Sánchez propone un plan estatal de lucha contra la corrupción con 15 medidas elaborado junto a la OCDE

Día crucial para la legislatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso un plan estatal de lucha contra la corrupción dotado con 15 medidas, elaborado junto a la OCDE y que supone, según sus palabras, el “mayor impulso a la prevención” en décadas en el país tras la irrupción del caso Cerdán.

Sánchez comparece desde las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados, donde ha defendido: “Soy un político limpio, desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Entiendo que haya ciudadanos que tengan dudas sobre lo que sabía y no. Yo no las tengo. Por eso, voy a defender la integridad del proyecto político”.

El presidente del Gobierno reconoció que pensó en dimitir y en convocar elecciones cuando se conoció el informe de la UCO, pero que luego reflexionó y decidió continuar: “No voy a tirar la toalla”. 

Sánchez ha defendido la necesidad de que continúe el proyecto progresista frente a la “involución” que supondría un Gobierno del PP y Vox y ha presentado ese plan nacional, que incluye una Agencia de Integridad Pública Independiente. Además, ha propuesto controles aleatorios del patrimonio de altos cargos y la realización de auditorías externas de los partidos.

Medidas del plan

El plan presentado incluye extender la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración e introducir aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude. 

Sánchez ha citado también la exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones y el despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos, como hacen ya otros países europeos.

El paquete incluye que la nueva Ley de Administración Abierta reforzará la obligación de transparencia activa y establecerá mecanismos de alerta temprana. Respecto a los partidos, también se pretende profundizar en la transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción. En este punto, se añade la aprobación de la ley de transparencia e integridad de los grupos de interés.

Sánchez ha ofrecido introducir en la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un juez a denunciar actos de corrupción cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal. El presidente ha detallado que se exigirá a las empresas tener canales internos de denuncia y se obligará a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.

El Gobierno prevé secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, lo que ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Además, continuará el Ejecutivo con el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal.

Endurecimiento de penas y medidas contra empresas corruptoras

Sánchez ha prometido el endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y la duplicación de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales.  La coalición pretende poner en marcha de un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.

Con otro punto sobre la mesa dentro de los partidos: endurecimiento de las sanciones por infracciones contables y retirada de subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.

El también secretario general del PSOE se ha comprometido a aumentar los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. A la vez que avanzó la introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.

El último punto, agregó Sánchez, pasa por la realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.

”Vamos a cumplir hasta la última coma. Hemos acordado con la OCDE un sistema de seguimiento y evaluación, que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y emitirá un dictamen técnico que será de dominio público", explicó el presidente ante la Cámara Baja.

Los avisos críticos de los socios

Después de la intervención de Sánchez, ha tocado el turno de los grupos parlamentarios. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha querido responder directamente al presidente del Gobierno y ha descartado romper el Gobierno, pero le ha exigido un “cambio de rumbo” y aplicar políticas sociales para frenar que llegue un Ejecutivo de derechas.

Los socios, ante el 'día D': exigen contundencia contra la corrupción a cambio de sostener a Sánchez

Ver más

Desde el PNV, a través de Maribel Vaquero, se ha lanzado este mensaje: "Nuestra confianza va camino de la UCI. Señor presidente, está a tiempo, pero el reloj corre, decida". Para que asuma su responsabilidad, le ha planteado tres posibilidades: presentar una cuestión de confianza, dimitir y proponer en su lugar como presidente del Gobierno a otro candidato del PSOE o convocar elecciones.

Otro aviso ha llegado por parte de Gabriel Rufián (ERC), que ha hecho las siguientes reflexiones: "Si esto se queda en tres listos, usted se tiene que quedar". Para añadir acto seguido:  "Si esto escala, le vamos a obligar a que la gente decida". Y Míriam Nogueras (Junts) ha remarcado que el tiempo de “prórroga” no dura toda la legislatura: "Nosotros no hemos venido a tomar cerveza, a hacer amigos, a dar estabilidad a ningún gobierno español, estamos aquí para defender a Cataluña".

Ione Belarra (Podemos) ha tachado de “cosméticas” las medidas y ha remarcado  “Ustedes no pueden ser parte de la solución, porque son parte fundamental del problema, porque ustedes forman parte de un sistema político y económico que se deja comprar por las grandes empresas de este país a través de mordidas o a través de puertas giratorias. Un sistema corrupto que hay que cambiar de arriba a abajo"