El registro de llamadas del fiscal general no prueba la conexión con Presidencia de la que habla el juez

El magistrado Ángel Hurtado tampoco encuentra en el registro de llamadas del fiscal general del Estado la cuerda que le permita amarrar de forma definitiva el caso. Tras analizar un centenar de comunicaciones a lo largo de una semana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha hallado contacto de Álvaro García Ortiz con el exterior de la Fiscalía en los momentos en los que se produjo la filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. No hay llamadas con periodistas. Ni tampoco con gente de Moncloa, lo que impide al juez atar esa conexión con Presidencia que siempre ha dado por segura.

La decisión de solicitar a Movistar y Vodafone el cruce de comunicaciones del jefe del Ministerio Público entre el 8 y el 14 de marzo –la semana en la que se filtró la denuncia y los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso– fue adoptada por el magistrado instructor a comienzos de enero. Un par de semanas después de que los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le comunicaran que no habían encontrado un solo mensaje en el dispositivo intervenido al investigado en los registros –luego se sabría que lo había cambiado– ni nada relevante en sus correos.

Un tráfico de llamadas que, sin embargo, tampoco ha dado al magistrado ningún elemento incriminatorio de peso. El cruce de comunicaciones pone de manifiesto que García Ortiz habló con Diego Villafañe, su mano derecha en la Secretaría General Técnica e investigado en la causa, la tarde del 11 de marzo, horas antes de que se conociese que el Ministerio Público había denunciado a González Amador por fraude fiscal y falsedad. Durante su declaración, el fiscal general dijo que Villafañe le había mantenido en todo momento informado sobre este caso dada su importancia.

El día en que se conoció la denuncia, García Ortiz mantuvo, entre otras, conversaciones con el teniente fiscal de la Secretaría General Técnica o su directora de comunicación. Un ir y venir de llamadas que se intensificó la tarde y noche del 13 de marzo, cuando se publicaron varios correos relativos a González Amador. La "extraordinaria actividad" telefónica de la que hablan los investigadores comenzó a las 20.50 horas, cuando el fiscal general del Estado recibe una llamada de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

A esas horas, según el testimonio de varios testigos en el Tribunal Supremo, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ya estaba empezando a mover el falso relato de que la Fiscalía había propuesto un acuerdo a la pareja de la presidenta madrileña y lo había frenado por órdenes de arriba. Tras colgar con Lastra, García Ortiz se puso en contacto con su directora de comunicación. Y, tras esto, con la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en el procedimiento. Al filo de las 21.30 horas, El Mundo publicaba la versión adulterada de la Comunidad de Madrid.

Con esa información ya en el diario, los teléfonos comenzaron a echar humo, algo normal en una crisis comunicativa de ese nivel. García Ortiz habló con Rodríguez, con Lastra, con Villafañe o con su jefa de prensa. Pero todo en el ámbito interno. A los investigadores no les consta ni una sola llamada hacia fuera del Ministerio Público. "No existe ninguna llamada, ni intento de comunicación con este terminal [...] fuera del ámbito de la Fiscalía durante toda la tarde/noche en la que se desarrollan estos acontecimientos, al menos por este medio", recoge la UCO en su informe.

Ni periodistas ni Moncloa

Los investigadores no han encontrado conversación telefónica con ningún periodista. Lo único, una llamada sin respuesta de uno de la Cadena Ser minutos después de la publicación de El Mundo. Este informador fue uno de los que tuvo acceso al mail del abogado de González Amador buscando un pacto con el Ministerio Público y reconociendo la comisión de delitos fiscales. Durante su declaración como testigo en el Supremo, el periodista dijo que conocía a García Ortiz y que tenía su contacto, pero que no había hablado con él aquellos días: "[Cuando se convirtió en fiscal general] dejó de coger el teléfono móvil, la verdad".

El informe recoge también alguna llamada de números a los que la Guardia Civil no pone nombre. Líneas que, según ha comprobado este diario, son utilizadas por varios miembros del Ministerio Público. No se identifica, por tanto, comunicación alguna del fiscal general del Estado con nadie vinculado a La Moncloa la noche de la filtración. Una conexión que el juez instructor daba por segura en el auto de imputación de García Ortiz: "Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024".

El magistrado ha evitado por el momento tirar del hilo político de la causa. En el informe elaborado tras el análisis del teléfono móvil del exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato, los investigadores concluyeron que Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López –entonces jefe de Gabinete de Presidencia– había tenido en su poder una copia del mail después de que algunos medios se refirieran a su contenido la noche anterior pero antes de que un pantallazo del mismo apareciese en El Plural y otros periódicos.

Del mismo modo, los investigadores infieren que habrían tenido también "conocimiento" del correo el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, o la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el entonces director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín. No se trata de una conclusión a la que lleguen porque todos mandasen al exsecretario de los socialistas madrileños copia del correo, sino que lo deducen del intercambio de mensajes estudiado. A pesar de todo ello, el juez Hurtado se ha negado por el momento a explotar esta rama de la investigación.

