La red de pederastia de Barcelona destapa un modelo de protección precario y que agoniza

La principal víctima de la red de pederastia destapada en Barcelona tenía sólo doce años cuando comenzaron las agresiones. Aunque la tutela todavía recaía sobre sus progenitores, la administración era en aquel momento responsable de su guarda. También eran menores las víctimas explotadas sexualmente por más de una treintena de adultos en la Comunidad de Madrid, hace ahora tres años. Varias de ellas, tuteladas. Igual que las menores que sufrieron violencia sexual en la Comunitat Valenciana y en Illes Balears. Los casos que emergen cíclicamente impugnan el mantra de la excepcionalidad y obligan a resolver un problema que se ha demostrado estructural. 

Las grietas son profundas y comunes en todos los territorios. Si la violencia sexual es un problema global, aquella que anida dentro del sistema de protección resulta particularmente grave por dos motivos. Primero, al tratarse de víctimas insertas en situaciones especialmente vulnerables; segundo, porque las instituciones deberían poder actuar como dique de contención a través de las herramientas que se han demostrado efectivas: la prevención y la detección temprana. Pero no sucede así y los profesionales tienen algo que decir al respecto.

Algunas pistas: la externalización del servicio, la precariedad de las condiciones laborales y la falta de recursos merman la calidad de los centros y su atención. ¿Y cómo afectan estos elementos a la violencia que sufren los menores? La causalidad es obvia: a mayor deterioro del sistema, menos capacidad para dar cobijo y protección a los adolescentes.

Según el último Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, con datos de 2023, a lo largo del año se produjeron 17.175 ingresos en centros de menores, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años. A la cabeza en los motivos de ingreso está la tutela por las entidades públicas de protección de infancia (88,7%), seguido de la guarda provisional (57,7%), la voluntaria (7,5%) y la judicial (0,5%). El epígrafe de otras causas supone un 58,2% de los ingresos. 

Los centros se dividen en dos tipologías: de protección y de reforma. Los primeros son espacios más o menos abiertos, donde el menor tiene libertad para desarrollar una vida razonablemente autónoma. Buscan sustituir, en la medida de lo posible, el núcleo familiar. En los centros de reforma la estructura es cerrada. Ahí es donde van a parar menores que cuentan con alguna medida judicial, porque han cometido algún delito, así que el control es necesariamente mayor. 

En el año 2023, el Gobierno de Cantabria desarrolló un estudio pionero sobre la prevención del riesgo de explotación sexual en el sistema de protección. La investigación, coordinada por la psicóloga Noemí Pereda, miembro del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA), concluyó que el 36,1% de los trabajadores ha conocido algún caso de explotación sexual durante su trayectoria profesional en la región. En cuanto a los adolescentes, el 43% afirmó conocer algún caso y el 17,4% reportó haber estado involucrado en alguna experiencia relacionada con la violencia sexual.

No son excepciones

Noemí Pereda guarda un recuerdo nítido de todos aquellos casos que alguna vez ocuparon espacio mediático, pero también de los que pasan desapercibidos para la mirada pública. "No son excepciones", dice tajante en conversación con este diario. Cita a las niñas explotadas sexualmente en Illes Balears, pero también menciona el caso Trinity que sacudió Cataluña en 2016. "Es exactamente lo mismo: niñas y niños vinculados al sistema de protección, manipulados por explotadores", sentencia. 

Es en esa manipulación donde la experta pone el foco. Una de las características comunes en este tipo de redes –a diferencia de los casos de trata– es la respuesta contraria de los adolescentes cuando intervienen las fuerzas de seguridad. "Los niños muestran gran rechazo, porque en realidad no están secuestrados físicamente, sino que es un secuestro emocional: se les ha engañado, manipulado y el explotador se presenta como una persona que se preocupa por ellos". En el caso de Barcelona, la niña acudía al domicilio de su agresor precisamente porque "le proporcionaba un lugar de refugio físico", según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Los menores, completa la investigadora, "muchas veces no tienen una figura de referencia y esto lo detectan los explotadores, aprovechándose de forma interesada y perversa". Así, los menores "vuelven a su entorno explotador porque es su espacio de seguridad", lo que evidencia un fracaso por parte de la institución.

David Rodríguez, trabajador social y miembro del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), opta por la cautela: "No me atrevo a calibrar si son o no excepciones, pero aunque hubiera sido sólo una niña sería suficientemente urgente". Aunque no cree que la violencia sexual sea "la tónica general" dentro del sistema de protección, sí entiende que los casos tienen la suficiente entidad como para activar las alarmas. "Los profesionales somos los primeros en ponernos alerta: deberíamos poder proteger en mayor medida a los menores". Pero para hacerlo, entra en juego un elemento clave: las condiciones de trabajo.

"Un sistema roto"

Hacia esa cuestión apuntaban los profesionales cuando los titulares se llenaban no de la violencia sufrida por los menores tutelados, sino de la que también recae a veces sobre los propios trabajadores. Ocurrió el pasado mes de marzo con el crimen que terminó con la vida de una educadora social de Badajoz. Ya entonces los expertos coincidían en expresar que la tragedia no era sino el resultado de un sistema colmado de déficits.

La Plataforma de Profesionales del Sector Social, constituida precisamente a raíz de aquel acontecimiento, se pronuncia hoy sobre la red de pederastia detectada en Cataluña. Y es contundente: "No son casos aislados, es un sistema roto". A su juicio, se trata de la "consecuencia directa de una gestión opaca, negligente y profundamente precarizada" en este caso por parte de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). "Decenas de menores tutelados desaparecen, huyen o sufren violencia estructural dentro de un sistema colapsado", mientras las profesionales del sector social trabajan "sin herramientas, sin respaldo, sin protocolos reales y expuestas a la violencia institucional".

