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La Seguridad Social asegura que el nuevo criterio se debe a que en los meses de paga extra se estaba deduciendo menos importe del que correspondía.
El presidente Sánchez, Calvo, Ábalos, Campo, Robles, Celaá, Maroto y Duque gestionan planes individuales de pensiones, un producto financiero que el Pacto de Toledo quiere desincentivar en favor de los planes de empresa, muy populares en País Vasco.
El nuevo Pacto de Toledo tiene el sí de todas las formaciones políticas, a excepción de los dos diputados de la CUP y la abstención de Vox, Esquerra Republicana, EH-Bildu, Foro Asturias y el BNG.
Solo en el mes de septiembre sumó 9.703 millones de euros más, un 0,7% por encima del dato de agosto.
La institución internacional presenta este viernes el último informe anual sobre la economía española y expresa su apoyo a la decisión de extender los ERTE hasta enero de 2021.
Una de las opciones es retrasar la edad de jubilación con un incentivo: obtener un pago completo al principio en vez de recibir un incremento gradual de la pensión.
Cs ha informado de que su equipo negociador hablará con el Ejecutivo para tratar de concretar apoyos.
El Gobierno se fija en los fondos públicos de pensiones del País Vasco y Reino Unido, en los que las empresas realizan aportaciones para la jubilación complementaria de sus asalariados.
El nuevo pacto supone una redistribución de la carga intergeneracional sobre los trabajadores futuros, que serán los costaleros, en favor de los actuales trabajadores jubilados.
La suma de estos dos conceptos y de los intereses de la deuda bajan caen por primera vez en una década por debajo del 50% del gasto total gracias a las ayudas de la UE.
El acuerdo suma al PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV, mientras que ERC y Bildu se abstienen.
El Pleno del Congreso votará en Comisión el próximo martes 27 de octubre las recomendaciones del Pacto de Toledo
Con el acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.
También traslada que la "derecha" ha decidido "patrimonializar" al rey y que es esencial aprobar los Presupuestos.
La ministra de Hacienda dice que el borrador fiscal está "prácticamente" finalizado y afirma que no habrá subida de impuestos a la clase media y trabajadora.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado que uno de sus objetivos es descargar a la Seguridad Social de los gastos que no le son propios y trasladarlos al Estado.
A las pensiones de viudedad se destinaron casi 1.709 millones de euros, mientras que a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 934,1 millones de euros.
El organismo estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentaría el gasto en, aproximadamente, dos puntos porcentuales del PIB en el año 2030.
Se explicaría a los millones de madrileños que existe otra política de Sanidad alternativa, que atienda las necesidades de la ciudadanía, su derecho a disponer de plaza en las residencias de mayores en condiciones dignas y la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia.
El ministro de Seguridad Social, José Luis propone incentivos fiscales para los planes de pensiones de empresa, que apenas cubren al 10% de los trabajadores.
Los planes de empresa tienen un cobro cuatro veces menor de media: 0,3 puntos frente a los 1,2 puntos de media que se lleva el gestor de los planes individuales, ha señalado el ministro.
www.infolibre.es ISSN 2445-1592
