La Fiscalía archiva la investigación sobre la tragedia de Melilla

Migrantes amontonados en el puesto fronterizo de Melilla.

La fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha decretado este viernes el archivo de las diligencias de investigación abiertas sobre la tragedia vivida el pasado verano en el paso fronterizo entre Nador y Melilla. Tras casi seis meses de investigación, la representante del Ministerio Público no aprecia indicios de delito en la actuación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, ha dado traslado al director adjunto operativo de la Guardia Civil de la actuación de aquellos agentes que lanzaron piedras contra los migrantes por si pudiera ser constitutiva de infracción disciplinaria.

En su decreto, la la fiscal recuerda a los ministerios la necesidad de poner en marcha medidas para que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en oficinas diplomáticas o consultares o en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla para "asegurar" que aquellos que intenten saltar la valla "hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido". En este sentido, Sánchez recuerda en su decreto que la mayor parte de los migrantes proceden de países en conflicto y, por tanto, son merecedores de protección internacional.

"Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto", resalta.

Los hechos sucedieron a primera hora de la mañana del 24 de junio. Aquel viernes, cientos de personas, la mayoría refugiados sudaneses, se dirigieron al puesto fronterizo con el objetivo de acceder a territorio español. Con mazas y hasta una radial, el grupo trató de atravesar la verja que separa ambos territorios mientras volaban piedras, palos y material antidisturbios –se emplearon aquella mañana 86 botes de gas lacrimógeno, 28 de humo, 41 aerosoles de gas pimienta o 65 pelotas de goma–. De pronto, las puertas cedieron y se produjo una avalancha humana que se saldó con una montaña de cuerpos apilados a uno y otro lado de la cancela pidiendo una asistencia sanitaria que nunca llegó. Las cifras oficiales hablaron entonces de 23 muertos, pero los colectivos de derechos humanos contabilizaron más de una treintena. Una tragedia que dio la vuelta al mundo.

Denegación de auxilio y devoluciones en caliente

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La fiscal considera que ninguno de los agentes que participaron en el operativo tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias. Por eso, sostiene, en ningún momento supieron que había personas en riesgo que necesitaban auxilio. No obstante, completa, aunque lo hubiesen conocido la fiscal considera que los agentes no podrían habérselo prestado sin riesgo propio. También rechaza, del mismo modo, un homicidio imprudente al considerar que no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes.

Además, cifra las devoluciones en caliente producidas en 470, frente al poco más de un centenar que reconoció el propio Ministerio del Interior. Rechazos en frontera que se hicieron, resalta el Ministerio Público, "en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española".

El archivo se produce tras seis meses de investigación en los que se ha tomado declaración tanto a las personas migrantes como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de analizar diferentes informes, grabaciones y audios correspondientes a aquella jornada en el puesto fronterizo del Barrio Chino.

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