El informe de la UCO ha sido entregado junto a cuatro anexos. Entre esta documentación notificada a las partes, se incluía un archivo en el que se recogía todo el tráfico de llamadas y paquetes de datos que contenía, entre otras cosas, nombres, documentos de identidad o direcciones de los clientes, incluyendo la de un domicilio del fiscal general. Algo que García Ortiz ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, que ya ha remitido el asunto a la Dirección de Supervisión y Control de la Protección de Datos, y de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que está estudiando si refuerza o no su seguridad. Por su parte, Dolores Delgado, fiscal de la sala de la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha dirigido sendas cartas al CGPJ y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en las que denuncia haber recibido durante este lunes llamadas anónimas en su terminal telefónico. En el citado informe de la UCO se incluían dos llamadas con el fiscal general. Una el 12 de marzo de 2024 acerca de un curso de formación de fiscales y una segunda el 13 de marzo sobre su presencia en un acto en la Universidad de Alcalá de Henares.

A la espera de Google y WhatsApp

La Guardia Civil ha intentado también recuperar datos del teléfono móvil intervenido al fiscal general del Estado durante el registro de su despacho, dispositivo que García Ortiz comenzó a usar al poco de abrirse la causa en el Tribunal Supremo. El plan pasaba por rescatar mediante herramientas forenses "toda aquella información relacionada con aplicaciones de mensajería instantánea almacenadas en el dispositivo", así como conectarse a repositorios donde pudieran "encontrarse archivos" que pudieran contener información relevante. Sin embargo, no ha sido posible.

El informe técnico policial elaborado por el Departamento Contra el Cibercrimen pone el foco, en primer lugar, en Tik Tok o Instagram. En relación al primero, menciona su escaso uso, hace referencia a un par de comunicaciones e indica que las herramientas empleadas "no han conseguido la recuperación de posibles mensajes eliminados con anterioridad". En cuanto a la segunda red social, el documento de la Guardia Civil especifica que no se ha hallado nada: "No se obtienen mensajes o conversaciones vinculadas a esta aplicación".

Los especialistas también han analizado WeChat. Sobre la misma, hablan de "uso muy reducido", localizando menos de una treintena de mensajes. Y dicen que sus bases de datos sólo alojan comunicaciones desde finales de septiembre, "no existiendo mensajes anteriores a esa fecha". "En relación a la posibilidad de recuperación de información almacenada en las indicadas bases de datos, se indica que las herramientas forenses utilizadas para tales efectos no han conseguido la recuperación de posibles mensajes eliminados con anterioridad", completan.

Es la misma conclusión a la que se llega en relación con WhatsApp, "principal plataforma usada para la comunicación" en el dispositivo del fiscal general del Estado, con casi seis millares de mensajes localizados. En el informe, los especialistas informáticos explican que no existen en las bases de datos ni se han podido recuperar mensajes anteriores al pasado 16 de octubre. "Se debe, fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones", apuntan los investigadores. Acción realizada, resaltan, "hasta dos veces" el mismo día que el Supremo abrió la investigación.

Un "aseguramiento del borrado de información" que, completan, se amplía "a las copias de seguridad", siendo lanzada "manualmente" una tras ser "eliminados los datos". En este sentido, los investigadores resaltan, por ejemplo, que no ha sido posible recuperar datos de interés en copias almacenadas en el servicio de Google Drive porque la cuenta de Google asociada a dicho servicio ha sido eliminada. Se trata, en concreto, de la dirección de correo en la que García Ortiz recibió la cadena de mails que el abogado de González Amador había intercambiado con la Fiscalía.

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El jefe del Ministerio Público ha justificado desde el principio la limpieza y cambio de sus dispositivos, que contienen datos "ultra sensibles" que pueden incluso afectar a la seguridad del Estado. "Yo borro todo, absolutamente todo, y lo borro de una manera regular. [...] Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tiene", sostuvo en su declaración como investigado, en la que dijo que ha cambiado de terminal media docena de veces desde que es jefe del Ministerio Público.

La única bala que le queda, por tanto, al instructor para intentar recuperar la información eliminada pasa por las comisiones rogatorias que el instructor acordó cursar hace tres semanas a WhatsApp LLC y Google. Habrá que ver, sin embargo, si ambas compañías facilitan los datos requeridos o se agarran al secreto de las comunicaciones. El magistrado, no obstante, ya ha dejado caer en sus autos que con lo que tiene hasta ahora dispone de una "base indiciaria" como para "presumir" la participación del jefe del Ministerio Público en la filtración.

Queda por ver si sobreviven los "elementos objetivos" que fundamentan la tesis del instructor. La causa se apoya fundamentalmente en la información extraída de los dispositivos electrónicos incautados durante los registros. Unas entradas en los despachos de Rodríguez y García Ortiz que, sin embargo, han sido recurridas. Esta semana, la Sala de Apelaciones estudiará dichas apelaciones. Y decidirá si avala o no esas diligencias. Una respuesta negativa supondría todo un torpedo a la línea de flotación del caso.