El movimiento comenzó a fraguarse al calor de la investidura. Y cristalizó coincidiendo con la jura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Ese día, más de medio centenar de altos mandos militares retirados provocaron un auténtico terremoto político al impulsar sin pudor un oscuro manifiesto con tintes golpistas. El texto, adelantado por infoLibre y luego publicado por la Asociación de Militares Españoles (AME) –aunque escondiendo las adhesiones al mismo–, era un llamamiento directo al Ejército para que destituya al recién elegido líder del Ejecutivo y convoque unas nuevas elecciones. Un paso más en la delirante senda de algunos militares fuera de circulación que en los últimos años han saltado a la palestra con manifiestos en defensa del dictador Francisco Franco o chats donde exhibían la necesidad de asesinar "a 26 millones de hijos de puta".

Desde que este último texto vio la luz, varios socios parlamentarios a la izquierda del PSOE han exigido al Ministerio de Defensa que tome medidas. Pero el departamento que dirige Margarita Robles ha preferido guardar un sepulcral silencio. Como mucho, se ha limitado a señalar que los firmantes son mandos jubilados y que, por lo tanto, poco pueden hacer. La Ley de la Carrera Militar fija en su artículo 115 que aquellos miembros del Ejército que pasen a situación de retiro "dejarán de estar sujetos al régimen de derechos y deberes" de los integrantes de las Fuerzas Armadas y a "las leyes penales y disciplinarias militares". En resumen, solo pueden ser castigados por estas vías aquellos en activo o, como mucho, los reservistas en determinadas circunstancias.

Pero algunos militares y exmilitares consultados por este diario recuerdan que existen otras posibles vías para sancionar estas conductas, si bien alguno reconoce su complejidad. Una de ellas pasa por la llamada Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que tiene por finalidad "recompensar y distinguir" a los oficiales generales, oficiales y suboficiales "por su constancia en el servicio y la intachable conducta". Todo ello, dice el reglamento que la regula, “a tenor” de lo que establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, las cuales señalan que el militar "guardará y hará guardar la Constitución", respetará y exigirá valores como "la dignidad y los derechos inviolables de la persona" o "respetará y hará respetar los derechos fundamentales y libertades públicas".

La entrada en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, explican los militares consultados, es algo que se produce de manera prácticamente "automática" cuando se cumplen dos décadas de servicio. A la misma pertenecía, por ejemplo, Francisco Beca, el general de división retirado que en el chat de La XIX del Aire hacía mención a fusilamientos masivos. O muchos de los altos mandos jubilados que se adhirieron al manifiesto golpista del pasado viernes, alguno de los cuales, como el general de división Yago Fernández de Bobadilla, se ha apresurado a desvincularse del texto alegando que fue engañado porque el que él suscribió no incluía referencia alguna al llamamiento a un golpe de Estado.

"Expulsarles de esta orden les haría mucho daño, porque es un fuerte golpe simbólico contra su honor", apunta Miguel López, oficial retirado del Ejército del Aire y miembro de Foro Milicia y Democracia. En la misma dirección apuntan Iñaki Unibaso, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), y quien fuera secretario general en el exilio de la extinta Unión de Militares Demócratas (UMD), el teniente coronel del Ejército del Aire retirado José Ignacio Domínguez. "Una de las cosas que se valora para pertenecer a la misma es la intachable conducta", recuerda el primero de ellos al otro lado del teléfono. "Y con este tipo de manifiestos, eso no se cumple. Se ha expulsado a gente por menos", completa el segundo.

En el verano de 2020, el Gobierno reformó el reglamento de la orden. Y, entre otras cosas, incluyó un artículo para regular el procedimiento para causar baja en la misma en el caso de militares retirados cuando hubieran "protagonizado actos o conductas" que supongan un "descrédito" para él mismo y para la orden, así como por "socavar y poner en entredicho" los "valores y virtudes que deben adornar a cuantos pertenecen a la misma". Eso, en principio, encaja con este tipo de actitudes. El problema, como recuerda López, es que tiene que haber una resolución judicial firme. "La utilización de tal facultad extraordinaria requerirá que el afectado haya sido condenado por hechos delictivos en virtud de sentencia firme", completa el reglamento en este punto.

Eso, por el momento, no ha ocurrido en este tipo de casos. La Fiscalía Provincial de Madrid, por ejemplo, dio carpetazo en marzo de 2021 a las diligencias de investigación abiertas por el chat de La XIX del Aire al considerar que los mensajes emitidos no eran constitutivos de un delito de discurso de odio al tratarse de opiniones expuestas "con libertad" y "en la confianza de estar entre amigos" sin voluntad de publicitarlas fuera del grupo de Whatsapp. Y en cuanto al manifiesto golpista de ahora, ni el Ministerio de Defensa ni tampoco el Ministerio Público han movido, por el momento, ficha. Sí que lo han hecho, no obstante, la Asociación Civil Milicia y República (ACMYR), que ha interpuesto denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra los firmantes del manifiesto golpista por un delito de proposición para la rebelión militar.

Algunos de los militares consultados creen que ha llegado el momento de que el departamento que seguirá dirigiendo Margarita Robles durante esta legislatura retoque de nuevo el reglamento para endurecerlo. "Si no encaja ahora, que lo reformen, porque no podemos estar soportando ésto periódicamente y viendo cómo salen indemnes. Que se vayan preparando las armas para evitar que vuelvan a repetir la jugada", sostiene el teniente coronel del Ejército del Aire retirado. "Siempre se van de rositas porque nadie les mete mano. Igual se podría plantear una reforma para hacerlo más restrictivo, de forma que no sea necesaria la condena, sino que valga, por ejemplo, con que se abra un expediente", desliza López en conversación con este diario.

El 6 de enero de 2021, en su tradicional discurso de la Pascua Militar, la ministra de Defensa dedicó unas palabras a esa "insignificante minoría" que lanza incendiarias soflamas desde su posición de retiro cuestionando "irresponsablemente las bases de la convivencia". "Solo merece el rechazo más absoluto, por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses", apuntaba Robles en una clara referencia a los mensajes desvelados de miembros de la XIX promoción de la Academia General del Ejército del Aire. Y añadía con dureza: "Nadie tiene derecho, y menos quienes en su día vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas, a perjudicar el inmenso prestigio que tienen nuestros Ejércitos".

En esto último ponen también el acento los militares consultados por este diario. Sería, señalan, otro importante golpe simbólico. "Estaría bien que se les retirase el uso del uniforme. Si lo están ensuciando, no se les debería dejar que lo vistan", resalta el ex secretario general en el exilio de la Unión de Militares Demócratas. A pesar de estar retirados, todos estos altos mandos tienen derecho a seguir portando esa vestimenta en determinadas situaciones. Así se recoge en el artículo 115 de la Ley de la Carrera Militar: "[Podrán] usar el uniforme en actos militares y sociales solemnes". "Por ejemplo, en el aniversario de la unidad en la que sirvió por última vez o en la boda de un hijo", trata de resumir López.

El problema, de nuevo, es que la normativa militar no recoge posibles limitaciones en este ámbito. Algo que sí que hace la del Instituto Armado. Así, por ejemplo, en el reglamento que regula la adquisición y pérdida de condición se establece: "El Director General de la Guardia Civil podrá limitar el uso del uniforme en estos actos, mediante resolución motivada, al guardia civil retirado contra el que se haya dictado en su contra auto de procesamiento, de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito o haya realizado acciones que sean contrarias a la conducta a imagen que se exige a los miembros de la Guardia Civil". En 2021, El País publicó que Defensa estudiaba fórmulas para despojar del uniforme a aquellos que lo deshonrasen. Una reforma que sigue pendiente.

Más allá de esto, Domínguez también pone sobre la mesa un tercer flanco de ataque: los beneficios sociales. A pesar de estar retirados, los militares tienen derecho a disfrutar, por ejemplo, de las llamadas residencias de descanso, que se encargan de "proporcionar alojamiento, manutención en su caso, descanso vacacional y ocio al personal militar y sus familias" por toda la geografía a precios asequibles. O de los centros deportivos y socioculturales reservados, de los que hay distribuidos por toda España alrededor de una treintena –algunos de ellos con campo de golf incluido–. En 2017, según un artículo publicado en elDiario.es, la cuota que pagaban los militares para formar parte de estos últimos se movía entre los 5 y los 11 euros mensuales.

"Si el Ministerio de Defensa publica una orden u otra medida oportuna, puede poner límites a ese acceso", deja caer Domínguez, que no ve con malos ojos que también se pueda castigar a los militares golpistas por esta vía. Algo que, sin embargo, Unibaso no ve con buenos ojos. "La acción social no debería usarse como un castigo contra nadie", dice el secretario general de la AUME, quien hace un llamamiento a la tranquilidad en referencia a este tipo de pronunciamientos: "Son cuatro gatos que no tienen ninguna trascendencia o poder de convocatoria, trasnochados que aún echan de menos el régimen". Pero López cree que es necesario poner, de una vez por todas, pie en pared. Pero para eso hace falta, dice, "voluntad política".

El manifiesto suscrito por medio centenar de militares retirados y que, como desveló infoLibre, hace un llamamiento a las Fuerzas Armadas para que destituyan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se convoquen elecciones acaba de entrar en la Fiscalía. La Asociación Civil Milicia y República (ACMYR), integrada mayoritariamente por exmilitares, ha interpuesto denuncia contra quienes suscribieron el llamamiento al golpe de Estado por un supuesto delito de proposición para la rebelión militar

Dirigido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el escrito pone especial énfasis en el capitán retirado del Ejército del Aire José Manuel Adán, a quien identifica como promotor del manifiesto. La denuncia llega a tal conclusión basándose en documentos a los que también tuvo acceso este periódico y en la carta remitida a El País por quien encabeza el manifiesto, el general de división Yago Fernández de Bobadilla.

En esa misiva, Fernández de Bobadilla asegura que firmó antes de que Adán introdujese el llamamiento a perpetrar un golpe de Estado. Y que sin solicitar su autorización el antiguo oficial modificó luego el manifiesto para en el último párrafo introducir el llamamiento al golpe de Estado. La frase referida es la que sigue: “Este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de retiro, preocupados por el devenir de España, pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional la destitución del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales”. Fernández de Bobadilla remarcó ante el diario de Prisa un “rotundo rechazo a esa frase”, contraria a los valores democráticos que asume como propios y compartidos con la “inmensa mayoría de la población”.

“Los denunciados -continúa el relato de ACMYR- hicieron público su manifiesto el 17 de noviembre de 2023 en la página web de la Asociación de Militares Españoles momentos después de que el periódico digital infoLibre lo publicase”. La declaración que buscaba destacar el ruido de sables al socaire de la futura ley de amnistía ya no figura en la portada de la web.

La denuncia de ACMYR, que incorpora el listado de firmantes, notifica a la Fiscalía que el manifiesto se envió por correo electrónico a los destinatarios como archivo adjunto a un mensaje que reprodujo parcialmente infoLibre y donde “José Manuel” exponía lo que viene a continuación:

 “Queridos compañeros, os envío el MANIFIESTO, finalmente consensuado y que será publicado en breve. Como podéis comprobar a los compañeros Generales y Oficiales, se ha adherido la Asociación de Militares Españoles.

A pesar de haber sido los pioneros en alzar la voz en un escrito sobre la situación actual, muchos se nos han adelantado, Jueces, Fiscales, Abogados del Estado, Diplomáticos, Interventores y Auditores del Estado, Policías, Guardias Civiles, y finalmente, nosotros, militares en situación de Retiro, también tenemos voz

Los motivos han sido varios, al nacer la idea, muchos medios nos indicaron que no era el momento. Por otra parte, hemos encontrado una laxitud extrema en nuestros compañeros, lo que ha retardado la adhesión de muchos que espero se hayan dado cuenta de la gravedad del momento y ahora, al menos mentalmente, nos acompañen.

Muchas gracias por vuestra colaboración sin la cual, las voces ahora plasmadas, no hubieran tenido eco".

El manifiesto no es la única intervención ultraderechista de José Manuel Adán, cuya versión fue imposible obtener dado que se limitó a colgar el teléfono cada vez que la periodista se identificó en distintas llamadas telefónicas. Adán se encontraba entre quienes, en diciembre de 2020 y como publicó entonces este diario, participaron en aquel chat de militares jubilados del Ejército del Aire que abogaba por “matar a 26 millones de hijos de puta”. También aquel año, y como publicó El País, Adán había impulsado el envío de cartas al Rey para que se saltara sus obligaciones constitucionales.

En lo que a la calificación jurídica del posible delito se refiere, ACMYR habla de proposición para la rebelión militar. “Los denunciados –señala la denuncia– han propuesto públicamente a las Fuerzas Armadas la destitución del presidente del Gobierno, lo que puede ser previsto y penado en el artículo 472 [del Código Penal], que en su apartado 6 tipifica como delito el Sustituir por otro el Gobierno de la Nación. Y en su apartado 8, Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”.

Un día antes de que en contra de la la futura ley de amnistía PP, Vox y sus asociaciones satélite lideren en Madrid una manifestación que aspiran a convertir en multitudinaria, este viernes salió a la luz un manifiesto donde medio centenar de militares retirados instan al Ejército a destituir al recién investido presidente, Pedro Sánchez. Es decir, piden un golpe de Estado. Como adelantó infoLibre, generales, coroneles, comandantes y capitanes jubilados suscriben un texto que finalmente ha publicado en su web la Asociación de Militares Españoles (AME), aunque acudiendo a una fórmula inusual: ocultar la identidad de los firmantes del manifiesto, 51 a tenor del documento obtenido por este diario.

Por la tarde, el teniente coronel retirado José Ignacio Domínguez, miembro del Foro Milicia y Democracia y que hubo de exiliarse a Francia en la última fase del franquismo, aseguró en declaraciones a Cataluña Radio que el instigador del manifiesto es el mismo capitán jubilado que en noviembre de 2020 promovió una carta dirigida al Rey por 73 oficiales retirados y cuyo contenido bebía en las fuentes del discurso político de Vox: aquella misiva ya acusaba al Gobierno de poner en peligro la unidad nacional. Asimismo, ese mismo capitán participó en el chat donde, como desveló este diario días después, altos mandos ya fuera de circulación exhibían la necesidad de matar "a 26 millones de hijos de puta"

Se trata del antiguo capitán del Ejército del Aire José Manuel Adán, con quien infoLibre había tratado de contactar desde primera hora de la mañana y que rehusó en varias ocasiones mantener una conversación o responder a los mensajes enviados a sus teléfonos. El manifiesto llegó a manos de este periódico como documento adjunto a un email remitido aparentemente al menos la noche del jueves desde la cuenta de Adán a antiguos compañeros. Firmado por “José Manuel”, el correo informa a sus destinatarios de que el manifiesto es el “finalmente consensuado y que será publicado en breve”. E incluye varias frases que plantean interrogantes sobre el significado de la palabra "medios" en este contexto: "A pesar de haber sido los pioneros en alzar la voz en un escrito sobre la situación actual, muchos se nos han adelantado, Jueces, Fiscales, Abogados del Estado, Diplomáticos, Interventores y Auditores del Estado, Policías, Guardias Civiles, y finalmente , nosotros, militares en situación de Retiro, también tenemos voz. Los motivos han sido varios, al nacer la idea, muchos medios nos indicaron que no era el momento".

El manifiesto llega en medio de un clima de fuerte crispación, con manifestaciones nocturnas ante la sede central del PSOE cuyo carácter ultraderechista ha ido en ascenso, con lanzamiento de bengalas, acoso a periodistas, detenidos diarios, más un autobús de la extremista asociación católica Hazte Oír circulando por Madrid con una foto de Pedro Sánchez disfrazado de Hitler. Y todo ello mientras el PP señalaba uno por uno en redes sociales a los diputados socialistas en una operación que evoca las acciones de movimientos de extrema derecha en distintos países. El manifiesto de los militares retirados añade leña a un fuego que han ido alentando los dirigentes de PP y Vox.

Al cierre de esta edición, el partido de Santiago Abascal no había hecho declaración alguna de crítica o condena. Sí ha hablado sobre el tema Elías Bendodo. Resoplando, el número 3 de los populares respondía con "Yo no tengo nada que decir sobre esas cosas" a una periodista que le preguntaba por el tema. El manifiesto, nucleado en torno a la futura ley de amnistía y cuyo párrafo final reclama sin disfraces la intervención del Ejército: “Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este Manifiesto y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual”.

Encabezados por el general de división retirado Yago Fernández de Bobadilla Bufalá, cuyo nombre –también confirmado por el capitán Sanz Arzuaga y al que infoLibre no logró localizar– aparece seguido por los de generales de brigada, coroneles, comandantes y capitanes, los 51 firmantes arrancan afirmando que estamos en una situación de "acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales”. Así lo sostienen pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la judicatura, lleva cinco años caducado y en manos del bloque conservador por la negativa del PP a renovarlo en contra de lo que dictamina la ley.

