "estado de alarma". Emma Martín, catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y especializada en inmigración, coincide: "La inmigración es tratada como problema, y además sólo cuando llega a la costa. Si no llega, si se ahoga de camino, ni eso. No interesa".

En el caso de Andalucía, ¿hay mucha o poca inmigración? Comparativamente, poca.

El porcentaje de población extranjera en España a 1 de enero de 2022 es del 11,62% en España, 2,94 puntos superior al de Andalucía, 8,68%. Sólo hay seis comunidades con menos extranjeros, según datos del patrón continuo.

En lo referente a los no comunitarios, el porcentaje en España es del 8,24%, frente a un 6,26% en Andalucía. La comunidad del sur queda por debajo del País Vasco (6,76%), Canarias (7,36%), Aragón (7,61%), Navarra (8,04%), La Rioja (8,34%), Madrid (9,91%), Comunidad Valenciana (10,16%), Baleares (11,87%), Cataluña (12,49%) y Murcia (12,91%). Es decir, es la undécima de 17.

La antropóloga Emma Martín explica que, aunque a menudo hay trabas para el alta de los llegados por medios irregulares, el padrón es "bastante representativo" de la inmigración en una población dada. "Las ONG hacen un esfuerzo importantísimo para que los extranjeros se empadronen, para que así tengan derecho a asistencia médica y, en el futuro, puedan demostrar el arraigo para una regularización", señala. A juicio de Martín, los porcentajes de población extranjera que se observan en Andalucía son "relativamente bajos" y en absoluto justificarían una sensación de presencia masiva. "Aunque es una medida discutible, suele considerarse que es a partir de un 10% cuando se puede producir una hipervisibilización. Pero no es porque haya muchos extranjeros, sino porque en determinados momentos se ve a muchos a la vez. Por ejemplo, en el Levante almeriense, donde los trabajadores agrícolas cobran cada 15 días, de repente se ve a muchísimos a la vez en los cajeros de los pueblos sacando dinero", explica Martín. Es el tipo de imagen que puede aprovecharse para vender la idea de inmigración masiva.

La antropóloga afirma que la "hipervisibilización" sólo se da puntualmente en zonas agrícolas de Almería y en menor medida de Huelva. En Almería el 16,86% de su población es no comunitaria. De los 156.357 inmigrantes de los que el INE tiene constancia, 79.012 son africanos y de ellos 61.749 son marroquíes. Es ahí, en Almería, donde Vox dirige con mayor fuerza su discurso xenófobo. No en Málaga, que tiene un 11,29% de población no comunitaria, pero de los más de 186.000 de este grupo cerca de 80.000 son europeos, la mayoría británicos de elevado poder adquisitivo. Martín recalca que "pocas veces se destaca que en Andalucía la inmigración es necesaria para determinadas actividades agrícolas como la agricultura". "Parece que se quiere a los extranjeros como trabajadores, no como vecinos", añade.

Otro indicador fiable de la densidad de la inmigración en una región es el alumnado. En Andalucía hay menos porcentaje de alumnado extranjero que en la media española en enseñanza no universitaria: 5,3% frente a 9,9% en el curso 2020-2021. Sólo hay dos comunidades con menos: Asturias y Extremadura.

Eso sí, dicho alumnado se concentra en la red pública, donde fueron un 82,4% de los alumnos extranjeros en el curso 2019-2020 frente a un 8,3% en la concertada. De modo que existe un desequilibrio con respecto al porcentaje que la concertada ocupa en el sistema (20,9%). Aunque en teoría la concertada es gratuita, en la práctica a través de la ubicación selectiva de sus centros y del cobro irregular de cuotas se produce un fenómeno de exclusión de alumnado pobre e inmigrante.

He ahí un desafío que sí entra dentro de las competencias de la comunidad autónoma andaluza. Lo que en cambio no entra es la política de fronteras. Y, sin embargo, leyendo los acuerdos de la legislatura se diría que sí.

Sin competencias, pero en la agenda andaluza

La inmigración, a pesar de no ser competencia autonómica, ha tenido protagonismo en la política andaluza en la última legislatura. El motivo es Vox, que ha introducido el tema en sus acuerdos con el PP y Cs. El primero, el de investidura, firmado en enero de 2019 por PP y Vox, obligaba a evitar "decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada'" y a "combatir a las mafias", además de a garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental" [...]". Era un éxito de Vox, que lograba imponer su marco y deslizar la preferencia por la inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental", una forma eufemística de subordinar a los musulmanes. El acuerdo, sin traducción práctica porque no son competencias de la Junta, se ajustaba a la campaña que Vox tenía en marcha entonces para forzar al Gobierno andaluz a facilitar a la Policía la documentación recabada de los inmigrantes al hacerse la tarjeta sanitaria, de forma que pudiera ser utilizada para expulsar a 52.000.

Los acuerdos para los presupuestos de aquel año y 2020 volvieron a aceptar el marco de Vox. PP y Cs se comprometieron a que la Junta promovería un convenio con Interior para combatir la "inmigración irregular". El acuerdo sirvió al partido extremista para mantener en agenda el tema migratorio, a pesar de la falta de competencias. Además, las tres fuerzas acordaron sacar de los presupuestos 600.000 euros para la integración de inmigrantes y dedicarlos a infraestructuras judiciales. Vox presumía así del logro.

Las tres fuerzas alcanzaron un acuerdo rotulado así: "Seguridad centros menas". Se trataba de "contener posibles situaciones de conflicto" en dichos centros. Se firmó un 23 de octubre. Unos días después, el 4 de noviembre, Rocío Monasterio acudió a Sevilla para denunciar ante un centro de menores inmigrantes en el barrio de La Macarena la situación de "inseguridad" por una "manada de menas". Así ha funcionado: Vox ha ido colocando en sus acuerdos con PP y Cs temas que luego explotaba en sus campañas. El último pacto PP-Cs-Vox es de noviembre de 2020 para las cuentas de 2021 e incluye un acuerdo titulado: “Seguridad en centros MENAS”. Vox lo celebró así: "Queremos barrios seguros". Otro punto del acuerdo de hace un año explicita que habrá una rebaja de 3 millones del presupuesto de la Agencia de Cooperación Internacional para dar ese dinero al Banco de Alimentos. “Primero lo nuestro”, valoraba Vox.

Escribió José Saramago: “Si tú no emigraste, emigró tu padre, y si tu padre no necesitó mudar de sitio fue porque tu abuelo, antes que él, no tuvo otro remedio que irse, cargando la vida sobre las espaldas, en busca del pan que su tierra le negaba”. Ya sé que es bobada explicar el fenómeno de las migraciones como puro y fundamental derecho humano, el que consiste en huir del hambre, de la guerra, de la desertización o simplemente en buscar una vida mejor para uno mismo o su familia. Cabe a estas alturas preguntarse: ¿estos señoros de Vox, o sus parientes heridos del PP, se creen pura sangre? ¿En serio suponen que ninguno de sus ancestros lleva genes judíos o árabes? Para su información, les comunico que según un estudio genético elaborado por científicos de la Universidad de Leicester y la Pompeu Fabra, uno de cada tres españoles tiene marcadores genéticos de Oriente Medio o del Magreb (ver aquí).

Podríamos aceptar esta realidad científica e histórica sin mayor problema, pero hay quienes prefieren negarla, distorsionarla o despreciarla, todo sea por apropiarse de una identidad excluyente y además racista con fines descaradamente electoralistas. No les basta con presumir de ser los "más y únicos y mucho españoles" (con permiso de Rajoy), sino que se esfuerzan en distinguir la inmigración blanca, rubia, pelirroja o simplemente europea de toda tez morena que huela a pobreza. 

No se me ocurre otra explicación al observar los datos oficiales contrastados y el discurso que ha ido calando en un porcentaje importante de la ciudadanía andaluza. Sólo un 6,26% de la población de esta comunidad ha inmigrado desde fuera de la Unión Europea, lo que supone dos puntos menos que en el conjunto de España. Sin embargo, el PP, empujado por el discurso xenófobo y nacionalpopulista de Vox, ha asumido una supuesta realidad paralela (a la estela de Trump) en la que se diría que estamos "invadidos" por millones de inmigrantes dispuestos a "robarnos" el trabajo y a "disfrutar" de las ventajas de nuestro (supuestamente sólido) Estado del bienestar.

Esto es simple y llanamente falso. Mienten Olona y Abascal y se pone hipócritamente de perfil Juanma Moreno. Los tres saben que la inmigración no sólo no es un problema en Andalucía, sino que, desde 2018 a 2021, la que ha arribado a las costas andaluzas se ha reducido en un 76%, por muy variados factores que poco o nada tienen que ver con las políticas del gobierno andaluz sobre tan trascendente asunto, entre otras razones porque la gestión de la inmigración es competencia del Gobierno central (ver aquí).

Aspirar a que las derechas asuman el respeto al otro sea del color, nacionalidad o religión que sea es probablemente mucho pedir a estas alturas de este incierto y acelerado siglo. Pero quienes tienen aún el poder de vigilar a quienes manejan el poder real conviene que no se dejen engañar: los mismos que consideran insostenibles las pensiones públicas se esfuerzan en cerrar las puertas de entrada a quienes necesitamos urgentemente para sostener ese mismo sistema. Y si además leyeran a Saramago, quizás supieran que permitir centenares de muertes cada año en ese mar que separa la pobreza del presunto bienestar es simplemente un crimen de lesa humanidad. Lástima que no atiendan al más urgente 'efecto llamada'.

(Mañana analizaremos los números sobre políticas demográficas, lo urbano y lo rural. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Hoy toca analizar los datos de la gestión del gobierno andaluz en políticas de igualdad. Lo cual es directamente un oxímoron, un absurdo, una entelequia, una contradicción de principio. ¿Qué políticas de igualdad pueden impulsar quienes niegan que exista la violencia machista, o la brecha salarial entre hombres y mujeres o el derecho fundamental de la mujer a decidir la interrupción de su embarazo? Me dirán que no es todo eso exactamente lo que defiende el PP andaluz. Y a uno le entran ganas de tirar de textos sagrados: por sus obras los conoceréis.

Sólo unos meses después de tomar posesión el gobierno de coalición de Moreno con Ciudadanos, pudo comprobarse la influencia decisiva de Vox contra cualquier tentativa de practicar algo lejanamente coherente con la existencia misma de la llamada Consejería de Igualdad. De una tacada, se creó un teléfono de atención a la "violencia intrafamiliar" (instrumento que por cierto ya existía, como legalmente existe la persecución de ese tipo de violencia), se retiraron ayudas a organizaciones feministas y se criminalizó incluso el lenguaje inclusivo (ver aquí). Conviene no olvidar que el líder de Vox en Andalucía era un individuo, juez para más señas, autor intelectual de esa cosa de los "chiringuitos", que tiene pendiente aclarar en los tribunales qué hizo con 2,4 millones de euros de dinero público (ver aquí).

