Cataluña

Del populismo al independentismo

Del populismo al independentismo

Xavier Casals

“Cataluña, nuevo Estado de Europa” fue el lema de la gigantesca manifestación del 11 de septiembre de 2012 que galvanizó Cataluña, pues Convergència i Unió (CiU), liderada por Artur Mas, dio un giro independentista y apostó por convocar comicios autonómicos en noviembre. Estas elecciones generaron un hemiciclo fragmentado y Mas perdió un 8% de votos, pero las formaciones partidarias de la separación de España superaron el 48%. Desde entonces la celebración de una consulta sobre la independencia es el leitmotiv de la política catalana y, en gran medida, española. Un sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió [CEO] de la Generalitat de junio de 2013 apuntó que en un referéndum de autodeterminación un 55,6% de encuestados votaría a favor y un 23.4% en contra. Esta eclosión del secesionismo se enmarca en un proceso que ha hecho de Cataluña el laboratorio político español al vincularse aquí la crisis económica con una doble desafección: hacia el Estado y hacia la clase política catalana. Ello ha expandido tendencias populistas, siendo el plebiscito separatista su manifestación más vistosa, como pretendemos demostrar.

Desde nuestra óptica, el año 2003 fue el inicio de la situación actual al comenzar a gestarse el nuevo Estatuto (que desembocó en un alejamiento de amplios sectores catalanes del Estado) y al emerger en los comicios locales de mayo dos formaciones nuevas (la ultraderechista Plataforma per Catalunya [PxC] y la independentista y anticapitalista Candidatura d'Unitat Popular [CUP]), que fueron el primer síntoma visible de desafección hacia los grandes partidos. A partir de aquí intentaremos explicar las claves de esta doble desafección.

Tras los comicios catalanes de 2003 se constituyó el primer Ejecutivo tripartito de la Generalitat. Presidido por Pasqual Maragall, unió al Partit dels Socialistes de Catalunya [PSC], Esquerra Republicana de Catalunya [ERC] e Iniciativa per Catalunya-Verds [ICV] y promovió un nuevo Estatuto. Este último se aprobó mediante referéndum en 2006 en medio del desencanto: ERC pidió el voto negativo por las modificaciones que el texto conoció en las Cortes, la abstención llegó al 51% y se llevó al Gobierno de Maragall a la tumba al convocarse nuevas elecciones ese año en las que éste ya no repitió candidatura. Le sustituyó José Montilla, que lideró un segundo tripartito hasta los comicios de 2010, cuando venció Mas al frente de CiU.

A la vez, el Estatuto se enfrentó al rechazo de sectores amplios de la sociedad española liderados por un Partido Popular (PP) de actuación contradictoria, pues impugnó ante el Tribunal Constitucional 136 de los 223 artículos del texto estatutario aprobados por las Cortes y al mismo tiempo lo emuló. Así, mientras Mariano Rajoy recogía firmas contra el Estatuto, círculos populares de Galicia y Valencia lo tomaron como un eventual referente de nuevos estatutos. ¿La causa? Según el expresidente balear Jaume Matas, el proceso catalán hizo que “los demás [líderes autonómicos] nos viéramos obligados, por razones de supervivencia y de intereses amenazados, a emprender nuestras reformas autonómicas”.

El resultado fue que el proceso estatutario catalán alumbró un anticatalanismo rampante en España mientras en Cataluña suscitó una desafección creciente hacia sus dirigentes y hacia “Madrid”, como símbolo de un Estado en el que sus demandas no hallan encaje. Luego la desafección fue avivada por la larga negociación del sistema de financiación catalán entre el Ejecutivo de Montilla y el de José Luis Rodríguez Zapatero, que no logró un acuerdo hasta 2009, y la hizo más profunda el rechazo que suscitó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el texto estatutario impugnado por el PP, visible en una gran manifestación de protesta celebrada en Barcelona el 10 de julio de 2010.

Esta desafección hacia el Estado habría conformado un fenómeno que el ensayista italiano Paolo Rumiz bautizó como “secesión ligera” en La secessione leggera (2001). Con esta expresión designó la protesta que en Italia encarnó la Liga Norte en los años noventa del siglo pasado. Liderada por Umberto Bossi, esta formación abrazó un nacionalismo padano (en alusión al valle del Po) de nuevo cuño alzado contra “Roma la ladrona” (como símbolo de una Italia corrupta e ineficiente) y un mezzogiorno asistido. Incluso proclamó una secesión virtual del Norte en 1996. Rumiz describió así esta “secesión ligera”: “Levemente, de manera inadvertida, un hombre nuevo ha crecido en el ethnos italiano, y la secesión está antes que nada en su cabeza: es un alejamiento mental de la política, del Estado, de la res publica, incluso hasta de aquel supremo bien común que se llama territorio”. A la luz de esta experiencia, cabe pensar que Cataluña ha conocido en la última década un proceso similar (un alejamiento mental del Estado), pero que se ha manifestado con discursos distintos y opuestos a la derecha populista xenófoba que encarna el liguismo. Este sentimiento difuso se afirmó como un independentismo explícito a partir de la manifestación de septiembre de 2012.