Quienes suscriben el manifiesto privan de legalidad al Tribunal Constitucional. Lo hacen definiendo a su presidente, Cándido Conde Pumpido, como “un magistrado con antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones al haber manifestado que ‘hay que mancharse la toga con el barro del camino’ en relación con procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político”.

Sobre la política del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Cataluña, el manifiesto militar endurece aún más su diatriba al atribuirle “el uso inadecuado de la figura del indulto para los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017 así como la supresión de la sedición del código penal y la reducción de pena en la malversación solamente por intereses políticos”.

Las recriminaciones prosiguen al alza: “La elevación a las Cortes como Proposición de Ley de Amnistía, por parte del partido ahora gobernante, sin cabida en la actual Constitución Española, que eliminaría la igualdad ante la Ley de todos los españoles y que borraría los delitos cometidos por quienes dieron el golpe de Estado en Cataluña en Octubre de 2017,  si esta es aprobada, y ello por el solo interés personal para ser investido Presidente del Gobierno del actual en funciones, como él mismo ha manifestado, lo que deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe”.

Los militares que avalan el manifiesto dan por hecho que en Cataluña habrá un referéndum de autodeterminación y lo plantean así: "La posible ruptura de la Unidad de la Nación española, única e indivisible, al aceptar, de nuevo para la citada investidura, la celebración de un referéndum de autodeterminación, y habiendo aceptado la denominación para Cataluña de 'minoría nacional', con los privilegios que esto conlleva en el derecho internacional".

El "ruido de sables", ese término histórico para referirse al rumor de actividad de los militares en preparación de un golpe de Estado, resonó como un eco este viernes. Eco, más que voz, porque el medio centenar de militares partidarios de destituir al presidente legítimo, Pedro Sánchez (PSOE), son altos mandos ya retirados, y sobre todo porque España es una democracia europea consolidada y todo apunta a que sus pretensiones se quedarán lejos de convertirse en realidad. Pero eco nítidamente antidemocrático, golpista. La información, adelantada este viernes por infoLibre, en la que se explicaba cómo 51 militares retirados habían firmado un manifiesto donde pedían al Ejército que destituyera a Sánchez, es un episodio más de una larga historia, la de los intentos del estamento castrense de ejercer su influencia en la política española extralimitándose en sus funciones.

La intervención de los mandos del Ejército en la vida política ha sido una constante en la historia de España. Si nos remontamos hasta el siglo XIX, encontramos cómo los militares consiguieron una capacidad de influencia decisiva gracias a los pronunciamientos, en los cuales un general de prestigio se alzaba en armas con el objetivo de derrocar a un Gobierno o cambiar la forma del régimen. Desde el año 1814 hasta el 1974, tuvieron lugar en España 81 pronunciamientos militares protagonizados por figuras tan relevantes como Martínez Campos, Rafael de Riego o Leopoldo O'Donnell. Avanzando en el tiempo, y ya en el siglo XX, los militares jugaron igualmente un papel decisivo en la política española. Primero fue Miguel Primo de Rivera, que en 1923 –y con la connivencia del rey Alfonso XIII– dio un golpe de Estado para hacerse con el Gobierno y establecer una dictadura que se prolongaría hasta la llegada de la Segunda República. En 1936 llegó el golpe de Estado militar que condujo a la Guerra Civil y a la posterior dictadura de Francisco Franco, si bien antes el Ejército ya había dado un aviso de su insumisión a la república en la llamada “Sanjurjada”, el golpe fallido del general José Sanjurjo en 1932.

Ya en democracia, desde el 23 de febrero de 1981 quedan en la memoria colectiva las imágenes del asalto al Congreso de los Diputados por parte del teniente coronel Antonio Tejero en un golpe de Estado que acabó resultando fallido, pero que hizo a los españoles mirar de nuevo con prevención y sospecha a sus uniformados. 

El 23F fue el último caso de golpe de Estado militar que se ha vivido en España. No obstante, en años más recientes, militares o exmilitares han seguido intentando influir en el devenir político del país a través de manifiestos, comunicados y mensajes. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, los militares implicados en estas iniciativas se han encontrado con una dura respuesta por parte de los dirigentes de Defensa.

El año 2008 marcó un hito al ser la primera vez en democracia que a un alto mando militar se le aplicaba una sanción disciplinaria. Fue durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), cuando el teniente general José Mena Aguado pidió, durante su discurso en la Pascua Militar, la intervención del Ejército prevista en el artículo octavo de la Constitución para garantizar la integridad de España, la cual estaba en peligro, según su criterio, por la reforma del Estatut de Cataluña. Días antes, el propio Mena había alertado de "los riesgos de sobrepasar los límites infranqueables de la Constitución". Esas palabras le valieron una dura sanción disciplinaria por parte del Ministerio de Defensa, dirigido por entonces por José Bono, por violar el deber de neutralidad de las fuerzas armadas, aunque no por las opiniones individuales expresadas por el teniente general. La sanción consistió en el arresto domiciliario del militar durante ocho días y su destitución del Ejército, siendo enviado a la reserva.

Otro momento en el que miembros del Ejército tuvieron que hacer frente a un expediente sancionador fue en el año 2018, cuando varios militares firmaron un manifiesto en el cual se exaltaba la figura de Francisco Franco. El documento, titulado Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España, trataba de justificar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 que, según los firmantes, fue una reacción de “la España agredida y asediada por el comunismo internacional”. El manifiesto surgió como crítica a la “campaña infame” de “la izquierda política” contra el dictador, poco después de que el Gobierno de Pedro Sánchez expresara su decisión de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

El texto lo firmaban 181 militares, entre ellos algunos que participaron en el golpe de Estado del 23F, pero el Ministerio de Defensa, presidido por Margarita Robles, solo pudo expedientar a cinco, que pese a estar en la reserva eran los únicos que no estaban retirados y que, por tanto, debían seguir rigiéndose por el código de conducta. Además, uno de esos firmantes, Agustín Rosety, terminaría siendo, en 2019, cabeza de lista de Vox por Cádiz y diputado por la misma provincia hasta mayo de este mismo año.

Un tercio de los firmantes de ese manifiesto “en respeto y desagravio” de Francisco Franco volverían a las andadas, tan solo dos años después, con otro documento, en este caso por considerar que la “unidad de España” estaba en peligro. Entre los signatarios nos encontramos al teniente general José Mena Aguado, a varios golpistas del 23F y a otro general, que aseguró que “si Cataluña se independiza, hay que volar el Parlament a cañonazos”. Además, el documento criticaba al Gobierno de Pedro Sánchez por dañar "la convivencia de los españoles dentro del espíritu de nuestra Constitución de 1978".

Otra exclusiva, revelada por infoLibre, sacaba a la luz los mensajes del grupo de Whatsapp “La XIX del aire”. Aquí no se trataba de manifiestos, sino de un chat en el que se ponía de relieve el radicalismo ideológico y la beligerancia de militares retirados que enviaban mensajes de contenido ultra. Uno de ellos, Francisco Beca, general retirado, expresó su deseo de “fusilar a 26 millones de de hijos de puta" (en referencia a socialistas, votantes de Podemos y nacionalistas) o su opinión relativa a las “maniobras del 36”, las cuales, a su modo de ver, “proporcionaron unos cuantos años de progreso aunque algunos lo pasaron mal". "España está llena de gente ingobernable y la única forma posible es culturizar a la gente, cosa que es imposible con la izquierda. Es triste pero es la realidad española”, señaló.

En el chat también había alusiones al Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que, a criterio de los usuarios, llevaría a España a una “dictadura comunista”. También acusaban a Sánchez y a Iglesias de amañar las elecciones y les dedicaban graves insultos. Además, en otros mensajes hacían referencia a un pronunciamiento militar y al deseo de que “estos sinvergüenzas” (aludiendo a los partidos de izquierda) “se mueran todos y toda su estirpe”.

Medio centenar de altos mandos militares retirados acaban de elaborar un manifiesto al que ha tenido acceso infoLibre y que posteriormente han publicado en la web de la Asociación de Militares Españoles, donde reclaman al Ejército que destituya al recién investido presidente y se convoquen elecciones generales. Entre quienes suscriben el manifiesto figuran algunos de los que en 2020 participaron en el chat desvelado por este periódico y donde se afirmaba que "no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta". Este periódico ignora cuándo planean difundir el manifiesto sus promotores. Y si entre sus planes figura el de hacer coincidir su publicación con la manifestación convocada para este sábado en Madrid con el respaldo expreso de PP y Vox.

Tras varios intentos fallidos, infoLibre logró contactar con uno de los firmantes, el capitán retirado del Ejército del Aire Francisco Javier Sanz Arzuaga. En una conversación telefónica en la que se le facilitó el nombre de la persona que le llamaba y el medio para el que trabaja, el militar confirmó la existencia del manifiesto así como el nombre de quien lo encabeza, aseguró que la redacción es definitiva y corroboró los puntos esenciales que le leyó este diario: que se reclama al Ejército que destituya al presidente del Gobierno y convoque nuevas elecciones. Y que se acusa al poder ejecutivo de copar la mayoría de los órganos judiciales, lo que "anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes".

Con fecha de 16 de noviembre, el día de la investidura presidencial pero aún no distribuido, el texto trata de enmascarar el llamamiento a un auténtico golpe de Estado con el rechazo a la futura ley de amnistía como pieza central. Pero en el párrafo final reclama sin disfraces la intervención del Ejército:

“Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este Manifiesto y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual”.

Encabezados por el general de división retirado Yago Fernández de Bobadilla Bufalá, cuyo nombre -también confirmado por el capitán Sanz Arzuaga y al que infoLibre no logró localizar- aparece seguido por los de generales de brigada, coroneles, comandantes y capitanes, los 51 firmantes arrancan afirmando que estamos en una situación de "acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales”. Así lo sostienen pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la judicatura, lleva cinco años caducado y en manos del bloque conservador por la negativa del PP a renovarlo en contra de lo que dictamina la ley.

Quienes suscriben el manifiesto privan de legalidad al Tribunal Constitucional. Lo hacen definiendo a su presidente, Cándido Conde Pumpido, como “un magistrado con antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones al haber manifestado que ‘hay que mancharse la toga con el barro del camino’ en relación con procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político”.

Sobre la política del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Cataluña, el manifiesto militar endurece aún más su diatriba al atribuirle “el uso inadecuado de la figura del indulto para los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017 así como la supresión de la sedición del código penal y la reducción de pena en la malversación solamente por intereses políticos”.

Las recriminaciones prosiguen al alza: “La elevación a las Cortes como Proposición de Ley de Amnistía, por parte del partido ahora gobernante, sin cabida en la actual Constitución Española, que eliminaría la igualdad ante la Ley de todos los españoles y que borraría los delitos cometidos por quienes dieron el golpe de Estado en Cataluña en Octubre de 2017,  si esta es aprobada, y ello por el  solo interés personal para ser investido Presidente del Gobierno del actual en funciones, como él mismo ha manifestado, lo que deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe”.

Los militares que avalan el manifiesto dan por hecho que en Cataluña habrá un referéndum de autodeterminación y lo plantean así: "La posible ruptura de la Unidad de la Nación española, única e indivisible, al aceptar, de nuevo para la citada investidura, la celebración de un referéndum de autodeterminación, y habiendo aceptado la denominación para Cataluña de 'minoría nacional', con los privilegios que esto conlleva en el derecho internacional".

Según la Fiscalía, mensajes como el enunciado sobre los fusilamientos aparecen en un chat “privado” y no constituyen por tanto un delito de discurso de odio. ¿En qué se basa esa conclusión? En que, según la nota emitida por el ministerio público, sus integrantes exponen opiniones a los demás participantes “con libertad” y “en la confianza de estar entre amigos” sin que exista voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito. Así, concluye que “no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo”.

El comunidado revela que "la Brigada Provincial de Información comunicó que el denominado La XIX del Aire es un chat privado, razón por la cual no se ha podido tener acceso al contenido del mismo, aunque sí se han acreditado los que se han hecho públicos".

Según la Fiscalía, la libertad de expresión se enmarca en un campo de acción “más amplio” que el de la libertad de información, “que se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados”, de ahí que un criterio fundamental de enjuiciamiento de su legitimidad sea el de la veracidad. No ocurre lo mismo con la libertad de expresión que “alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones y la veracidad no entra en juego, puesto que las ideas y opiniones no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada”.

El archivo de las diligencias se produce días después de que el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona con las letras de sus canciones haya reabierto el debate sobre la libertad de expresión en España. Y haya desencadenado una violenta oleada de disturbios con especial incidencia en Barcelona.

En el caso de los antiguos altos mandos de la XIX del Aire, la Fiscalía entiende que "no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo".

"Dado que no se han podido contextualizar los comentarios publicados" –prosigue el comunicado– la Fiscalía advierte de que “aisladamente” contemplados los mensajes “constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno”. Es más, los entiende como una crítica “dura” enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, “constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre”.

El ministerio público se limita a remarcar que, en su opinión, “los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior y sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual”. 

Entre esos mensajes figuraban algunos como estos: "Algún día… alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta”, escribió uno de los miembros del chat en línea con el WhatsApp favorable a los fusilamientos masivos. El autor del texto sobre la necesidad de liquidar a 26 millones de españoles, el más descarnado de la serie, es el antiguo general Francisco Beca. Primero en la lista de firmantes de una de las cartas al rey, Beca es un partidario de Vox que temía la ilegalización de la ultraderecha. Su nombre figura en el manifiesto de defensa de Franco que en 2018 suscribieron más de 500 militares retirados.

El PP ha decidido mantener de momento en el frigorífico una pregunta parlamentaria que anticipaba polémica. Fechada este lunes aunque no ha llegado a presentarse en el Registro del Congreso, una copia de la pregunta obra en poder de infoLibre y en ella se reprocha de manera implícita a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el contenido de su discurso en la Pascua Militar e inquiere sobre si cree que los exmilitares deberían "ver restringido alguno de sus derechos civiles". En su alocución durante la ceremonia castrense y aun sin citar a nadie de forma expresa, Robles calificaba de “insignificante” minoría con “delirios” a los militares retirados que participaron en el chat cuyos miembros proponían fusilar a 26 millones de hijos de puta y a aquellos que enviaron y difundieron públicamente cartas al rey pobladas de ataques al Gobierno.

Fuentes del grupo parlamentario del PP han asegurado que la iniciativa no se ha registrado aún porque el partido se encuentra en espera de que pueda hacerse de forma presencial y con la firma de quienes la presentan en lugar de con la rúbrica de la portavoz, Cuca Gamarra, como exige la tramitación telemática. Y que no pueden confirmar aún cuál será la redacción final del texto. En el original no consta exposición de motivos: es decir, no se explica a qué hechos exactos se refiere la pregunta, lo que acrecienta las dudas que genera su enunciado. Según el PP, “el espíritu que guía” a esta iniciativa no es defender a los miembros del chat ni a los firmantes de las misivas a Felipe VI sino “que no se mezcle a la mayoría de los militares retirados con quienes han participado en el chat”. “Pablo Casado ya dejó clara su condena al chat”, recalca la fuente.

El documento que ha llegado a manos de este periódico muestra cómo la pregunta original va encabezada por el portavoz del PP en la comisión de Defensa, el antiguo general de división del Ejército de Tierra Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, y firmada por otros 12 parlamentarios. Entre ellos figura el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos. Otras fuentes del partido sostienen que algunos diputados aparecen como firmantes de iniciativas simplemente porque forman parte de la comisión parlamentaria especializada en la materia. Y que conocen su contenido solo cuando ya han sido presentadas. 

La iniciativa plantea a la ministra Margarita Robles respuesta a tres preguntas concatenadas. La primera es la que genera dudas sobre si el PP persigue con esta iniciativa defender a los firmantes de las misivas al rey, a los miembros del chat de los fusilamientos o a todos los protagonistas de ambos episodios, buena parte de los cuales suscribieron en 2018 un manifiesto de adhesión a Franco.

La redacción original del texto presenta así la primera de las tres preguntas: “¿Cuál es la razón por la que la Ministra de Defensa cuestiona públicamente el derecho que asiste a los militares retirados, como ciudadanos de pleno derecho que son, a expresar públicamente su punto de vista sobre cualquier materia, dentro de los márgenes de las leyes?”.

La segunda dice lo siguiente: “¿Cuál es el precepto legal que, en opinión de la Ministra de Defensa, pudiera vulnerarse por parte de estos militares retirados al expresar públicamente su punto de vista?”. 

Y la tercera cierra lo que ofrece todos los visos de una defensa abierta de los protagonistas de hechos que en los dos últimos meses han reabierto el debate sobre la permanencia de la cultura del franquismo en las Fuerzas Armadas: “¿Considera la Ministra de Defensa que los militares retirados deberían ver restringido alguno de sus derechos civiles como consecuencia de su previa trayectoria profesional?”.

