Anticorrupción no investigó el correo de Montoro aunque su unidad tributaria lo recomendaba

La Fiscalía Anticorrupción cuenta con una unidad de apoyo dentro de la Agencia Tributaria, cuya misión es asesorar al Ministerio Público en las investigaciones de delitos económicos, como ha sucedido en el caso Montoro. En un informe de 2023 remitido al juzgado de Tarragona que investiga dicha causa, esta unidad recomendó ahondar en los contenidos de una cuenta de correo, que, según su investigación, pertenecía al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. 

Al contrario que todas las demás cuentas del ministerio que aparecen en este informe y en otros documentos de la causa, la dirección de correo no identifica a su dueño con su nombre y apellido, sino que utiliza un usuario que corresponde parcialmente con su segundo apellido: 'aromero' (Cristóbal Montoro Romero). Sin embargo, en su escrito, la AEAT da por confirmado que esta dirección corresponde al entonces ministro. Entre otras pruebas, cita un mensaje de diciembre de 2016 en el que el también imputado Felipe Martínez Rico, el día que deja de ser jefe de gabinete de Montoro, informa a Marta Vega, que es la que le sustituye en el cargo, de que “el jefe tiene una cuenta de mail a la que mandamos los temas del Ministerio”. 

La unidad Anticorrupción de la AEAT da especial importancia a esta cuenta de correo, la califica como “destinataria de información relevante y protegida” y lamenta no disponer de información sobre ella. La investigación localiza mensajes enviados a esta dirección por otras cuentas a las que sí tiene acceso, pero, como en otras ocasiones, no puede leer los archivos adjuntos. 

Por este motivo, la AEAT recomienda al juzgado, además de investigar  el contenido de estos archivos, “obtener certificado acreditativo del usuario” de la cuenta 'aromero' así como “determinar el rol desempeñado por dicho usuario en los hechos investigados”. Especialmente, los mensajes entre Montoro y Martínez Rico “pueden mostrar nuevas actividades de la organización objeto de investigación, así como eventuales influencias ejercidas, cadenas de decisiones y los roles de los intervinientes”, según el informe”. 

Sin embargo, de forma sorprendente, el criterio de la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción se topa con el rechazo de los responsables de la propia Fiscalía Anticorrupción. Solo dos meses antes de la fecha de este informe, Carmen García Cerdán, la fiscal encargada del caso, ya había solicitado a Antonio Romeral, teniente fiscal y su jefe directo, y a Alejandro Luzón, máximo responsable de Anticorrupción, el volcado de la cuenta de correo ministerial de Montoro. En esa ocasión, y en todas las siguientes en las que insistió, ya posteriores a la emisión del informe, la petición de García fue rechazada por sus superiores. 

Con el informe ya unido a la causa, la fiscal decidió, en 2024, elevar una queja particular al Consejo Fiscal sobre la negativa de sus jefes a investigar el correo del ahora imputado exministro de Hacienda. Sus compañeros no la respaldaron, y votaron en mayoría a favor de la decisión de Romeral y Luzón de no indagar en la cuenta. Una decisión también apoyada por el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que renunciaba así a perseguir un posible delito de revelación de secretos por parte de Montoro, ya que la información de esa cuenta podría demostrar el uso de las influencias del exministro en Hacienda para beneficiar a los clientes de Equipo Económico.

Ante la oposición de sus jefes, García Cerdá, convencida, al igual que la unidad Anticorrupción de la AEAT, de la importancia de dichos correos, intentó que fuera el inspector jefe de los Mossos d'Esquadra quien solicitara al juzgado la diligencia para analizarlos. Por ello, ha sido sancionada con 1.000 euros de multa por desobediencia grave, en una sentencia confirmada este mes de julio por el Tribunal Supremo. Mientras, los correos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda bajo el usuario ‘aromero’ siguen sin ser investigados.