Desde entonces, la independencia dejó de ser un fin o una meta a la que se accedía mediante un eventual gradualismo reivindicativo porque con la crisis económica devino un medio para mantener un Estado del bienestar sólido. El politólogo Joan Ridao, exdirigente de ERC, lo ha expresado gráficamente: “Se ha extendido la conciencia de que, para los catalanes, ser español tiene un alto coste para su bienestar que ahora incluso se convierte en inasumible” (Podem ser independents? 2012). En este sentido, conviene destacar que en Cataluña se habla poco de esencias patrias y mucho de fiscalidad, infraestructuras, sanidad, educación y servicios.

El fin de la vieja política

De modo paralelo a esta desafección hacia el Estado, los catalanes han desarrollado otra hacia su clase política que tampoco cesa de crecer: ya en enero de 2010 un sondeo del CEO mostró que los políticos eran el segundo problema después del paro para la ciudadanía y en diciembre un 84,6% de encuestados creía que la corrupción estaba muy extendida entre los partidos y, ante casos de ella, un 53,8% declaró que no les votaría.

Este alejamiento se ha advertido en la erosión electoral de sus cinco grandes partidos (CiU, ERC, PSC, PP e ICV), que entre los comicios locales de 2003 y los de 2011 pasaron de representar un 56,6% del censo total a un 44,5%. El resultado es que Cataluña figura como el lugar de España donde han emergido primero nuevas formaciones: las mencionadas PxC y la CUP, Ciutadans [C's] y Solidaritat Catalana per la Independència [SI], que encabezó inicialmente el expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

Estos partidos, pese a su diversidad, comparten cuatro grandes rasgos. En primer lugar, articulan un discurso populista sobre dos banderas: la protesta contra la política tradicional y el establishment y la afirmación identitaria (sea catalana, española o “autóctona” ante la inmigración). En segundo lugar, pretenden constituir “partidos-movimiento”, al menos en apariencia: ante el desprestigio de las formaciones tradicionales se autodefinen como emanaciones de la sociedad civil que quieren restablecer una democracia “real”, pretendidamente secuestrada o desvirtuada por las últimas. En consecuencia, sus denominaciones sustituyen la palabra partido por alusiones a apiñamientos cívicos ideológicamente transversales que tienden a remitir a valores (“ciudadanos”, “plataforma”, “solidaridad” o “candidatura de unidad popular”) y no a ideologías. En tercer lugar, otorgan a Internet un papel relevante o decisivo, pues la red permite articular una organización de coste mínimo. Por último, estos nuevos actores emergen en los ámbitos más próximos al ciudadano: consistorios y parlamentos autonómicos.

Lo expuesto hace de Cataluña el laboratorio político estatal, ya que la actual expansión del populismo tiene su epicentro en Barcelona, que lo irradia hacia el resto de España. Lo testimonian rótulos dispares que aúnan protesta antiestablishment y afirmación identitaria como Foro Asturias Ciudadano, Compromís, Alternativa Galega de Esquerda o Bildu, mientras solo Unión Progreso y Democracia [UPyD] incide en el centro. De este modo, la dualidad Madrid-Barcelona encarna una dicotomía entre “vieja” y “nueva política”.

Esta doble desafección política catalana se plasmó en un populismo plebiscitario que ha tenido dos proyecciones: las llamadas consultas populares por la independencia y los indignados. Las mencionadas consultas fueron referendos locales sobre la independencia sin validez legal que organizaron entidades. Bajo el lema Catalunya decideix [“Cataluña decide”] se realizaron en 554 municipios (de un total de 947) entre septiembre de 2009 y abril de 2011 con esta pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que Cataluña sea un Estado de Derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?”. Los gestionó una apartidista Coordinadora Nacional per la Consulta sobre la Independència y participó en ellos casi el 19% del censo previsto: la nada despreciable cifra de 884.508 personas. Estos plebiscitos devinieron un gran ejercicio de democracia directa y escenificaron la doble desafección citada, pues se votó al margen de los partidos para rechazar al Estado. Las votaciones tuvieron un doble impacto: instalaron la independencia en la agenda política catalana e internacional (dado su eco mediático) y extendieron un afán de democracia participativa que sintonizó con el cuestionamiento de la “vieja política” representada por los grandes partidos.

De este modo, la demanda de soberanía “nacional” catalana que se reclama en la calle es paralela a una exigencia de devolución de soberanía al “pueblo”. El resultado es que el lema “Cataluña decide” que enarbolan las entidades independentistas tiene una doble lectura: no sólo “la nación” tiene derecho a decidir, como ethnos o comunidad nacional, sino que también lo tienen los ciudadanos individuales, como démos. En estos plebiscitos, pues, no sólo se expresó de forma simbólica una demanda de cambio de relaciones entre Cataluña y España, sino también del juego político imperante.

