De las casas de la Falange al piso en propiedad: así marcó el franquismo nuestra idea de la vivienda

Un derecho constitucional, el quinto pilar del estado del bienestar, un punto de partida para una vida digna… La vivienda se define de muchas maneras, pero todas ponen el acento en su carácter fundamental. Poder comprar o alquilar una casa se ha convertido en uno de los principales problemas de los ciudadanos, en un catalizador para el descontento social y en un dilema que no termina de encontrar solución en España. Pero pese a su actualidad, esto no es nuevo. El franquismo quiso utilizarla como elemento propagandístico, la especulación puso sus ojos en ella y, ya en democracia, el déficit de vivienda pública y la dinámica de desclasificarla como tal, agravaron aún más el problema. Hoy, el precio medio de la vivienda vendida ha aumentado en 652 euros por metro cuadrado desde 2014, lo que supone un 52% más, hasta un precio que, en agosto de 2025, se quedó en 1.887 euros, según el portal estadístico del Notariado. El alquiler llegó durante el verano de 2025 a su máximo histórico en todas las comunidades, de forma que deja atrás cada vez más presupuestos familiares.

“¡Esta es la vivienda moderna!”, gritaba —rodeado de un montón de muebles colocados en la calle— un Fernando Fernán Gómez que interpretaba a un trabajador que se queda sin casa en la película El Inquilino (1957). Este largometraje, dirigido por José Antonio Nieves Conde, fue prohibido por la censura en un primer momento por considerar inadmisible una crítica hacia la posibilidad de tener una vivienda. Posteriormente, el Ministerio de Vivienda consideró que alterando el final de la película, esta se podría emitir, y obligó a su director a grabar un desenlace alternativo en el que Evaristo González, que así se llama el protagonista, recibía del Estado un piso para vivir con su familia. 

Y es que el mito del progreso y de la prosperidad, en aquel entonces, pivotaba en gran medida sobre la vivienda en propiedad. “En el Fuero de los Españoles —una de las ocho leyes franquistas que data de 1945— se reconocía la vivienda como un derecho, pero eso no quiere decir que efectivamente fuera así”, explica José Candela Ochotorena, doctor en Economía e Historia y autor del libro Del pisito a la burbuja inmobiliaria. La herencia cultural falangista de la vivienda en propiedad. El profesor explica que la vivienda llegaba a las clases medias o a los funcionarios, pero ni mucho menos se popularizó. Sí lo hizo, en cambio, la preferencia por una vivienda en propiedad, un mantra que la Falange trataría de alimentar.

“Una de las frases preferidas del ministro de Vivienda del régimen, José Luis Arrese, era que España no era un país de proletarios, sino de propietarios, porque el objetivo real de la Falange era alejar a los obreros de la influencia socialista”, señala Candela. Y para hacerlo, la propaganda del régimen, con el NO-DO a la cabeza, tuvo un papel importante.

Antonio Raúl Fernández es profesor de publicidad de la Universidad de Murcia y ha explorado en su trabajo este fenómeno. “La vivienda de protección oficial funcionaba como una especie de legitimación del régimen y se entregaban en eventos multitudinarios que están recogidos, muchos de ellos, en el NO-DO”, explica.

Desde anuncios, a documentales o ceremonias de entrega de llaves a las que acudía el dictador en persona, son los eventos que se promocionaban. “Los actos se realizan en plazas públicas en las que se construyen escenarios para la ocasión. Las entregas se realizan en presencia de autoridades locales, representantes del Estado e inexcusablemente representantes eclesiásticos de la región (normalmente obispos) que ofrecen su bendición a los nuevos propietarios y sus viviendas”, recoge en un trabajo titulado Una casa para todos. Uso propagandístico de la vivienda en NO-DO durante la dictadura de Franco (1939-1975). Y la Iglesia también tuvo un papel preponderante: “También encontramos noticias sobre «Viviendas del Congreso eucarístico» o directamente viviendas entregadas por la Iglesia”.

“Al régimen lo que realmente le interesaba es que se compraran casas, porque era una forma de asegurarse cierta paz social. Si tienes a los trabajadores ocupados en pagar una letra, generas una cierta adhesión y tienes más control. Si tienes que pagar mensualmente por una casa que, además, te ha facilitado el Estado, quizá no te apuntes a un sindicato, ni protestes, por miedo a perderla”, explica Fernández. “Era una forma de control”, concluye.

De ahí que películas como El Inquilino incomodasen a la censura. De hecho, además del final alternativo en el que el Estado regala la vivienda al protagonista, el régimen le impuso un rótulo previo: “El problema social de la vivienda es el más universal de los problemas de nuestro tiempo. La sociedad tiene el deber de sentirlo solidariamente, y no confiar, exclusivamente, en el Estado, quien, justo es reconocerlo, trata por todos los medios de resolver o aminorar tan grave problema”.

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El imaginario que rodea a la vivienda a lo largo del régimen tiene que ver con un refuerzo de la idea de “reconstrucción” del país, pero también de la familia y de un imaginario que bebe del éxodo rural. “Los españoles se convirtieron en urbanos en los 50 y proliferó la idea de que vivir de alquiler era de pobres”, resume Candela. Algo en lo que también abunda Fernández, que apunta a un nexo conceptual entre la casa en propiedad y el Estado del bienestar que ha podido extender su influencia hasta hoy. En los años sesenta más de tres millones de personas dejaron el campo para instalarse en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao y en paralelo, la demografía se recuperaba, por lo que, tal como explica Jorge Galindo en su libro Tres millones de viviendas. Cómo pasar de la escasez a la abundancia, el problema comenzaba a estar servido.

Hacer casas para una clase media de pequeños propietarios

Durante el régimen, el Ministerio de Vivienda puso en marcha sucesivos planes, de forma que entre 1960 y 1981 se pusieron en marcha más de cuatro millones de nuevos alojamientos, según recoge Galindo. Aparecieron en la periferia barrios obreros y en 1970 el 63,4% de las viviendas principales estaban en régimen de propiedad. Para 1991, la idea de la propiedad se afianzaba y ese porcentaje había aumentado hasta el 78,3%.

Con la llegada de la democracia, la Constitución reconoció en su artículo 47 el derecho a una vivienda digna y con el tiempo las competencias pasaron a las autonomías. Aquí aparecen las denominadas viviendas de protección oficial (VPO) y las viviendas de protección pública (VPP), pero el diseño de esta protección no garantiza que lleguen a la gente. “Este modelo, a mi juicio, es heredero del franquismo, es rasgo central: hacer vivienda pública para que luego pasara a ser privada en manos de una clase media de pequeños propietarios”, concluye Galindo en su libro.