"¡Por fin!" Son las dos palabras que un militar en activo recuerda haber pronunciado cuando este lunes leyó en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa la orden que exige a las escuelas militares potenciar la enseñanza de los valores democráticos y cumplir el principio de neutralidad política al tiempo que prohíbe toda "simbología" contraria a los preceptos constitucionales. Al igual que el uniformado que pide que no se le identifique en el texto, distintos analistas consultados por este periódico coinciden en que la instrucción dictada por la Subsecretaría de Defensa reconoce que la cultura franquista o de ultraderecha representa un problema para el Ejército. Y que, aunque en absoluto puede considerarse suficiente, la norma "pone límites" a ese poso de la dictadura que pervive y que alimenta episodios como los que en los dos últimos meses han manchado la imagen de unas Fuerzas Armadas prestigiadas por su intervención en otros países o, ahora, en el temporal que ha paralizado media España. Y esos episodios, directamente vinculados al legado de la dictadura, van desde el envío de cartas al rey cargadas de ataques al Gobierno y firmadas por buena parte de quienes suscribieron el manifiesto de adhesión a Franco hasta la inserción del hundimiento en plena Guerra Civil de un submarino de la "escuadra roja" como efeméride a conmemorar en una escuela naval. En medio, el chat de los militares retirados que desveló infoLibre y algunos de cuyos integrantes proponían fusilar a 26 millones de ciudadanos.

Profesor titular de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y del Franquismo, Gutmaro Gómez cree que la norma es "un paso importante, que debería ser implementado en función de su evolución", es decir, aplicado a todas las Fuerzas Armadas: la clave, ahora sí, reside en que "expulsa todo comportamiento antidemocrático" ligado al "tufillo nostálgico" que durante años pasó oficialmente inadvertido. El director de un grupo tan involucrado en el desarrollo de la memoria histórica subraya el valor simbólico de la orden con un argumento: el hecho de que se haya dictado "significa que lo sucedido en los dos últimos meses daña mucho su imagen", la del Ejército. Y ello con independencia de cuánto pesa el franquismo en el Ejército. Y por eso el Gobierno ya ha decidido actuar. 

Jorge Bravo, portavoz de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), coincide en que hay que hacerlo extensivo a todas las FFAA: "Es una iniciativa buena, pequeña, pero tiene que haber más". Pero la ven positiva. "Está alertando a los centros de enseñanza, a los mandos", opina en la misma línea el historiador militar Fidel Gómez.  

Desde la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), su presidente, Marco Antonio Gómez, minora la relevancia de la orden pero porque, como incide cuando la prensa le requiere su opinión, huye de todo diagnóstico que quepa definir como político. "Lo que hace la orden –dice– es recordar a las escuelas su obligación, que ya existía. Pero recordar las obligaciones es importante y todo lo que haga el ministerio para que se cumplan es positivo: no puede ser que se dicten normas que luego no se acatan". Gómez –el tercero de la lista de consultados con ese apellido aunque no mantienen vínculos familiares– ilustra su posición con un ejemplo: "A un superior siempre le hablo de usted o le llamo usía si así le corresponde. En cambio, muchos superiores tutean a sus subordinados y les faltan así al respeto. Pues bien, nosotros le estamos pidiendo al Ministerio que haga un recordatorio de que hay que cumplir las normas de respeto. Aquí ocurre igual: se les está diciendo a las escuelas militares que deben hacer lo que está en la norma".

Como Marco Antonio Gómez, tampoco los demás consultados cree que la orden vaya a disparar el número de sanciones por incumplimiento: al contrario. Los militares, señalan casi al unísono en sus respectivas conversaciones con infoLibre, tienen claro en general el concepto de disciplina. Y aunque las bases esenciales que cimentan la orden ya figuraban en la legislación vigente, su contenido resulta ahora inequívoco.

"Un goteo constante" de episodios antidemocráticos

La nueva instrucción, opina Fidel Gómez, nace como "consecuencia de un goteo que ha sido constante" en los más de 40 años de democracia y que los sucesivos Gobiernos habían orillado como si no existiera. Ni Gómez ni ninguno de los otros expertos que coinciden en el análisis deslizan siquiera el término dontancredismo. Pero es lo que describen: el problema "no se había tocado nunca", remarca Gómez.

Y lo sucedido en los dos últimos meses, desde las cartas al rey al chat pasando de nuevo por el vídeo donde alumnos de la Escuela Naval de Marín corean el himno de la División Azul, todo ello es consecuencia de ese goteo constante. "Si en una gota del océano encuentras algo, sabes que ese algo se encuentra en el océano", resume el historiador. "¿Cómo es posible que una ministra tenga que alzar la voz?", se pregunta en referencia directa al discurso donde la titular de Defensa, Margarita Robles, asestó un mazazo a quienes, ya retirados pero haciendo uso de su antiguo rango militar, protagonizaron los más graves incidentes de la lista: las cartas y el chat. 

Robles no los mencionó. Como tampoco la instrucción cursada a las escuelas militares menciona de forma explícita los comportamientos enraizados en la doctrina franquista ni en cualquier otra modalidad de la ultraderecha. Pero, como admite el portavoz de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, "implícitamente sí que va en contra de esas actuaciones y del poso franquista". Y eso significa que, en efecto, por primera vez un Gobierno reconoce la existencia de un problema que "se sigue transmitiendo por capilaridad" en las Fuerzas Armadas y que explica, por ejemplo, que los cuarteles permanezcan "llenos de nombres franquistas" en el  callejero interior. La nueva norma sobre las escuelas militares, sostiene Bravo, "ha sido una manera fina de empezar a poner coto a que se prodiguen valores no democráticos en las Fuerzas Armadas". Pero hay que extender esa política al resto de las Fuerzas Armadas. Y eso -recuerda- no está en manos de la Subsecretaría de Defensa a cuyo frente se encuentra Amparo Valcarce sino de la ministra. 

El verbo correcto, entienden tanto Fidel Gómez como Jorge Bravo que significa la instrucción destinada a las escuelas militares, es exactamente ese: empezar. Porque ambos creen que con la norma empieza a abordar de una vez cambios que, por ejemplo, recuperen para las nuevas generaciones las figuras militares que el franquismo enterró literal o metafóricamente por su lealtad a la República. O que, como desliza Bravo en lo que para cualquier lego en materia militar resulta extravagante, introduzca en el currículo de las academias militares el estudio de la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. El proceso de formación de los nuevos militares, insisten casi a coro los expertos, es esencial. 

"La norma es eficaz como aviso a navegantes, como aldabonazo, y probablemente reducirá drásticamente las salidas de tono tipo efemérides"efemérides. Otra cosa es si conseguirá que los centros de enseñanza militares sean proactivos en los contenidos de valores democráticos, y aquí, lógicamente, soy pesimista...". Así lo resume Fidel Gómez.  Pero, al igual que los restantes consultados, no cree que la instrucción cursada a las escuelas cierre de golpe la puerta de un legado, el franquista, que se afianzó sin que nadie lo combatiera. 

"Al Ejército nadie debe decirle qué debe hacer en las Academias"

El único de los sondeados que difiere en todo de los anteriores es el coronel retirado Leopoldo Núñez, que ahora preside la más que conservadora Asociación de Militares Españoles. Núñez cree "inútil" la norma dictada para las escuelas militares porque "si han jurado bandera se comprometen a defender la Constitución y todo lo demás sobra por completo".

Firmante de una de las cartas dirigidas al rey por mandos jubilados que definen como "socialcomunista" al Gobierno y le acusan de poner en grave riesgo la unidad de España, Núñez figura también en otra lista de firmas: la de quienes en 2018 lanzaron el manifiesto de adhesión a Franco.

Según sus palabras, no se trataba de un texto de adhesión sino de "respeto a la persona como profesional". ¿Debe respetarse a quien tras un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo envolvió al país en una guerra civil e instauró luego una dictadura? "Eso es lo que dice un porcentaje de la población, y hay otro porcentaje que dice otra cosa". Al Ejército, concluye, "nadie debe decirle qué debe hacer en las Academias porque el Gobierno lo que hace es solo administrar las Fuerzas Armadas y nada más".

Los expertos sostienen que esa limpieza depende en gran medida del proceso de formación de quienes empezarán a  mandar como oficiales en cuanto salgan de las distintas Academias. Es así como el ruido de los libros condena al silencio al ruido de los sables. Frente a quienes, como Domínguez, hoy integrante del Foro Milicia y Democracia, creen que en las Fuerzas Armadas aún muchos viven en un mundo paralelo regido por el temible espíritu del franquismo, el Ministerio de Defensa saca pecho, minimiza el peso de las llamadas a fusilamientos masivos o a nuevos alzamientos y exalta la composición de unos cuerpos militares cuya media de edad se sitúa en 38 años: ni siquiera generacionalmente "representan nada" los integrantes del chat de la XIX, repite el Ministerio. 

"Si en algún sitio priman los principios de igualdad, mérito y capacidad es el Ejército, que es un reflejo de lo mejor de la sociedad", remarca Amparo Valcarce, subsecretaria de Defensa y cuyo equipo guía y supervisa los procesos de preparación militar. "En el reclutamiento –añade Valcarce– todos están igualados": por las notas de Selectividad [ahora, la EvAU], al margen de las psicofísicas. Y todos siguen luego un programa de formación militar "basado en los valores constitucionales, en el respeto a la diversidad, a la igualdad, a la pluralidad y que concede mucha importancia a la formación ética". Este curso asisten 5.300 alumnos a las academias de oficiales y suboficiales, categoría esta última en la que sargento figura como el punto más alto. 

"Un antes y un después"

En opinión de Valcarce, "hay un antes y un después de la Ley de la Carrera Militar de 2007Ley de la Carrera Militar y eso lo tienen clarísimo el presidente y la ministra". Pero lo cierto es que si bien el sistema de reclutamiento y el de formación han introducido cambios sustanciales –cualquier aspirante a oficial ha de poseer o estudiar un grado universitario que también financia el Ministerio y las notas de corte para su admisión resultan abrumadoras–, expertos como el historiador militar Fidel Gómez piensan que la fórmula empleada luego para los ascensos es neutra en lo formal aunque no siempre en la práctica. Entre los mandos en activo resulta habitual encontrar sonados y sonoros apellidos de los que aparecen en las cartas al rey escritas semanas atrás por mandos retirados con un discurso que enlaza de manera atronadora con el de Vox. En esas misivas, sus autores alertan de "grave riesgo" para la democracia. Y lo hacen apenas dos años y medio después de que muchos de ellos firmasen un manifiesto de adhesión inquebrantable a Franco. 

La subsecretaria acepta hablar con este periódico, pero solo sobre cómo funciona y en qué consiste el sistema de enseñanza militar que, además de un denso programa de estudios financiados, alimenta, viste y paga a los alumnos una "prestación económica" mensual de 360 euros en el primer tramo y de 480 en el segundo. Otras fuentes del Ministerio que piden no ser identificadas sí responden cuando la pregunta va dirigida a averiguar cómo, si la ley de la carrera militar ha actuado como un verdadero bálsamo de Fierabrás, se explica que soldados cuya edad no sobrepasa los treinta y pocos a tenor de su apariencia celebren una fiesta haciendo el saludo nazi y cantando el himno de la División Azul. Es decir, el de aquella división formada por voluntarios españoles que con el aliento del Gobierno de Franco se sumaron nada menos que a las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Para episodios como el de la fiesta organizada en Paracuellos del Jarama, desvelado por el digital La Marea, las fuentes consultadas no ofrecen respuesta que ayude a entender qué está pasando, si es que algo de relevancia pasa. Se aferran al recordatorio de que actos como ese resultan "intolerables" y que el Ministerio ya ha impuesto sanciones. 

En un artículo sobre la reforma de la enseñanza militar publicado en 2016, la investigadora de la Universidad de Zaragoza Isabel Adé inserta como premisa lo siguiente: "El proceso de modernización y democratización de las fuerzas armadas durante los procesos de transición después de regímenes autoritarios no es completo si no se lleva a cabo una profunda reforma de la enseñanza militar". Y esa enseñanza –añade– "además de un mecanismo de control ideológico fundamental, es uno de los principales ámbitos de socialización de los militares", escribe. A renglón seguido, Adé lanza el aviso: "La reticencia por parte de la cúpula militar a ceder sus competencias suele ser un indicador de corporativismo institucional. De ahí que el control civil sobre los ejércitos implique también que sea el gobierno democrático quien diseñe y dirija la educación militar. Estas son algunas de las razones que explicarían por qué la reforma del sistema de enseñanza militar suele ser una etapa crucial en los procesos de transición y consolidación democrática".

Desde luego, la subsecretaria de Justicia habla orgullosa del nuevo sistema de enseñanza militar. Y lo hace desgranando, por ejemplo, notas para el acceso a los grados universitarios que cortan literalmente la respiración: "En Medicina, que se hace con la Universidad de Alcalá de Henares, la nota de corte es 13,135" , superior a la más alta del elenco universitario, la de la Autónoma de Madrid.

¿Pero borra la huella del franquismo ese sistema, que –remarca Valcarce– recluta futuros mandos "en todas las clases sociales y en toda España" y les "compromete de manera solemne" con la Constitución?  ¿Está garantizado que quienes estudiarán Ingeniería de Máquinas Navales–los de Marina– o Ingeniería de Organización Industrial –los restantes salvo los de cuerpos comunes como médicos, enfermeros, veterinarios, jurídicos, etc.– lo harán en un clima de absoluto respeto a los valores democráticos? ¿Por qué, como denunciaron días atrás en Galicia varios presos políticos del franquismo el callejero del Arsenal Militar del Ferrol mantiene intactos nombres de golpistas?  "Por supuesto que esos nombres se eliminarán", aseguran fuentes del departamento que dirige Margarita Robles. "El marco jurídico para hacerlo es la Ley de Memoria Democrática", ya en trámite parlamentario con la oposición frontal de Vox y la renuencia del PP. 

El documento oficial que preceptúa las líneas de actuación en cuanto a enseñanza militar dedica un apartado al "fortalecimiento de los valores". Los centros militares –dice el texto– deben continuar en su esfuerzo para fortalecer los valores que "como ciudadanos y militares tienen los miembros de las Fuerzas Armadas". ¿Cómo? "Potenciando el conocimiento y respeto de los deberes y derechos fundamentales contenidos en la Constitución española, en la legislación vigente y en los tratados internacionales suscritos por España". 

El plan de estudios que ofreció un militar un año antes del 23F... y que le terminó costando caro

Todo lo anterior se resume en una pregunta, la de si basta el nuevo sistema de enseñanza militar para que se cumpla el principio formulado por el politólogo estadounidense David Pion-Berlin y que Isabel Adé menciona en el artículo antes citado: que "el desarrollo, la calidad y la supervivencia de un sistema democrático dependen de la capacidad del Gobierno de convertir a las Fuerzas Armadas en instrumentos a su servicio y al de la política y no al revés".

En España, algunos analistas creen que, aun habiendo recorrido el Ejército una distancia sideral gracias a la renovación generacional y, mucho, gracias también al nuevo sistema de enseñanza militar, los rescoldos de la dictadura no se han apagado. Entre quienes así opinan se cuenta el general retirado José García Rodríguez, que en el último bienio del Gobierno de Felipe González (1994-1996) dirigió la Academia General del Aire (AGA) en San Javier (Murcia).

Antiguo asesor del ministro Narcís Serra y autor de una obra que destapa documentos inéditos sobre la conspiración que condujo a la rebelión militar de 1936, García Rodríguez detalla cómo en febrero de 1980, justo un año antes del 23F, publicó en la revista oficial del Ejército del Aire un artículo que terminó costándole caro. Bajo el título Algunas consideraciones sobre el militar y la política, el entonces comandante a quien estudiar en horario de tarde-noche y ya con cuatro hijos la carrera de Ciencias Políticas le hizo caerse del caballo y descubrir el valor de la democracia escribió lo que pensaba. Y aquello le hizo topar con un muro de piedra. Topar o golpearse: "Propuse un plan para democratizar el ejército pero no tuve respuesta oficial y sí críticas". En diciembre de 1981 llevaba ya casi cuatro años como profesor raso en San Javier tratando de infundir a los alumnos "los principios democráticos" con lecciones sobre sociología, política y pensamiento filosófico. "A final de año una señora publicó una carta en prensa donde se quejaba de que el general que dirigía la escuela se oponía a las clases que se estaban dando. A las 48 horas, se presenta en mi casa un soldado el 2 de enero, me entrega una carta confidencial y al día siguiente me arrestan por orden del general. Se creía que la de la carta era mi mujer". 

En su propuesta de plan de estudios, García Rodríguez proponía reforzar la formación humanística para, en línea con la máxima de Pion-Berlin antes enunciada, transmitir a los futuros mandos que un militar se debe a los civiles. En sus conclusiones, García Rodríguez introdujo este punto sobre cómo debía funcionar la enseñanza militar: que los miembros de las Fuerzas Armadas, desde el primer peldaño al último, "deben recibir una formación, no un ADOCTRINAMIENTO, de carácter político, en el que se les recuerden sus derechos y deberes como ciudadanos y se les inculque el valor del funcionamiento de las instituciones democráticas, que el orden constitucional vigente señala". 