En este marco, la eclosión de los indignados el 15 de mayo de 2011 reafirmó este proceso y marcó otro hito en relación a las expresiones populistas precedentes: si los nuevos partidos suponían una protesta dentro del sistema y los plebiscitos por la independencia fueron una protesta al margen del sistema, los indignados articularon una protesta contra el sistema. Por una parte, encarnaron el deseo de conformar una democracia horizontal y directa, sin mediación de partidos ni líderes. Por otra, se autoerigieron en representación del “pueblo” ante las élites políticas y económicas, como mostró el “asedio” del Parlamento catalán y la Bolsa de Barcelona.

Finalmente, otro elemento hace singular la política catalana: un clima de insumisión civil creciente, fomentada no solo por entes civiles, sino amparada en ocasiones por la Generalitat (como demostró la campaña del Ejecutivo en favor del distintivo “Cat” en la matrícula tapando la “E” en julio de 2011) o consistorios (especialmente con la supresión de la enseña española oficial). Ello ha reflejado el clima de protesta creciente de parte de la ciudadanía, cuya capacidad de autoorganización afloró en la protesta antipeaje de marzo de 2012: la inició un ciudadano, Josep Casadellà, que insertó un video en youtube en el que se filmó negándose a abonar un peaje. Espontáneamente surgió la campaña #novullpagar [#noquieropagar] a través de las redes sociales y fue seguida por miles de conductores pese a la amenaza de multas.

¿Modelo escocés o italiano?

A tenor de lo expuesto, la demanda de referéndum sobre la independencia posee gran consistencia al conformar un anclaje entre una política institucional desprestigiada y una demanda de democracia plebiscitaria en la que anida un clima de insumisión civil. Por esta razón, la exigencia del plebiscito persistirá, ya que articula un complejo y contradictorio ensamblaje de política parlamentaria y protesta antiestablishment que canaliza tanto la desafección ciudadana hacia Madrid como las ansias de construir una democracia más participativa y directa.

Así las cosas, la irrupción del independentismo ha generado una italianización territorial que se sobrepone a las tendencias mencionadas. ¿En qué sentido? Consideramos que el secesionismo catalán pone de relieve un problema de vertebración territorial similar al que plasmó la irrupción de la Liga Norte en Italia en la época, ya que expresa la protesta del Norte ante la política fiscal del Estado. En este marco, las tensiones interterritoriales no han hecho más que empezar, como refleja el afán del presidente extremeño, José Antonio Monago, de erigirse en caudillo del mezzogiorno español contra la insolidaridad atribuida a Cataluña.

La consecuencia de todo lo expuesto es que el independentismo catalán, si bien ha asumido la vía plebiscitaria del escocés y del quebequés, proyecta las mismas facetas de crisis del Estado que el politólogo Ilvo Diamanti constató en Italia al hacer eclosión la Liga Norte en Il male del Nord (1996): tensión entre sociedad, economía y política; entre Norte y Sur; y entre viejos partidos y formas nuevas de participación de masas.

Llegados aquí, podemos apreciar que reducir la situación catalana a una pugna sobre la independencia asociada a un giro oportunista de CiU oscurece sus dinámicas profundas. Estamos ante una realidad poliédrica que puede marcar la política estatal hasta extremos insospechados, no solo por una hipotética ruptura del Estado, sino también porque la quiebra del sistema político catalán anuncia la del estatal.

El ocaso de la era juancarlista

Cataluña es el laboratorio político español, como han mostrado la emulación de su proceso estatutario por otras comunidades autónomas o la irrupción de nuevos partidos políticos semejantes a los catalanes. En la actualidad, la desafección que impera aquí hacia la política institucional iniciada hace una década es cada vez más visible en el resto de España, como demuestra la erosión acelerada del bipartidismo que recoge la demoscopia.

Según un barómetro del CIS del pasado mes de julio, PSOE y PP sumarían el 59,7% del voto y el 42,7%, según El País (11/V/2013), cuando en las elecciones generales del año 2011 era el 73,3% y en las de 2009 el 83,8%. Pero no solo cae la valoración de los políticos, sino también de la Corona y la Justicia. Este declive de confianza en las instituciones es simultáneo a la irrupción de tendencias populistas (que combinan insumisión civil y discursos antiestablishment), conflictividad interterritorial y controversia sobre la articulación del Estado entre visiones recentralizadoras, federalistas y secesionistas.

En suma, el independentismo catalán es la manifestación más ostentosa de un descontento territorial, pero también del declive de la era juancarlista. Y es que las convulsiones políticas de Cataluña anuncian que la democracia española debe reinventarse, tanto en la vertebración del Estado como en su representatividad. Un doble desafío que no es menor.

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