De modo que a estas alturas no puede sorprender que los mismos que proclamaban su prioridad de acabar con las ayudas públicas a lo que ellos denominaban "chiringuitos" (ONG's o asociaciones dedicadas a atender a mujeres maltratadas, por ejemplo) hayan dedicado 1 millón de euros al año a inyectar recursos a asociaciones antiabortistas, esas que, entre otras actividades, se ocupan de acosar directamente a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo a las clínicas donde legalmente se realizan abortos. Menos mal que ya ha entrado en vigor la reforma del Código Penal que castiga ese acoso, con el voto en contra (por supuesto) de PP y Vox (ver aquí).

Los números en política no son casi nunca ajenos a la ideología, ni se producen aislados, sin relación con otras cifras que confirmen las mismas ideas. Así que tampoco puede extrañar que en Andalucía el 99,89% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en la red sanitaria privada, un porcentaje muy superior a la media nacional, ya suficientemente vergonzosa (84,5%%).

Por mucho que se pretenda disfrazar de "moderado" el discurso de Feijóo o de Moreno, lo cierto es que no hay forma de que proclamen de una vez por todas que el feminismo consiste en la lucha por la igualdad de derechos de la mujer y el hombre, o que asuman que la mujer soporta un tipo de violencia (machista) por el simple hecho de ser mujer. No lo dicen claramente ni lo asumen porque practican aquella picaresca del Lazarillo ("maldita la gota que se desperdicie"), y consideran que cediendo o incluso negando la igualdad van a obtener votos de sus hijos pródigos, los que se han echado al monte de Vox sin ningún complejo.

Pero la realidad es tozuda: el teléfono para atender la violencia intrafamiliar recibe dos llamadas al día, frente a las 108 diarias que atiende el teléfono contra la violencia machista en Andalucía. Ganarán (quizás) pero no convencerán.

(Mañana analizaremos los números sobre políticas de Migración. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Ninguna encuesta le otorga posibilidad de Gobierno a una coalición de izquierdas pero casi todas la dibujan como la segunda fórmula preferida por los andaluces, por detrás de un ejecutivo en solitario del PP y muy por delante de una coalición integrada por la extrema derecha. En realidad, la campaña electoral andaluza tiene muchos tintes de excepcionalidad para la izquierda. Nunca antes el PSOE había comparecido a una cita autonómica desde fuera de la Junta de Andalucía porque nunca antes había gobernado la derecha, y tampoco se recuerda una campaña con tan pocos roces en las fuerzas progresistas ni con tantas coincidencias programáticas entre ellas. La debilidad que les pronostican las encuestas y compartir el mismo rol de oposición frente al PP parece abocarlas a un pacto no escrito de no agresión. 

Lo normal, hasta ahora, era ver a las izquierdas andaluzas combatiendo ferozmente en campaña y protagonizando cruces de acusaciones y reproches. Algo lógico teniendo en cuenta que, o venían de gobernar juntas y romper abruptamente, o venían de enfrentarse siendo gobierno y oposición. Sea como sea, lo cierto es que en la cuenta atrás para la cita con las urnas se está imponiendo una ausencia de bronca protagonizada además por la coincidencia en los mensajes públicos y en los programas electorales, todo un éxito teniendo en cuenta los antecedentes. 

La que más claramente escenificó ese discurso en el primer debate electoral fue la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Ella, que procede de la ruptura en mil pedazos de Podemos y fue calificada como tránsfuga por sus propios compañeros en la última legislatura, no dudó en sacar la bandera blanca: “Que nadie se quede en casa si va a votar a la izquierda. Hay una oferta plural y deben sentirse interpelados”, pidió antes de ejemplificar la situación que se encontrarán los votantes progresistas a pie de urna ante tanta diversidad de papeletas: “Un autobús nunca te deja en la puerta de tu casa pero coges el que te deja más cerca. Pues ve a votar el 19J por la izquierda”, apuntó en su minuto de oro. 

Con diferentes estrategias y tonos y con candidatos de perfiles muy diferenciados, en la letra pequeña de los programas electorales de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía es fácil encontrar propuestas casi calcadas en ámbitos como la sanidad, la educación, el empleo joven, la memoria democrática o la lucha contra las violencias machistas. 

En los programas electorales de las tres fuerzas de izquierda hay una mención común respecto al recorte en sanidad del gobierno de Juanma Moreno: el despido del personal sanitario contratado durante la pandemia. En las propuestas de PSOE y Por Andalucía, de hecho, se menciona expresamente esa cifra, la de los 8.000 sanitarios despedidos, como un compromiso explícito para abordar su contratación inmediata. 

Las tres fuerzas progresistas coinciden además en aumentar el gasto en sanidad pública tras años de recortes. Los socialistas se comprometen, por ejemplo, a blindar por ley que un 7% del PIB andaluz sea para inversión en sanidad, así como “garantizar una atención sanitaria en tiempo y forma, con un máximo de 48 horas para la cita de atención primaria, y que las listas de espera se reduzcan a los tiempos establecidos por la legislación”. ‘Por Andalucía’ incide en esta línea y se compromete a aumentar “en un 17% el gasto sanitario público por habitante durante la legislatura, de forma que Andalucía alcance la media nacional”. Adelante Andalucía, por su parte, contempla una propuesta calcada en términos numéricos a la del PSOE: fijar por ley un suelo de gasto garantizado del 7% del PIB andaluz para sanidad. Además, plantean un umbral mínimo de financiación para Atención Primaria del 20%. 

En las principales propuestas educativas de las tres formaciones progresistas la coincidencia programática también es casi absoluta. Todas plantean la reversión de los recortes llevados a cabo en la última legislatura. Y les ponen cifras a las promesas: Juan Espadas plantea un 5% del PIB en inversión para bajar las ratios de alumnos y mejorar las condiciones del profesorado. Y añade: “Daré instrucciones para establecer a la mayor brevedad la universalización de la educación infantil de 0-3 años”. 

Esta propuesta es idéntica en el resto de formaciones progresistas. Los de Inma Nieto recalcan la necesidad de “garantizar la Educación Pública gratuita de 0 a 3 años” y ponen números a la bajada de ratios de alumnos: ”En Educación Infantil de 3 a 6 años, máximo de 15 alumnos/as por aula; en aulas que cuenten con alumnado con Necesidades Educativas Especiales, 15 alumnos/as por aula; en Educación Primaria y Secundaria, 20 alumnos/as por aula; en etapas postobligatorias (Bachillerato y Ciclos Formativos), 25 alumnos/as por aula; ampliar hasta cubrir la demanda total de climatización, bilingüismo, aula matinal, comedor, actividades extraescolares y personal para atender las necesidades educativas especiales y las necesidades educativas específicas disminuyendo progresivamente la financiación de la educación privada concertada”.

El programa electoral de Teresa Rodríguez también reivindica que “incluir la etapa de Infantil 0-3 en el sistema educativo público es una necesidad para garantizar la equidad a todas las familias andaluzas. La candidata de Adelante Andalucía también propone una ley de climatización de las aulas públicas y para ello plantea “recuperar en primera instancia los niveles de inversión del año 2010 aumentando un 16% las partidas de gastos y funcionamiento de los centros de Infantil, Primaria y Secundaria”.

Con un problema endémico de desempleo, en general y de paro juvenil, en particular, buena parte de las recetas económicas planteadas desde la izquierda andaluza tienen que ver con el número de jóvenes que se ven abocados a abandonar Andalucía en busca de un trabajo. La Comunidad es la tercera con peor dato de paro juvenil de todo el país, situado en el 36.1% según datos de la última EPA. No es el doble de la media nacional, como suele repetir la candidata ultraderechista Macarena Olona, pero sí es cinco puntos superior a esa media. 

Y aquí vuelven a confluir los programas electorales de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía: Espadas promete implantar el “Programa de Primera Oportunidad Laboral de la Juventud”, movilizando 2.000 millones de euros para esta finalidad. Nieto habla de un ‘Programa de Empleo Juvenil’ dotado de 250 millones de euros para reducir en un año a la mitad el desempleo de los menores de 25 años. Unos términos casi idénticos a los que expone Rodríguez al plantear un ‘Plan integral de empleo juvenil’ con una línea de incentivos económicos para la contratación de jóvenes talentos. Tanto Por Andalucía como Adelante Andalucía se comprometen, además, a desplegar políticas específicas para “evitar la emigración y propiciar el retorno de emigrantes andaluces y andaluzas”. 

Uno de los principales riesgos que supondría la entrada de VOX en el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que ver con las políticas de igualdad. Como se ha visto en Castilla y León y como han repetido públicamente, uno de los principales planteamientos de la extrema derecha es derogar las leyes autonómicas de igualdad. VOX ya consiguió, a cambio de su apoyo en la investidura, que el primer ejecutivo de Juanma Moreno denominara al número de atención telefónica a las víctimas “intrafamiliar” y no de género o machista. Pero todo el mundo espera que su entrada en el Gobierno suponga ir un paso más allá. 

Frente a esa hipótesis, los programas electorales de las fuerzas progresistas son rotundos y coincidentes: “Durante estos últimos años la Junta de Andalucía ha alimentado las demandas de la ultraderecha, siendo cómplice en la banalización de su posición reaccionaria. El teléfono de la violencia intrafamiliar, el recorte de subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer o la exclusión de proyectos de atención a víctimas de la violencia machista, son solo algunos ejemplos”, plantea en su documento programático la coalición ‘Por Andalucía’. 

Juan Espadas propone en su programa impulsar la implantación del protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género y crear el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género; Inma Nieto pide asegurar el cumplimiento y desarrollo de la Ley de Violencia de Género de Andalucía; Teresa Rodríguez, “implementar un programa formativo especializado en la detección de violencias machistas a todo el personal sanitario y de servicios sociales” y solicitar a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer “que suspendan cautelarmente el régimen de visitas en los casos en que las víctimas se encuentren acogidas en el servicio integral de atención y acogida por motivos de seguridad, así como en los supuestos en que esté vigente la orden de alejamiento o protección”.

En materia de memoria democrática la crítica de los partidos de izquierdas es unánime al gobierno del PP: “Con el Gobierno del PP y Ciudadanos, apoyados por la ultraderecha de Vox, la realidad social y más concretamente la de Memoria Democrática ha sufrido un importante retroceso en nuestra comunidad”, critica el programa de Adelante Andalucía, que propone “incorporar al currículo escolar los contenidos propios de la Memoria Histórica y Democrática en el doble plano de actualización científica del relato histórico que se explica en las aulas y mayor compromiso con los valores democráticos, rompiendo cualquier forma de equidistancia moral entre democracia y fascismo, entre víctimas y victimarios”.

Los tres programas electorales piden llevar a cabo el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria, que para el PSOE implica retirar “los símbolos y expresiones de exaltación del golpe de estado y la dictadura, de sus dirigentes e impulsores. En particular, los restos de los golpistas de 1936 no podrán seguir estando en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que favorecen la realización de esos actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra o la dictadura”.

‘Por Andalucía’ incide en esa línea y refiere explícitamente el caso de Queipo de Llano: “Instar al titular de la Basílica de la Macarena a que, en el plazo de un mes como máximo, proceda con la exhumación del golpista Queipo de Llano por sus vínculos con la Dictadura franquista y como dirigente militar del fracasado golpe de estado que dio inicio a la Guerra civil. En el caso de no cumplir con sus obligaciones legales, será la Junta de Andalucía la que realice la exhumación, actuando de oficio de acuerdo con las competencias que establece la Ley de Memoria Democrática de Andalucía”.

