El juez Hurtado asume sin pruebas y sin investigar que Moncloa maniobró en la filtración del novio de Ayuso
La investigación de la causa especial 20557/2024 toca a su fin. Ocho meses después del inicio de un caso que ha marcado buena parte de la agenda política y mediática nacional, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado auto de procesamiento contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez. El instructor no ha encontrado la pistola humeante [utilizando un símil detectivesco]. Pero cree que tiene suficientes indicios como para situar a ambos detrás de la filtración del correo en el que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía en su nombre la comisión de dos delitos fiscales. Y no solo eso. También da por hecho sin pruebas que lo hicieron por órdenes de Moncloa. Un hilo del que, curiosamente, se negó a tirar el magistrado hace tres meses.
Prácticamente desde el principio del auto, Hurtado pone el foco sobre el Ejecutivo central. Y lo hace al presumir que el fiscal general del Estado actuó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". Una deducción que hace a partir del papel jugado en toda esta historia por Pilar Sánchez Acera. El instructor no tiene ningún mensaje o mail que certifique dichas instrucciones. Lo único de lo que dispone es de un intercambio de whatsapps entre la mano derecha del director de Gabinete del presidente del Gobierno y el exportavoz socialista en la Asamblea de Madrid que evidencia que la primera había tenido acceso al correo filtrado horas después de que la Cadena Ser informase de su existencia pero antes de que se difundiese una imagen del mismo.
"Si Pilar Sánchez Acera reenvía el correo del 2 de febrero –el que centra la causa– a las 8:29 horas del día 14 de marzo a Juan Lobato, y a las 8:30 le remite otro mensaje advirtiéndole ten 'cuidado con los datos personales', permite confirmar que, efectivamente, en ese momento no había trascendido a los medios, de ahí que su procedencia, cuando llegó a manos de aquella, tuvo que ser de la Fiscalía General del Estado, porque hasta las 9:06 no apareció en El Plural, pero ya con los datos tapados", asevera el instructor. Algo que contrasta, sin embargo, con lo que sostiene unas páginas antes, donde da por hecho que el periodista de la Cadena Ser tuvo acceso a dicho correo la noche anterior.
"Antes de que cualquier medio hiciera pública la imagen de ese email, Presidencia del Gobierno pudo disponer de él, al menos, a través de Pilar Sánchez Acera, para utilizarlo políticamente frente a la pareja del titular de esos datos personales y secretos, la presidenta de la Comunidad de Madrid", lanza Hurtado apoyándose en el análisis que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo del móvil de Lobato. Aunque el instructor da por hecho que el mail llega a Sánchez Acera desde la Fiscalía General del Estado, lo cierto es que nada hay que corrobore que recibió el correo del Ministerio Público y no de cualquier periodista que hubiera podido tener acceso al contenido del mismo previamente.
El disparo contra Moncloa que incluye la resolución, y que ya ha sido convenientemente utilizado desde la oposición para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, choca con algunas de las últimas decisiones adoptadas por el instructor. Aunque Hurtado ya había puesto el foco sobre Presidencia cuando imputó a García Ortiz, lo cierto es que el pasado mes de marzo descartó seguir tirando de ese hilo. Algunas acusaciones le habían pedido diligencias de investigación en torno a los móviles de Sánchez Acera o Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación, pero Hurtado decidió rechazarlas. Y eso que no daba credibilidad alguna al testimonio dado por la primera en el Supremo, lo que contrastaba con su inacción a la hora de abrirle una causa por falso testimonio.
Da por hecho que filtró a la Cadena Ser
Hurtado construye su relato, en gran medida, en base a las comunicaciones intervenidas en los dispositivos electrónicos incautados a la fiscal jefa de Madrid. De ellas, contenidas en un extenso informe de la Guardia Civil, queda probado que Rodríguez se puso en contacto la noche del 13 de marzo con el fiscal del caso por fraude fiscal que persigue a Alberto González Amador para solicitarle los mails que se habían cruzado. Y una vez en su bandeja de entrada, se los rebotó a García Ortiz, que recibió el correo que acabaría filtrado a las 21.59 horas, unos minutos después de que el diario El Mundo publicara que la Fiscalía buscaba un pacto con el novio de Ayuso pero hora y media antes de que la Cadena Ser desmontara dicho bulo en base al correo del 2 de febrero.
