Amnistía acusa a España y a Marruecos de crímenes de derecho internacional en la tragedia de la valla de Melilla
"Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto". Este es el testimonio de una de las víctimas de la tragedia humanitaria ocurrida en Melilla el pasado 24 de junio además del título del informe de Amnistía Internacional (AI) presentado este martes a nivel internacional y con el que denuncia las actuaciones de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Desde la ONG se las acusa de haber cometido "crímenes de derecho internacional", primero, y de haber impedido "investigaciones efectivas y transparentes para establecer la verdad de lo que ocurrió ese día".
AI ha agrupado todas las pruebas de lo sucedido a través de las declaraciones de testigos, víctimas y familiares. A lo largo de 66 páginas, Amnistía Internacional explica los días previos al desastre y describe de forma cronológica el intento de pasar al otro lado de la frontera desde Marruecos hasta España (Melilla) por parte de 2.000 personas migrantes. El asalto costó la vida a 37 personas, dejando un saldo de otras 77 de las que en este momento no se sabe nada. Amnistía reconoce que hay discrepancias respecto a las cifras, las que ellos defienden son las recogidas en un informe de la ONU. Añaden que esto se debe a la falta de una investigación exhaustiva y objetivo por parte de las dos partes.
La ONG acusa al Gobierno de España de encubrir los hechos. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha asegurado que "el Gobierno ha hecho declaraciones falsas e inexactas". "Nuestras investigaciones demuestran que las fuerzas de seguridad española en colaboración con las marroquíes cometieron los mayores crímenes de los derechos humanos", ha denunciado. Los crímenes considerados en estas categoría son: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población y privación grave de libertad o tortura. Según la ONG, el Gobierno español ha tratado de minimizar lo sucedido, rechazando la investigación parlamentaria y asegurando que no ocurrieron hechos trágicos en territorio español. Sin embargo, sostiene AI, gran parte de las agresiones se desarrollaron en el Barrio Chino, la zona fronteriza de Melilla, que pertenece a España.
Amnistía Internacional acusa tanto al Gobierno de España como a de Marruecos de no haber dado ningún tipo de explicaciones después de la tragedia. Hace referencia a la falta de pruebas gráficas aportadas por parte del Ministerio de Interior de España para clarificar lo que realmente sucedió el 24 de junio. "La deplorable omisión de las autoridades españolas y marroquíes a la hora de establecer la verdad y garantizar la justicia para al menos 37 personas subsaharianas fallecidas y otras 77 que continúan en paradero desconocido denota encubrimiento", afirma la ONG.
Las víctimas han asegurado a la organización que autoridades marroquíes días antes al asalto a la valla atacaron el refugio, quemando y destruyendo las pertenencias de muchas de ellas. Además, otros testimonios indican que la policía fronterizo usó porras, balas y pelotas de goma, además de realizar actuaciones que acabaron en golpes y patadas a personas que ya estaban inmovilizadas o que no podían reaccionar debido a las lesiones que sufrían. "Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas nos arrojaban de todo", contó Zacharias, de 22 años.
Ninguna de las autoridades involucradas de los dos países fronterizos prestaron asistencia médica rápida y adecuada a los heridos. En este sentido, Amnistía Internacional acusa a España de no dejar a la Cruz Roja acceder con equipo médico. Una de las personas migrantes entrevistadas para realizar el informe aseguró que las autoridades españoles obligaron a personas heridas a volver a cruzar la frontera hacia Marruecos. Amnistía recalca que ninguno de los dos países ofrecieron asistencia a los migrantes durante todo el día del 24 de junio.
Violencia y asilo imposible: la frontera sur se consagra como el agujero negro de los derechos humanos
Ver más
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha hecho referencia a actitudes racistas a la hora de acoger refugiados: "Esto huele a encubrimiento y racismo, y echa sal en heridas ya dolorosas. Es fundamental que ambos gobiernos garanticen la verdad y la justicia". "Hay una montaña creciente de pruebas de graves y múltiples violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes ilegítimas y los malos tratos a personas refugiadas y migrantes y, hasta el día de hoy, la falta de información sobre la identidad de las personas fallecidas y el destino de las personas desaparecidas", ha declarado.
Amna Guellai, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha descrito la tragedia como "un día sangriento", y ha añadido que las víctimas eran "personas que soñaban por una vida mejor, pero su camino hacia la frontera se encontró con la inhumanidad".
En el documento, Amnistía Internacional ofrece una serie de recomendaciones a los gobiernos de España y Marruecos, la Unión Africana y la Unión Europea. Pide al Ejecutivo español que cese su política "violatoria" de los derechos humanos, una nueva política que evite que hechos como este vuelvan a suceder, garantizar una investigación independiente para poner en disposición de la justicia a los involucrados en los actos de violencia, reconocer la gravedad de lo ocurrido, reconocer el derecho a la verdad de las víctimas y familiares y garantizar el acceso efectivo de todas las personas que busquen asilo. Beltrán recordó que "la ley mordaza en uno de sus artículos es ambigua con el trato de migrantes".