Lo escrito por García Rodríguez hace 40 años sobre la formación humanística conserva plena validez para otros expertos. Por ejemplo, para el capitán psicólogo del Cuerpo Militar de Sanidad Juan Antonio Martínez Sánchez, quien en un artículo publicado en 2016 en la revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) destacó lo siguiente: "En el contexto actual de reforma de la enseñanza militar es necesario conceder mayor importancia a la formación humanista del alumno, impulsando la enseñanza de los valores y convirtiéndolos en el punto central del proceso educativo".

Así que si lo planteado por García Rodríguez en 1980 no ha decaído, ¿por qué no llevó a efecto aquel plan de democratización cuando en 1994 él mismo alcanzó la cúspide de la Academia General del Aire? Y es al contestar cuando el militar que hoy dedica su tiempo a rescatar documentos que alumbran los prolegómenos del golpe de 1936 siembra dudas que enlazan con el temor expuesto por otro antiguo general, José Ignacio Domínguez, en el primer párrafo: "Porque no tuve fuerza suficiente para imponerlo". Ni la tuvo luego para seguir ascendiendo. ¿Y por qué? Porque se opusieron quienes tenían poder para auparlo o dejarlo literalmente fuera de la primera división: "En las Fuerzas Armadas, todos los nombramientos importantes son de libre designación. Y si se cojea porque el que quiere ascender es rojillo no le dan entrada, ese es un peligro"cojea . El antiguo general asegura que fue excluido de ascenso tras la victoria de José María Aznar en las elecciones de 1996. En 2003 pasó a la reserva y finalmente se jubiló.

La proclamada defensa de la Constitución en su 42 aniversario y la alerta contra el "grave riesgo para la democracia" que la política del Gobierno representa para los firmantes del último manifiesto de antiguos mandos militares, todo ello ha topado con una contradicción: 92 de los 270 primeros signatarios del texto, que el lunes ya había recabado más de 400 firmas, se cuentan entre quienes en julio de 2018 suscribieron una "declaración de respeto y desagravio" a Francisco Franco.

Es decir, al menos un tercio de quienes ahora acusan a la coalición gubernamental de dañar "la convivencia de los españoles dentro del espíritu de nuestra Constitución de 1978" respaldaron hace apenas dos años y medio un texto abiertamente favorable al caudillo de un régimen nacido tras aplastar el orden constitucional de la República con un golpe de Estado al que siguió una guerra civil de tres años y cuatro décadas de dictadura. Aquel manifiesto de exaltación del dictador enfatizaba que se le debe "gratitud". Y le definía como "un militar ejemplar" cuya figura se ha visto  "vilipendiada hasta extremos inconcebibles". 

Al frente de quienes ahora rubrican el más reciente ataque de antiguos uniformados contra el Ejecutivo por poner "en peligro" la unidad de España, buscar el "sometimiento" del poder judicial e imponer "un pensamiento único" con las leyes de Educación y Memoria Democrática se encuentra Emilio Pérez Alamán, que alcanzó el rango de teniente general. El lunes, en una entrevista en el programa Todo es Mentira, Alamán se negó a condenar el denominado Alzamiento Nacional: "No fue un golpe de Estado, fue una reacción cuando apareció el Frente Popular". Eludiendo ofrecer una respuesta directa, esas fueron sus palabras después de que en tres ocasiones se le preguntase si considera correcto lo sucedido el 18 de julio de 1936. A diferencia de los tres manifiestos anteriores, dos de ellos dirigidos al rey y uno al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, este carece de destinatario definido.

El de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los apoyos a este nuevo manifiesto con mayor significación por cuanto proviene del cargo institucional del partido con más relevancia. El domingo, efeméride del referéndum que en 1978 consagró la Constitución y el sistema de libertades, Ayuso dijo compartir la "literalidad de la carta". Parte del Gobierno –añadió– quiere "derrocar la Constitución".

Los 92 militares retirados que al igual que Alamán hacen doblete al haber enarbolado en 2018 la defensa del dictador y ahora la de la democracia en lo que constituye un claro ataque al Gobierno amparado por la libertad de expresión son 17 antiguos generales, 51 coroneles, 11 que alcanzaron el grado de teniente coronel, un almirante, ocho capitanes de navío y cuatro comandantes. Como adelantó El País, entre quienes han estampado su nombre junto a su antiguo cargo en esta nueva declaración aparece un condenado por el 23-F, el comandante Ricardo Pardo Zancada. Y un nieto de Franco, Cristóbal Martínez-Bordiú, que como asegura el rotativo del grupo Prisa abandonó el Ejército cuando no llevaba ni dos años de servicio.

Los redactores de esta nueva declaración, la cuarta de la serie y la de mayor envergadura por el número de firmas, han tomado la precaución de desmarcarse del "chat privado" de la XIX del Aire. O lo que es lo mismo, de la cadena de WhatsApp donde, como desveló infoLibre, el antiguo general Francisco Beca se mostraba convencido de que había que "fusilar a 26 millones de hijos de puta". Beca es quien encabeza la primera de las dos cartas dirigidas al rey con el objetivo oficial de defender la democracia y la Constitución. Suscrita por 39 antiguos mandos, la misiva se dató el 10 de noviembre pero su existencia solo se conoció tras salir a la luz la que dos semanas más tarde enviaron a la Zarzuela 73 antiguos miembros del Ejército de Tierra. La carta que falta para completar la serie había partido el 3 de noviembre suscrita también por la XIX del Aire. Pero su destinatario era el presidente del Parlamento Europeo.

El soporte de difusión, un digital de extrema derecha con Mario Conde y Pío Moa entre su articulistas

El nuevo manifiesto y la relación de adhesiones fue publicada el viernes por el digital ultraconservador El Correo de España [puedes ver el texto y las primeras 270 firmas pinchando aquí]. La lista nominal de adhesiones adicionales puedes consultarla aquí.

Editado por Sierra Norte Digital SL, en el listado de articulistas habituales en ese medio coinciden, por ejemplo, uno de los promotores del manifiesto junto con Pérez Alamán, el exgeneral Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco; el antiguo banquero Mario Conde; el escritor Pío Moa, alineado con las tesis del revisionismo franquista; y Eduardo García Serrano, director de La Gaceta hasta 2019 con Intereconomía. La GacetaEl fundador y jefe de Intereconomía–Julio Ariza– así como al menos uno de sus hijos –Gabriel– poseen una relevante presencia en el universo de Vox. De hecho, es la fundación del partido de Santiago Abascal, Disenso, la que desde el 12 de octubre edita lagaceta.es. 

Salvo los nombres de los firmantes de esta última declaración que ya han sido publicados en distintas informaciones de otros medios sin rectificación o matiz por parte de ninguno de los citados, infoLibre omite la identidad de los restantes: no ha sido posible contactar con los 92 que suscriben el nuevo manifiesto y que sellaron también con su firma la exaltación de Franco en 2018. Pero distintas fuentes militares consultadas conceden crédito a la nómina de firmantes: por la trayectoria de cada uno de ellos y por las características del digital que la ha divulgado. La primera lista incluye en realidad 271 nombres pero uno de ellos, el del antiguo coronel Fernando S. P., aparece repetido con idéntica graduación.

La duplicidad de quienes hace dos años y medio salieron en tromba a defender a Franco y ahora la democracia no se observa solo en el manifiesto que va ya por 400 firmas. La semana pasada, InfoLibre  comprobó que entre los firmantes de la carta al rey de Los 73 de Tierra hay al menos 10 jubilados cuya identidad y cargo militar aparecen en el manifiesto de adhesión al dictador.

Publicado en 2018 por El Confidencial Digital (ECD), la Declaración de respeto y desagravio al general D. Francisco Franco Bahamonde, "soldado de España"iba acompañada de un relación nominal de signatarios. Pero, aunque citando fuentes de Defensa, ECD señaló que había recabado más de 1.000 firmas, solo trascendieron 542. El texto se centraba en "la defensa" de la figura "hoy vilipendiada hasta extremos inconcebibles" del caudillo, objeto de la "perversa pretensión de exhumar sus restos". Puedes consultar la lista que publicó ECD pinchando aquí.

¿Alguno de los 541 exmilitares identificados en ese inventario de firmantes ha comunicado en algún momento de estos casi dos años y medio a ECD que jamás rubricó aquella Declaración de respeto y desagravio? "Nunca", responde tajante José Apezarena, editor de ECD. "Hubo alguien que protestó porque su nombre se hubiera publicado pero nadie desmintió la veracidad de la lista", explica el periodista. Fuentes consultadas ahora por este periódico aseguran que, en efecto, el manifiesto obtuvo más de un millar de apoyos. "Pero quiénes son lo sabrá Defensa", sostiene uno de los sondeados.

Lo anterior significa que puede ser mayor la duplicidad de firmas detectada en el manifiesto en favor de Franco y las cartas que se han ido conociendo este mes de noviembre, cuyo nexo lo constituyen graves acusaciones contra el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Por ejemplo, estas de la misiva de Los 73 de Tierra: "Las constantes alusiones a las formas de gobierno y especialmente los ataques permanentes, por miembros del Gobierno, a la Jefatura del Estado, encarnada por V. M. [Vuestra Majestad], son motivo de preocupación, pues la razón de aquellos no es otra que acabar con el «arco de bóveda" que sustenta todo el entramado de la Constitución del 78 y por tanto con esta misma". En línea con el discurso de Vox, el escrito asegura que España vive una situación de “deterioro”. La “cohesión nacional” –sostiene– corre graves riesgos, “tanto en su vertiente política como económica y social”. Tras culpar al Gobierno “social-comunista, apoyado por filoetarras e independentistas”, de amenazar “con la descomposición de la Unidad Nacional”, quienes la suscriben muestran su apoyo y lealtad al Rey “en estos momentos difíciles para la Patria”.

La carta al rey finaliza con un párrafo que, según expertos consultados por este periódico, se presta a distintas interpretaciones: "Majestad, (...) queremos dejar constancia en estos momentos difíciles para la Patria, que siempre estaremos a Su lado y podrá contar con nuestro apoyo y lealtad". 

"Ninguna contradicción" entre reivindicar a Franco y ensalzar la Constitución

De esos 10 jubilados de Los 73 de Tierra infoLibre logró localizar a dos: el excoronel Eloy Pérez Martín y su homólogo José Eugenio Pérez Payá.  

En una breve conversación telefónica, Pérez Marín negó en un primer momento haber firmado un escrito en desagravio a Franco, adujo luego que no se acordaba y cambió finalmente su posición cuando se le preguntó si cabía la posibilidad de que su nombre hubiese sido incorporado sin su autorización previa a la lista de firmantes. "Si usted me dice que hay una lista...", fue su respuesta.

Y accedió entonces a contestar la pregunta: la de si no considera contradictorio firmar hace dos años una declaración en defensa y elogio del Generalísimo y, ahora, una carta en defensa de la Constitución y los valores democráticos. El antiguo coronel respondió así: "Pues claro que no hay ninguna contradicción. Es como decir que reconoces que los Reyes Católicos reinaron y descubrieron América y después que sus hijos sus nietos y tal serían reyes. En el 36 hubo una guerra y hay que reconocer todo". La información pública disponible en Facebook indica que el exmilitar asignó la marca de "me gusta" a la delegación barcelonesa de la Fundación Francisco Franco, cuya finalidad consiste en preservar y exaltar el perfil y la obra del dictador.

El segundo contactado, José Eugenio Pérez Payá, colgó el teléfono en cuanto este periódico le formuló la misma pregunta: la de si observa alguna contradicción entre alumbrar la carta dirigida al rey donde se elogia la Constitución –"nos ha proporcionado los años más fructíferos de nuestra historia"– y haber firmado una declaración de desagravio y respeto a Franco. infoLibre volvió a marcar el número de su domicilio pero ya nadie atendió las llamadas.

El exmilitar diputado de Vox que minimiza lo sucedido en el chat de la XiX del Aire

Pero en la lista de suscriptores del manifiesto de adhesión a Franco hay dos antiguos militares cuya relevancia pública es hoy mayor que en 2018: Agustín Rosety y Alberto Asarta. Diputados al Congreso por Vox, ambos aparecen como firmantes de la declaración que hace dos años reivindicaba la valía, la honradez y el brillo del máximo responsable del golpe de Estado que en julio de 1936 dio origen a tres años de guerra civil y a cuarenta de dictadura. 

Aunque Vox se ha esforzado oficialmente en mantener una cierta distancia con lo sucedido en el chat de la XIX promoción del Aire pero sin condena de ningún tipo, la intervención en el Congreso de su diputada Macarena Olona marcó la ruta inicial. "Son nuestra gente", respondió cuando el socialista Odón Elorza retó a Santiago Abascal a explicar si también él quiere fusilar a media España. Vox puso luego énfasis en que Olona se refería a los firmantes de la carta al rey y no a los participantes del chat de la XIX del Aire. Pero ahora ha sido justamente Agustín Rosety, antiguo general de la Armada y hoy diputado por Cádiz, quien a través de su cuenta de Twitter ha minimizado lo sucedido en ese grupo de WhatsApp.

Portavoz de Vox en la comisión de Defensa del Congreso, Rosety equipara los distintos mensajes del antiguo general Beca sobre el fusilamiento de "26 millones de hijos de puta" con aquel que el hoy vicepresidente Pablo Iglesias envió en 2015 a otro chat: "La azotaría hasta que sangre", fueron sus palabras en referencia a la periodista Mariló Montero. "¿Actuó la Fiscalía entonces?", se pregunta Rosety como respuesta a la decisión del Ministerio de Defensa de pedir al ministerio público que investigue el chat de la XIX del Aire por si algunos de sus integrantes hubieran incurrido en delito.

Tuit de Agustín Rosety donde equipara los mensajes en el chat de la XIX del Aire con lo que Pablo Iglesias escribió en otro chat sobre la periodista Mariló Montero.

El otro exmilitar y hoy diputado de Vox que firmó el manifiesto en favor de Franco, Alberto Asarta, se ha mantenido en Twitter al margen del asunto. Asarta fue cabeza de lista de la formación ultraderechista por Castellón ya en las elecciones de abril de 2019 y repitió luego en las de noviembre. Al igual que Rosety forma parte de la comisión de Defensa del Congreso, pero solo en calidad de vocal. Como general, fue nombrado en 2009 jefe de la misión de la ONU en Líbano. Antes, como coronel, tuvo a su mando el Regimiento de Infantería Mecanizada Castilla 16, desde donde participó en misión militar en Irak, lo que valió la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Rojo.

El tercer militar retirado que hoy ocupa un escaño por Vox es Fulgencio Coll. En la lista de 541 firmantes de manifiesto de adhesión a Franco cuyo nombre salió a la luz no hay rastro del suyo.

El militar retirado Francisco Beca Casanova no vivió la tragedia de la Guerra Civil. Ni siquiera había nacido cuando el golpe de Estado de 1936 partió al país en dos mitades y dejó tiradas en cunetas por toda la geografía española a miles de personas cuyos restos, a día de hoy, todavía no han sido recuperados por sus seres queridos. Pero en su imaginario, o al menos así se desprende de los mensajes enviados desde su teléfono móvil al chat de La XIX del Airedesvelado por infoLibre, aquellas “maniobras” proporcionaron “algunos años de progreso”. No es de extrañar. Al fin y al cabo, esa fue la ideología de la que mamó Beca durante una parte importante de su trayectoria profesional en las Fuerzas Armadas. Un camino por el que empezó a transitar allá por la década de los sesenta, que le llevó hasta uno de los puestos más altos del escalafón –general de división– y por el que el Gobierno de José María Aznar le recompensó con una medalla al mérito aeronáutico y una Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo. “Premio a la observancia de una conducta intachable” que ahora queda en entredicho con sus ensoñaciones, y las de otros compañeros, sobre fusilamientos masivos.

El militar, que encabeza una de las cartas enviadas al rey Felipe VI en las que se asegura que el actual Gobierno tiene la pretensión de “aniquilar de raíz nuestra democracia”, siempre ha mantenido un perfil bajo. Nada de escándalos y presencia nula a nivel mediático. Su nombre apenas aparece en los periódicos. La única manera de reconstruir su vida es la escasa luz que arrojan los diferentes boletines oficiales. Nacido en los primeros compases de los años cuarenta, tiempos de autarquía y coqueteo del régimen franquista con el nazismo, el joven Beca ingresó en la Academia General del Aire allá por la década de los sesenta. Las primeras referencias que se tienen de él datan de agosto de 1963, cuando aparece en una orden por la que se le nombra caballero cadete de nuevo ingreso para el Arma de Aviación –es decir, servicio de vuelo–. Un par de años después, fue nombrado alférez alumno. No era de los mejores. Ocupó el puesto 72 de 92, mucho peor que Ángel Díaz Rivera, el de “alguien tendrá que hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta”. Su compañero de promoción, y de chat de Whatsapp en la actualidad, sacó la décima mejor puntuación.