Espadas, Nieto y Rodríguez vuelven a coincidir a la hora de dedicar en sus respectivos programas electorales capítulos específicos a la política de vivienda. Con algún matiz, pero en la misma línea: facilitar el acceso regulando el mercado y con ayudas públicas para las personas con menos recursos, principalmente jóvenes. 

“Aplicaremos la Ley de Vivienda del Gobierno de España, para que la juventud puedan optar a las ayudas de 250 euros de alquileres asequibles”, reza el programa del PSOE, que además se compromete a un gasto del 2% del PIB para vivienda social. ‘Por Andalucía’ ofrece la creación de un parque público de viviendas en alquiler cuyo precio se establezca “en función de los ingresos y que no suponga más del 20% de los ingresos de la persona arrendada. En este plan se prestará especial atención a jóvenes con bajos recursos o en riesgo de exclusión, colectivos vulnerables, mujeres víctimas de violencias machistas y jóvenes con discapacidad”. 

Los de Teresa Rodríguez son los únicos que plantean “la incorporación inmediata del 100% de las viviendas de la sea titular el SAREB en Andalucía”, así como “constituir el Servicio Público de Vivienda Asequible, conformado por el conjunto de viviendas públicas de titularidad autonómica y municipal, regulando por ley su régimen y estableciendo medidas para su incremento, potenciación y cuidado”.

El próximo domingo se celebran las elecciones autonómicas en Andalucía y todo apunta a que Juanma Moreno volverá a presidir la Junta, aunque, para ello, necesitaría el apoyo de Vox, ya sea como un apoyo parlamentario decisivo o integrándolo en el Ejecutivo autonómico. Eso es, al menos, lo que dicen las encuestas, cuyo promedio analiza infoLibre tras estudiar un centenar de encuestas de los últimos meses en Andalucía (ver metodología al final del artículo), incluyendo las publicadas este mismo lunes, último día en que se puede hacer según la legislación electoral española.

El escenario central que muestra un análisis integral de los principales estudios demoscópicos es el siguiente: el PP sería la fuerza más votada con alrededor del 35% de los votos, casi 15 puntos más de lo que obtuvo en las pasadas elecciones en la comunidad. De esta forma, superaría al PSOE –ganador de las pasadas elecciones— de Juan Espadas, que conseguiría el 26% de los sufragios, dos puntos por debajo del resultado cosechado en 2018.

Vox sería la tercera fuerza con el 17-18% de los votos, aunque se observa una ralentización del crecimiento del partido de extrema derecha en las últimas semanas de precampaña y en la última, ya oficialmente de campaña. El partido de ultraderecha fue la sorpresa de las pasadas elecciones, irrumpiendo por primera vez en las instituciones con el 11% de los votos.

En cuarta y quinta posición se encuentra las dos fuerzas de izquierda a la izquierda de los socialistas: Por Andalucía (PorA) y Adelante Andalucía (AA).

Por Andalucía, candidatura liderada por Inmaculada Nieto, rondaría el 9% de los votos con una tendencia ligeramente descendente, mientras que Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez, ronda ahora el 6% en intención de voto, con un incremento de 2 puntos porcentuales respecto a las estimaciones de hace un mes.

Por último, Ciudadanos, de la mano del actual vicepresidente de la Junta Juan Marín, conseguiría cerca del 4% de los votos, siendo así la formación que más cae en cuatro años (cerca de 12 puntos), una dinámica que ya se ha visto en otros territorios y procesos electorales en los últimos tiempos.

Las tendencias dejan un equilibrio (o una falta de equilibrio) entre bloques ideológicos que complica una alternativa de gobierno para la izquierda. Según el consenso de encuestas, la derecha (la suma de PP, Vox y Cs) rondaría el 57% de los votos, 7 puntos más que en las elecciones autonómicas 2018 y las elecciones generales de noviembre de 2019 en esta misma región.

Por otro lado, las fuerzas de izquierdas (PSOE, PorA y AA) perderían cerca de tres puntos porcentuales, pasando así del 44% en 2018 al 41% en la actualidad, con la mayor diferencia neta en intención de voto entre bloques, tal y como se analizaba en esta otra pieza de infoLibre.

Con estas expectativas de voto, se diseña un modelo probabilístico para calcular cuántos escaños obtendría cada formación política, pero también para saber cuán de probables son dichos sucesos. Por ejemplo, en el escenario central del modelo, Cs podría conseguir 1 o 2 escaños en el Parlamento andaluz, aunque la probabilidad de quedarse sin representación asciende al 10%. Es decir, si se celebraran una decena de elecciones en el mismo día, Marín no conseguiría escaño en una de esas ocasiones.

Para calcular las probabilidades, es necesario contar con la incertidumbre asociada a los errores de las encuestas –que no dejan de ser una herramienta de aproximación, la mejor demostrada—, basándose en el análisis empírico de miles de encuestas en distintos niveles administrativos en España desde finales de los años setenta.

Partiendo del promedio de encuestas y los resultados históricos, se agrega la incertidumbre para simular las elecciones hasta 10.000 ocasiones en cada provincia.

De esta forma, el modelo asigna la probabilidad de obtener cada escaño para cada partido. Como se puede apreciar en el gráfico de arriba, el PP sería la fuerza con más escaños (entre 41 y 49), seguido del PSOE (27-35), Vox (17-23), Por Andalucía (5-11), Adelante Andalucía (1-7) y Cs (0-4). La mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, que tiene 109 escaños en total, se sitúa en los 55.

Con estos mimbres, la derecha sumaría la mayoría absoluta casi con toda seguridad, aunque los planes de Juanma Moreno de conseguir una “mayoría suficiente” –entendida como una representación cercana a la mayoría absoluta en solitario— no parece ser factible, mientras las encuestas no comentan errores por encima de lo previsto inicialmente.

De esta forma, en 4 de cada 10 ocasiones, el bloque de la derecha sumaría 66-67 escaños, mientras que la izquierda rondaría los 42-43. Es una diferencia sustancial que se explica, en gran medida, a las altas tasas de indecisión que imperan entre los potenciales votantes del bloque progresista.

Tal y como se aprecia en la tabla que sigue, 1 de cada 5 votantes socialistas y de Adelante Andalucía (donde confluían PorA y AA) en 2018 no saben a quién votarán en esta ocasión, según el cálculo ajustado (por fecha y tamaño de muestra) realizado con las dos encuestas recientes publicadas por el CIS: el Flash (6-7 de junio) y la preelectoral (17-28 mayo).

Por el contrario, tanto el PP como Vox tienen tasas de indecisión por debajo del 12%, siendo el partido de extrema derecha quien tiene menos votantes dubitativos.

Aunque eso no se traduce en mayores tasas de fidelidad en el caso de la extrema derecha. A pesar de que solo un 7% de los votantes de Vox en 2018 estén en la indecisión ahora, solo son 6 de cada 10 quienes repetirían su papeleta, una tasa de fidelidad por debajo de lo habitual en una formación en crecimiento, aunque presenten patrones conocidos en tiempos recientes.

Y es que, tal y como ocurrió en las elecciones a la Comunidad de Madrid en 2021, cuando el PP está fuerte en algún territorio parece que es capaz de aglutinar una parte significativa de exvotantes de Vox en torno a sus filas. En Madrid, Ayuso consiguió atraer a más de un tercio de ellos. En Andalucía Moreno podría hacerlo hasta con el 28%, según cálculos propios partir del CIS.

Lo que sí parece que puede conseguir el actual presidente de la Junta es atraer a exvotantes socialistas moderados: aproximadamente 1 de cada 10 votantes del PSOE votarían esta vez al PP. Esto rompe una dinámica de bloques que domina la política española de los últimos años, más tendente a flujos de votantes entre partidos dentro del mismo bloque ideológico.

La alta tasa de indecisión entre los votantes progresistas juega un papel primordial en la configuración del próximo parlamento andaluz y el gobierno resultante. Actualmente, entre el 20 y el 25% de los votantes que se ubican en posiciones ideológicas de centro izquierda (entre el 3 y el 4 en una escala de 1-10 donde 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha) no saben a qué partido votarán dentro de apenas 6 días. En cambio, entre el electorado de centro derecha (posiciones 6 y 7) los indecisos descienden hasta el 15% de media y cae por debajo del 10% entre el votante más conservador.

Donde más indecisión hay es, en cambio, entre el electorado centrista, aquellos que se encuentra en el 5, aunque suele ser el votante menos interesado por la política, donde muchos de ellos se autoubican en esa posición central porque no se identifican con las etiquetas izquierda o derecha.

Hay que apuntar, también, que la tasa de indecisos en las últimas semanas ha cambiado ligeramente, desde el CIS preelectoral –finales de mayo— al flash –de hace una semana, conocido este lunes—, sobre todo en la posiciones ideológicas 4 y 5, aunque la participación sigue siendo asimétrica entre bloques, lo cual favorece al bloque de gobierno actual y merma las posibilidades de la izquierda.

Este punto es, probablemente, el punto diferencial en estas elecciones autonómicas. Se conoce que el electorado decide su voto cada vez más cerca al día de acudir a las urnas, lo que dificulta captar las últimas tendencias de voto cuando, además, está prohibido publicar y difundir los sondeos. Es lo que ocurrió con Vox en 2018, que creció 5-6 puntos en los últimos días de campaña, y es a lo que tiene que aspirar la izquierda si pretende equilibrar la balanza electoral, que, por ahora, está claramente inclinada hacia la derecha.

Diciembre de 2018. La entrada de la ultraderecha en las instituciones es ya un hecho: Vox se hace con doce escaños en las elecciones andaluzas. Doce rostros de extrema derecha pasarán a ocupar doce asientos del hemiciclo. Enero de 2019. Las feministas salen a la calle, no solo a las de la comunidad autónoma, sino a las de más de un centenar de ciudades del país. "No vamos a estar calladas ni vamos a transigir", decían decenas de organizaciones feministas que sumaban fuerzas contra el "intolerable retroceso en los derechos de las mujeres que pretende implantar la extrema derecha". Advertían del impacto de los postulados ultra sobre las conquistas del movimiento feminista y lanzaban un aviso ante los pactos que comenzaban a fraguarse en la construcción del nuevo equipo de gobierno.

Han pasado más de tres años y las encuestas hacia las próximas elecciones que tendrán lugar este domingo conceden un lugar privilegiado a Vox. ¿Cómo ha influido el partido de extrema derecha en la legislatura que se cierra? ¿Cuáles son las luces y las sombras de las políticas de igualdad y contra la violencia de género desplegadas en estos años? ¿Cómo es ser mujer en Andalucía?

Pongamos que algunos de los ojos que están ahora mismo leyendo este texto son los de una mujer residente en, por ejemplo, Málaga, que dio el paso de presentar en 2021 una de las 33.956 denuncias por violencia de género registradas en la comunidad. Tan solo un año antes, la misma mujer escuchó en el telediario que dos vecinas de la provincia de Jaén perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas. Sobre la hipotética lectora existe una orden de protección, de las 6.579 adoptadas en 2021. Quizá es una de las dos que el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) considera de riesgo extremo, o de las 157 que están en riesgo alto en la comunidad.

