El Gobierno redobla su defensa de los servicios públicos frente al modelo de las autonomías del PP

Dos modelos de gestión frente a frente. España vive en estos momentos un choque en el que se juega parte del futuro del país. El Gobierno central trata de parar los pies a la ofensiva de externalizaciones y gestión privada que están impulsando las autonomías del Partido Popular a lo largo y ancho del país.

No se trata de una mera guerra cultural, sino de que en los últimas semanas el modelo de gestión del Partido Popular en sus autonomías está en el foco por asuntos como el derecho al aborto, el escándalo del cribado del cáncer de mama en Andalucía y la proliferación de las universidades privadas, con el reciente ejemplo de la tramitación exprés por parte del Govern de Balears para la instalación en seis meses de una universidad del CEU en Mallorca.

El Gobierno de coalición trata de frenar esta deriva privatizadora de los populares con medidas de carácter nacional. En el Consejo de Ministros del martes dio luz verde al decreto impulsado por el Ministerio de Ciencia para endurecer los requisitos frente a los ‘chiringuitos universitarios’ y debatió un informe de Sanidad sobre el derecho al aborto, que sirvió de paraguas para exigir a las autonomías que cumplan la ley en aspectos como la lista de objetores. 

Asimismo, el Gobierno acordó en el ámbito sanitario el real decreto para regular el plan Veo, dotado con 47,7 millones de euros para la concesión de ayudas directas de 100 euros a menores de 16 años para la adquisición de gafas y lentillas, y lanzó una partida de 26,7 millones de euros para financiar hasta 1.783 plazas de Medicina en universidades públicas para el próximo curso (922 del primer curso y la restantes para segundo y tercero).

El avance sin frenos de la universidad privada

El decreto fue una promesa del presidente del Gobierno con la idea de endurecer los criterios frente a las universidades privadas que están aprobando las autonomías, muchas de ellas incluso en contra de los informes técnicos. En España actualmente hay 50 universidades públicas y 46 privadas, con la previsión de que con las aprobaciones pendientes las privadas se conviertan en breve en mayoría. El 30% de los estudiantes van a centro privados, un dato que era sólo del 4% hace tres décadas.

El negocio de las universidades privadas se centra especialmente en la Comunidad de Madrid, donde ya hay 13 frente a las seis públicas. El decreto del Gobierno sube los parámetros para crear un centro, empezando por la necesidad de que sea obligatorio un informe favorable por parte de la agencia de evaluación autonómica o de la ANECA. Además., la nueva norma exige un mínimo de 4.500 alumnos en el plazo de seis años y una oferta académica que incluya al menos diez títulos oficiales de Grado, seis de Más tres de Doctorado.

El Gobierno ha puesto en la diana, como expuso la ministra de Ciencia, Diana Morant, la infrafinanciación de las comunidades del PP a las universidades públicas: “Estamos muy preocupados porque en el futuro podemos volver a España en la que solo se podrá estudiar o no en función de si la familia lo puede pagar”. Asimismo, la también líder del PSPV argumentó que ve “ecos” en Madrid de la guerra abierta por Donald Trump en Estados Unidos contra centros de referencia como Harvard y Columbia.

El Gobierno, a Ayuso sobre el aborto: "La ley se cumple"

El otro gran frente que tiene abierto ahora mismo el Gobierno tiene que ver con el aborto, donde el ala más dura del PP está marcando el camino a Génova 13. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está echando un pulso al Ejecutivo central, que ha requerido a las autonomías el cumplimiento de la creación de un registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto (un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024).

Cuatro autonomías no lo cumplen actualmente: Aragón, Baleares, Asturias y Madrid. Y Andalucía está en trámite. Las tres primeras han asegurado que lo van a hacer, mientras que Ayuso ha puesto objeciones al rechazar que se “persiga” y “señale” a los profesionales sanitarios que no quieran practicar abortos: “Es impropio de una democracia liberal”. 

Ángeles Ferriz: “El cribado del cáncer de mama no es un fallo puntual, la sanidad andaluza ha colapsado”

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Desde el Gobierno, la titular de Sanidad, Mónica García, advirtió este martes a la presidenta de Madrid de que se van a utilizar “todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas” para que se cree ese registro: “La ley en nuestro país se cumple”. La ministra presentó un informe sobre el aborto, donde se refleja que cuatro de cada diez interrupciones del aborto se realizan en Madrid y Andalucía, pero, sin embargo, sólo se producen en centros públicos el 0,47% y el 0,2% en esas comunidades respectivamente (las cifras más bajas de toda España, contrastando, por ejemplo, con que en Cantabria más del 80% se realizan en la sanidad pública).

El escándalo andaluz

Y este choque entre los modelos públicos y privados también sobrevuela en el terreno político con el escándalo de los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama en Andalucía. Izquierda Unida y Adelante Andalucía han acudido a la Fiscalía para que se investiguen las negligencias y las posibles responsabilidades judiciales de los tres consejeros de Sanidad que ha tenido en sus gobiernos Juanma Moreno.

Desde Sanidad se han pedido a la Junta todos los informes “elaborados o en elaboración” y los indicadores de los últimos cinco años del programa de cribado, una medida que se va a extender al resto de comunidades. Para la ministra García, según declaró en TVE, no se trata de un error “puntual” que se pueda solucionar con un software informático: “Esto es un fallo estructural en el sistema sanitario andaluz, en el que seguramente el señor Moreno Bonilla no confía”.