En 1967, Beca ya ocupaba el rango de Teniente del Arma de Aviación. Y fue destinado a la Escuadrilla número 804. Luego, poco a poco, fue moviéndose. Pasó por el 21 Grupo de Fuerzas Aéreas o por el 102 Escuadrón de Fuerzas Aéreas. Y continuó ascendiendo por la escala de oficiales. Cuando al dictador apenas le quedaban poco más de tres años de vida, el militar ya tenía en su uniforme el distintivo de tres estrellas de seis puntas de capitán, tal y como figura en otro documento del Estado Mayor relativo a un curso de “controladores de interceptación” en el que se presentó como alumno, una formación que le permitió ocupar ese mismo puesto en el Escuadrón de Alerta y Control número 2. Y ya muerto Franco, le fueron llegando las estrellas de ocho puntas. Primero como comandante, luego como teniente coronel y, por último, como coronel, el último peldaño en el escalafón de oficiales rasos. Eran los años del ruido de sables dentro del Ejército –vivió el 23-F como comandante– y los de las victorias aplastantes del PSOE de Felipe González en las diferentes elecciones generales.

Pero los momentos más dulces de su trayectoria llegaron con José María Aznar en la Moncloa. Hay tres momentos clave. Primero se le promovió, en enero de 1999, al empleo de general de brigada, un salto de gigante al último escalafón de la jerarquía castrense. Y luego llegaron las condecoraciones. El 3 de diciembre de ese mismo año, el entonces ministro de defensa en el Ejecutivo del PP, Eduardo Serra, le concede la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo. Y un año después, “en atención a los méritos y circunstancias”, Federico Trillo le otorga la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. Ninguna de estas dos medallas lleva anejo un plus sobre la pensión, como sí ocurría con las que recibió el policía franquista Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. “Según está establecido, la blanca se concede por ‘méritos supuestos’. Sin embargo, lo cierto es que es un trámite habitual para los generales. Cuando llevan uno o dos años de antigüedad en el puesto, se les suele abrir un expediente directamente para su concesión”, explica a infoLibre un militar retirado. El mismo procedimiento, dice, se sigue para la otra distinción: “Se les suele dar a todos por sistema”.

Pero lo cierto es que estas medallas tienen un valor que va mucho más allá. “Las recompensas militares revisten gran trascendencia en los aspectos moral y orgánico de las Fuerzas Armadas […] al destacar a los miembros en el ejercicio del mando y demás funciones militares que legalmente les corresponden por acreditar las condiciones morales, físicas e intelectuales que se requieren para su concesión”, recoge la norma que regula las del mérito militar. En cuanto a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, su reglamento establece que tiene por finalidad “recompensar y distinguir” a los oficiales generales, oficiales y suboficiales “por su constancia en el servicio y la intachable conducta”. Todo ello, “a tenor” de lo que establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Un texto que, entre otras cuestiones, establece que el militar “guardará y hará guardar la Constitución”, respetará y exigirá valores como “la dignidad y los derechos inviolables de la persona” o “respetará y hará respetar los derechos fundamentales y libertades públicas” reconocidas en la Ley Fundamental.

Expulsión y pensión máxima

Una “intachable conducta” que choca de lleno con todos aquellos mensajes enviados desde el móvil del general de división al chat de la XIX del Aire. Si los miembros de las Fuerzas Armadas deben respetar la dignidad de las personas, desde su terminal salían mensajes como “Creo que me quedo corto fusilando a 26 millones” o “Tal y como está la situación la única forma de atajarla es extirpado el cáncer”. Tampoco encajan con su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución los textos enviados al rey para zarandear al Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos elegido democráticamente o las ensoñaciones o alabanzas a los diferentes golpes de Estado ejecutados en España a lo largo del siglo XX. Varios son los escritos de Whatsapp en este sentido. “Yo prefiero la República porque tendremos más oportunidades de repetir las maniobras del 36”, “No [fueron las únicas sublevaciones] pero solo las de Primo de Rivera y la del Irrepetible [en referencia a Franco] trajeron paz y prosperidad a España” o “La sociedad española está dividida y los buenos son más cobardes que los malos en la actualidad. Solo queda (desgraciadamente) repetir la historia”.

El Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo contempla la posibilidad de expulsar a quienes hubieran protagonizado “actos o conductas que supongan un descrédito para él mismo y para la orden, por socavar y poner en entredicho los valores y virtudes que deben adornar a cuantos pertenecen a la misma” –artículo 25–. Eso sí, limita la utilización de esa facultad extraordinaria a que “el afectado haya sido condenado por hechos delictivos en virtud de sentencia firme y que fueran susceptibles de ser considerados gravemente atentatorios a los valores de conducta ejemplar y prestigio personal que propugna la Orden”. Y eso que cuando se estaba procediendo a la reforma del texto, desde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) pidieron al Ministerio de Defensa que se introdujese un apartado para que pudieran ser expulsados quienes estando en situación de retiro ensalzasen a Franco o la dictadura. Sin embargo, un militar retirado consultado cree que en base a la “intachable conducta” que se exige se podría retirar esta distinción. Aunque no se muestra optimista: “No creo ni que vayan a tratarlo”.

En mayo de 2001, cuando su trayectoria castrense estaba en las últimas, Beca consiguió ascender a general de división. Sus últimos trabajos en las Fuerzas Armadas los hizo como director de Abastecimiento o Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico. En 2007, ya con 65 años, se retiró. Y lo hizo con una buena pensión. “Teniendo en cuenta que cotizó los últimos 15 años como oficial, le quedó la máxima: unos 2.600 euros brutos al mes, unos 2.200 netos”, explica a este diario un oficial retirado del Ejército del Aire. Desde entonces, Beca se ha centrado en su otra pasión: el canto. El 29 de mayo de 2013, en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, fue uno de los protagonistas del concierto-audición organizado por la Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo de Alarcón. Interpretó Una furtiva lácrima, romanza para tenor incluida en la ópera L’elisir d’amore de Donizetti. Entonces lo hizo sin su uniforme. Un traje que, no obstante, puede seguir utilizando en determinadas ocasiones. En concreto, según establece la ley, en “actos militares y sociales solemnes”.

Majestad, me veo en la necesidad de dirigirle esta misiva por alusiones porque, con toda seguridad, me cuento entre los 26 millones de ciudadanas y ciudadanos españoles (la expresión es otra y bien soez) a los que el antiguo general de división del Ejército del Aire Francisco Beca Casanova desea fusilar. Es verdad que este deseo fue manifestado en un grupo de Whatsapp privado, aunque con la participación de buena parte de esos mismos militares que hace unos días le han enviado no una, sino ya dos cartas acusando al Gobierno de ilegítimo, de atentar contra la unidad de España y la cohesión social. Estas misivas han sido remitidas por elementos de la XXIII promoción de la Academia General Militar (AGM) y por la XIX promoción de la Academia General del Aire, es decir, invocando su condición de exmilitares y han sido dirigidas a usted en su calidad de "Capitán general de todos los ejércitos", de acuerdo con la Constitución. A estas misivas debemos agregar el manifiesto de más de 250 exmilitares en el que "advierten" del "deterioro de la democracia". Es decir, a todas luces se aprecia una coordinación de acciones que pretenden conseguir un impacto y efecto político en la opinión pública española.

Es de agradecer que, con ocasión del 42 aniversario de la Constitución Española, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya, haya proclamado la "neutralidad política de nuestras Fuerzas Armadas", porque "están al servicio de todos los españoles, sin importar dónde han nacido o lo que piensan". Como digo, es de agradecer y espero que de verdad así sea; especialmente porque esta misiva y los chats se producen tras otros tantos años de democracia.

El fascismo, Majestad, tanto ahora como en el siglo pasado, tanto en España como en el resto del mundo, opera siempre del mismo modo. Los fascistas se apropian de la bandera, del himno, de las instituciones y de todas las señas de identidad nacional o patriótica, en particular de las instituciones armadas, dividiendo a la población entre buenos y malos, entre patriotas y traidores, convirtiendo al adversario político en enemigo. Una vez que está claro quién es quién, viene el proceso de deshumanización del contrincante, tildándolo de rata, escoria, garrapata, piojo o peste. Así ocurrió no sólo con la propaganda de Goebbels de sobra conocida, sino también durante el genocidio en Ruanda, cuando desde la radio de las Mil Colinas se difundían mensajes de odio alentando a los hutus a que mataran a los tutsis, tratando a estos últimos de cucarachas. Asimismo, el almirante de la Armada chilena en tiempos de Pinochet llegó a decir que los comunistas no eran seres humanos, sino "humanoides". O, cuando desde las máximas estructuras de la dictadura cívico militar argentina apelaban a la civilización occidental y cristiana mientras torturaban, desaparecían o autorizaban los "vuelos de la muerte".

Por tanto, Majestad, las señales están ahí y no son pocas. En distintos países de Europa, como en la propia Unión Europea, los partidos políticos del más diverso signo se han puesto de acuerdo para evitar que la ultraderecha llegue a las instituciones y, si lo hace, que su influencia y su espacio de poder sean mínimos y provoquen el menor daño posible. También ocurrió en el pasado. No está de más recordar que el gran estadista británico que fue Winston Churchill era conservador, es decir, de derechas, pero se puso al frente de la lucha antifascista contra Hitler y el nazismo. Hace poco la vicepresidenta Carmen Calvo ha recordado una famosa frase de Churchill pronunciada en momentos decisivos para Europa: "No es suficiente con hacer lo mejor que podamos. A veces, debemos hacer lo que se requiere".

Estamos todavía a tiempo, pero como la respuesta no ha sido ni contundente ni coherente en España, el fascismo ha resurgido y cada día sigue avanzando, usando sus consabidas estrategias basadas en la mentira para sembrar miedo y odio de los unos contra los otros. Estas cartas y expresiones son una muestra más de ello. Yo también estoy preocupado por la convivencia.

Creo que no hace falta recordarle, Majestad, que su padre, a pesar de toda la crítica que se le pueda dirigir durante y después de su reinado y del malestar existente en estos momentos por las conductas presuntamente a él imputables, en un momento también decisivo para nuestro país tuvo a bien desmarcarse de militares golpistas. Ya es parte de nuestro léxico común aquella famosa frase pronunciada la misma tarde del día 23F por Sabino Fernández Campo: "Ni está, ni se le espera". Horas después, el propio rey pronunciaba un discurso en el que sin ambigüedades defendía la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia. Se le critica, eso sí, que tardara demasiado, lo que a más de alguno ha hecho dudar sobre las causas de esa demora.

No cometa usted, Majestad, el mismo error. Si ha sido interpelado directamente por exmilitares, es porque ellos mismos creen, o algunos les han hecho creer, que usted puede hacer algo por ellos porque es uno de ellos. Si usted quiere que los españoles y españolas le consideremos el rey (jefe del Estado) que España se merece, creo que debería desmarcarse, dejar claro una vez más su compromiso personal con la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho y la neutralidad política de las Fuerzas Armadas, como lo ha hecho ya el JEMAD.

Tras su discurso, Juan Carlos I, además de frenar el golpe de Estado, se ganó el respeto y el afecto de millones de españoles que hasta ese momento veían la monarquía como algo ajeno e impuesto por el franquismo. Se decía en aquellos años que muchos eran más "juancarlistas" que monárquicos. Ahora usted tiene una oportunidad semejante, respecto de quienes le respetan y aprecian como rey y quienes, siendo republicanos, reconocen su valía en la Jefatura que representa.

Tal vez un intento de golpe de Estado esté todavía lejos, pero hacia allá se avanza cuando sujetos como estos se permiten actuar con descaro antidemocrático contra un gobierno legítimo, más propio de los viejos tiempos en los que la democracia estaba ausente. Y, como acuden a usted, en sus manos está detener esta deriva fascista antes de que siga creciendo. Me cuento entre esos 26 millones de ciudadanas y ciudadanos que hemos sido amenazados y estamos esperando su pronunciamiento. Majestad, dese por aludido.

Baltasar Garzón es jurista y presidente de Fibgar.

La Constitución española cumplió este domingo, 6 de diciembre, 42 años. Y la celebración, como casi todas las que han tenido lugar desde que la pandemia del covid-19 empezara a sacudir fuerte, se vio obligada adaptarse a los nuevos tiempos. Reducción de aforo, breve acto al aire libre en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados y nada de recepción a los invitados, con lo que este año se han echado en falta los tradicionales corrillos en los que las autoridades intercambian reflexiones sobre asuntos de actualidad y, en muchos de los casos, las comparten con los periodistas. Si nos atenemos a las declaraciones que los invitados fueron haciendo a su llegada al acto, la situación de la monarquía se habría llevado el título de la conversación más recurrente. Al no tratarse de un aniversario redondo, en esta celebración no había representantes de la Casa del Rey. Ellono evitó que la institución fuera la protagonista ausente de la jornada, agitada por el chat y las cartas de militares que cargan contra el Ejecutivo de coalición y por la noticia de que el rey emérito ha procedido a presentar una declaración para intentar ponerse al día con Hacienda en lo que tiene que ver con el uso de tarjetas con fondos opacos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó responder a preguntas de los medios de comunicación a su llegada al acto. Se limitó a hacer unas breves declaraciones en las que ensalzó la "vigencia" y la "fortaleza" del texto constitucional en un año tan delicado como este, en medio de una pandemia. También reivindicó que los Presupuestos Generales del Estado para 2021, recién aprobados en el Congreso con una amplísima mayoría, elevan a "máxima categoría" el "alma social" de la Constitución. Cuando Pedro Sánchez pronunciaba estas palabras ya había fijado posición sobre la información, destapada por infoLibre, que recoge un intercambio de mensajes de Whatsapp entre integrantes de la XIX promoción de la Academia General del Air. En ellos, altos mandos militares retirados intercambian proclamas sobre fusilamientos y golpes de Estado. Lo había hecho en una entrevista concedida a El Periódico.

"Franco ha salido del Valle de los Caídos, pero sigue en la cabeza de unos cuantos", responde el presidente preguntando al respecto, al tiempo que califica a estos militares retirados como un "grupo de nostálgicos marginales". No obstante, considera que "lo verdaderamente preocupante es la propagación de los mismos mensajes de odio desde tribunas políticas que no son marginales".

El pasado jueves, el Ministerio de Defensa trasladó a la Fiscalía las informaciones publicadas por este diario para que investigue su contenido. La ministra Margarita Robles considera que los participantes en el chat "se representan a sí mismos y hacen un flaco favor a las Fuerzas Armadas y al rey".

Sánchez fue el último dirigente político que se acercó al micrófono habilitado en el Patio de Floridablanca para que los líderes o portavoces de las formaciones y los presidentes autonómicos hicieran declaraciones a la prensa. El primero en hacer uso de la palabra había sido el secretario primero del Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello. Según dijo, "ninguna operación de sables oxidados", en referencia al grupo de militares retirados que han lanzado duras críticas contra el Ejecutivo en los últimos días, va a impedir que exijan "acabar con los privilegios" de la Corona.

"No van a conseguir que renunciemos a la igualdad de todos ante la ley, también de la monarquía, que no es una institución escogida por la ciudadanía", destacó. "Cuando se defiende la justicia fiscal frente a los privilegios de unos pocos ya se está defendiendo ese republicanismo", añadió. Su compañero de grupo parlamentario, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se refirió de forma expresa a la información de El País que apunta a que Juan Carlos I ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar la situación a lo que afecta sólo a las tarjetas con fondos opacos. 

"Menudo día ha elegido Juan Carlos I para confesar que ha defraudado a la Hacienda española", ironizó. A su juicio, cuando el rey emérito quiere regularizar la situación fiscal "lo hace porque le han pillado y ha defraudado a Hacienda". "Es una confesión", sentenció.

La derecha opta por reivindicar el "legado" de Juan Carlos I

En el lado de la derecha política, la nota dominante fue la defensa de la monarquía y del legado del rey emérito. El presidente del Partido Popular mantuvo que él se queda con el "legado" del emérito como "arquitecto de la Transición y para ser pieza imprescindible en la recuperación de las libertades, de la democracia y a la hora de elaborar esta Constitución". Y redujo sus presuntos delitos fiscales al ámbito de lo privado. "Los asuntos que haya hecho de forma privada entran dentro de otro poder del Estado, que será el que tenga que dilucidar si hay alguna responsabilidad", aseguró Pablo Casado, en alusión a las investigaciones judiciales. 

La de este domingo no fue la primera vez que Isabel Díaz Ayuso elogiaba el papel de Juan Carlos I. La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso entrar al fondo de la información sobre la situación fiscal del emérito. Se limitó a señalar que "ha tenido un papel fundamental para que todos los españoles de izquierdas, de derechas y sin bandos, nos fundamos en un abrazo y en un texto como el que nos ha traído hasta aquí", dijo en alusión a la Constitución. "Este país le debe mucho al rey Juan Carlos y si hay un buen día para reivindicar su legado y su figura, es éste", destacó.

