Ni culpables ni invisibles

Escribir algo sobre las personas mayores para el 1 de octubre no por habitual deja de ser relevante, en la medida en que se intenta el enfrentamiento generacional, un día tras otro. Empezamos a indignarnos con quienes caen en esa falsa disyuntiva que penaliza a quienes cobramos una pensión que nos permite vivir, una situación falsamente generalizada que no se corresponde con la realidad. Por principio, una gran mayoría no cobra la pensión máxima (3.200 brutos con descuentos de hasta del 37%) y la media se sitúa en 1.400 euros, por lo cual muchísima gente no llega al salario mínimo interprofesional, y peor si se trata de no contributivas (pensión media 547euros). [1]

Quien acepta reforzar ese discurso de jóvenes contra mayores, si se lo cree es pura ingenuidad o, de lo contrario, es lo que necesitan las entidades financieras para que se contraten planes privados. El ataque al sistema público de pensiones ni es gratuito ni es de hoy. Viene de lejos con ataques más o menos creíbles, pero siempre con la misma intención de socavar la sostenibilidad o exagerar lo bien que se vive con la jubilación.

El problema de raíz es el mercado, el debilitamiento del Estado, una fiscalidad enemiga de la justicia social, la especulación inmobiliaria, los bajos salarios. La juventud está sufriendo las consecuencias del capitalismo más salvaje de los últimos tiempos y hay quien encuentra más fácil culpar a las personas mayores (o a la inmigración). Con el agravante de debilitar los derechos humanos de las personas que han dejado de “producir”, que viven más porque las sociedades son más longevas como un triunfo de la humanidad. Como si la pensión fuera caridad y no un derecho afianzado con nuestras cotizaciones, apoyado por impuestos, una conquista de la clase trabajadora, un modelo de solidaridad de carácter colectivo, público, que se aleja del sálvese quien pueda que condena a la gente con menos recursos.

Incluso con la pensión máxima, si hay que pagar un alquiler, las personas mayores se encuentran en igualdad de condiciones que cualquier persona joven con un sueldo similar. Muchas veces tienen que ayudar a sus descendientes, a veces su pareja tiene una pensión mísera. A pesar de que una gran cantidad empezaron a trabajar antes de los 14 años; pensar que la edad de 16 años para poder trabajar se selló por ley en 1980, cuando los diez millones actuales tenían más de 20 años.

Esas personas cotizaron alrededor de 40 años, no pudieron estudiar y procuraron que sus hijos e hijas lo hicieran.

La obligatoriedad de escolarización hasta los 14 años (la EGB) es de la ley de 1970 y no se cumplió hasta la década de los ochenta, imaginaros qué trabajos realizaba una gran mayoría. Por eso, en estos momentos parece pertinente visibilizar los niveles de estudios de las personas mayores, sabiendo que no estudiaron porque no podían, y que sus trabajos han sido de muchas horas, a veces a la intemperie, otras por turnos, y encima lucharon por la democracia con riesgos evidentes. Tal vez, sería pertinente insistir en que los derechos se defienden, y pueden desaparecer sin una defensa colectiva. [2]

Hagamos un repaso con cifras redondas para facilitar la lectura. De las 9.700.000 personas mayores de 65 años (2023), tienen pensión de jubilación entre 6.000.000 y 6.700.000 con diferentes situaciones (alrededor del 66%). Sus niveles de estudios demuestran con claridad las desigualdades sociales que sufrieron, la escasez que soportaron incluso en la alimentación, sobre todo los de mayor edad que vivieron la guerra y la hambruna posterior. Por supuesto, agravado para las mujeres. Veamos los niveles de estudios con el Censo de 2023:

Desde el 38,9% que tienen solamente primaria o menos hasta el 30,6% que consiguieron el equivalente a la EGB (que la mayoría no cursó con la ley del 70) que en determinadas zonas era bastante deficitaria. Los más jóvenes (entre 65 y 69 años en 2023) nacieron entre 1956 y 1960, por lo cual cursaron una primaria hasta los 10 años y unos pocos habrán continuado en condiciones penosas para completar un bachillerato de bajísimo nivel primero y todavía menos el llamado bachillerato superior. Imaginaros las condiciones de vida en la infancia de quienes nacieron antes, cumpliendo 10 años en 1946, 1947 o 1948, y no se puede ni imaginar si tenían esa edad entre el 36 y el 39. Si ahora cumplen entre 85 y 89 años, un 68,5% cursaron sólo primaria o menos. Puede que, en alguna gran ciudad, hayan recibido unas enseñanzas de mayor nivel o hayan podido estudiar un tiempo más.

Estamos hablando de un 69,5% de personas mayores de 65 años, en España 2023, que no tienen ni la E.S.O. Un reducido grupo del 30,5% ha superado ese nivel.