Ahora estamos en marzo de este año. La misma mujer, víctima de violencia machista, lee en los medios de comunicación que el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), defiende que el término de violencia intrafamiliar puede ser preferible al de violencia de género. Preguntada al respecto, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), reconoce que su compañero "estaba equivocado". La consejera insiste, en conversación con infoLibre, en que "son dos violencias diferentes" y que el discurso que trata de impugnar esa verdad no solo "es peligroso", sino que puede "confundir a las víctimas".

¿Confunde a las víctimas la existencia, entonces, de un teléfono contra la violencia intrafamiliar? La línea comenzó a funcionar en octubre de 2020, en respuesta a uno de los clamores más jaleados por la extrema derecha: el de que la violencia no tiene género. En su primer año de funcionamiento, recibió 727 llamadas, dos al día. El 70,57% de las personas que marcaron los números fueron mujeres, según los datos oficiales. En paralelo, el teléfono diseñado específicamente para atender la violencia machista dio respuesta, en 2021, a 39.588 llamadas: son 108 cada día. Los datos dan cuenta de la dimensión de ambos fenómenos. El teléfono de violencia intrafamiliar "no confunde a las víctimas, porque la violencia intrafamiliar está tipificada", subraya la consejera. Ambas líneas telefónicas, insiste, no son incompatibles, si bien la violencia de género deja "cifras muchísimo más graves".

Carmen Torres preside el colectivo Feministas en Red de Sevilla y forma parte del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. "Lo del teléfono ha dolido mucho", reconoce en conversación con este diario. Achaca su puesta en marcha a "la presión de la extrema derecha" y reprocha tanto al PP como a Ciudadanos haberlo "permitido".

Ana Villaverde, parlamentaria de Adelante Andalucía por la provincia de Granada, cree que el impacto del teléfono es evidente: "Pone en cuestión que la violencia de género se asienta sobre el patriarcado y el machismo de forma estructural", pero además, abunda en conversación con este diario, "no está cumpliendo una función social", pues ya existían teléfonos de atención al menor y a las personas mayores antes de su lanzamiento. "Es claramente una forma de situar en el debate público el cuestionamiento a la violencia de género", critica.

Soledad Pérez, secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en Andalucía, menciona la reforma de dos leyes andaluzas clave: la legislación contra la violencia de género y la ley de igualdad, modificadas por el anterior gobierno en 2018. La reforma de ambos textos normativos no se ha traducido, lamenta la socialista, en el desarrollo de reglamentos que permitan su impulso. "Tenían que cumplir con la aplicación de las dos leyes, pero no ha ocurrido". Por ejemplo, la Ley de Igualdad permite a la Junta sancionar a las empresas que no cumplan con los postulados de equidad, pero hasta ahora "no se ha abierto ni un solo expediente de régimen sancionador por incumplimiento", señala la socialista, lo que significa que "[Juan Manuel] Moreno Bonilla y la derecha comparten la filosofía de que la desigualdad tiene que salir gratis". Tampoco se ha puesto en marcha un plan "contra la brecha de género", censura Pérez, y de hecho la consejera de Igualdad llegó a reclamar "evidencias científicas" que avalasen la brecha salarial, declaraciones que más tarde rectificaría.

También menciona la modificación de ambas leyes Elena Cortés, miembro del partido Por Andalucía. Por ejemplo, la ley de igualdad consagra los centros municipales de información a la mujer como pieza clave en la red de apoyo y asesoramiento a las andaluzas. La Consejería se jacta de haber apostado por la "consolidación de estos centros", con una "inversión récord superior a los 43 millones de euros" en toda la legislatura. Sin embargo, el número de centros ha pasado de 172 hace cuatro años a los180 actuales, para un total de 785 municipios andaluces. "Ocho centros en cuatro años, del todo insuficiente", subraya Cortés.

A nivel presupuestario, el Instituto Andaluz de la Mujer ha visto como su presupuesto ha crecido un 3% desde el inicio de la legislatura, presume el organismo, pasando de 42 millones en 2018 a 44,2 millones en 2022. Es uno de los avances que el Instituto destaca en su balance de la legislatura [consultar el análisis completo remitido a infoLibre en este enlace]. Soledad Pérez introduce matices: hasta el momento, el Instituto se "financiaba con recursos propios de la Junta", ahora se han introducido los fondos destinados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que suman 60 millones en cuatro años. Es decir, el incremento presupuestario, clama la socialista, no proviene de una apuesta decidida por el gobierno autonómico, sino que se ha nutrido fundamentalmente de los fondos estatales.

Imaginemos ahora que otra de las personas que se toman unos minutos en leer estas líneas es una mujer que decide interrumpir su embarazo. Lo más probable es que lo haga en la red privada: el 99,89% de los abortos practicados en la comunidad durante el año 2020 –último con datos oficiales del Ministerio de Sanidad– fueron en hospitales o clínicas privadas. Es la quinta comunidad, por detrás de Extremadura, Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha, con la tasa más alta de privatización en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, uno de los principales problemas detectados por el Gobierno y que el Ministerio de Igualdad quiere resolver a través de su reforma de la Ley del Aborto de 2010.

El dato, llamativo de por sí, cobra una relevancia especial cuando confluye con otro: el Gobierno de Andalucía ha destinado un millón de euros anuales a asociaciones antiabortistas. Los Presupuestos de Andalucía han incluido una partida destinada a la implementación de "actuaciones de fomento de la natalidad", correspondiente a la Consejería de Salud y por un importe de un millón. La subvención es, una vez más, una concesión a la extrema derecha, pactada por primera vez para los Presupuestos de 2021. Entre las organizaciones que se han beneficiado, destaca una: Red Madre, conocida por articular campañas antiabortistas y de acoso ante las clínicas de interrupción del embarazo. El Congreso aprobó, recientemente, castigar penalmente a quienes acosen a mujeres frente a las clínicas. Sin el apoyo de Vox ni del PP.

"Esa subvención parte de la Consejería de Salud", sostiene Rocío Ruiz, preguntada al respecto. "Las mujeres tienen libertad y el derecho al aborto se puede ejercer o no", zanja. La oposición, sin embargo, no hace la misma lectura. "Son las mismas asociaciones que van a rezar a las puertas de las clínicas", reprocha Soledad Pérez, "no buscan ayudar a las mujeres, sino dificultar su acceso" a la interrupción voluntaria del embarazo. "La Junta de Andalucía ha estado subvencionando un delito: el de coacción a las mujeres que en libertad querían abortar", carga Elena Cortés. Ana Villaverde añade otro dato: María Trinidad Lechuga, antiabortista ligada al obispado de Córdoba, fue nombrada coordinadora de la estrategia de salud sexual y reproductiva de la Junta de Andalucía. Con el apoyo de Vox. Todo ello viene a marcar "una línea clara de la Consejería de Salud" en este caso, sostiene la parlamentaria, quien también recuerda que no se ha hecho "nada para garantizar el aborto en la sanidad pública" y que en la provincia de Jaén ni siquiera "existen clínicas conveniadas y en la sanidad pública no se practica", obligando a desplazamientos forzados a toda mujer que quiera ejercer su derecho.

Mientras las ayudas a grupos antiabortistas crecen, las subvenciones a las organizaciones de mujeres languidecen. El Gobierno de Moreno Bonilla dejó en 2020 sin fondos a más de un centenar de organizaciones feministas que sí habían sido preseleccionadas para recibir un subsidio público, pero que finalmente vieron cómo se desvanecían "241 proyectos que se quedaron sin financiación". Aquello dio como resultado el Tren de la Dignidad, una movilización de miles de mujeres en todo el territorio andaluz. "El Tercer Sector hemos tenido que aguantar discriminación y hemos tenido que ver cómo nos maltrataban", lamenta Carmen Torres. "Se presuponía la subvención, pero entonces dieron marcha atrás", rememora. Un volantazo que la feminista encuadra, una vez más, en satisfacer a la extrema derecha y sus discursos falaces sobre "los chiringuitos". Aun así, Torres es indulgente con la consejera: "Ha tenido voluntad, lo hemos visto, pero ha estado con las manos atadas por la presión que Vox ejerce".

La cruzada de Vox contra la igualdad tiene efectos materiales para las mujeres, pero la extrema derecha también ha ganado batallas en el terreno de lo simbólico. Algunos de los tantos que se ha anotado en esta legislatura son puramente semánticos. Por ejemplo, Vox logró un cuestionamiento de las políticas de género en noviembre de 2020, con un acuerdo con PP y Cs que incluye la realización de una "auditoría" de los informes de impacto de género, para valorar su coste y si logran o no sus objetivos. Los dos partidos de gobierno lo justificaban diciendo que no hay nada malo en comprobar y fiscalizar. Pero la carga profunda del acuerdo, que se alinea con el desprecio de Vox a las políticas con perspectiva de género, quedaba al descubierto con la forma del partido de Abascal de venderlo: "Auditar los inútiles informes de impacto de género".

Rocío Ruiz justifica la decisión: "Hacemos auditorías para todo. Se trata de mecanismos de control, de evaluación de impacto que no tienen coste". En cualquier caso, añade, los informes oficiales sobre el impacto de género en los presupuestos avalan la necesidad de blindar una perspectiva de género. "Les guste o no a los señores de Vox", añade.

Entre los lectores de este reportaje, contenido en la serie Andalucía en datos, datos y datos, podría encontrarse una profesora de algún colegio andaluz. O una madre cuyos hijos se enfrentan a una etapa clave de socialización y comienzan a entender las relaciones afectivas. Ambas tuvieron conocimiento, hace cosa de un año, de la aprobación en el Parlamento de Andalucía de una moción para "impulsar la supervisión de los libros de texto y los materiales complementarios con el objeto de eliminar el llamado lenguaje inclusivo". La moción salió adelante con los votos de PP, Cs y Vox.

"Hay una batalla muy fuerte en lo simbólico, a veces se ha traducido en medidas concretas, pero sobre todo ha supuesto reabrir debates asentados", sostiene Villaverde. La eliminación del lenguaje inclusivo "bajo la excusa de la economía en el lenguaje", se traduce, en realidad, en "un paso atrás en la batalla cultural simbólica: lo que no se nombra no existe". Entra en escena aquí el veto parental, una apuesta de la extrema derecha que finalmente no llegó a ejecutarse en suelo andaluz, pero que sí sembró el temor, opina la parlamentaria de Adelante Andalucía, entre el profesorado. "La mera posibilidad de que se pusiera en marcha desincentiva a los docentes, se genera un clima de miedo", lamenta. Quizá más de uno se piense dos veces si merece la pena impartir contenido decididamente feminista en las aulas.

Andalucía no converge con España en PIB per cápita entre 2018 y 2020. Ocho de las diez ciudades con más paro de España en 2021 son andaluzas. La comunidad del sur era la segunda con más desempleo cuando llegó el actual Gobierno andaluz y sigue en la misma situación. Era la segunda por la cola en PIB per cápita y ahí sigue. Además, ha crecido el paro en la industria, mientras en España ha decrecido. Esto es lo que los datos dicen sobre la riqueza, la pobreza, el empleo y el desempleo en Andalucía.