Más explícita se mostró al referirse a las cartas enviadas al rey por grupos de militares retirados al asegurar que comparte las inquietudes expresadas por estos ex integrantes de las Fuerzas Armadas porque, a su juicio, hay miembros del Gobierno que estarían de acuerdo con "derrocar la Constitución".

Sin entrar al contenido de los Whatsapp desvelados por infoLibre, Ayuso puso el foco en la carta firmada por 271 militares retirados y en la que se ofrecen a "revertir la peligrosa deriva de nuestra Patria ante un Gobierno que ha cedido a comunistas, golpistas y proetarras". Su impulsor es el general de brigada retirado Juan Chicharro, actual presidente de la Fundación Francisco Franco.

Más esquivo se mostró el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también del Partido Popular, que optó por defender a la monarquía sin entrar en más consideraciones. "La monarquía ha estado a la altura de lo que necesita nuestro país, de respeto a la diversidad y la pluralidad, y tengo que insistir en la figura esencial del rey Felipe VI como símbolo de la Nación española. Reitero que lo principal es defender la institución monárquica y sentirnos orgullosos del rey Felipe VI".

Vox y "los enemigos" de la Constitución

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tenía muy claro este domingo el mensaje que la extrema derecha quería dejar en este 42 aniversario: "Los enemigos de la Constitución están en el Gobierno y quieren acabar con la monarquía parlamentaria".  Sobre los problemas de Juan Carlos I con Hacienda, en Vox dicen no tener "una especial opinión". "El Rey emérito tiene el derecho de todos los españoles a acogerse a la normativa fiscal en las mismas condiciones que el resto de españoles", dijo Espinosa a los medios de comunicación.

El líder de Vox, Santiago Abascal, no acudió a la celebración y prefirió presidir un acto de partido en Barcelona. En la misma ciudad estaba la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Coincidiendo con este día, la formación naranja registró en el Cámara Baja una proposición no de ley "relativa a la defensa y conmemoración de la Constitución". En uno de los puntos pide asegurar "el debido respeto a las instituciones, la bandera española, el himno nacional y los símbolos oficiales del Estado, especialmente a la figura del rey, Felipe VI, como Jefe de Estado".

El PNV pide a Felipe VI que "hable claro" y ponga "límites"

El portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, no acudió a los actos de celebración del 42 aniversario de la Constitución. Pero fijó posición sobre estos temas con una rueda de prensa que ofreció Bilbao. El dirigente nacionalista dijo echar en falta una respuesta del rey Felipe VI a las cartas de los militares y a los mensajes vertidos en el chat desvelado por este periódico. Demandó al rey que "hable claro" y le ponga "límites" porque, "de forma inaceptable", intentan "traspasar límites" del marco democrático. También le advirtió de que su silencio "puede ser malinterpretado" y se extrañó de que "los que están ahora dentro del Ejército no se manifiestan". "Hay una sensación de que puede no salir gratis, por decirlo de alguna manera, y sí una cierta sensación de impunidad a aquellos que lo han dejado [el Ejército], pero es gente que no lo ha dejado hace tanto tiempo y que han sido, muchos de ellos, cúpula", advirtió, según informa Europa Press.

Sobre el episodio del intento de regularización fiscal, consideró que los hechos no ocurrieron solo después de que Juan Carlos I dejara la Jefatura del Estado, sino que era "algo habitual". En este contexto, mantuvo que la inviolabilidad, tal como la interpreta la Constitución, "chirría, tiene menos sentido que nunca". "En una democracia consolidada es inaceptable", dijo al tiempo que consideraba que todo ello "hace más que urgente que la Constitución sea modificada". "O la Casa Real empieza a ser un poco más consciente de lo que está ocurriendo o se puede llevar un susto a medio plazo", avisó.

El PNV fue la primera formación política que reaccionó políticamente a las informaciones de infoLibre sobre el chat de la XIX. Lo hizo registrando en el Congreso una pregunta para su respuesta por escrito en la que pedía al Ejecutivo que aclarase si iba a hacer algún tipo de "investigación".

Además de los nacionalistas vascos, ERC y EH Bildu tampoco hicieron acto de presencia en la celebración del 42 cumpleaños de la Constitución, lo que dio pie a dirigentes de las formaciones de la derecha a criticar al Gobierno por haberse apoyado a la hora de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado estas formaciones.

El clima de enfrentamiento político que se ha vivido en los últimos días en la Cámara, sobre todo en el marco del debate presupuestario, siguió coleando en el acto de este domingo. Quizá en este contexto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (PSOE), hizo un discurso muy centrado en la importancia del diálogo y el entendimiento entre diferentes.

Según subrayó,  la tarea de la política es "la opuesta al enfrentamiento generalizado entre opciones irreconciliables, a la descalificación del oponente, a la permanente negativa a hallar puntos de coincidencia".

"Una Constitución inclusiva demanda una lectura honesta y abierta; una lectura también integradora, que no pretenda apropiarse del texto constitucional convirtiéndolo en bandera y patrimonio partidista. Nadie debe tampoco pretender ignorar los contenidos que le resulten molestos o incorporar al mismo nuevas exigencias excluyentes o reductoras. En esto consiste la lealtad a un pacto: aceptar, defender y sentir como propio lo que gusta más y lo que gusta menos", mantuvo.

Si alguien tiene la curiosidad, puede buscar las primeras páginas de los periódicos del 6 de diciembre de 1979 y comprobará que en ni una sola portada se reseña alguna información sobre el primer aniversario de la Constitución. En una página par de alguno de ellos, un pequeño breve de cinco o seis líneas recogía que unos cuarenta militares y simpatizantes de la UMD (organización clandestina militar antifranquista disuelta en 1977) se habían reunido a cenar para celebrar el aniversario. Fueron los únicos –fuimos– y algunos de ellos fueron represaliados de manera sutil, o no tanto, por ello.

Durante algunos años, en las salas de bandera muchos de los firmantes de los traídos y llevados manifiestos de tinte franquista –además de barbaridades en chats privados– se referían a la carta magna como a la “prostitución” y que ahora defienden tanto en contra de un gobierno “socialcomunista” que pretende quebrar España. Cierto es que han existido declaraciones de numerosos discrepantes de los firmantes de la carta al Rey, manifestaciones de altos mandos y hasta un escrito al ministerio de Defensa de cerca de tres mil militares retirados también condenando lo que dicen estos militares retirados.

Pretendían poner en marcha un movimiento en contra del Gobierno y que se adhiriesen militares de otras promociones. Que se sepa hasta ahora, han fracasado en su intento de “rebelión” de despacho, pero han calentado el ambiente sobre todo por la estupidez del chat privado en el que decían que había que fusilar a 26 millones de españoles. Pero han abierto un debate sobre el franquismo en las Fuerzas Armadas. Claro que existe un rescoldo franquista en las Fuerzas Armadas. Igual que en la sociedad española. Hay verdad en ello.

Lo demuestra el hecho de los millones de votantes de Vox, aunque puedan existir otros motivos para ese voto en muchos de los que eligieron esa papeleta para introducir en las urnas. En el caso de la Fuerzas Armadas hay que resaltar que los gobiernos del PSOE, y no digamos los otros, no desarrollaron lo suficiente las reformas necesarias, por cierto tampoco en la judicatura, por citar las más importantes. Se acomodaron al poder y la sociedad también, en general, que nos quejamos poco y ha faltado pedagogía democrática en escuelas, academias y cuarteles. No hay que olvidarlo.

Y hoy nos encontramos con un partido, Vox, que incita todo lo posible a militares y civiles a actuar contra un gobierno “ilegítimo” y llama a una intervención del Rey que recuerda a los prolegómenos del 23F de 1981. Despachos y corporaciones y medios de comunicación que van por el mismo camino y unos militares retirados y objetivo de este “movimiento” que buscan este postrero minuto de gloria. A la vista de respuestas y silencios en el seno de las Fuerzas Armadas, no hay que darle a todo esto más importancia. Pero tampoco menos. Los movimientos golpistas –lo recordé hace meses– no hay que buscarlos en los cuarteles sino en grandes corporaciones y palacios.

Pero no vendría mal que el rey, en el discurso de la Pascua Militar, si se celebra, enviase un mensaje recordando que los militares están a las órdenes del Gobierno legítimamente –sí, legítimamente– constituido.

El historiador José Luis Gutiérrez Molina suele negar con la cabeza cuando, en el debate sobre las bases ideológicas y culturales de la ultraderecha española, empiezan a aparecer explicaciones alambicadas y conceptos complejos. ¿Trumpismo? No. ¿Fascismo? Mmm. Tampoco. El fascismo es demasiado sofisticado, a juicio de Gutiérrez Molina, porque al fin y al cabo “es un movimiento que forma parte de la modernidad del siglo XX, con la crisis de los sistemas liberales burgueses después de la Primera Guerra Mundial”. Aquí la ultraderecha no ha llegado tan lejos. Su cuerpo ideológico es previo a la Revolución Francesa, señala. Tampoco se ha apoyado en movimientos de masas ni ha tenido aspiración de ruptura ideológica. Al contrario. Gutiérrez Molina simplifica en tres palabras la descripción del pensamiento básico de la ultraderecha española, con el franquismo como principal referente: "España como cuartel”. A juicio del historiador, “no hay elaboración teórica ni hay nada” en el auge ultra. Sólo militarismo, nacionalismo y cojonazos. Y mucha retórica cuartelera. Ese es, según Gutiérrez Molina, el ADN de Vox, que ha logrado sacar del armario un nacionalismo cuartelero que ya estaba ahí, aunque disimulado, y que ahora se expresa sin dobleces. Un fenómeno transversal en la sociedad, pero que tiene mimbres para una significativa implantación en los cuarteles.

Los cuarteles dan que hablar estos días. ¿Qué es ese movimiento de los viejos uniformados, que ha llevado incluso a Defensa a acudir a la Fiscalía? ¿A qué obedecen esa carta al rey y esos mensajes en el grupo de Whatsapp de altos mandos retirados que, liberados de las ataduras del servicio, exhiben sin complejos un nacionalismo desatado envuelto en retórica exaltada? A tenor de los distintos análisis recabados para este artículo tras desvelar infoLibre las proclamas intercambiadas por 'La XIX del Aire', son síntomas de un problema que debe tomarse en serio y obliga a una reflexión sobre el calado de ideas antidemocráticas en un cuerpo híper sensible como el Ejército, pero todos coinciden en que no hay una amenaza inmediata. La aceptación de la autoridad democrática está generalizada, porque la democratización del Ejército fue un logro duradero. Pero aún es fácil detectar, más aún con el boom de la ultraderecha, un irreductible nacionalismo esencialista y salvapatrias que fantasea con una tutela militar de la vida política española, en línea con una tradición de siglos. 

Por suerte, la nostalgia se queda en el campo platónico. Al menos, de momento.

El eterno papel providencial

La retórica de la carta enviada al rey, con su “gobierno socialcomunista” apoyado por “filoetarras”, así como el papel de salvadores de la patria que se arrogan con la misiva los militares le traen recuerdos al historiador de la Economía Carlos Arenas. “Algunos no se bajan del burro”, lanza coloquialmente Arenas, que hace una doble lectura de la expresión de malestar de los altos mandos retirados: 1) El franquismo ideológico sigue vivo en el ámbito militar. 2) Sus valedores ya no constituyen un peligro inminente, como demuestra el hecho de que tengan que colgar el uniforme antes de salir del armario. La perspectiva de Arenas es relevante, porque conoce la cadena genética del Ejército, en calidad de autor del ensayo Por el bien de la patria. Guerras y ejércitos en la construcción de España (Pasado y Presente, 2019), en el que bucea en la larga historia del nacionalismo militarista español. ¿Qué hilo histórico desvela? El de un Ejército que a lo largo de siglos se ha opuesto a todas las impugnaciones a la férrea jerarquía social y territorial, atribuyéndose un papel providencial de tutor del devenir de la nación, como si en última instancia fuera suya. En términos históricos, el Ejército democratizado es una breve novedad. No es raro que haya quien no se acabe de acostumbrar.

El mazo del “nacionalbelicismo”, anota Arenas, ha caído una y otra vez sobre la cabeza machacada de la “antiespaña”. Ha caído sobre las rebeliones campesinas bajomedievales que iban contra el poder paraestatal de los señores, sobre los motines populares contra las levas, sobre los comuneros que se atrevían contra la desviación imperial de recursos, sobre las revueltas contra los impuestos y el pan caro del XVIII... Un dato. Entre 1814 y 1974 se producen en España 81 pronunciamientos militares. Tras la coartada nacionalista, suele haber una trastienda de intereses. Los de 1843, 1854 y 1868 fueron "diseñados y ejecutados para cambiar gobiernos que ponían trabas al desarrollo capitalista", escribe Arenas. Por supuesto, ese mismo mazo cayó en el siglo XX sobre el republicanismo y el laicismo frente a la patrimonialización del Estado, sobre el obrerismo frente a los abusos del capital y sobre cualquier cuestionamiento de la uniformidad –no sólo de la unidad– de España, nervio trigémino del estamento militar.

“Antiparlamentarismo” y “portavocía” de la naciónAntiparlamentarismo” y “portavocía” de la nación

Durante el primer tramo del pasado siglo XX, cuando ya se había implantado políticamente en España un cuestionamiento de las corrupciones, derroches y arbitrariedades del Ejército, se consolida en su oficialidad un "antiparlamentarismo" que acabaría expresándose en toda su brutalidad desde 1936. Aparecen siempre, en los foros militares, las mismas expresiones contra quienes aspiran a una hegemonía de lo civil en España: “Hay que salvar el cuerpo social infectado", “debemos proteger a España de sus enemigos...”. De fondo, un misma fijación, siguiendo lo escrito por Arenas: la “inevitable” entrega al Ejército del timón de una nación que ha perdido el rumbo.

La sublimación de estas ideas, que toman siempre como pretexto para su puesta en práctica la inminencia de una amenaza externa o interna, llega con el africanismo, impreso en una estirpe de militares que se consideran "herederos de los caballeros cristianos de la Reconquista, de los tercios que sostuvieron el imperio", en palabras de Arenas. Aquellos "buenos españoles" de estirpe gloriosa eludieron todo examen crítico por los fracasos de Cuba, Filipinas y Annual y acabaron decidiendo por su cuenta que había que enderezar el rumbo del país a base de mano dura. ¿Les recuerda a los anhelos expresados en algún chat? Claro, la diferencia es que ahora son sólo ensoñaciones. Envolviéndolo todo, siempre, la paranoia "anticomunista", tan alentada por el franquismo y presente aún ahora en el chat de La XIX del Aire.

Los apellidos de los que no se quedaron en simples ideas y pataletas nos suenan: Franco, Sanjurjo, Queipo, Cabanellas, Mola, Millán Astray... El franquismo, tras apropiarse del Estado, rescata y ensalza una tradición nunca enterrada: la del Ejército como garante del orden público, guardián de las esencias y garante del honor de la madre patria, identificador y represor de los "enemigos sistémicos" de España, que Arenas identifica como "obreros, librepensadores y separatistas". La institución militar se atribuye así la "única portavocía de la nación", señala en Por el bien de la patria. A eso se suma toda una corriente de pensamiento reaccionario que defiende la existencia del Ejército como "unidad autónoma" que no rinde cuentas ante el pueblo, sino sólo ante el rey y ante Dios.

La fijación con el rey

El nacionalismo ontológico y militarista, escribe Arenas, subordina la soberanía popular a la nación, que no es una comunidad política, sino un legado histórico unitario tutelado por el soldado, el cura y el señor. Y por encima de todos ellos, el rey, precisamente al que dirigen su carta ahora los militares indignados. El rey, siempre el rey. El último pronunciamiento del siglo XIX, el de Martínez Campos, el que se cargó la Primera República en 1874, llegó al grito de "viva Alfonso XII". Mucho más tarde, los instigadores del 23F presentaban como credencial un supuesto apoyo del rey, que nunca lograron demostrar. Siempre ha sido una fijación de los salvapatrias implicar en sus operaciones a la Corona. Ahora expresan su nostalgia mandándole cartitas. No deja de ser un progreso.

No hay más que asomarse al grupo de Whatsapp LaXIX del Aire para comprobar cómo, en fondo y forma, esa ideal del Ejército providencial resuelto a depurar España y devolverla al recto camino sigue presente: "No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”. “Creo que me quedo corto fusilando a 26 millones!!!!!!!!". "Yo prefiero la República porque tendremos más oportunidades de repetir las maniobras del 36". “España está llena de gente ingobernable y la única forma posible es culturizar a la gente, cosa que es imposible con la izquierda. Es triste pero es la realidad española”. “Tal como está la situación la única forma de atajarla es extirpando el cáncer!!!!!".