Quien acepta reforzar ese discurso de jóvenes contra mayores, si se lo cree es pura ingenuidad o, de lo contrario, es lo que necesitan las entidades financieras para que se contraten planes privados

Por lo cual, es útil reproducir unas palabras en un Blog reciente:

“Soy un boomer y cobro una pensión digna, y no pido perdón por ello. Tampoco acepto que nos usen como chivo expiatorio para ocultar la responsabilidad de quienes concentran privilegios. Mis nietos no necesitan que les retribuyan a cargo de mi pensión: necesitan salarios dignos, vivienda asequible, estabilidad laboral y un futuro en el que puedan confiar. Y deben saber que eso no se lo dará, ni en Francia, ni en España, ni en Europa, la extrema derecha.” (Quim González Muntadas, Blog, septiembre 2025)

Partimos de unos discursos donde siempre se culpa al más débil. En lugar de identificar a las grandes empresas que evaden impuestos con subterfugios legales, otras que se niegan a reducir la jornada para acumular beneficios indecentes, cuando deberían invertir en procesos y tecnología para que la organización del trabajo generara mayor productividad. Y no nos olvidemos del mantra del absentismo, cuando están aumentando los accidentes laborales por los ritmos o las horas de trabajo.

Si la gente joven no va a tener suficientes años de cotización será por los contratos temporales, las medias jornadas obligadas, las extras no pagadas, el abuso de los períodos de prácticas y los bajos salarios. La derecha sigue negándose a subir el mínimo interprofesional, a reducir la jornada, al control horario, etc. Hay sectores donde es posible cualquier barbaridad de jornadas, horarios, descansos, saltándose los convenios y en algunos casos con un convenio que rebela la poca potencia de la fuerza de trabajo para conseguir reivindicaciones. Esos son los más débiles que necesitan de las leyes para tener unas condiciones dignas, o convenios sectoriales estatales que les protejan.

Con la edad de jubilación ocurre otra cosa: debería diferenciarse por tipos de trabajo, la voluntariedad para continuar ya existe, pero en algunas actividades deberían poder jubilarse antes (en el diálogo social ya están en ello). La uniformidad ya es una situación del pasado, en todos los sentidos. Ni la jubilación ni el envejecimiento son homogéneos y la diversidad es un valor a tener en cuenta basado en la realidad. No se trata de diferenciaciones forzadas ni de consideraciones minoritarias, es necesario un análisis objetivo de las discrepancias reales entre unas vidas laborales y otras, entre unas condiciones de trabajo penosas y otras más dignas.

La situación de las mujeres va evolucionando, pero todavía son necesarios aumentos importantes para superar la brecha de género y abandonar los riesgos de pobreza, que deberán ir acompañados de otras mejoras en ayudas, servicios sociales o dependencia. Las pensiones de viudedad son una vía directa a la pobreza severa, la media no supera los 900 euros. Unas políticas públicas apropiadas contribuyen a compensar las desigualdades. En el fondo, las desigualdades o las discriminaciones, sean a jóvenes, a mujeres, a inmigrantes o a personas mayores tienen que ser la diana de esas políticas públicas para defender la justicia social, que garantice la cohesión que necesitan las sociedades democráticas.

Unas palabras de Victoria Camps (2025)[3] revelan con claridad el trasfondo de la cuestión de la pérdida de objetivos y valores colectivos imprescindibles para el desarrollo humano (económico, social, cultural, etc.)

“La libertad individual deviene puro egoísmo, mientras que la equidad no está orientando de forma clara y evidente las respuestas a los desafíos que presentan los grandes problemas de nuestro tiempo”

“… ese momento reflexivo ha desaparecido de las mentes de los individuos que, inmersos en el consumismo y programados por la publicidad, identifican la facultad de ser libre con la satisfacción inmediata de cualquier deseo”.

Reiterando aquello que deberían aplicar quienes han entrado en la seducción de las generalizaciones, que tienden a olvidar a los seres humanos concretos. Las personas mayores somos muy heterogéneas, la juventud tampoco es uniforme, las desigualdades y las discriminaciones campan a sus anchas en nuestras sociedades. Enfrentar generaciones es una trampa que favorece la desconfianza en el sistema público de pensiones y promueve el sálvese quien pueda de la privatización. Se dirige hacia la falta de confianza en el diálogo social (que hasta ahora ha sido efectivo para conservar el sistema), promoviendo el individualismo contrario a la solidaridad intergeneracional, que es la clave del desarrollo de la humanidad. Negando las luchas de la clase trabajadora por los derechos laborales, sociales y humanos, olvidando que sin justicia social la democracia no es posible.

Finalizamos sintetizando la advertencia de Daniel Innerarity: la sociedad es compleja, la democracia es compleja, desconfiemos de quienes plantean análisis de buenos y malos y venden recetas simples para solucionar los problemas.

[1] Federación de Pensionistas, Fundación 1º de Mayo y Confederación Sindical de CCOO (2025): Observatorio social de las personas mayores 2024

[2] Artal, R.M: elDiario.es – 20/09/205 

[3] Camps, V (2025): La sociedad de la desconfianza. Arpa. Barcelona.

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Estella Acosta es orientadora y profesora asociada de la UAM, jubilada.