Mil euros de alquiler y falta de información: el proyecto de vivienda social de la Xunta se tambalea

En el verano de 2023, la cooperativa Galivivienda se convirtió en la adjudicataria de cuatro parcelas que la Xunta cedió prácticamente gratis en A Coruña para la construcción de 224 pisos en régimen de alquiler social durante 50 años. Meses después, en marzo de 2024 y poco después de la victoria electoral de Alfonso Rueda, el Gobierno gallego presentó el proyecto — Alquiler50. Office Park— en un acto público con decenas de autoridades e invitados donde presentó la iniciativa como un ejemplo de la colaboración público-privada para abordar el problema de la vivienda. 

Galivivienda, la promotora, presume al mismo tiempo de contribuir al "derecho" de la ciudadanía a "poder vivir en una vivienda asequible, de alta calidad y con una renta moderada y estable en el tiempo" y de las solicitudes para acceder a estos pisos en el barrio de Xuxán que superan rápidamente las 2.000: las de personas con bajos ingresos que vieron aquí una oportunidad única ante la escalada de precios inasumibles en el mercado inmobiliario. 

A estas alturas, cerca de un tercio de los socios y socias iniciales ya han abandonado la cooperativa, que este pasado martes mantuvo una reunión con el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para buscar una financiación que no llega. Un intento más para solucionar el enorme desbarajuste en que ha acabado el proyecto: plazos de pagos cambiantes, modificaciones en las condiciones iniciales y protestas de los cooperativistas, movilizados ante el intento de hacerles asumir unas cuotas inalcanzables. 

Todo en una promoción que cuenta con una ayuda europea de casi 11 millones de euros y con el apoyo entusiasta de la Xunta, que lo veía como un paradigma de su modelo de vivienda pública tras una década de parálisis con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno . 

Rápidamente dejó de serlo. Los precios de alquiler que ofrecía por Galivivienda, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), no superaban los 550 euros mensuales y oscilaban entre los 350 aproximadamente de un piso con un solo dormitorio hasta los 530 de los de dos, garaje y trastero. Una oportunidad única. Además, las condiciones incluían el pago, hace un año, de 100 euros para unirse al proyecto y otros 1.000 para la elección de vivienda. 

A partir de ahí, el compromiso de abonar 13.000 euros antes de la entrega de llaves, prevista para antes del verano de 2026, de acuerdo con los plazos de las ayudas de la UE. Varios años para ahorrarlos y con la posibilidad de solicitar un préstamo. Después, y una vez se entrase a vivir, una aportación de 1.100 euros anuales durante 36 años para unos cooperativistas que se olvidaban de los trámites burocráticos y de la búsqueda de financiación, de la que se ocuparía Galivivienda. 

Todo cambió el pasado 24 de abril, en la asamblea en la que los cooperativistas se opusieron a la propuesta de Galivivienda de cambiar las condiciones iniciales. La aportación de capital prevista a la empresa subía de 53.000 a 63.000 euros, se imponía un pago inmediato de 500 euros y cuotas de 225 durante la construcción de los edificios. Después, ya como inquilinos, se acortaban los plazos previstos de casi 40 años para los pagos posteriores. Pasaron de ser de un máximo de diez, pagando 475 euros mensuales además de la renta del alquiler: más de 1.000 euros al mes en total . 

La votación terminó con un no mayoritario, decenas de cooperativistas se dieron de baja y muchos otros se unieron y se movilizaron para rechazar las tarifas y buscar una solución. La promoción que prometía acoger a familias de clase trabajadora, de rentas bajas e incluso a mileuristas, se convirtió en un proyecto muy alejado de su intención inicial. O por lo menos de la que se había difundido. 

El cambio de condiciones, según Galivivienda, se debió a su intento de obtener financiación del ICO ante las mayores exigencias en los requisitos del Instituto de Crédito Oficial, un argumento secundado por la Xunta, que aún fue más allá en las acusaciones. Este mismo miércoles en el Parlamento gallego, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, aludió a las "modificaciones en el préstamo que el Ministerio convino con el ICO" como la razón para exigir a los cooperativistas una cuota "que desvirtuaría el carácter social de las viviendas protegidas", y exigió que se garantice esta condición. 

El Ministerio de Vivienda ya ha aclarado a la Consellería, en respuesta a sus cartas, que no es el ICO el que impone las cuotas propuestas en las asambleas, sino que es Galivivienda quien las formula para intentar convencer al Instituto para que les conceda el préstamo. Los propios gestores de la cooperativa así lo reconocieron, además de argumentar que algunos de los pagos exigidos a mayores tenían como objetivo acumular más capital en caso de que las cosas viniesen mal dadas y, por ejemplo, no se ocupase un mínimo del 85% de las viviendas.

Galivivienda retrocede

De hecho, ante el rechazo de los cooperativistas y el revuelo creado, Galivivienda propuso otro plan económico, menos perjudicial que el del pasado abril pero peor que el inicial. Las personas socias, sin embargo, decidieron esperar a la reunión de este pasado martes con el ICO, atenazadas también por una creciente desconfianza hacia la entidad promotora.