Se trata de mensajes privados que deben ser valorados como tales. En público la terminología es muy diferente. Lo que sí queda es un resto inconfundible de grandilocuencia. Así, por ejemplo, la carta al rey. O las soflamas de Vox, que ha recuperado la vieja retórica exaltada de la nación, el honor y la sangre. Y las ideas son recurrentes: la izquierda como enemigo que destruir, España como enfermo que curar de la enfermedad de media España, la intervención como única alternativa ante la deriva. El libro de Arenas abunda en citas en este registro, que mezclan la típica euforia ampulosa con la reivindicación del Ejército como columna vertebral de la España eterna. Esto es lo que Gutiérrez Molina llama "España como cuartel". Una urgencia de recobrar el orden perdido a base de mandobles.

La siempre amenazada unidad

Sí, por supuesto que ha habido una democratización del Ejército, como recalca el propio Arenas. De hecho, es uno de los más significativos logros del periodo democrático. Pero Arenas detecta, al hilo de los recientes acontecimientos, rescoldos de las viejas ideas de siempre, aunque cargadas de impotencia. Ahora, explica, intentan ampararse en el artículo 8 de la Constitución, que atribuye a las Fuerzas Armadas la "misión" de "defender" la "integridad territorial" de España. La supuesta amenaza a la unidad de España ha justificado la mayoría de episodios en que militares y exmilitares han alzado la voz. El ejemplo más claro llegó en 2006. El entonces ministro de Defensa José Bono ordenó el arresto domiciliario del teniente general José Mena después de que dijese que las Fuerzas Armadas tendrían que intervenir si algún Estatuto sobrepasase los límites de la Constitución, eso con el debate del Estatut en carne viva.

José Luis Rodríguez Zapatero, al hilo de la carta enviada al rey, ha manifestado que durante su etapa como presidente hubo algún episodio de tensión más, que aún no se conoce. En cualquier caso, la sangre no ha llegado al río. Ni se conocen planes golpistas recientes. ¿Debemos por tanto desdeñar la importancia de lo ocurrido? Arenas cree que, sin ser anecdótico, no hay un peligro de desestabilización. Lo ocurrido, más que como amenaza real, le parece revelador de un extendido reaccionarismo. Los militares cuyas ideas ahora quedan expuestas son "deudores de una ideología antiquísima", según la cual constituyen "una casta superior a la sociedad civil, con derecho a organizarle la vida", explica Arenas. 

Franco, una figura “venerada”

El militar retirado José Ignacio Domínguez constata la influencia ideológica de Vox en los recientes episodios protagonizados por militares retirados: la carta dirigida al rey alertando del peligro de ruptura de España, previa a la revelación por infoLibre del contenido del chat de antiguos altos mandos que fantasean con golpes de Estado y fusilamientos masivos [ver aquí, aquí, aquí y aquí informaciones en detalle]. “Vox tiene una importancia fundamental. Se nota en el trato diario. Antes éramos amigos, había trato, se podía quedar para comer... Ahora se ha despertado un odio. Se ha roto la convivencia”, señala Domínguez.

Su diagnóstico es claro: las expresiones antidemocráticas en el ámbito militar son más sintomáticas de una ideología con presencia en el Ejército, ahora desinhibida por la irrupción de Vox, que de un peligro real de que elementos de las Fuerzas Armadas se insubordinen ante la autoridad del Gobierno, a la que están todos sometidos.

Lo que vemos estos días invita a la cautela, pero no hay lo que se solía llamar ruido de sables. Y no porque no haya militares a los que les pudiera agradar, sino porque es impensable en una España con más de 40 años de Constitución dentro de la UE y la OTAN. No obstante, Domínguez está lejos de quitarle hierro. “Lo ocurrido es inaceptable. No es anecdótico. Es un reflejo del Ejército que hemos tenido y que en parte tenemos. La imagen de la UME apagando incendios queda tirada por la borda por estos señores, que estaban activos hace nada, que han tenido altos cargos en el Ejército del Aire. Es para que la gente se preocupe, claro”, señala. 

En los mensajes de Whatsapp, Domínguez ve una auténtica “añoranza de la dictadura”. “Formalmente, la carta enviada al rey, más allá de alguna alusión en la que se ve de qué pie cojean, se podría firmar por muchos, porque defiende la Constitución y al rey, algo que defiende mucha gente razonable. Pero, claro, esa carta esconde lo que queda al descubierto en esos mensajes privados, en los que se ve que en público no se atreven a decir lo que defienden en realidad”, explica el que fue teniente coronel del Ejército del Aire.

A su juicio, estamos ante la manifestación de un problema que no es exclusivo del Ejército, sino de la sociedad y la política españolas. “El franquismo sigue muy arraigado en las Fuerzas Armadas. En las academias militares no se habla de dictadura, no se explica lo que es la dictadura. Tampoco en los colegios. Es un defecto nacional. ¿Qué pasa? Que hay militares que veneran la figura de Franco. Recordemos el manifiesto de oposición a la retirada sus restos. Tengamos en cuenta que su estatua ecuestre estuvo en la Academia General Militar de Zaragoza hasta agosto de 2007, a la vista de todos los cadetes que iban a estudiar, presentado como un señor venerable”.

Domínguez cree que no se ha conseguido romper del todo con una cultura de defensa de la dictadura, en la que se han criado militares que entienden que ahora “sus enemigos están en el poder”, en referencia al PSOE y Unidas Podemos. Liberados de las limitaciones del ejercicio militar en activo, ahora se dedican a expresar lo que durante años no han podido. Se trata de algo que no es nuevo, pero que –según Domínguez– ahora es facilitado por el hecho de que la tercera fuerza política de España sea abiertamente defensora del franquismo y coquetee con términos como “levantamiento”, al mismo tiempo que acude una y otra vez a palabras como “traición” u “honor”, tan queridas del militar-hidalgo. Como ha escrito el propio Domínguez, “no hace falta ser un especialista para concluir que la extrema derecha tiene una gran implantación en las Fuerzas Armadas”. “En las últimas elecciones generales, en las mesas donde votaron militares, como es el caso de El Goloso o El Pardo, sedes de grandes unidades del Ejército de Tierra, la extrema derecha sacó un porcentaje de votos cuatro veces superior a la media obtenida en la provincia de Madrid”, recalca.

Domínguez cree que en España hay un déficit de base: la inexistencia en España de una derecha antifascista. “Se nos olvida que una derecha como la de Vox no existe en el resto de Europa o es extraparlamentaria. Nadie defiende a Hitler, o a Pétain o a Salazar. Aquí Vox, con el mismo relato de los vencedores de la guerra, tiene una representación tremenda”, añade Domínguez, que afirma que en España nos parece normal lo que en países como Alemania o Francia es “impensable”, en referencia a la carta al rey.

Nostálgicos “sin poder fáctico”

Sin entrar en los detalles de los acontecimientos recientes, el militar en la reserva Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), despliega un análisis matizado en zona de grises sobre el ruido en torno a las Fuerzas Armadas. “Si tratamos de interpretar los hechos en blanco y negro, nos equivocaremos. Las Fuerzas Armadas como institución han hecho un proceso de transformación a la democracia tras el final de la dictadura que ya querríamos para otras instituciones. Hace mucho que han dejado de ser un poder fáctico, aunque pueda haber individuos que lo desearan”, expone. Es más, recalca que en países como Estados Unidos o Israel el poder del Ejército a la hora de determinar el rumbo político del país es mucho mayor que en España. “Ahora bien”, añade, “¿quiere esto decir que no hay elementos que sigan creyéndose salvadores de la patria, que no sigan con esa idea de que hace falta un golpe de timón? Evidentemente los hay”.

A su juicio, no conviene sobredimensionar el peligro, ni tampoco bajar la guardia. “A efectos reales, el que haya unos militares retirados que actúen de esta manera, expresando su deseo de un cambio de rumbo acorde con sus ideas, no tiene graves consecuencias prácticas. Pero simbólicamente es inquietante”, señala Núñez Villaverde, que mide cada palabra consciente de que, cuando se habla del Ejército, nada es baladí.

Es necesaria, opina Núñez Villaverde, una “cautela permanente” para evitar que un colectivo “con acceso a las armas” pueda utilizarlas en algún momento “al margen del poder del Estado”. Esta cautela, recalca, va de suyo en una democracia, pero conviene intensificarla en un contexto de polarización generalizada, no sólo en España. Aquí recuerda que Alemania ha tenido que disolver nada menos que una unidad de las fuerzas especiales del Ejército por lazos con la extrema derecha.

“Hay grupos populistas, xenófobos y racistas cuyos discursos tienen receptividad en miembros de las fuerzas de seguridad y el Ejército, como ocurre en el resto de la sociedad”, señala. No obstante, su mensaje central es de cautela sin caer en la alerta. Entre otros motivos, subraya, porque España tiene correctamente resuelto el problema en la Constitución. “No cabe por ningún lado, por ninguno, la idea de que las Fuerzas Armadas puedan actuar en ninguna circunstancia como poder autónomo, ajeno al Gobierno de la nación, ni tampoco la de que puedan invocar al rey como comandante en jefe. Los límites están claros y están definidos. Otra cosa es que haya quien tenga esa voluntad, pero la norma está clara”, explica.

Yo había empezado otro comentario. Mi tarea en el Foro que infoLibre nos presta al FMD es hablar de sociedad civil y milicia. Y a ello me aplicaba, preguntándome por la situación en que se encuentran los cuarteles (tenía preparado un chascarrillo sobre la guerra confinada, el teletrabajo y la puntería) y cómo se está protegiendo a los militares que nos protegen, cuando de repente, ¡zas!, el lobo (como en el cuento de Caperucita, esta vez azul).

No es que no supiera nada. Cuando uno se mueve en determinados círculos, oye rumores. Sabe que muchos mandos (retirados o no) sienten nostalgia del tiempo en que citar tu empleo militar (de coronel para arriba, claro) te permitía pasar un radiocasete de gran formato desde Andorra sin pagar un duro en la aduana y sentir el placer de ver al guardia civil que te estaba tratando como una pequeña basura cuadrarse como una marioneta ante el acompañante de uno que sale del coche carnet en mano y la frase (LA FRASE por antonomasia): “usted no sabe con quién está hablando”.

Uno, en su infinita ingenuidad, creía que eso ya no pasaba. Desde 1974 la vida ha corrido mucho. Bien para los de siempre, comsí-comsá para los demás, cuando no directamente mal para muchos desde 2008 para acá. Y de pronto sabe uno de una carta dirigida al Rey, ese preparado que no responde a los ciudadanos que exhiben su pasado militar para estar “a Su lado y podrá contar con nuestro apoyo y lealtad”, tras expresar su desazón “como consecuencia del estado de deterioro en que estimamos ha entrado nuestra Nación, con la finalidad de expresarle nuestros desvelos y dejar muestra escrita de nuestra lealtad a la Patria, así como a su Persona tal y como juramos ante la Bandera de España en un lejano año 1964.”

Uno se preguntó en ocasión de aquello, “a la patria”?, ¿a qué patria? Y ¿por qué al rey, cuyos actos como irresponsable, ya que carece de responsabilidad según se hartan de decirnos desde la misma posición, tienen que ser refrendados por ese “Poder Ejecutivo de un gobierno social-comunista”? Qué lío, ¿no? Y aún me lía más cuando aseguran que en 1964 juraron ante la Bandera (sic) de España (les parece que no hay más bandera que la de España porque la mayúscula inicial sólo debe usarse en “… los nombres propios y también los comunes que, en un contexto dado o en virtud de determinados fenómenos (como, por ejemplo, la antonomasia), funcionan con valor de tales, es decir, cuando designan seres o realidades únicas y su función principal es la identificativanombres propioslos comunes que, la antonomasiadesignan seres o realidades únicas.” Ni Alemania ni Francia tienen bandera. O su bandera no es Bandera. ¡Qué uso extraño de un patriota que lo será también para la lengua española y/o castellana!

Pero el lío es monumental cuando aseguran que juraron lealtad “a su Personaa su Persona”. No ya porque uno considera más exacto decir “a vuestra persona” (por aquello de “vos el rey”) ni por la mayúscula de persona (la única en el mundo) sino por jurar lealtad a una persona que en 1964 aún no había nacido. No a la institución, no. A la Persona mayúscula. Otro glorioso logro del ejército como lo entienden estos chateadores firmantes de la carta: capaces de jurar lealtad no al nasciturus (que ni siquiera era -urus) sino a quien aún le faltaban 4 años para nacer. Como diría Trillo, “¡manda huevos!”.

Pero como uno es ingenuo, pensó que aquello era solo la obra de unos cuantos ancianos nostálgicos preocupados por su pensión y añorantes de pasados buenos tiempos en los que tan pronto se abandonaba un Sáhara como se invadía un Perejil.

La cosa empezó a tornarse un poco más fea cuando otro ramillete de esos escogidos enviaba una carta a Europa. A falta de un Carlos V al que rendirle pleitesía o un rey con mando en plaza, se dirigían (qué remedio) al presidente del Parlamento Europeo (en su afán por apuntar a lo más alto podrían haberse dirigido al presidente de la Comisión). Y en ella volvían a lo mismo. España se rompe. En un juego de paja en el ojo ajeno y no viga en el propio, veían como herederos de etarras a un partido que ha jurado la Constitución y adaptado sus declaraciones a las mismas, y no ven como franquista a un partido que ni siquiera votó unánimemente a favor de la Constitución, (ocho a favor, cinco en contra y tres abstenciones) pero que ellos mismos se han colgado la etiqueta de “constitucionalistas”. Manda, no huevos, sino la gallina Papanatas enterita.Papanatas

La cosa ya es bastante más seria cuando nos enteramos todos por la prensa (la seria, no la de siempre esa que rinde pleitesía al poderoso como los ciudadanos que alardean de su pasado militar en las comunicaciones que dirigen a diestro y más diestro, que a siniestro ni se les ocurre) que en un chat dicen lindezas como:

"Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. ¿Es mucho pedir?". José Molina, capitán retirado (haciendo gala de su uso de la puntuación en español. Luego decimos que cómo escriben los jóvenes en los chats. Igual es que los chat-os nublan la vista y el entendimiento).

"Qué pena… no estar en activo para desviar un vuelo caliente de las Bárdenas a la casa sede de estos hijos de puta.” González Espinar, coronel retirado.

"Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta". Francisco Beca, general de división.

A más estrellas, más burradas.

Y claro, uno se pregunta: ¿En manos de quién ha estado la defensa de mi país, de esta España que le dolía a Unamuno y que muchos la quieren uniforme y marcial? ¿Defenderían mi territorio (y por tanto mi persona y mi vida) en el supuesto de una invasión de un ejército como el fascista de Benito o el nazionalsocialista de Adolf? ¿O más bien pondrían una diana en las casas de quienes ellos no consideran que son “los suyos” como jalearon el fusilamiento de tantos republicanos en España o propiciaron el exilio y la muerte de quienes, como Dionisio Ridruejo, evolucionaron hacia otra parte, que por supuesto no era el “socialcomunismo”?

Porque no nos engañemos, muy valientes, como se dice, no han sido. Presumen del Cid pero están más cerca de Vellido Dolfos, porque según han visto la posibilidad de que los jueces (esos que dicen que no son independientes pero están gobernados por una cúpula nombrada por uno de los partidos que les gustan) les pueden meter mano, se han apresurado a tomar el portillo de la muralla y a escurrir el bulto:

“No sé si me lo ha podido quitar alguien o si me ha desaparecido en algún momento porque yo el móvil no lo llevo encima”. Francisco Beca.

Este chat es privado. Lo dicho podía obedecer a "un momento de cabreo o de cachondeo porque yo no deseo la muerte de nadie”. José Molina.

“No me acuerdo de cuándo es este chat ni de a qué se refieren los mensajes". González Espinar.

“Tampoco es mi manera de expresarme", pero en todo caso "no significa nada más que una forma coloquial de hablar". "La capacidad de poder es muy poca porque tenemos ya setenta y muchos años. Aparte de hacer estos comentarios poca influencia tenemos”. Ángel Díaz Rivera.

O sea que si un grupo se reúne para decir que hay que matar a 26 millones o que se desea que todos los que apoyan unas determinadas políticas “se mueran todos y toda su estirpe”, es porque estaban en “momentos de cabreo o de cachondeo”. Nunca he estado de cachondeo hablando de matar a nadie. Y si en un momento de cabreo he deseado una muerte (no recuerdo, pero los momentos de cabreo, en eso estoy con D. Ángel, uno puede decir una barbaridad) no lo he hecho con la premeditación que supone escribirlo. Verba volant, scripta manet.

Todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente, incluso a calumniar, mentir o señalar asesinatos, ejecuciones sumarísimas o bombardeos asesinos. Pero todo derecho conlleva una responsabilidad y una obligación. Escribir (que no decir) lo que se quiere implica que, si eso es constitutivo de delito de odio, hay que tener la gallardía de mantenerlo. “Sí, dije eso. Lo creo”, porque a lo que trasciende de las noticias, el chat es largo, se extiende durante mucho tiempo, provoca la carta y, en fin, manifiesta claramente lo que piensan los participantes en el mismo. Aunque tal gallardía conlleve una pena. Pero es más fácil aplicarlas que sufrirlas.