Para David Rodríguez, es evidente que "un sistema con una calidad cuestionable repercute en el resultado final y en cómo los niños van a recibir esa atención". En esa esfera sitúa el trabajador social cuestiones como las condiciones salariales, las ratios o la formación de los profesionales. Al mismo extremo llega Noemí Pereda: "Los centros deberían imitar lo máximo posible el núcleo familiar, pero los educadores están maltratados por la institución y hay un problema enorme con las ratios", esgrime.

Olga Giner, miembro de la Junta de Gobierno del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), enfatiza en que el sistema de protección a la infancia "sufre carencias estructurales muy graves", una situación que parece salir a relucir ante casos especialmente llamativos, pero que se expande desde hace años. "Existe una falta de recursos y una precarización sostenida de los equipos profesionales", pero también una "dependencia excesiva de la lógica de la provisión y gestión externalizada", por lo que "no hay suficiente estabilidad, continuidad y calidad en la atención". 

Según el citado boletín estadístico, sólo el 18% de los centros de protección son de titularidad pública. Pereda matiza que los estudios al respecto no concluyen que un centro privado redunde en una peor calidad, pero sí se constata una tendencia a la rentabilidad económica por parte de las entidades privadas que es disfuncional a los objetivos del sistema de protección. "No estaría mal cierto equilibrio entre lo público y lo concertado", afina Rodríguez, "la gestión directa de la administración debería estar más balanceada" para evitar un monopolio "tan exagerado" de lo privado.

Cambio de mirada

Como resultado de lo anterior, existe una "gran rotación de los equipos profesionales" dentro del sector, en palabras de Giner. "Buscan una salida tratando de conseguir mejores condiciones y esto repercute en la atención socioeducativa". Y en ese contexto, el problema se enquista: sin condiciones dignas, la rotación aumenta y hace imposible una atención personalizada. Los menores no consiguen tener una figura de referencia en la que depositar su confianza, así que son más manipulables por terceros.

No resulta extraño que sencillamente decidan abandonar los centros, como sucedió con la menor de Barcelona. "Las fugas son un gran factor de riesgo", expresa Pereda. La experta sugiere, por ello, formular las preguntas adecuadas: "No se trata sólo de lo que ocurre cuando se fuga, sino de por qué se fuga, por qué no se encuentra a gusto y por qué hay algo fuera que le atrae mucho más, cuando el centro debería ser teóricamente un hogar". 

"Uno se fuga de los lugares donde le retienen", completa Rodríguez. Así que el propio concepto da cuenta del problema. "Tenemos un sistema de retención, en lugar de protección, los menores se sienten atrapados y no quieren estar ahí". La solución, coinciden todas las voces consultadas, no para por medidas más restrictivas y punitivas, sino por mecanismos de detección y acompañamiento, referentes estables y poder crear relaciones de confianza. "Existe una mirada muy reactiva y de control", en lugar de abordarlo desde la "prevención, la promoción de derechos y la participación" de los propios menores, expresa Giner.

Y ese cambio de mirada tiene que venir también de la mano de un enfoque alternativo desde las instituciones: "No sólo deben responder a las crisis, sino también construir un sistema centrado en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y esto pasa por reconocer que la educación social es un servicio público esencial, bien dotado, regulado, con profesionales formados y con supervisión", remata la educadora social.

¿Un brindis al sol?

¿Hay margen para la reforma? Las profesionales del sector están convencidas de que sí, pero son necesarios diversos ingredientes: el compromiso tiene que dejar de ser un brindis al sol y los informes diagnósticos tienen que virar hacia acciones contundentes. Hace más de tres años, el Ministerio de Igualdad y el de Derechos Sociales anunciaron un plan de choque contra la violencia sexual ante la "gravedad de los últimos casos conocidos" en el sistema de protección. El Gobierno prometía un protocolo centrado específicamente en la detección precoz y consensuado con las comunidades autónomas. En mayo de 2022, se acordó el reparto de fondos para programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas, en el marco de una Conferencia Sectorial conjunta.

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Los fondos, explican fuentes del departamento de Ana Redondo, están destinados a la implementación de las medidas relativas a la formación comprendidas en el Plan de acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia [disponible aquí], aprobado también en la misma conferencia sectorial. Pereda, una de las autoras de la guía, recalca que aunque las herramientas estén a disposición de la administración, la realidad es que siguen sin ser implementadas.

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, ante el último escándalo conocido, anunció la apertura de un expediente informativo para aclarar las actuaciones que se llevaron a cabo. La consellera ha solicitado además comparecer en sede parlamentaria, para explicar los mecanismos que operan actualmente. Según confirman fuentes del departamento, ya se está trabajando en un "plan de transformación integral" de la DGAIA que se "anunciará próximamente".

Con el departamento catalán ha estado en constante contacto el Ministerio de Infancia, según señalan fuentes oficiales. Estas mismas fuentes encajan como una prioridad de su cartera trabajar en la prevención dentro de los recursos residenciales. Actualmente, está en tramitación un real decreto de estándares mínimos para el sistema de acogida de menores, cuya intención pasa por mejorar la parte preventiva –entre otras cuestiones mejorando la formación, las condiciones de los profesionales y las ratios– y reforzar las inspecciones. El departamento de Sira Rego también quiere reformar la ley de protección a la infancia, precisamente poniendo el foco en los recursos de acogimiento y residencia.