Ahora, y tras la reunión con el ICO, Galivivienda se ha comprometido a eliminar el plan de pagos en diez años, principal causa de la polémica y de la huida de cooperativistas y que la Xunta atribuyó a las condiciones impuestas por el Ministerio. Asegura que el ICO continúa a estudiar el proyecto y que les facilitará la financiación que necesitan, para la que ya han llamado a otras puertas y nunca han tenido éxito. No obstante, la promotora recuerda que los socios siguen estando obligados a aportar 14.000 euros antes de entrar a vivir en los pisos, aunque no aclara cómo ni con qué plazos, una cuestión que preocupa a los futuros inquilinos. 

Desde el grupo de cooperativistas, Mónica Beloso advierte a Praza.gal de que la reunión del pasado martes "no soluciona nada" y que lo único que demuestra es que los gestores de Galivivienda "llevan dos años entregando documentación y acumulando retrasos". "Hay que tener en cuenta que estamos perdiendo tiempo de vivienda; los 50 años de concesión cuentan desde la adjudicación, por lo que, en el caso de cumplirse los plazos, en el momento de entrar a vivir quedarán 46", explica. 

En ese tiempo de concesión, de 50 años, está otra de las clave. La Xunta otorgó más puntos en el concurso a aquellas entidades que se comprometieron a devolver cuanto antes los terrenos a la administración autonómica. Dado que los fondos europeos exigen como mínimo medio siglo, Galivivienda optó por este plazo, lo que le permitió superar al resto de aspirantes, pese a sacar peor puntuación en otros criterios, y ser la adjudicataria de cinco parcelas, una de las cuales cedió a la cooperativa Luzada, ya en construcción y que avanza sin ningún problema.

En el caso de Galivivienda, una de las parcelas carece de licencia, pendiente de un estudio de Patrimonio, y las otorgadas no cumplieron con todos los trámites previstos con el Concello de A Coruña, que apoya a los cooperativistas y pide explicaciones a la Xunta, al igual que hizo la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, cree que la crisis abierta en Xuxán demuestra que "el modelo que utiliza la Xunta para este tipo de cooperativas es erróneo" y cree que "toca" que el Gobierno gallego "se responsabilice de las consecuencias que tienen estos procedimientos" . “Estamos tratando de encontrar una solución, dando certezas y seguridad jurídica a los cooperativistas, que no pueden soportar cargas tan onerosas porque hay muchos que ya están abandonando”, añadió. 

Falta de información

Los cooperativistas, por su parte, aseguran que, "llegados a este punto", no les queda "más remedio que pedir responsabilidades a la Xunta". "El Gobierno gallego fue quien impuso las condiciones y llevó a cabo la adjudicación de un proyecto que no hace más que acumular retrasos, tanto en la entrega de la documentación necesaria como en la búsqueda de financiación", explica Beloso, quien recuerda que en una iniciativa como esta son los socios y socias los que "deben tomar las decisiones, pero con toda la información encima la mesa", algo que, explica, no tienen. 

"¿Qué persona se atreve a entregar 14.000 euros a estos gestores sin que el edificio esté construido?", se pregunta al tiempo que insiste en que ni siquiera tienen información ni sobre las cuentas de la empresa ni sobre la lista de socios y socias. Sin embargo, recuerdan que son los primeros "en querer que el proyecto salga adelante y se concrete". 

“Estamos en una situación de vulnerabilidad, nos sentimos señalados, como si fuéramos el foco de los problemas, y ya hay quienes tienen miedo a represalias”, añade sobre una situación que afecta a más de 250 personas. Muchos de ellos dudan de que Galivivienda sea la empresa adecuada para gestionar una promoción que carece de financiación, que no tiene aún todas las licencias y que ni siquiera ha puesto la primera piedra. 

Mientras tanto, a pocos metros, la cooperativa A Luzada gestiona una de las parcelas que Galivivienda le cedió tras serle adjudicada por la Xunta en el lote inicial y tras conseguir financiación a través de banca ética. El proyecto cuenta con una inversión de más de cinco millones de euros y ya está en construcción. 

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Donde no se mueve nada todavía es en las parcelas de Galivivienda, a quienes la Xunta les cobra un canon irrisorio (el 0,10% del precio de la parcela) por gestionar unos terrenos que, al cabo de 50 años, volverá a manos públicas. Una gestora de cooperativas “sin ánimo de lucro”, según aseguran, con el abogado Rafael Román y el arquitecto Iván Blanco al frente. La empresa del primero, Gesvieco, se ocupa de la gestión inmobiliaria; y la del segundo, un estudio de arquitectura, se encarga del diseño de las obras.

Ambos fueron condenados hace siete años por alzamiento de bienes cuando se cedieron unas plazas de garaje para evitar pagar una deuda  Esas plazas eran propiedad de Galivivienda XXI, que se había hecho con un centenar de viviendas en el centro de Cee, entró en quiebra y estos pisos vendiéndose por una administración concursal. 

Otro proyecto de esta misma cooperativa en la ciudad de Ourense, iniciado hace más de 15 años, finalizó con el Ayuntamiento recuperando el terreno y devolviendo los 283.000 euros que había pagado Galivivienda XXI, que desistió de llevar a cabo la obra. La nulidad del PXOM acabó con la iniciativa y se condenó a la administración local a devolver también los 123.000 euros fijadas como fianza al no poder la entidad ejecutar la urbanización de 148 viviendas prevista en Finca Mariñamansa.