El fiscal general del Estado nunca ha ocultado que pidiese y recibiese esos correos. Ahora bien, no hay nada que demuestre que filtrase o diese orden de filtrar esas comunicaciones. A pesar de ello, considera el magistrado que tiene indicios suficientes como para sostener que García Ortiz facilitó el mail a la Cadena Ser "para que le diera publicidad". Entre otras cuestiones, el instructor cita una llamada –que no obtuvo respuesta– y un SMS –cuyo contenido se desconoce– del periodista al fiscal. Y recuerda que en su información la emisora hablaba ya de que el Ministerio Público estaba preparando una nota, de lo que infiere que el informador recibió todo de Fiscalía.
Todo esto se da en medio de una batalla por "ganar el relato" ante la información tergiversada que el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, había empezado a colocar en algunos medios de comunicación. Hurtado evita en todo momento utilizar el término bulo. Habla de noticia "con la que no está de acuerdo" el jefe del Ministerio Público. Y considera –y así lo plasma en su auto– que saber de quién ha partido la iniciativa de llegar a un pacto de conformidad es una "cuestión de escasa relevancia".
"Obstáculo en contra de una ágil investigación"
El instructor es especialmente duro con el fiscal general del Estado. Así, le reprocha que hiciera "desaparecer de sus dispositivos móviles" cuanta información pudiera haber en ellos, lo que ha frustrado "una parte de la investigación". Y le afea que alegase que las diligencias de investigación electrónica podían dejar al descubierto secretos cuando había llevado a cabo un borrado del terminal móvil. "Solo se puede entender, por más que se pretenda escudar en el derecho de defensa, como un obstáculo en contra de una ágil investigación, que ha dado lugar a una serie de diligencias alternativas, al objeto de recuperar la información eliminada", señala el magistrado.
Hurtado reconoce que, efectivamente, "con anterioridad" a la filtración del correo sobre el que gira la causa "circulaba" ya por los medios de comunicación "la existencia de un acuerdo" por parte de González Amador de reconocer "los dos delitos fiscales". Muestra de ello es la información publicada por el diario El Mundo, en la que ya se dejaba constancia de la existencia de conversaciones entre el empresario y el Ministerio Público. A pesar de ello, el instructor no cree que eso tenga incidencia en la valoración jurídica. Sostiene que la autorización dada por el empresario para hacer público el contenido de otro correo, del 12 de marzo, no implica que se levantase el secreto del otro, el del 2 de febrero.
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"El contenido de éste, a diferencia del anterior, se filtró sin su autorización, pues el querellante lo que no consentía es que se divulgasen datos tan sensibles, afectantes a su intimidad, como los que había en este correo", lanza. Además de a García Ortiz, el instructor también pone al borde del banquillo a la fiscal jefa. Aunque Rodríguez siempre ha mantenido que actuó dentro del deber de dar cuenta al superior, el magistrado considera que se extralimitó. Sostiene que siempre supo que los correos que ella facilitaba se usarían para elaborar una nota, lo que hacía presumir que tal material fuera a tener una difusión que lo sacaba del "marco de confidencialidad y reserva".
El magistrado, por último, también dedica algunos fragmentos de su resolución a evidenciar el daño que la filtración ha provocado a la pareja de Ayuso. "Ha derivado en un no despreciable daño personal para él, como puede desprenderse de lo que manifestó en su declaración prestada el 23 de mayo de 2025, cuando hizo referencia a los perjuicios que le ha ocasionado que públicamente se le venga llamando defraudador confeso, con el consiguiente quebranto para sus relaciones personales y sociales, hasta el punto de que nos decía que le ha supuesto un destrozo a ambos niveles, así como a nivel económico", asevera.
El fiscal general del Estado, según fuentes cercanas al mismo, descarta dimitir pese al auto de procesamiento y se reafirma en su compromiso de "continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución". Al fin y al cabo, el jefe del Ministerio Público sólo puede cesar "a petición propia" o en casos muy tasados. Cuestión distinta es, sin embargo, la de la fiscal jefa provincial. En este caso, el artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal contempla la suspensión cautelar de cualquier miembro del mismo en el momento en el que se dicte auto de apertura de juicio oral.