El PIB per cápita andaluz está estancado en relación con el nacional. La serie del INE no deja lugar a dudas. En 2000 el PIB per cápita andaluz representaba el 74,5% del dato total nacional; en 2010, el 75,7%; en 2020, último dato que permite hacer comparaciones, el 74,9%. Para ver la evolución durante el actual Gobierno (PP-CS), que presume de un "milagro económico" y de ser la "locomotora de España", se puede comparar el dato de 2018 (74,2%) con el de 2020 (74,9%).

Andalucía estaba en 2018 y sigue segunda por la cola en PIB per cápita. Antes, sólo por delante de Extremadura; ahora, sólo de Canarias.

La tasa de desempleo pasa del 21,26% en el cuarto trimestre de 2018 al 19,43% en el primero de 2022 en Andalucía y del 14,45% al 13,65% en España. Quedan lejos tanto el récord positivo (11,95% en el segundo trimestre de 2002, con la burbuja del ladrillo) como el negativo (36,77 en el primer trimestre de 2013, en plena crisis).

Algunos indicadores apuntan a un comportamiento levemente mejor que el conjunto del país comparando el cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2022. Por ejemplo, el número de parados cae un 6,99%, frente a un 3,92% en España. Y el de ocupados sube un 4,12%, frente a un 2,65% en todo el país. La subida del número de activos es similar: 1,7%. Tanto en Andalucía como en España sube levemente el número de inactivos.

En suma, la autonomía está donde estaba en términos relativos: era la segunda con más tasa de desempleo cuando llegó el Gobierno de PP y Cs, sólo mejor que Extremadura; y ahora sigue siendo la segunda, sólo mejor que Canarias.

El proyecto Urban Audit de Eurostat y el INE, que compara localidades de más de 20.000 habitantes, muestra que 11 de las 15 ciudades (73,33%) con más desempleo en 2021 son andaluzas, entre ellas las cuatro primeras y ocho de las diez primeras.

El problema no es sólo de falta de trabajo, sino de qué trabajo hay. Llegamos a una asignatura pendiente de Andalucía: la calidad del empleo. Y está a su vez conectada con la escasez industrial. Linares, la ciudad de más de 20.000 habitantes con más desempleo, es precisamente un emblema de crisis industrial.

El peso de la menguada industria ha experimentado un retroceso desde el último trimestre de 2018, indisociable de la pandemia: del 8,1% al 7,7%. En España la caída ha sido menor, partiendo de un mayor peso industrial: de 12,6% al 12,3%. Andalucía es la tercera comunidad con menos peso de la industria, sólo por delante de Baleares y Canarias.

Un contraste negativo: el paro en el sector industrial ha caído a nivel nacional un 8,75%, pero en Andalucía ha subido un 13,13%.

Veamos dos indicadores clave de condiciones de vida:

1) Renta media por hogar. En Andalucía subió entre 2018 y 2020 un 7,54%, algo menos que en el conjunto de España (7,99%). El dato andaluz son 25.909 euros de renta media por hogar, la tercera más baja tras Canarias y Extremadura. En España es de 30.690.

2) Tasa de riesgo de pobreza. La tasa de riesgo de pobreza ha pasado en Andalucía entre 2018 y 2020 del 32% al 28,5%, mientras en España pasaba del 21,5% al 21%. Quedan en peor posición Canarias (29,9%) y Extremadura (31,3%). Según el informe Exclusión y desarrollo social en Andalucía, de la fundación Foessa, de Cáritas, la población en situación de exclusión en Andalucía ha pasado del 19,2% en 2018 al 26,3% en 2021. Algo más de 2,2 millones de personas están en exclusión social. De ellas, la mitad, 1,1 millones, en exclusión severa. Eran 600.000 en 2018. Observando el ciclo 2018-2021, el informe señala: "Si en España el porcentaje de personas en esa situación se ha incrementado en un 47%, en Andalucía lo ha hecho en un 93%. En consecuencia, por tanto, Andalucía se distingue de España, desde el punto de vista de la evolución de la situación, en un incremento mucho más intenso de las situaciones de exclusión severa".

Un duro reflejo del atraso andaluz se observa en el proyecto Urban Audit. 12 de las 15 ciudades con menor renta de más de 20.000 habitantes de España son andaluzas, con datos de 2019, entre ellas las siete primeras.

Y 11 de los 15 barrios con menor renta, también con datos de 2019.

Si se trata de las cosas del comer —es decir de economía, empleo o desempleo, riqueza o pobreza, renta por habitante o pérdida de tejido industrial—, el presidente andaluz y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno Bonilla, tira del manual que ya usaron en su día sus ancestros Aznar o Rajoy a nivel estatal: cualquier dato mínimamente positivo se convierte en "milagro" gracias a su gestión, mientras el cúmulo de parámetros negativos o que indican un claro estancamiento es adjudicado sin matices a la "herencia recibida" de los gobiernos socialistas. Este mismo domingo se comprueba en las entrevistas concedidas (ver aquí un ejemplo).

Lo cierto es que Andalucía era y es la segunda por la cola en PIB per cápita, con 17.747 euros, según los datos oficiales de 2020 (última estadística que permite comparar y comprobar que esa riqueza por habitante no llega al 75% de la media nacional). También era la segunda comunidad con más desempleo cuando Moreno entró en San Telmo... y lo sigue siendo. Ocho de las diez ciudades con más paro de España son andaluzas, y andaluces son 12 de los 15 municipios más pobres de todo el Estado (ver aquí la radiografía económico-social que recoge nuestro compañero Ángel Munárriz). 

No. No ha habido "milagro económico" andaluz. Incluso la ya secular pérdida de tejido industrial en la comunidad ha ido a peor: el paro en ese sector se ha reducido más de ocho puntos a nivel nacional, mientras al sur de Despeñaperros ha subido más de un 13%. 

En esta esfera capital de la gestión de gobierno ni siquiera puede aducir Moreno las obligaciones que impone gobernar en minoría, negociando las cuentas y prioridades con Ciudadanos y con Vox. Del mismo modo que se han visibilizado algunas diferencias o matices de discurso en otros ámbitos, se desconoce discrepancia alguna en las derechas cuando se trata de políticas económicas y fiscales: comparten y ejecutan los mandamientos de la biblia neoliberal. 

(Mañana analizaremos los números sobre políticas de Igualdad. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Solía repetir Nelson Mandela que la educación es "el arma más poderosa para cambiar el mundo". Otra cuestión es de qué modo se utilice, o en qué dirección se pretenda "cambiar" o "frenar los cambios" en el mundo, sea el global o el más cercano. Si hay un parámetro que mide el interés por invertir en la educación como motor de progreso, es el del gasto por alumno en la escuela pública. En el caso de Andalucía, según la última estadística oficial (la de 2019) asciende a 4.803 euros. En esto no se le puede reprochar a Juanma Moreno el peor dato del conjunto de las comunidades de España, porque ese nefasto privilegio lo ostenta su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso, con 4.401 euros por alumno en Madrid, pero son en cualquier caso casi 600 euros menos que la media del Estado. Donde sí ocupa Andalucía la peor posición es en abandono escolar (ver aquí), y este dato es también clave para entender el secular atraso socioeconómico andaluz.

Ya apuntamos cuando tocaba analizar los números de Ayuso en Educación (ver aquí) que la comunidad más rica de España en términos de PIB lleva más de 25 años de gobiernos conservadores volcados en una política educativa consistente en desviar el máximo de recursos públicos a la "concertada", es decir, contemplando la educación como negocio en el que obtienen máximo rendimiento la Iglesia católica y sus organizaciones religiosas, además de empresarios afines al PP. Andalucía tuvo gobiernos del PSOE durante casi cuatro décadas, de modo que ni en lo bueno ni en lo malo se puede considerar que cuatro años escasos de Ejecutivo conservador (coalición PP-Ciudadanos con apoyo externo de Vox) sean los causantes de las grandes lagunas que afronta una de las comunidades más pobres de España. Lo que sí puede ya observarse es la tendencia. Y, del mismo modo que ya hemos comprobado que el modelo sanitario de privatización y conciertos es compartido por Moreno y Ayuso, conviene destacar que el porcentaje de gasto público dedicado a conciertos educativos se ha incrementado en Andalucía desde 2018 más de un 6%.

Ahora que tan encendidos debates se abren sobre la meritocracia, repasando los datos que aporta Ángel Munárriz hoy mismo en infoLibre, caben pocas dudas sobre la estrecha relación entre origen social y resultados educativos, o entre pobreza y ratios de abandono escolar, repetición de cursos o nivel de formación de la población.

Si se cumplen los vaticinios demoscópicos y Moreno gobierna de la mano de Vox, menos dudas caben aún de que la inversión por alumno en la pública seguirá en la cola compitiendo con Madrid. Eso sí, dedicarán sonoros discursos a denunciar el "adoctrinamiento" en las aulas de un profesorado (socialcomunista, claro) dispuesto a enseñar igualdad, memoria democrática o simplemente respeto al otro. Esa arriesgada manía de intentar "cambiar el mundo". 

(Mañana analizaremos los números sobre Economía y empleo. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Andalucía se ha instalado en la última posición de uno de esos indicadores que hacen encenderse todas las alarmas. La comunidad del sur es la que peor registro preseenta en abandono educativo temprano, es decir, es la que tiene el mayor porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado la Secundaria y no sigue ningún tipo de educación-formación. Llegó a esa posición en 2020, desbancando a Baleares. Y ahí sigue.

El porcentaje andaluz de abandono es del 17,7% en 2021, frente a un 13,3% en el conjunto de España, según datos del INE. La media de la UE es del 9,7%. Aunque se ha reducido la tasa, Andalucía no ha estrechado el margen con el conjunto de España entre 2018 y 2021. Al contrario, se ha ensanchado levemente: de 21,9 en Andalucía frente a 17,9 en España de 2018 hemos pasado a 17,7-13,3. El problema es más grave entre los alumnos que entre las alumnas. En Andalucía, el abandono alcanza un 20,9% en ellos y un 14,3% en ellas.

Marcial Sánchez Mosquera, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, advierte que el abandono es una variable poco tenida en cuenta pero en realidad fundamental para entender el atraso socioeconómico andaluz. "El abandono te da información sobre si el sistema es o no percibido como algo útil, y también sobre el tipo de demanda de nuestro tejido empresarial", señala. En resumen, muchos jóvenes abandonan los estudios porque no encuentran incentivo suficiente para formarse, lo cual es expresivo de un mercado laboral con insuficiente demanda de profesionales con elevada cualificación. Pero, a su vez, el abandono también tiene una incidencia negativa sobre sus propias perspectivas y sobre el mercado laboral en su conjunto. Es un círculo vicioso.

