Los fondos europeos, el colchón del Gobierno para aguantar la legislatura si no hay presupuestos

“Vamos a sudar la camiseta”. Es la expresión que repite constantemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la negociación de presupuestos generales. Y de manera discreta el Ministerio de Hacienda ya trabaja con algunos grupos parlamentarios e intercambia papeles para ir armando una posible mayoría para las cuentas públicas del año que viene.

Los miembros del Gobierno trasladan esta idea constantemente: “Los presupuestos son muy difíciles, pero no imposibles”. Acto seguido, el plan B está sobre la mesa: no habrá convocatoria electoral si las Cortes Generales tumban el proyecto que lleve el Ejecutivo. Argumentan en La Moncloa que los presupuestos prorrogados actuales son expansivos y sirven para dar respuesta a las necesidades del país. Y, sobre todo, hay un colchón que permite seguir hacia adelante: los fondos europeos.

Y es que los fondos Next Generation, creados por la Unión Europea por el desafío económico que supuso también la crisis del coronavirus, siguen todavía vigentes y el año que viene será el último para la ejecución de proyectos, lo que da margen al Gobierno todavía para impulsar la economía y aguantar hasta el tope de la legislatura, marcado en julio de 2027.

España, a la cabeza en recepción de fondos

España, como recuerdan en el Gobierno, está a la cabeza de los países de la Unión Europea en las subvenciones recibidas, a través de transferencias no reembolsables, de los fondos Next Generation. Una vez desbloqueado el quinto desembolso, el país ya ha recibido 55.000 millones de euros. De manera paralela, ya se han cumplido hasta 250 hitos para que se puedan materializar esos montos.

Además, como señalan fuentes del Gobierno, esos fondos ya los están viendo o verán pronto los ciudadanos en proyectos clave como la gigafactoría de Sagunto, Quantix Edge Security en Murcia, que conlleva 250 empleos en diseño de chips, o Sparc en Vigo, una planta de circuitos fotónicos que va a generar 750 puestos de trabajo.

De esta manera, en el Gobierno sostienen que pueden seguir adelante hasta 2027 porque no hay previsión de caída de la economía, que se ha convertido en la principal columna en la que se apoya el Ejecutivo. “Si la economía no fuera bien, la cosa sería totalmente distinta”, como reconocen fuentes del Gobierno. Pero, como señaló en la sesión de control en el Congreso el propio presidente del Gobierno, ahora mismo España está en una situación de “triple A”, en referencia al respaldo que hay por parte de las agencias de calificación de deuda (aquellas que supusieron el mayor quebradero de cabeza del país en la crisis financiera).

Y es una de las banderas que ondean con más fuerza el presidente y sus ministros cuando se pregunta por su gestión: España encabeza el liderazgo de las economías desarrolladas en un contexto muy complicado internacionalmente, pero, a la vez, lo hace desplegando un escudo social que conlleva la subida del salario mínimo, el incremento de las pensiones conforme al IPC, la ampliación de los permisos de nacimiento y la puesta en marcha de mecanismos como los ERTE. De hecho, un sentimiento compartido entre los miembros del Ejecutivo es que han conseguido desmontar el mantra de que la derecha gestiona mejor la economía que la izquierda.

Previsiones al alza

En La Moncloa trasladan que una de las grandes noticias de la semana, a pesar de que queda escorada por el ruido de la política nacional, es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado cuatro décimas, hasta el 2,9%, su previsión del crecimiento de España para este año, lo que supondrá crecer más que el doble de lo previsto para la Eurozona (1,2%).

Para el FMI, "los indicadores de alta periodicidad han sido sólidos, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, y eso respalda la visión de que la economía española crecerá con fuerza este año y con cierta desaceleración en 2026". Para el próximo año fija el incremento del PIB en un 2% (dos décimas por encima del pronóstico hecho público en julio). Este dato del Fondo es incluso superior al del Gobierno, que elevó su previsión al 2,7%.

Estos datos hacen que el Ministerio de Hacienda esté diseñando unos presupuestos con carácter expansivo. Ya hay mucho trabajo adelantado, incluso con algunos grupos. De manera discreta se está trabajando con, por ejemplo, Esquerra, EH Bildu, PNV y el BNG, que son los partidos más proclives en estos momentos a apoyar las cuentas y a que la legislatura aguante hasta 2027.

Como sucede en cada votación, las principales piedras en el camino vuelven a ser Junts y Podemos. Los de Carles Puigdemont insisten en que no hay ningún tipo de contacto todavía para buscar un acuerdo y ven por ahora que el Ejecutivo va “de farol” sobre las cuentas públicas. Fuentes posconvergentes alertan: “Si la senda de déficit es la misma, votaremos no”. “En Moncloa ahora hay más teatro que política”, añaden los independentistas.

En Podemos siguen insistiendo en que ellos negocian tema a tema y centran sus esfuerzos en el tema de la vivienda en estos momentos. En la parte socialista, señalan que harán una oferta potente en materia social a los de Ione Belarra para que puedan apoyar los presupuestos generales y creen que en el fondo los morados tampoco quieren dejar caer el Gobierno y dar paso a un Ejecutivo formado por el Partido Popular y Vox.

A la misma vez sigue la negociación dentro de la coalición de cara a ese proyecto de presupuestos. Las dos partes señalan que habrá acuerdo, pero los de Yolanda Díaz están apretando en materia social a sus socios. Y, además, hay otra cuestión inevitable: la salida de María Jesús Montero, el gran cerebro de las cuentas, para competir en las próximas elecciones andaluzas.

La titular de Hacienda siempre sostiene que va a aguantar hasta la convocatoria electoral (las elecciones se celebrarán como muy tarde en junio del año que viene). Ella tiene algunas de las grandes carteras bajo su mando y espera, según fuentes del Gobierno, haber dejado presentadas también sus propuestas de quita de deuda y de nuevo modelo de financiación autonómica antes de abandonar la Real Casa de la Aduana.