La UCO pone el foco en la constructora que montó el exdirectivo de Acciona salpicado en el 'caso Cerdán'
La investigación por la supuesta trama corrupta que anidó durante años en el Ministerio de Transportes se extiende más allá de los contratos y sociedades recogidas en el último informe de la Guardia Civil. Así se desprende de los registros efectuados la pasada semana. En el caso de Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), además de los documentos ligados a la multinacional, también se llevaron otros relacionados con la pequeña constructora que él mismo puso en marcha el año de la pandemia, meses antes de ser despedido de Acciona: Mer Construcción y Mantenimiento.
Los investigadores otorgan a Merino un papel clave en la trama de contratos públicos a cambio de mordidas que ya ha provocado la caída de los dos últimos secretarios de Organización del PSOE: José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "Su participación en los hechos guarda relación con la posible influencia ejercida sobre Koldo García –a las órdenes de ambos– con la finalidad de procurar la adjudicación presuntamente irregular de obra pública en favor de Acciona", recogen los investigadores sobre quien fuera responsable de la compañía para La Rioja y Navarra.
La relación de Koldo García y Merino se remonta, al menos, a 2015. En septiembre de aquel año, el directivo enviaba un mail al primero planteándole una serie de dudas en relación con un pliego y un futuro contrato, correo en el que puso en copia al empresario Joseba Antxón Alonso, quien se convertiría en socio de Santos Cerdán en otra de las empresas sobre las que pivota la trama –Servinabar 2000–. Desde entonces, en la agenda de García figuran distintas anotaciones: "Hablar con Fernando acciona tema subvención que tal va", "Llamar Acciona tema pago" o "Llamar a Fernando de Acciona tomar café tema dinero".
El informe de la UCO sostiene que Merino, al que la multinacional echó en abril de 2021, "habría señalado obras de interés" para la compañía, lo que habría "generado "contraprestaciones a los investigados". Los agentes ponen la lupa sobre cinco adjudicaciones millonarias, dos de la Dirección General de Carreteras y tres de Adif, en las que habría resultado adjudicataria Acciona Construcción, ya fuera en solitario o a través de una unión temporal de empresas (UTE). Contratos que los investigadores relacionan con una supuesta mordida comprometida de 1.070.000 euros, de la cual se habrían cobrado, al menos, 620.000 euros.
El pasado 10 de junio, pocos días después de poner sobre la mesa del magistrado Leopoldo Puente –instructor de la causa en el Tribunal Supremo– el explosivo informe, un par de agentes de la Guardia Civil se personaron en el domicilio de Merino. El registro comenzó a las 10.47 horas. Y se prolongó hasta las 16.55 horas. En el mismo, según las actas emitidas a las que ha tenido acceso infoLibre, se intervino abundante material informático –desde el dispositivo móvil al contenido del Dropbox, del Onedrive, del correo electrónico o de varias carpetas del ordenador–. Y también documentos en papel.
En total, los agentes abandonaron la casa ubicada en un municipio de la provincia de Granada con 548 folios. El conjunto contenía facturas emitidas por Servinabar –sociedad de la que Cerdán controló el 45%– a la UTE Ripagaina VPO, así como papeles relacionados con la UTE Acciona Construcción-Servinabar 2000 o la UTE Acciona Construcción-Alegure (otra sociedad vinculada al socio de Cerdán). Pero más allá de la multinacional, los investigadores también se hicieron con documentación ligada a Mer Construcción y Mantenimiento, la pequeña constructora que Merino puso en marcha en 2020.
Negocios entre cuñados
En concreto, en las actas constan como intervenidos, por ejemplo, documentos de esta sociedad relacionados con "los trabajos" del "Metro de Málaga" u "obras de circunvalación Sur de Motril", así como otros ligados a los negocios de esta constructora con Ventuceli Servicios SL u OPR –Obras Públicas y Regadíos–, otra de las compañías a las que la Guardia Civil señala como corruptoras. En este sentido, consta un contrato de subcontratista entre Mer y OPR Edificación y Servicios relacionado con trabajos de reparación de varias naves en Santa Fe (Granada). Y distintas facturas. Entre ellas, las emitidas por Mer en 2021 relacionadas con los trabajos en el Canal del Campillo, siendo el cliente OPR.
La conexión entre ambas empresas va más allá de lo meramente empresarial. En el momento de los hechos investigados, Obras Públicas y Regadíos estaba administrada de forma mancomunada por Alberto Vilanova y Daniel Fernández Menéndez, cuyo hermano Antonio también ha sido apoderado de la sociedad. Pues bien, Merino es cuñado de los dos últimos. Y la Guardia Civil da por hecho que fue él quien, aprovechando su relación con Koldo, introdujo a ambos en el Ministerio de Transportes. Durante el registro a OPR, también se descargó "la facturación en formato Excel generada por la empresa Mer".
Los registros, por otro lado, también han puesto de manifiesto que la constructora del exdirectivo de Acciona fue la encargada de realizar una obra en una vivienda de un municipio alicantino que la UCO da por hecho que pertenece a Koldo García aunque fuera adquirida oficialmente por su hermano Joseba. Entre la documentación incautada, se recoge en el acta de registro, "además de diversas facturas, se encuentra una copia de un contrato de construcción y reforma de la citada vivienda". El mismo está fechado el 4 de enero de 2021. Y figuran como intervinientes Joseba García Izaguirre y la constructora, representada por Merino.
Constituida en Granada el 24 de febrero de 2020, Mer Construcción y Mantenimiento contaba en 2023 con 22 trabajadores, según las últimas cuentas depositadas. Y un importe neto de cifra de negocios de 1,2 millones de euros, frente a los 708.514,99 del año anterior.