"Un abandono temprano significa menos cualificación y con ello menos opciones en el mercado laboral. A efectos de oportunidades, tiene un importante impacto, con lo que no es sólo relevante desde el punto de vista de la formación, sino también social y laboral", explica Javier Merchán, profesor de Educación en la Universidad de Sevilla y presidente del centro de análisis Observatorio de la Educación, que recalca que "no hay planes específicos de lucha contra el abandono escolar" en Andalucía.

Relacionadas con el abandono están las tasas de finalización de estudios. Andalucía tiene la cuarta tasa de finalización de Secundaria más baja, con un 81,1%, casi 3 puntos menos que el conjunto de España (84) y sólo por delante de La Rioja, Baleares y Murcia en el curso 2019-2020. Se dejan fuera de la comparación entre comunidades autónomas en este artículo los datos de Ceuta y Melilla.

En cuanto al título de Bachillerato, la tasa andaluza de finalización es la cuarta más baja (53,2%), mejor que Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. El dato en España es el 55,1%. Hay una importante brecha de género que perjudica a los alumnos, como se observa comparando triángulos rojos con cuadrados azules.

El porcentaje de alumnado que termina Primaria es altísimo en todos los casos. En Andalucía es del 97,3%, por debajo del 98,2% nacional. Sólo hay tres comunidades con peores índices que Andalucía: La Rioja, Aragón y Murcia.

España en su conjunto tiene un problema de exceso de alumnado repetidor. Pese al prestigio de la repetición entre los sectores afines a los discursos educativos de "mano dura", los datos prueban que es un mecanismo ineficiente que se ceba con el alumno más desfavorecido –los más pobres repiten cuatro veces más que los que tienen más recursos– y tiene una incidencia pedagógica negativa.

Según el PISA 2018, España es el cuarto país de los 37 de la OCDE con la tasa más alta de repetidores. Ello contribuye a que sea la primera en abandono en la UE. La OCDE, autora del PISA, señala que reducir la repetición es una "asignatura pendiente" en España. Y más aún lo será pues de Andalucía. Porque en la comunidad del sur la tasa de alumnado repetidor en Secundaria asciende al 11,1%, es decir, 2,4 puntos por encima del conjunto del país. Sólo en Murcia la tasa es mayor (11,2). En Primaria la tasa es del 2,4%, igual que globalmente en España.

Hay más fotografías en las que Andalucía no aparece favorecida. Por ejemplo, la que ofrece la tasa de idoneidad. ¿Qué es? El Ministerio de Educación la define como el porcentaje de alumnado de una edad matriculado en el curso que efectivamente le corresponde. A mayor tasa de idoneidad, mejor. Con 15 años, en el curso 2019-20 Andalucía tenía la tercera más baja (66,5%), sólo mejor que Castilla La Mancha y Aragón entre las comunidades autónomas. El dato nacional es del 71,1%.

Todo lo anterior incide en el nivel de formación de la población, que es comparativamente bajo en Andalucía. En 2020 había un 46,7% de población de 25 a 64 años con un nivel de estudios de primera etapa de Secundaria o inferior, sólo por debajo de Castilla La Mancha y Extremadura y 9,6 puntos por encima del dato español (37,1%).

La tasa de escolarización universitaria es 4,1 puntos inferior a la del conjunto de España: 27,9% frente a 32%. Están por debajo Baleares (11,3%), Castilla La Mancha (14,1%), La Rioja (15,8%), Canarias (18,1%) y Extremadura (19,1%), con datos del curso 2020-2021.

Al igual que la salud de una población, su rendimiento escolar está marcado por unos determinantes sociales. A mayor pobreza, menor posibilidad de obtener buenos resultados. Investigaciones sobre origen social y renta-riqueza demuestran la profundidad de la marca que deja nuestro entorno en el logro educativo y económico.

De modo que Andalucía, como corresponde a una comunidad comparativamente pobre dentro de España, tiene unos resultados por debajo de la media. El medidor más homogéno lo ofrece el informe PISA. En la útima edición, realizada en 2018, los alumnos andaluces quedaron penúltimos sólo por delante de Canarias en Matemáticas (467, frente a 481 de España) y Ciencias (471, frente a 483 de España).

En cuanto a la tasa de aprobados en las pruebas de acceso a la universidad, Andalucía es la cuarta por abajo, con datos de 2019.

La última colección de datos oficiales comparables de todas las comunidades de gasto por alumno en la escuela pública, de 2019, muestra que Andalucía invirtió 4.803 euros por cada alumno no universitario, a 595 euros del dato español (5.398) y sólo por delante de Madrid (4.401).

El gasto por alumno subió en 2019 un 4,5% en España y un 4% en Andalucía. En el otro lado de la balanza, Andalucía fue en 2020 la tercera comunidad que más presupuestó para educación de su gasto público total, un 22,8%, sólo por detrás de Murcia y País Vasco y por encima del conjunto de España (20,5%).

¿Y dedica el Gobierno andaluz más que la media a educación concertada o menos? Menos. En el conjunto de España las transferencias a la educación privada no universitaria fueron en 2020 del 17,36% del gasto educativo, mientras en Andalucía se quedaron en un 13,12%. Desde 2018 el porcentaje de gasto dedicado a conciertos ha crecido un 6,04% en Andalucía, frente a un 9,89% en el conjunto del país. Todo ello según datos del Ministerio de Educación.

Según los datos ofrecidos a infoLibre por la Consejería de Educación, su previsión de incremento de la inversión educativa en 2022 –con el presupuesto de 2021 prorrogado– es de un 16,36% con respecto a 2018. La subida en la red pública sería del 17,48% y en la concertada del 8,79%.

En el curso 2019-2020, último del que hay cifras comparables, se matricularon en España 1,6 millones de alumnos en enseñanzas no universitarias: Infantil, Primaria, Especial, ESO, Bachillerato y programas formativos. Más que en ninguna otra autonomía. Es más, sólo su alumnado supera la población de ocho comunidades autónomas.

El 73,2% del alumnado está escolarizado en la enseñanza pública, frente a un 67,1% en el conjunto de España (curso 2019-2020). El 20,9% está en la concertada y el 6% en la privada, en ambos casos por debajo del dato nacional (25,4% y 7,5%).

Los porcentajes son relativamente estables, pero con una tendencia al alza de la concertada y a la baja de la pública. En el curso curso 2000-2001, el 75,4% iba a la pública (ahora el 73,2%) y el 18% a la concertada (ahora el 20,9%). El cambio más marcado a favor de la privada financiada con fondos públicos se da en Infantil. En el curso 2000-2001, sólo el 1,2% de los alumnos se matriculaban en la concertada; en 2019-2020, el 30,3%.

Está por ver qué efectos tienen a medio –y, llegado el caso, a largo plazo– las políticas pro-concertada que desde 2019 viene aplicando el Gobierno andaluz.

En Andalucía hay menos porcentaje de alumnado extranjero que en la media española en enseñanza no universitaria: 5,3% frente a 9,9% en el curso 2020-2021. Eso sí, dicho alumnado se concentra en la red pública, un 82,4% en el curso 2019-2020 frente a un 8,3% en la concertada. De modo que existe un desequilibrio con respecto al porcentaje que la concertada ocupa en el sistema (20,9%). ¿Qué indica esto? Aunque en teoría la concertada es gratuita para las familias, en la práctica a través de la ubicación selectiva de sus centros y del cobro irregular de cuotas se produce un fenómeno de exclusión de alumnado pobre e inmigrante, fenómeno no exclusivo de Andalucía.

En el conjunto de España el número medio de alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias es 12, con datos del curso 2019-2020. En Andalucía son 12,7, lo que la sitúa como la segunda peor comunidad autónoma, sólo mejor que Madrid (13,5).

En alumnos por aula en centros públicos Andalucía era en el curso 2018-2019 la tercera que más tenía en centros de ESO y/o Bachillerato y/o FP (25,1 frente a 23,2 en España) y también la tercera que más tenía en centros de Primaria (21,3 frente a 20,6 en España).

En cuanto al número medio de alumnos por ordenador en centros públicos, en España son 2,8 y en Andalucía son 3,2, lo que sitúa a la comunidad del sur sólo mejor que Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid, con datos del curso 2018-2019.

No tienen la culpa (obviamente) el PP ni Juanma Moreno de gobernar una de las zonas del sur de Europa más afectadas por la cruda realidad del cambio climático. Sí tienen su justa proporción de responsabilidad en la resistencia a asumir que la lucha por el clima debe ser una prioridad absoluta de cualquier gobierno mínimamente riguroso y sensible con los intereses de la ciudadanía.

Hoy toca analizar la gestión que desde 2018 ha encabezado Moreno en lo respectivo a medio ambiente (ver aquí), y el dato que destacamos provoca fiebre: el 21% del territorio andaluz corre un riesgo alto de desertificación, según los registros oficiales españoles y europeos. Y no se debe sólo al cambio climático, sino también a la conversión de cultivos de secano en regadío sin ningún control. Algo muy coherente con los programas ideológicos neoliberales. Lo prioritario es el corto plazo, el negocio o la rentabilidad inmediata. Importa menos que la consecuencia sea a medio plazo permitir o facilitar la transformación de un vergel en un desierto. Falta agua en Andalucía, y va a faltar mucha más en muy poco tiempo.

Moreno y su partido no han colocado como objetivo prioritario evitar ese altísimo y documentado riesgo. Pero, lo que es peor, están dispuestos a gobernar (y esa es la posibilidad más firme que contemplan las encuestas) de la mano de Vox, un partido directamente negacionista del cambio climático (y de tantas cosas más) que en su programa sobre medio ambiente lo único que contempla como objetivo básico es defender la caza y los toros, y (además) “poner freno” a lo que considera “ecologismo radical” (ver aquí). Con amigos o socios así, no hace falta oposición.

Hacerse selfies con vacas garantiza clicks y likes. Lo que no garantiza es el agua que precisan ganadería y agricultura. El cambio climático es una certeza científica y una amenaza económica y social. Despreciarlo o ignorarlo es una irresponsabilidad de gobernantes y votantes.

(Mañana analizaremos los números sobre Educación. Aquí puedes leer las entregas anteriores).

Andalucía, que el próximo 19 de junio se juega su futuro y la presencia de la extrema derecha en San Telmo, tiene varios frentes abiertos en el terreno medioambiental. Y el cambio climático vertebra los problemas ecológicos como la gasolina que aviva el fuego. Es bien sabido, y así lo evidenció la última gran revisión de la literatura científica de los expertos de Naciones Unidas, que el sur de Europa es muy vulnerable al fenómeno no solo por el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos o la subida de las temperaturas, sino por la probable escasez hídrica y la desertificación de los suelos. Y, como muestran las proyecciones, dentro de la península ibérica, el escenario se complica entre Despeñaperros y el Estrecho.

Juanma Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía, reivindica para sí las políticas verdes; no son "de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común", como ha dicho en campaña. Sin embargo, el reto de la crisis ecológica exigirá, si se quieren evitar los peores efectos, un cambio de modelo poco compatible con los principios del conservadurismo político; y mucho menos con la reacción negacionista de Vox, el probable socio de Gobierno. Esto es lo que dicen los datos.

