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Tras la decisión de apartar a López y Espejel del tribunal que juzgará la 'Época I' del 'caso Gürtel', infoLibre recopila otras recusaciones sonadas en los últimos años.
La 'operación Cóndor' investiga delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad, delito contable, tráfico de influencias y cohecho. Hay diez detenidos en Galicia y Madrid.
La jueza instructora de esta presunta trama de corrupción solicitó que el alto tribunal investigase a José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado, sobre supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El expresidente de la Diputación de Ourense afirma que no sabe si se firmaban recibís y niega que a él le hubiesen entregado aportaciones dinerarias en metálico. Eso sí, admite que "normalmente" él mismo era informado de esos donativos.
Los conservadores ourensanos pretenden enviar este miércoles la petición de expulsión acordada por unanimidad por la cúpula partido al Comité de Dereitos e Garantías del PP en Galicia.
Emilio Pascual Vázquez decide "romper el pacto de silencio" y destapar ante la jueza instructora de la operación Pokémon irregularidades en la financiación de este partido para defenderse de las acusaciones que había hecho contra él el presidente del PP de Ourense.
La dirigente conservadora, imputada en el marco de la operación Pokémon, abandona la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia "satisfecha" por haber podido dar su "versión", y con la convicción de que "demostró" al juez que actuó "conforme a Derecho y a la ley".
Paula Prado, que conserva su escaño en el Parlamento de Galicia y sigue formando parte del grupo parlamentario que lidera Alberto Núñez Feijóo, está imputada por delitos de fraude y tráfico de influencias.
Tragsa envía a Brasil a su exgerente en Madrid, Javier de Miguel, que fue alcalde del PP en El Escorial y gastó 172.700 euros con su tarjeta B mientras integraba la Comisión de Control de Caja Madrid. Será jefe de grupo de obra en la filial brasileña y cobrará un complemento por desplazamiento internacional de hasta 40.000 euros al año.
Volverá a su puesto en un instituto después de que su nombre fuese considerado para ocupar el puesto de gerente de la empresa pública Tragsa en Galicia. Su renuncia obliga al PP a nombrar a dedo al octavo concejal de los trece que forman su grupo municipal.
La sospecha se extiende sobre los centenares de contratos que Cofely ha firmado con las administraciones públicas españolas. UGT pide explicaciones por los tres millones de euros que la empresa pública Tragsa le pagó desde 2011. También la Xunta, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Madrid revisarán sus adjudicaciones.
La Operación Púnica, la redada que ha desmantelado una trama de corrupción en ayuntamientos de cuatro comunidades, desvela los métodos caciquiles del poder local en muchos pueblos y ciudades. Ramón Lobo cuenta en este reportaje de tintaLibre las claves de la corrupción municipal.
El regidor compostelano se nieva a opinar sobre la decisión de situar en la gerencia de una empresa pública a una persona sobre la que pesan dos imputaciones por tráfico de influencias en la Operación Pokémon y por prevaricación y acoso moral a un policía local.
La empresa pública Tragsa ha contratado al exalcalde de Santiago Ángel Currás, imputado por tráfico de influencias en la Operación Pokémon, como delegado en Galicia. Percibirá un sueldo de entre 100.000 y 120.000 euros anuales.
Entre otros casos de relevancia, la Sala Segunda debe decidir sobre la admisión o no de la causa de los ERE de Andalucía, o la investigación sobre el portavoz del PP en el Senado en la operación Pokemon.
Las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente denuncian que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quiere reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para "controlar la judicatura".
Un informa de Aduanas asegura que recibió un soborno de la empresa investigada en el marco de la 'Operación Pokémon' para que el PP cesase en sus críticas contra una de sus concesiones municipales.