Yolanda Diaz

Los sindicatos empiezan a negociar la regulación del teletrabajo en los convenios colectivos: el pasado año sólo un 4,16% lo mencionaba expresamente.

El texto acordado establece que no podrán acogerse a ERTE de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales.

La ministra portavoz asegura que se trata de posibilidades en las que trabajan los diferentes ministerios como parte de una tarea de anticipación de todos los escenarios posibles.

Empleados de todas las secundaron este viernes las movilizaciones para protestar contra los planes de despidos de la multinacional aeroespacial, que afectan a 630 trabajadores en España.

Pedro Sánchez y Carmen Calvo han evitado responder si comparten el consejo del vicepresidente primero a los trabajadores del campo.

Hacienda espera recaudar 1.818 millones de euros con los nuevos impuestos sobre las transacciones financieras y determinados servicios digitales, algo menos de los 2.050 millones que calculaba el año pasado.

"A mi que me expliquen cómo se resuelve esta ecuación", ha ironizado la ministra.

La ministra de Trabajo señala que se trata de "una gran noticia" que permitirá que se dejen de vivir situaciones degradantes en España.

Las principales asociaciones agricolas han organizado protestas en todo el país para reivindicar la situación del sector y hacer un "llamamiento de atención" al Gobierno español.

Se trabajará para dar "más voz" a la negociación colectiva y para abordar elementos de la subcontratación, según la ministra de Trabajo.

Sindicatos y organizaciones agrarias centran en la venta a pérdida el problema del campo extremeño y quitan protagonismo a la subida del SMI.

UGT utiliza remuneraciones brutas y la Encuesta de Coste Laboral, CCOO prefiere sueldos netos y la Encuesta de Población Activa, mientras que CEOE mezcla ambos parámetros.

Para la ministra de Trabajo, "cuando hay vulneración de derechos fundamentales no se puede negociar nada".

La propuesta del Ministerio de Trabajo a los sindicatos y la patronal se refiere sólo a 2020; para el resto de la legislatura el SMI se ajustará a la coyuntura económica. La CEOE ha aceptado el acuerdo.

El Gobierno prevé endurecer el régimen de sanciones y una oficina contra la discriminación para supervisar la igualdad en el trabajo.

Asegura que es una "derecha que da miedo" y con la cual "no habría sido posible el proceso democrático" en España.