El Visor de Escenarios de Cambio Climático habilitado por el Ministerio para la Transición Ecológica plantea, en el medio plazo (2040-2070), un aumento generalizado de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones en toda España, en base al escenario RCP 4.5., fijado por el IPCC en su informe de 2014; uno de los más probables, en el que se incumple el Acuerdo de París y se llega al máximo de emisiones en 2040 para luego descender. No es el peor de los imaginados por los especialistas convocados por entonces, pero tiene más papeletas para convertirse en realidad. Algunos indicadores del modelo dibujan un peor pronóstico para Andalucía y, en concreto, para el valle del Guadalquivir, entre Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla, la conocida como la sartén de España.

En esta zona se esperan hasta 10 días menos de lluvia al año con respecto a la serie histórica, y entre 50 y 80 días al año con temperaturas mínimas por encima de 20 grados, por encima de la media actual de 30. La evapotranspiración, es decir, la cantidad de agua que pierde tanto la superficie como la vegetación de una zona por el calor, pasará a partir de 2040 de entre los 75/80 mm/día a más de 90 en el peor escenario. Entre Huelva, Sevilla y Cádiz, la media de temperaturas máximas podría alcanzar los 30 grados, frente a los 25 actuales (contando para el recuento las noches y los inviernos), unos registros que serán inalcanzables para el resto de la península, con picos por encima de los 45 grados en la depresión que hace el antiguo río Betis cerca de su desembocadura.

El pasado verano, Montoro (Córdoba), en medio de este triángulo del calor extremo, volvió a romper el récord de temperatura en España al registrar 47,2 grados. El cambio climático no solo amenaza con subir el mercurio, también con escenarios incompatibles con la vida. Junto a la falta de precipitaciones, con la cuenca del Guadalquivir en riesgo de sequía desde hace casi una década, revelan el principal desafío ambiental de Andalucía: el agua. Falta agua. Va a faltar más. El 21% de la superficie andaluza está en un riesgo alto de desertificación, según el borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación. No solo por el cambio climático, sino por la conversión de cultivos de secano en regadío sin control; una estrategia apoyada por la Junta. El modelo ha causado que la mitad sur peninsular concentra el mayor volumen de agua subterránea en mal estado, y más de la mitad de las cuencas andaluzas que vierten al Mediterráneo registran un mal estado químico.

Juanma Moreno, poco sospechoso de negacionista y con políticas medioambientales más ambiciosas que otros presidentes autonómicos de su partido, lo sabe. Y lo explica. Su compromiso para la próxima legislatura es el de encabezar "una revolución del agua como no se ha hecho en otra región europea". Sabe que la región escasea de recursos hídricos y que va a ir a peor en los próximos años, por los efectos inevitables del cambio climático, aunque reduzcamos radicalmente las emisiones. Sin embargo, su receta no pasa por moderar el consumo de los sectores más hidrointensivos, como el regadío, sino por distribuirla más entre cuencas supuestamente "excedentarias" y otras supuestamente "deficitarias"; y por sacarla de donde ahora mismo no la hay con una apuesta por la desalación.

Sin embargo, en el Parque Nacional de Doñana, un ecosistema único y herido de muerte, se pueden comprobar los límites y las contradicciones de la apuesta. El pasado 9 de febrero, PP, Cs y Vox aprobaron, con la abstención del PSOE, una amnistía de las hectáreas de regadío que se quedaron fuera del plan de ordenación del antiguo Ejecutivo socialista. El Gobierno de Susana Díaz estableció que esos terrenos, que llevaban años utilizando el agua de las marismas sin permiso, no tenían derecho a una regularización: y la proposición de ley que salió adelante abre la puerta a que se regularicen, aunque el permiso final para utilizar el recurso hídrico dependerá de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un órgano de Transición Ecológica.

Hay 1.600 hectáreas de regadíos sin permiso en el entorno de Doñana. PP, Cs y Vox quieren que una parte de ellos se regularicen. Organizaciones ecologistas y antiguos directores del parque opinan que el ecosistema necesita que desaparezcan, con una transición justa para los trabajadores.

Las preguntas de fondo son las siguientes: ¿hay agua suficiente en Doñana para el regadío actual? ¿Y para más? ¿La habrá en el futuro? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha establecido un decrecimiento del 6% de la superficie regada para 2030, el Gobierno central, la Comisión Europea y los ecologistas piensan que no. Los partidos de la derecha parlamentaria andaluza, las patronales agrarias y el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla piensan que sí. La apuesta, además de desaladoras, se basa en trasvasar el agua de las zonas de Andalucía en las que, supuestamente, sobre el recurso hacia las que lo necesiten para mantener viva la industria.

Sin embargo, hay dos obstáculos al plan. Uno, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir planea esos trasvases no para ampliar el regadío, sino para que el actual deje de beber de un acuífero sobreexplotado y que amenaza con desertificar una marisma única en Europa. Y, en segundo lugar, porque ninguna cuenca hidrográfica cercana a Doñana es excedentaria. La sequía hidrológica, a pesar de las intensas lluvias de la primavera en el sur, sigue manteniendo a la práctica totalidad de la zona que abarca al Guadalquivir y sus afluentes en situación de alerta: se teme que haya menos recursos de los que se necesitan. Pero las cuencas vecinas, de donde Moreno pretende extraer agua que sirva al imperio de la fresa, tampoco pueden tirar cohetes.

A día 7 de junio, los embalses de la gaditana cuenca de Guadalete-Barbate están al 34,71%. La media de los últimos 10 años en las mismas fechas es del 68,30%. La cuenca del Tinto, Odiel y Piedras disfruta de mejor salud, pero igualmente disfruta de menos agua que en el pasado reciente: 77% de agua embalsada frente al 84,72% de los últimos dos años. En general, Andalucía se enfrenta a un final de 2022 muy preocupante a nivel hídrico, salvo que el verano, que se prevé seco y más caluroso de lo habitual, traiga un improbabilísimo milagro en forma de precipitaciones.

La desalación, por su parte, encuentra sus límites al otro extremo de la comunidad, en Almería. El "milagro económico" de los invernaderos agotó los acuíferos y no recibe agua de trasvases, por lo que tiene que tirar de desaladoras. Como denuncian la patronal agraria y el Ayuntamiento de Níjar, el municipio con menos renta de España y epicentro de la explotación hortofrutícola, el agua desalada es más cara y reduce los márgenes de beneficio de los agricultores.

La situación de Doñana y la amnistía a los regantes ha sido, de lejos, la principal y más agria polémica del mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente de la comunidad autónoma andaluza. No la única. En febrero de 2021, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió a la Junta una rectificación por el decreto que abría la puerta a eximir a determinados proyectos de la evaluación ambiental: solo con la decisión del Consejo de Gobierno, si dicha evaluación "pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto". La también vicepresidenta del Gobierno fue contundente: "Así no".

Argumentó la Junta que la ley estatal de evaluación ambiental también recogía excepciones, pero están más detalladas: el Ejecutivo central puede hacer que un proyecto se libre del examen, pero se tienen que garantizar "formas alternativas de evaluación" y el permiso de la Comisión Europea. Para los ecologistas, no es casualidad: la Junta de Andalucía apuesta por el desarrollismo, la ideología que propugna el avance meramente económico como objetivo prioritario, por encima de la protección y preservación de los espacios naturales –algunos de ellos, únicos en el mundo–. No solo pasa en Doñana.

Ribera y Moreno están de acuerdo en el derrumbe del hotel Algarrobico, un mastodonte ilegal en primera línea de una de las pocas playas vírgenes que sobreviven en el entorno de Cabo de Gata. Pero en el mismo parque, en la zona de Los Genoveses, la Junta ha dado el visto bueno a un hotel. Las asociaciones ecologistas que llevan décadas luchando por mantener a Cabo de Gata libre del impacto humano, garantizando aguas cristalinas y una biodiversidad única, sienten que están a punto de perder la batalla.

El Gobierno de Moreno también ve con buenos ojos el golf en Maro (Málaga), que pone en peligro las explotaciones familiares de frutos tropicales; ha permitido reabrir la mina de Aznalcóllar tras el desastre de 1998; y, como polémica más reciente, ha esquivado la evaluación ambiental en un proyecto de carril ciclista, puro hormigón, en el parque gaditano de los Alcornocales.

Hay una tendencia. Pero también hay límites en la autopista infinita que imagina el desarrollismo: la insostenibilidad de la explotación del recurso es un límite físico, no una ensoñación ecológica. En Andalucía, con la complicidad en varios casos del Gobierno de la Junta que opta a la reelección, el calor aprieta, el agua se agota y los ecosistemas se mueren.

Hace poco más de un año, con motivo de la campaña electoral para los comicios autonómicos adelantados en Madrid, abordamos en infoLibre una serie de informaciones y análisis diarios sobre la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Desde hoy nos proponemos el mismo ejercicio con la que ha capitaneado en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla desde que llegó al palacio de San Telmo en coalición con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, después de cuatro décadas de ejecutivos socialistas en Andalucía. Aunque corran tiempos acelerados, en los que parecen influir más las emociones, los latigazos en Twitter o las imágenes más o menos forzadas de Instagram, seguimos considerando conveniente –incluso imprescindible para la higiene democrática– acudir a las urnas con un conocimiento riguroso de lo que cada cual ha demostrado y hasta qué punto son fiables sus promesas. Uno es libre, obviamente, de votar luego guiado por otros motivos, al margen de la realidad o de sus propios intereses cívicos, personales o colectivos. Pero al menos procede no votar desde el desprecio a los datos.

Y empezaremos sobre Andalucía por el mismo punto en que iniciamos en su día la radiografía de la gestión de Ayuso en Madrid. Si hay una cifra que retrata la apuesta por la solidez del Estado del bienestar y por la aspiración a la felicidad ciudadana es la del gasto sanitario público por habitante. Según la estadística oficial de 2020, último ejercicio que permite hacer comparaciones entre datos homogéneos, Andalucía está a la cola de España, con 1.398 euros, unos 240 por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas. Podría aducirse que ya era la última en ese ránking en ejercicios anteriores, pero entonces también habrá que contemplar el hecho de que la promesa de incrementar la inversión y acabar con las listas de espera fue uno de los mimbres de la campaña que llevó al poder a Moreno Bonilla en 2018. Como también procede recordar que 2020 fue precisamente el peor año del covid, y en el que más recursos públicos del Estado recibieron las comunidades autónomas para reforzar la sanidad.

Los números de una gestión política suelen ser reflejo directo de apuestas ideológicas, de una selección de prioridades. Y no deja de resultar curioso (que no sorprendente) el hecho de que uno de los barones de perfil más moderado en el PP como Moreno Bonilla y la baronesa más orgullosamente ultra del partido, Díaz Ayuso, coincidan en el manejo que hacen de los recursos públicos: ambos gastan (invierten, mejor dicho) lo mínimo posible en atención sanitaria pública al tiempo que incrementan el gasto en conciertos, para alegría de quienes hacen negocio con la gestión privatizada de la sanidad. Que el número de pacientes derivados en Andalucía a centros privados para aliviar las listas de espera ascendiera en 2021 a 858.529 personas (en torno a ¡un 10% de la población!) debería clamar al cielo, o al menos servir para hacerse una idea de lo que puede ser el infierno en términos de salud pública.

