Aragón TV, un 'caramelo' para empresas privadas y una directora muy bien conectada con el PP
La desconexión entre la gobernanza de los medios públicos autonómicos de Aragón y los partidos políticos que históricamente han controlado el Gobierno de la comunidad nunca ha existido. Las leyes reguladoras de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), la entidad de la que dependen Aragón TV y Aragón Radio, siempre han dejado abierta la puerta al control gubernamental, facilitando que sus órganos de gobierno —el consejo de administración y la dirección general— pudiesen ser elegidos por mayoría absoluta, la misma que elige el Gobierno de Aragón.
No obstante, y por si a alguien le quedase alguna duda, en el último retoque a la ley reguladora de los medios públicos aragoneses, aprobada por las Cortes autonómicas en 2023, hace menos de dos años, la alianza formada por el PP y Vox dejó claro quién manda en la televisión y la radio autonómicas: “El Consejo de Administración es un órgano que obtiene su legitimidad respetando la representación de los grupos parlamentarios existentes en las Cortes de Aragón en cada legislatura. Por ello, la composición del Consejo de Administración debe respetar esa voluntad de los aragoneses expresada en las urnas”, señala la reforma en su exposición de motivos.
Con este planteamiento, no es de extrañar que la elegida por el Gobierno aragonés, a través de un consejo de administración de la CARTV controlado por PP y Vox (ocho de sus quince miembros fueron seleccionados por la derecha y la ultraderecha), fuese Raquel Fuertes. Esta periodista no solo tiene experiencia como trabajadora de la radio y la televisión autonómicas, sino que fue jefa de prensa y jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP).
Bermúdez de Castro, que fue después secretario de Estado del Ministerio para las Administraciones Territoriales durante los cuatro últimos años de Mariano Rajoy, vuelve hoy a estar en el Gobierno de Aragón —en calidad de consejero de Hacienda y Administración Pública— que en última instancia nombró a Fuertes.
La sombra de Henneo
La relación con el PP no es, además, la única que llama la atención en el currículum de la directora general. Durante ocho años y tres meses trabajó en el departamento de comunicación del grupo Henneo, el principal beneficiario de que la CARTV tenga privatizada gran parte de sus producciones.
Porque Aragón TV tiene externalizados casi todos sus servicios, lo que genera un jugoso negocio para muchas empresas, en particular para el grupo Henneo, propietario de la principal cabecera regional, el Heraldo de Aragón, y del diario 20 Minutos, así como de casi medio centenar de compañías, entre las que destacan varias que se dedican ex profeso a suministrar contenido a la televisión pública de Aragón.
La dependencia de Aragón TV del grupo Henneo es enorme: este grupo privado de comunicación, propiedad de la familia Yarza (70%) y de Ibercaja (30%), se encarga de producir la mayor parte de los contenidos audiovisuales de Aragón TV. El negocio es grande: según el Informe de fiscalización de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión de los ejercicios 2019-2020, publicado por la Cámara de Cuentas de Aragón, del total del presupuesto de 42,85 millones de euros para contenidos en el año 2020, al menos 33,23 millones (más del 77%) los absorbía el grupo Henneo, con empresas de su propiedad como Chip Media, Factoría Plural o Global Studio News.
El consejo de administración, dominado en la actualidad por PP y Vox, está compuesto por quince miembros elegidos para cada legislatura (la conexión política se refuerza en este punto) por el Pleno de las Cortes de Aragón. No hace falta una mayoría reforzada, porque la ley facilita que, en segunda votación, sean elegidos por mayoría absoluta.
El mecanismo para designar a quien ejerce la dirección general es muy parecido al establecido para el consejo, que formalmente es quien propone su nombre. De nuevo, en este caso, la mayoría absoluta es suficiente para su designación. El consenso entre la mayoría que apoya al gobierno de turno y los partidos de la oposición está descartado.
Hay, además, otro órgano, el Consejo Asesor, sin poder real, en el que tienen asiento representantes de entidades o instituciones que la ley considera representativas y con derecho a opinar sobre la Corporación. Entre ellos están: dos consejeros elegidos por los trabajadores de la CARTV y de sus sociedades, escogidos por las organizaciones sindicales; dos designados por los trabajadores de las empresas privadas que prestan servicios de producción audiovisual para la Corporación; dos seleccionados por representantes de asociaciones de la prensa y de otras organizaciones profesionales del sector; dos que designan las universidades; dos más elegidos por consumidores y usuarios; uno designado por asociaciones de discapacidad; y otros tres que seleccionan los institutos de la Mujer, Juventud y Empleo.
Periodistas expuestos
Lo que no hay es nada parecido a un Consejo de Informativos, con representación profesional y herramientas para que los periodistas se puedan defender de las presiones políticas, ni un estatuto de redacción que garantice los derechos de los profesionales que trabajan en Aragón TV.
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En estas circunstancias, no es de extrañar que la radio y la televisión públicas sean objeto de controversia política con frecuencia, con quejas recurrentes de las formaciones de oposición a la cobertura que hacen de la actualidad.
Por supuesto, no cumple los estándares que la EMFA (el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, por sus siglas en inglés) impone a los medios públicos y que el Gobierno español y las comunidades autónomas están obligados a cumplir si no quieren exponerse a ser objeto de sanciones por parte de la Comisión Europea.
El reglamento europeo exige independencia editorial y protección de los periodistas que trabajan en los medios públicos (debe haber un estatuto interno y un consejo de redacción elegido por ellos). Los nombramientos deben ser mediante concurso, transparentes y plurales, y sin intervenciones políticas sesgadas. También hace falta una financiación estable y plurianual para que sea predecible, no supeditada al gobierno de turno.