Por cierto, quien no crea que eso es odio en su más puro estado, dirigido contra un colectivo (caray, de 26 millones), que cambie los interlocutores, les ponga un rostro socialcomunista (a su elección) y ponga en su boca las mismas palabras a ver si sigue opinando igual.

Y esto me lleva otra vez a pensar en la urgente necesidad de reformar la Constitución, de modificar las relaciones de las Fuerzas Armadas con la sociedad, y que unos tipos entorchados no ensucien la labor ingente de los soldados de a pie, de la clase de tropa de la UME apagando incendios y desinfectando calles sin apenas protección. Que los jefes y oficiales entiendan que son parte de la sociedad, no una casta aparte, y que como tal habrá cosas que les guste o no pero el recurso a la fuerza, a las armas, no puede ni siquiera esbozarse. Ni siquiera pensarse. Que no pueden decir que defienden y quieren a la Patria cuando pretenden borrar de ella a la mitad de los ciudadanos. Eso no es patria sino patio. Patio de prisión donde quien se mueva no sale en la foto … vivo.

Urge una forma diferente de ver la sociedad desde y hacia la Fuerzas Armadas. Y urge porque los nostálgicos de otro ejército en otro momento histórico lastrado por una dictadura no pueden tener cabida en la defensa de un país donde conviven 47 millones de personas diferentes que sienten, piensan y se expresan a su manera, y no puede pesar sobre ellos la amenaza de unos uniformados que hacen sonar los sables cuando ya ni siquiera los tienen, para amenazar con la ejecución de quienes piensan diferente. Esa es la democracia en la que creen, pero no es la democracia que necesitan y se merecen las Españas. Y hay veintiséis millones de razones (o tal vez cuarenta y siete) que lo avalan.

Joaquín Ramón López Bravo es abogado y periodista

"A mí lo que me llama la atención es que hay mucha gente que ahora se envuelve en la bandera como patriotas, pero que el 26 de mayo de 2003, cuando murieron 62 militares españoles, nadie salió en su defensa". Esto es lo que piensa Francisco Cardona, padre del sargento Francisco Cardona Gil, una de las víctimas del accidente del Yak-42, sobre el chat de WhatsApp de la XIX promoción del Ejército del Aire desvelado esta misma semana por infoLibre. Su hijo fue uno de los 62 militares que fallecieron tras estrellarse la aeronave cerca del monte Pilav, a 24 kilómetros de Trebisonda en Turquía. Era el viaje de vuelta a España tras cuatro meses de misión en Afganistán y Kirguistán a bordo de un Yakolev-42, junto a 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso.

Preguntado por este chat, Cardona se muestra sorprendido por la ausencia de sus miembros hace 17 años para solidarizarse con las familias o pedir una investigación y que, en cambio, ahora planteen "fusilar a 26 millones de españoles, entre los cuales es probable que me encuentre yo". Se refiere al mensaje del general Francisco Beca en el que aseguraba que era partidario de "fusilar a 26 millones de hijos de puta". Tanto Beca como el coronel Andrés González Espinar, dos de los militares desde cuyos móviles ha confirmado infoLibre que se emitieron esos mensajes en el grupo de Whatsapp, se retiraron en 2007 y 2008, es decir, que aún estaban en activo cuando ocurrió el accidente del Yak-42 en mayo de 2003. Los otros dos, el coronel Ángel Díaz Rivera y el capitán José Molina, dejaron el Ejército a mediados de la década de los 70.

Francisco Beca también fue quien en el grupo llamó "hijo puta" al "coletas", en referencia al vicepresidente Pablo Iglesias, y "malnacido" al presidente Pedro Sánchez. Lo hizo en respuesta a otro miembro del chat que acababa de calificar de "inviable" un pronunciamiento militar en España. Cardona insiste en que igual que ahora presumen de ser "unos patriotas", que "se envuelven en la bandera nacional para cargarse a unos políticos elegidos libremente por el pueblo", podrían haberse pronunciado "cuando ocurrió la muerte de 62 militares españoles".

"Deberían haber salido a dar la cara entonces", reconoce en conversación telefónica con infoLibre. "Ningún militar dio la cara por los nuestros. Ni uno", afirma. Sin embargo, recuerda que hubo altos cargos del Ejército del Aire que dijeron que "si esos militares no querían subir en ese avión, que hubiesen vuelto por otros medios" o que "no era un viaje de novios a Cancún, a ver qué se creían ellos, ¿que iban a ir en business?".

Aunque matiza que aún quedan en el Ejército "ovejas negras del Yak-42", es optimista ante la reacción de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al hacerse público este chat. "Ha actuado de manera digna", explica Cardona, que es de su misma opinión al considerar que estos militares "ya no representan a nadie en estos momentos en el estamento militar". Robles pidió este jueves a la Fiscalía que estudie si las conversaciones en este chat de WhatsApp "fueran constitutivas de delito, cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo". "Se representan a sí mismos y hacen un flaco favor a las Fuerzas Armadas y al rey", aseguró la titular de la cartera de Defensa. "Quiero pensar, y creo que es así, que la educación, entre comillas, no es la misma ahora, ni hace quince años, ni la que había cuando estos resabiados estaban en el Ejército", explica Cardona.

17 años del Yak-42

Aunque el accidente del Yak-42 se produjo hace 17 años, la polémica aún sigue rodeando lo sucedido en Turquía. Las familias tuvieron que esperar hasta 2017 para que el Ministerio de Defensa reconociese la responsabilidad patrimonial de la Administración en lo sucedido. La resolución administrativa indicó que "han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente". Sin embargo, esto no significó el pago de nuevas indemnizaciones.

Un año después, en 2018, el Departamento de Defensa informó de que habían recibido de Turquía un fémur y 23 frascos con restos óseos que pertenecen a víctimas del accidente y que permanecían en el país sin identificar. Quedaba así respaldada una de las denuncias más repetidas durante estos años por los familiares: que la rapidez por devolver los restos provocó una cadena de errores. Se mostraba la falsedad de la carta enviada a los familiares de las víctimas en 2004 por Javier Jiménez-Ugarte, el número tres de Federico Trillo, en aquel momento ministro de Defensa, en la que les aseguró que podían estar "seguros de que todos los restos de sus seres queridos retornaron a España debidamente identificados por sus compañeros militares enviados al efecto para llevar a cabo tan delicada tarea". No obstante, admitía también que algunos restos habían sido enterrados en Turquía pero, según dijo, tan sólo eran "pequeñísimos restos" y "tejidos". Una afirmación que años después se confirmó como incierta. En enero de este mismo año, la jueza del caso puso finalmente a disposición de los familiares estos restos.

En el Whatsapp donde hablaba del "caso griego" como la fuente de la que en su opinión bebe un plan oculto para expulsar a Vox del escenario político, Beca remarcó que ilegalizarlo ya lo están "pidiendo a ladridos los perros de presa (de prensa) del Gobierno". Esa estrategia, agregaba, "dejaría en blanco 52 escaños, lo que le daría a Sánchez mayoría absoluta con una interpretación ad hoc de la ley, respaldada por sus jueces". "Con ello –agregó en referencia al presidente– tendría las manos libres para liquidar el Estado tal y como lo conocemos".

Un mes después de aquel mensaje, salió el 10 de noviembre hacia la Zarzuela la carta de la XIX promoción del Aire. Beca figuraba como el primero de los 39 firmantes, los mismos a los que la diputada de Vox Macarena Olona llamó esta semana "nuestra gente" cuando el socialista Odón Elorza retó a Santiago Abascal a explicar si también él quiere fusilar a media España. 

De forma literal, la carta al rey colocaba en el centro la eventual reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y definía ese cambio legal como "una grave amenaza a la separación de poderes". A lo largo de folio y medio la misiva no contenía ni una sola referencia al peligro que según Beca corre Vox ni a un hipotético y negro futuro procesal. El escrito se limitaba a expresar una profunda preocupación por el "deterioro" de la nación "que un día juramos defender". Y a atribuir al Gobierno "la intención de conformar un Consejo del Poder Judicial que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural". Eso –finalizaba el párrafo–acumularía todos los poderes del Estado en un solo, el Ejecutivo, lo que "aniquilaría de raíz nuestra democracia". Con un mandato que expiró hace dos años y un día, tampoco aparece en el texto el bloqueo en la renovación del CGPJ, cuyo desencadenante fue otro WhatsApp: aquel donde el PP se jactaba de que, pese que el órgano de gobierno de los jueces se ajustaría en su composición al nuevo mapa parlamentario, el partido lo seguiría controlando "desde detrás".

"Como si Vox se tratara del demonio"

A lo largo de distintos mensajes espaciados, Beca ya había propagado en el chat su simpatía hacia el partido de Santiago Abascal, su convicción de que el eventual cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) solo perseguía quitar de en medio a Vox y la necesidad de apoyar al partido de Santiago Abascal. El PP está "condenado a su extinción", escribió en un mensaje anterior. "Huye de la derecha con pavor, cada día le asusta el gran auge de Vox y se aleja de él como si se tratara del demonio", mantuvo en otro WhatsApp.

Suscribiendo la tesis que Vox y algunos de sus aliados internacionales defienden, Beca alentó el sorpasso de derechas con argumentos idénticos a los del partido de Abascal: hay "motivos más que sobrados para condenarle a la desaparición más pronto que tarde". Votar al PP es un error, concluyó en otro momento: "¡Qué equivocados estáis todos los que le seguís votando! Vais a ser corresponsables de la debacle de España".

¿Qué hacer entonces, según el general? Pues lo siguiente: "Hoy solo tenemos una salida honrosa y eficaz para tratar de evitar la atroz catástrofe que se nos avecina, y todos sabéis de sobra cómo se llama nuestra única tabla de salvación", escribió ahora en un WhatsApp adelantado este viernes por el programa de TVE Las Cosas Claras. Sin citar de forma expresa a Vox, el resto del mensaje disipa cualquier posible duda de para quién estaba pidiendo el apoyo de los antiguos mandos del Ejército del Aire integrados en el chat: "No creo que haga falta decir de qué partido estamos hablando, principalmente porque no desearía que nadie pensara que estoy en campaña pro política, en la única campaña que estoy plenamente empeñado en (sic) la salvación de mi país... España".

La Fiscalía Superior de Madrid ha solicitado al Ministerio de Defensa que, antes de tomar una decisión sobre si abre diligencias sobre el contenido del chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno o incluso mostraban su deseo de "fusilar a 26 millones" de personas, que identifique a las personas que formaban parte de ese grupo de Whatsapp y aclare si continúan en activo dentro de las Fuerzas Armadas. También, en el caso de que fueran cargos públicos, conocer dónde ejercen para dirimir la competencia jurisdiccional, según han informado fuentes jurídicas.

Estas son las concreciones que el Ministerio Público solicitó el jueves al departamento que dirige Margarita Robles en respuesta al oficio que remitió para que estudie si los hechos reflejados en la información publicada en exclusiva por infoLibre "fueran constitutivos de delito, cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo". La conversación de Whatsapp pertenece a miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire, todos ya retirados, e incluye mensajes contra el Ejecutivo de coalición, habla de "pronunciamientos" militares y de la "muerte" de los miembros del Gobierno. 

"Su conducta ejemplar nada tiene que ver con manifestaciones que repugnan al respeto debido en una sociedad democrática, pluralista y basada en la libertad política e ideológica", dice el oficio de Robles sobre las Fuerzas Armadas. En el documento, la ministra defiende que, además de investigar el contenido del chat, la Fiscalía debe "salvaguardar la honorabilidad y la pública estimación de las Fuerzas Armadas y de los hombres y mujeres que las integran, volcados en el cumplimiento de las funciones que establece el artículo 8 de la Constitución".

En declaraciones posteriores, la responsable de Defensa avisó de que "nadie tiene el derecho a patrimonializar las Fuerzas Armadas" y que éstas "actúan defendiendo la Constitución". También recordó que los integrantes del chat son personas que ya no tienen ninguna vinculación con los Ejércitos y que "se aprovechan" de su antiguo uniforme "con gran nivel de cobardía" para hacer esas declaraciones, tratar de "implicar" al jefe del Estado o "dejar en mal lugar" a las Fuerzas Armadas.

El JEMAD: el compromiso de las Fuerzas Armadas es con la Constitución

El chat de los exmilitares y la carta que algunos de ellos enviaron recientemente al rey Felipe VI, en la que advertían de que "el Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, apoyados por filoetarras e independentistas, amenaza con la descomposición de la Unidad Nacional", también ha obtenido respuesta del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Ángel Villarroya, quien ha subrayado el compromiso de las Fuerzas Armadas con las misiones que les otorga la Constitución frente a las palabras de esos militares retirados, a los que ha acusado de arrogarse un derecho de representatividad "que no poseen", de "dañar" la imagen de los Ejércitos y la Armada y "confundir" a la opinión pública.

Villarroya insiste en que la Constitución es la norma que todos los miembros de las Fuerzas Armadas han prometido defender y que "inspira todas sus actuaciones". "Nuestro compromiso con España y con la Constitución no ofrece ninguna duda y así lo venimos demostrando en nuestra actuación día a día", asevera. Pero además, recuerda que una de las consecuencias de ese compromiso es su neutralidad política. "La condición de militar trae consigo la limitación de ciertos derechos fundamentales como son la participación en manifestaciones o actividades de tipo político, sindical o reivindicativo, la afiliación o colaboración en organizaciones políticas o sindicales o la expresión pública de opiniones sobre ellas (Artículos 180, 181 y 182 de las Reales Ordenanzas de las FFAA)", apunta.

No obstante, señala que los militares retirados ya no están sujetos a estas normas y hace hincapié en que las opiniones conocidas durante los últimos días "no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad", por lo que pide que estas manifestaciones solo sean vistas "como opiniones de ciudadanos particulares".

Estamos haciendo un gran favor a los abuelos militares fachas, dándoles un protagonismo que no merecen. Distingamos primero dos hechos muy distintos, que se están confundiendo estos días. Uno es el chat. El otro es la concatenación de cartas escritas al rey y a otras instituciones.

En el chat, 40 amigos de 75 años en adelante, compañeros de promoción militar retirados, se ponen a despotricar contra el Gobierno con argumentos fascistas (que si la dictadura social comunista, que si hay que fusilar a 26 millones de españoles....). La ministra de Defensa ha enviado a la Fiscalía el chat, publicado por Alicia Gutiérrez en infoLibre, para ver si hay delito.

Si decir estupideces en un chat privado es un delito, entonces yo no entiendo nada. Solo faltaría que 40 amigos no pudieran decir gilipolleces, fanfarronadas y barbaridades en un chat. A mí mis chats a duras penas me aguantarían la revisión de un fiscal estricto, pero afortunadamente es mi conversación privada y nadie tiene derecho a entrar en ella mientras no amenace directamente a alguien o no me dedique a vender heroína o pasar pornografía infantil.

Por lo demás, ¿qué esperábamos que hiciera y pensara la mayoría de esos militares retirados, que ingresaron en las Fuerzas Armadas en pleno franquismo? Pues lo normal: leer a Pío Moa y a Ussía y desbarrar de la democracia y del libertinaje vigente. Obviamente, cuanto más jóvenes son los militares, menos fachas. Aun así, es normal que en las Fuerzas Armadas abunden los conservadores, como es normal que entre los profesores de filosofía haya muchos progresistas y entre los agentes forestales muchos ecologistas.

La cuestión es que esos abuelos ultras pueden hablar ahora y no podían, gracias a nuestras leyes, cuando estaban en activo. No hay duda de que nuestras Fuerzas Armadas están bien integradas en la democracia, aunque aún haya episodios extraños, como persecuciones y abusos de mujeres, o legionarios sacando a Cristo en procesión.

Ese chat de los jubilados inició una pequeña y ridícula operación de “pronunciamientos”. Escribieron al rey para declarar su patriotismo y su preocupación por el deterioro de nuestro país, en manos de socialcomunistas, filoetarras e independentistas. Según parece invitaron a otros grupos de otros compañeros militares también retirados, y llegaron a sumar tres cartas.

Pues, disculpen los ofendidos, pero también tienen derecho. Si lo hubieran hecho en activo, les habrían debido someter a juicio y sancionar. Quizá les habrían expulsado. Pero una vez retirados, como usted o como yo, y como los ingenieros, los taxistas o los fisioterapeutas, y también como los terraplanistas, los amish o los raelianos, esos señores mayores fachas tienen todo el derecho del mundo a escribir al rey, al papa o a Biden. Y de escribir idioteces.

Por fortuna, aunque no debemos dar nunca por garantizada nuestra libertad, desde hace medio siglo estamos más protegidos de esos fascistas que cuando ellos empuñaban sus pistolas.