(Mañana analizaremos los números sobre medio ambiente y lucha climática).

Los datos en Andalucía sobre salud y sistema sanitario permiten extraer dos conclusiones: la primera es que la salud es –comparativamente– peor que en el conjunto de España; la segunda es que el sistema que debe responder al problema sufre –también en comparación con el resto de España– un déficit de recursos.

Andalucía fue en 2020 la de menor gasto sanitario público habitante: 1.398 euros, 240 menos que el conjunto de España. La comunidad del sur es la que tiene menos médicos y enfermeros especialistas y menos camas por cada mil habitantes, mientras se mantiene primera en porcentaje de su gasto dedicado a atención primaria (17,66%), algo que explica la resistencia de un sistema en el que se observa una evolución llamativa en la relación entre lo público y lo privado: el Gobierno andaluz, de PP y Cs, ha incrementado el gasto en conciertos privados en un 27,2%, desde los 424,5 millones de 2018 hasta los 540 millones previstos para 2022.

Andalucía va por detrás en cuanto a la salud de su población, pero sería exagerado decir que es una una región descolgada. Atrasada, sí; descolgada, no. Los indicadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) muestran una posición peor que el conjunto, pero dentro de una órbita similar. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer en Andalucía es la más baja de todas las comunidades, pero está a 1,24 años del total del país (82,52 frente a 83,76, con datos de 2019). Y ello a pesar de que 9 los 15 municipios mayores de 20.000 habitantes con menos esperanza de vida en 2019 son andaluces, con La Línea de la Concepción en cabeza (79,9 años), según datos del INE. La gente de La Línea tiene una esperanza de vida al nacer 5,6 años más baja que la de Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España. En años de vida saludable a partir de los 65 años los andaluces están en 18,17, los penúltimos, sólo mejor que Murcia, con 16,71, frente a 19,09 en el conjunto de España [ver Nota sobre Ceuta y Melilla al final del artículo].

El SNS pone todos los datos en relación con los llamados "determinantes sociales de la salud", entre los que destacan tres: pobreza, nivel de estudios y clase social. En las tres, Andalucía aparece peor que el conjunto de España. Es decir, hay en conjunto más gente pobre, de clase social más baja y con menos estudios que en el total del país.

Ahí es donde hay que buscar los porqués a la posición rezagada de Andalucía en clasificaciones tan dispares como mortalidad infantil (2,95 por cada mil vivos, frente a 2,61 en el conjunto de España) población adulta en riesgo de mala salud mental (26,5% frente a 18,01% en el conjunto de España). En ambos casos Andalucía está en la segunda peor posición de España, sólo por delante de Cantabria y Murcia, respectivamente.

Andalucía está peor que el conjunto de España en 14 de las 15 causas de mortalidad (o mortalidad prematura) comparadas por el SNS, incluyendo cáncer, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del sistema respiratorio, diabetes o suicidio. La única causa de mortalidad en que está mejor que el conjunto son los accidentes.

Andalucía está en cambio mejor que el conjunto del país en índice de calidad de vida infantil relacionada con la salud (89,96 frente a 87,4).

Así que ya tenemos la primera parte de la fotografía: en Andalucía hay –comparativamente– peor salud y menor esperanza de vida, como resultado de una población –comparativamente– más pobre. Queda la otra mitad de la imagen: el sistema sanitario al que le corresponde dar respuesta a este desafío.

Empecemos por los datos de 2020 de lo más básico: médicos y el personal de enfermería. Andalucía tiene 1,51 médicos especialistas por cada mil habitantes, la comunidad que menos tiene de España (2,02 en conjunto). Y es la tercera que menos médicos de atención primaria ofrece por habitante, 0,75, empatada con Murcia, Canarias y Asturias y sólo mejor que Madrid (0,69) y Baleares (0,61).

En profesionales de enfermería especializada por cada mil habitantes Andalucía está en 3,04, la última de todas, a 7 décimas del conjunto del país (3,74). En cuanto a enfermería de atención primaria, otra vez va en el furgón de cola (0,6 por cada mil personas asignadas), únicamente por delante de Baleares (0,57), Murcia (0,58) y Madrid (0,5).

Los datos de camas también son de 2020. Andalucía es la comunidad con menos camas hospitalarias en funcionamiento por cada mil habitantes: 2,19, frente a 2,95 en el conjunto España.

Todo lo anterior está conectado con el gasto. Con datos de 2020, Andalucía es la comunidad con menor gasto sanitario por habitante. Además, la diferencia es significativa: 1.398 frente a 1.638 del conjunto de las comunidades autónomas. La diferencia es de 240 euros por habitante.

El gasto sanitario de la comunidad andaluza ha evolucionado de los 10.184,3 millones de 2018 a los 10.658,4 de 2019 y los 11.857,5 de 2020, lo que supone un incremento del 16,42% en el ciclo 2018-2020, con el actual Gobierno PP-Cs.

Hasta ahí permiten ver los datos con cierre consolidado del Ministerio de Sanidad. De ahí en adelante, está lo presupuestado por el Gobierno andaluz: 11.772 en 2021 y 12.900 millones en 2022, si bien estas cuentas no llegaron a ser aprobadas al perder el Ejecutivo andaluz el apoyo de Vox y no conseguir el del PSOE ni de Unidas Podemos. El incremento 2018-2022 hubiera sido, con las previsiones oficiales, del 26,66%.

El gasto en conciertos va camino de un fuerte incremento con el Gobierno andaluz salido de las elecciones de diciembre de 2018. Aquel año, en 2018, la partida de la Consejería de Salud para conciertos fue de 424,52 millones de euros, que subieron a 442,91 en 2019 y a 471,7 en 2020, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. La información de 2021 es de la propia consejería. Hubo una bajada, hasta los 463,7 millones, mientras en 2022 la previsión de gasto es de 540 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 16,45% con respecto a 2021 y del 27,2% si la comparamos con 2018 (115,48 millones más).

Andalucía está por debajo de la media en porcentaje de gasto público dedicado a conciertos. Aún no hay datos comparables de 2021 y 2022. Pero en 2020 el porcentaje era de un 3,98%, mientras en España de un 8,46%.

El número de pacientes derivados a la sanidad privada concertada para "aliviar" las listas de espera ascendió en 2021 a 858.529, según informó en el Parlamento el consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP). Esto supone un incremento del 49,8% desde 2018 (573.082), según la comparación elaborada con los datos oficiales recabados por Eldiario.es.

Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, afirma que la sanidad andaluza se encuentra en un momento "crítico" en el que sería necesario un "reforzamiento", especialmente de la atención primaria. Y ello a pesar de que la comunidad del sur aún es la que más gasta porcentualmente en atención primaria, el 17,66% (2020), aunque cayó en con respecto a 2019 (18,01%).

A juicio de March, si se agudiza el deterioro de la atención primaria crecerá el fenómeno de la contratación de seguros privados. En Andalucía el porcentaje de asegurados privados alcanza el 20,63%, por debajo del conjunto de España (23,35%), con datos de 2020. Ahora bien, este porcentaje ha crecido más de un tercio (37,9%) en diez años, frente a un 16,45% en España, según datos de la patronal del seguro Unespa. Es decir, el porcentaje ha pasado en una década del 14,96% al 20,63% en Andalucía y del 20,05% al 23,35% en España. Hace diez años Andalucía era la séptima con mayor capilaridad del seguro privado, ahora es la quinta.

¿Y las listas de espera, otro factor que según March empuja a las soluciones privadas y el "sálvese quien pueda"? A 31 de diciembre de 2021, Andalucía tenía 122.959 pacientes pendientes de intervención quirúrgica, lo que supone 15 de cada mil habitantes, levemente por debajo de España total (15,39). El tiempo medio de espera está en 128 días, un poco por encima de España total (123).

El balance empeora en la espera de consulta por el especialista, situación en la que están 106,49 de cada mil habitantes, más que en ninguna otra comunidad, siendo el dato global 77,23. El tiempo medio de espera, 105 días, el cuarto mayor de todos (89 en conjunto).

Andalucía está entre las tres comunidades con peor nota de satisfacción ciudadana, junto a Cataluña, y mejor que Canarias, según los datos oficiales del Sistema Nacional de Salud de 2019, último ejercicio disponible.

La opinión ciudadana se completa con el porcentaje de personas que opinan que la sanidad funciona "bien" o "bastante bien". Ahí la peor vuelve a ser Canarias (54,05%), seguida de Andalucía (67,3%), según datos de encuestas recabados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en su reciente estudio Los servicios sanitarios de las CCAA.

La valoración global –es decir, el porcentaje personas que que consideran que la atención recibida fue "buena" o "muy buena"– más baja se da en Castilla La Mancha: sólo un 79,55% considera que el servicio fue "bueno" o "muy bueno". Detrás van Canarias (81,27%) y de nuevo Andalucía (82,57%), según este informe.

Dicho estudio utiliza una serie de indicadores de financiación, gasto, política farmacéutica, listas de espera, valoración de los ciudadanos y privatización, entre otros, para elaborar una clasificación de sistemas sanitarios según calidad. Andalucía queda la cuarta por la cola.

¿Y el covid-19? Andalucía ha sido en conjunto una comunidad de la que puede decirse que ha sufrido la pandemia con menos intensidad que el conjunto del país. En la última actualización oficial de datos, de 7 de junio, acumula 13.732 fallecidos, con una tasa de mortalidad global de 162,23 por 100.000 habitantes, es decir, la sexta menor. En el conjunto de España la tasa es de 225,32.

El contexto socioeconómico andaluz

Los datos de este artículo hay que situarlos en un contexto muy particular. El contexto andaluz, claro. Si algo hemos aprendido de la pandemia de covid-19, es que si queremos hablar de salud, hay que hacerlo también de pobreza y desigualdad. Y Andalucía, la región cuya salud y sistema sanitario aborda este artículo, es una región comparativamente pobre en España. Un cuarto más pobre, podría decirse: su PIB per cápita alcanza un 74,9% del PIB per cápita nacional. Eso repercute sobre la salud de la población. Como explican los científicos sociales e investigadores en salud pública, no es que los andaluces tengan peor salud porque se cuidan menos, sino que tienen de partida unas expectativas de salud algo peores porque son algo más pobres. Se trata de una dinámica que sólo se rompe –o se palía– con políticas de reducción de la pobreza y servicios públicos correctores.

Si un sistema público de sanidad –también de educación, pero aquí nos centramos en la sanidad– funciona eficiente y equitativamente, contribuye a mitigar esta desventaja de partida. Por el contrario, su disfunción puede agravarla. Así lo explica el epidemiólogo Manuel Franco, que afirma: "El sistema sanitario funciona de por sí como un eje de igualdad, igual que el de pensiones, el de paro o el educativo. En Andalucía, con un porcentaje superior al conjunto de España de personas en riesgo de pobreza y exclusión y por lo tanto con mayor riesgo para su salud, un deterioro del sistema público es doblemente grave". Franco señala que, si el sistema quiere provocar un efecto nivelador, debería realizar un sobreesfuerzo en las regiones con mayor pobreza y desigualdad.