Jueces

Según la asociación "España es el país de la UE con menos magistradas en el Tribunal Supremo".

Se continúa así con una tónica que viene siendo general en las últimas convocatorias y que ha permitido que el 53,9% de los miembros de la carrera judicial sean ya mujeres.

El Consejo de Europa constata “avances” en España en la puesta en marcha de medidas contra la corrupción respecto a 2018, cuando el país aún eludía la aplicación de la mitad de las medidas recomendadas para jueces y parlamentarios. 

La única opción sería que la Abogacía del Estado solicitase una corrección del auto al entender que existe un error material, aunque algunos juristas creen que esta vía tampoco tendría éxito.

Imponer al acusado, con condición de refugiado, siete años de prisión por un delito de agresión sexual al entender que usó la violencia para "doblegar la voluntad" de la mujer que después violó.

Un grupo de expertos en derechos digitales ha puesto en marcha una página web gratuita para que los ciudadanos se inscriban anónima y gratuitamente.

Justicia rechazaba derogar el artículo que impone plazos a la instrucción porque se estaba tramitando una proposición de ley de Unidos Podemos, pero la formación ha retirado su iniciativa.

Mayor independencia judicial, más autonomía fiscal y mejoras retributivas y profesionales son algunas de sus principales reivindicaciones.

El importe destinado al departamento que dirige Dolores Delgado recibirá un 5% más que en 2018 y prevé convocar 100 plazas de ingreso, pero no cumple con las negociaciones.

En los casos de prisión preventiva y enfermedad grave, el juez decide de acuerdo con los informes médicos y prestando especial atención al riesgo de destrucción de pruebas, fuga o reiteración delictiva. Con los penados, la valoración depende de la Junta de Tratamiento.

Se quejan de que los representantes del Ministerio "no han ofrecido nada concluyente"

Justicia constata "determinados modos" del magistrado De Diego constitutivos de "demérito profesional" pero no le sanciona.

Los dos agentes han quedado posteriormente en libertad con cargos. El empresario Bartolomé Cursach está acusado de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones.

El Constitucional analiza el artículo en cuestión y afirma que existe una "orfandad reguladora" porque el legislador no contempló con "precisión" a quién afecta esta norma.