Moreno emula a Ayuso en su asfixia de la universidad pública: el rector pierde peso y la privada entra en la gestión
Las universidades públicas andaluzas y madrileñas encaran dos frentes que dificultan aún más su continuidad. A la infrafinanciación que sufren desde los recortes de 2008 se suman unas nuevas leyes autonómicas que no se comprometen a mejorar la falta de recursos ni a reforzar la continuidad del sistema público. Unas universidades que, en la mayoría de casos, han tenido que hacer frente a recortes, congelación de plantillas y carencia de inversiones en infraestructuras.
La Universidad de Málaga (UMA) recibió un préstamo de rescate de 48,5 millones de euros de la Junta de Andalucía como reconocimiento de su "situación financiera preocupante" a finales de 2024. Una ayuda que también ha solicitado la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en octubre de este año para poder pagar la paga extra de Navidad y las nóminas de sus trabajadores en diciembre.
Las críticas se han centrado principalmente en el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La comunidad educativa y los sindicatos denuncian que la norma busca otorgar más poder a los órganos ajenos a la comunidad universitaria, reducir la autonomía y facilitar la entrada de financiación privada en las instituciones públicas. No obstante, el Proyecto de la Ley Universitaria para Andalucía, ya en tramitación parlamentaria tras haber sido aprobado por la Junta, persigue implantar un ecosistema similar al madrileño.
Otra de las principales denuncias hacia ambas normas es el fomento de las universidades privadas, defendido por el Partido Popular en ambos territorios. Desde 2020, la Junta ha autorizado la creación de cuatro nuevos centros privados, mientras que la Comunidad de Madrid es la región con más universidades de este tipo, con trece, por delante de territorios como Cataluña, Castilla y León, Canarias y la propia Andalucía, que cuenta con cinco.
Las universidades deberán buscar financiación
Pese a los problemas de infrafinanciación, una de las novedades más polémicas de ambos proyectos consiste en que las propias instituciones públicas deberán conseguir por su cuenta alrededor de un cuarto de su presupuesto. En Andalucía, el proyecto de ley introduce la obligación de que las universidades capten al menos un 25% de sus recursos mediante financiación adicional, es decir, externos al presupuesto aportado por la Junta. En Madrid, el borrador impone una meta cercana al 30% de financiación externa para cada universidad como parte del nuevo "modelo de eficiencia".
Los peligros que implica esta exigencia de autofinanciación no pasan inadvertidos entre los sindicatos y el personal docente. José Luis Martos, responsable andaluz de Universidad en Comisiones Obreras Andalucía, exige que "como mínimo la Junta debería garantizar la suficiencia financiera del sistema". "La infrafinanciación no existiría si la Consejería no llevara cinco años sin cumplir lo pactado en materia financiera. No importa que la Junta aporte un 75% o un 80% del presupuesto universitario si sus cuentas autonómicas siguen sin aumentar lo suficiente", aclara.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establece en su artículo 55 que las Administraciones públicas deberán alcanzar como objetivo un mínimo del 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) para la financiación de la educación universitaria pública, con el fin de garantizar la suficiencia financiera del sistema. Pero ninguno de los proyectos legislativos recoge este compromiso, que sus gobiernos autonómicos tampoco cumplen. Andalucía destina un 0,74% de su PIB, mientras que Madrid no alcanza el 0,5%. Montserrat Rius, investigadora de la Universidad Complutense (UCM) y portavoz de la plataforma UCM por la Pública, señala el riesgo de que la universidad "deje de ser un servicio público". "Cuando la financiación autonómica no basta, se abre la puerta a las lógicas de mercado para captar fondos externos, lo que provoca que la institución se vuelva menos democrática e igualitaria", incide.
Mayor poder político sobre la gobernanza universitaria
La segunda polémica de ambos modelos tiene que ver con quién decide y gobierna sobre el sistema. En Andalucía, el proyecto de ley propone la creación del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria (CACU). Un órgano que presidirá la Dirección General de Universidades, desplazando así a los rectores del papel que tradicionalmente ocupaban en la coordinación del sistema. A diferencia del actual Consejo Andaluz de Universidades, donde los rectores de las universidades públicas son mayoría, el CACU introduce nuevos agentes. También estarán representadas las universidades privadas, los presidentes de los Consejos Sociales —nombrados por el propio Gobierno andaluz— y varias consejerías, como Hacienda, Empleo, Ciencia o Educación. Una nueva composición que otorga al Ejecutivo autonómico una mayoría funcional sobre las decisiones del sistema.
Martos denuncia que este nuevo órgano "va a dar cabida a los rectores de las privadas para que decidan sobre la planificación de titulaciones, la creación de centros y la supervisión del modelo de financiación de las públicas".
El caso madrileño va incluso más lejos. El borrador de la LESUC introduce una Oficina de Control Económico y Presupuestario para cada universidad que, según Rius, "busca sustituir al rector y al gerente como máximos responsables económicos de los campus públicos". El artículo 55 establece que la última potestad sobre la gestión del gasto quedará en manos de dicho órgano, formado por dos representantes elegidos por los Consejos Sociales, cuyo presidente nombra directamente el Gobierno regional, y una tercera persona elegida por la propia universidad, quedando así en minoría.
Los Consejos Sociales de las seis universidades públicas madrileñas ya están presididos por figuras afines al Partido Popular o vinculadas al sector privado. Los nombres más destacados son Francisco Marhuenda y Carlos Mayor Oreja. Marhuenda, exdiputado del PP y decano de la universidad privada UNIE del Grupo Planeta (aparte de ser director de La Razón, propiedad del mismo conglomerado empresarial), dirige el de la Universidad Carlos III. Por su parte, Mayor Oreja, exparlamentario popular y directivo de la UNIR, preside el de la Universidad de Alcalá.
Alejandro Tiana, exsecretario de Estado de Educación y exrector de la UNED, subraya a infoLibre que la pérdida de poder de los rectores frente a órganos externos "no es un asunto de gestión, sino de autonomía democrática". "El rector no es un directivo nombrado por un Gobierno, sino un representante electo por la comunidad universitaria, elegido por profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. Esa legitimidad es la que garantiza que la universidad mantenga su independencia respecto al poder político o económico", incide.
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Ambos proyectos de ley autonómicos no solo regulan la creación de universidades privadas, sino que también les abren la puerta al acceso a fondos y medios autonómicos que tradicionalmente estaban reservados al sistema universitario público. El artículo 116 del proyecto andaluz establece que los centros privados podrán obtener "convenios de colaboración con la Administración de la Junta de Andalucía y con las universidades públicas" para desarrollar actividades de formación, investigación o innovación.
En Madrid, el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) allana, según Rius, que "centros privados, incluidas escuelas de negocios" se integren también en el sistema universitario madrileño con el mismo estatus normativo que los públicos. Tanto Rius como Martos denuncian que esta regulación de las privadas podría traducirse en ventajas como el acceso a becas, convenios y uso de instalaciones públicas. "Lo que buscan es meter a las públicas en el mismo terreno competitivo que las universidades privadas para que luchen en atractivo a la hora de conseguir alumnos", apunta Rius.
Desde la comunidad educativa consideran que ambos proyectos legislativos suponen "un cambio de rumbo que amenaza con desmantelar el modelo público" de educación superior. "Estamos asistiendo a un proceso de privatización silenciosa. Las universidades públicas tienen cada vez menos margen para decidir y más presión para ser rentables. Eso no es modernización, es debilitamiento institucional", concluye la investigadora de la Complutense.
