El Supremo avala con su condena al fiscal general las teorías de la conspiración difundidas por Ayuso

España es un país en el que el Gobierno puede utilizar todos sus tentáculos para conspirar contra un ciudadano "particular" con el único objetivo de desacreditar a una rival política. Es el mensaje difundido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), desde el 12 de marzo de 2024, día en que se publicó que su pareja, Alberto González Amador, había sido denunciado por dos delitos fiscales y falsedad documental, hasta este mismo jueves en que se ha conocido el fallo del Supremo que condena al fiscal general del Estado y lo inhabilita para el cargo. A la espera de la argumentación de la sentencia, la decisión del Alto Tribunal da alas a los bulos de la presidenta madrileña y avala el uso de la mentira como arma política, que ha reiterado tras conocerse la decisión judicial.

Durante el juicio que ha terminado con la condena de Álvaro García Ortiz, tanto la Fiscalía como su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, explicaron cómo, durante esos días, tanto el Ministerio Público, como la Agencia Tributaria y también la anterior juez del caso de González Amador fueron sistemáticamente difamados públicamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno al más alto nivel con auténticas mentiras. Un día después de que eldiario.es publicara la denuncia contra su pareja, el 13 de marzo de 2024, Ayuso aprovechó la rueda de prensa posterior a su Consejo de Gobierno para asegurar que su pareja estaba siendo objeto de una "inspección fiscal salvaje" que, afectaba "a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022". Ayuso se refirió exageradamente a todos esos ejercicios cuando, en realidad, los delitos fiscales denunciados solo afectaron a los dos últimos ejercicios.

El objetivo de esa "inspección fiscal salvaje", según dijo Ayuso ante los periodistas que presenciaron su comparecencia, solo tenía un objetivo, que no era otro que "retrasar los 600.000 euros que Hacienda le debe". Es decir, que en la visión alternativa de la realidad que describió, no era su pareja quien había defraudado más de 300.000 euros a la Agencia Tributaria, sino que a González Amador –que había confesado ante la Inspección el fraude, había intentado subsanarlo ingresando el dinero (algo no permitido) y había reconocido que las facturas que presentó durante ese proceso eran falsas–, sus declaraciones tributarias le salían "a devolver". La presidenta fue incluso más allá al asegurar literalmente: "Es falso que sea él [su pareja] quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los 600.000 euros a pagar por intereses".

"Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos", continuó la presidenta en su comparecencia del 13 de marzo. "Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantalla, ni nada como se está diciendo", añadió. Si la teoría de la conspiración sobre el caso concreto de su novio no era suficiente, acto seguido decidió lanzar la bomba: González Amador "es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja, ¿hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja? ¿Cuántos millones de inspecciones fiscales hay al año?". "Se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio", concluyó.

Además de estas declaraciones, la presidenta madrileña publicó un post en X (la antigua Twitter) en el que subrayaba que la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, había sido directora general en el Ministerio de Justicia durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. De Inmaculada Iglesias, la anterior titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid al que correspondió al causa contra González Amador, subrayó que pertenecía a la progresista y minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia, como si la militancia de esa magistrada en esa asociación judicial fuera fundamental para entender esa operación de Estado contra ella y su entorno que denunciaba.

Fue en esas condiciones en las que se fraguó el bulo –difundido por la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), y por el propio González Amador, que actuó como fuente de El Mundo, el diario que lo publicó por primera vez– de que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a González Amador para que reconociera sus delitos, algo que no ocurre jamás en las conformidades, en las que es el denunciado, imputado o acusado el que tiene que dar el primer paso y proponer un pacto al Ministerio Público. Ese primer infundio fue adornado después por MÁR con dos mentiras más. Difundió, en primer lugar, que se había retirado su oferta, pese a que la mañana del día 12 Amador le informó personalmente por WhatsApp de que la negociación seguía en pie (fue el novio de Ayuso el que la abandonó cuatro meses después). Y que esa retirada se produjo "por órdenes de arriba", unas órdenes que ni el fiscal general ni ningún superior dio en ningún momento al fiscal del caso.

Baldón para la Sala de lo Penal

Mentiras e insultos contra el Gobierno, contra Hacienda, contra la Fiscalía y contra una juez. Una teoría de la conspiración que no se sostiene y que, todavía este jueves, la presidenta madrileña ha reiterado en sus redes sociales en castellano y en inglés. Para avalar ese discurso, la Sala de lo Penal del Supremo no ha dudado en descabezar un organismo constitucional como la Fiscalía. Lo ha hecho cambiando el objeto del proceso –inicialmente era el desmentido oficial del bulo, pero en el Alto Tribunal mutó en la filtración de un correo–, sin investigar ninguna otra posible fuente pese a que el documento pasó por múltiples manos y obviando las advertencias (bajo juramento y apercibidos con penas de prisión si mentían) de cuatro periodistas que negaron haberlo recibido de sus manos.

Para entender la dimensión de la decisión hay que recordar que García Ortiz no solo ostentaba hasta ahora la dirección del Ministerio Público, sino que tiene la categoría de fiscal de Sala, el equivalente al de cualquiera de los magistrados que han decidido condenarlo.

El fallo supone también un baldón para la credibilidad de la más alta instancia penal española, puesta en cuestión no solo por las dos magistradas progresistas –Ana Ferrer y Susana Polo– que han votado en contra y han anunciado votos particulares discrepantes, sino también por el magistrado de la Sala de Apelación Andrés Palomo (conservador), que advirtió de que no existía un solo indicio que apuntara al fiscal general. Condenar a García Ortiz deja una Sala de lo Penal profundamente fracturada, algo que pasó en otras resoluciones de fuerte carga política, como la decisión de no aplicar la ley de amnistía (plenamente vigente y con su presunción de constitucionalidad intacta) a los procesados y condenados en el juicio del procés o la confirmación de la condena del caso de los ERE de Andalucía, que se llevó por delante a dos expresidentes socialistas de la Junta (Manuel Chaves y José Antonio Griñán).

Por último, la decisión de condenar a Álvaro García Ortiz da alas a González Amador para reclamar la nulidad de su proceso por dos delitos fiscales y falsedad documental, al que ahora se suman, además, los de corrupción en los negocios y administración desleal por el presunto pago de una comisión encubierta de medio millón de euros a un directivo de Quirón, la principal contratista sanitaria del Gobierno que dirige su pareja. Tanto la Sala como el instructor, Ángel Hurtado, sostuvieron que la filtración achacada al fiscal general había afectado a un derecho fundamental del novio de Ayuso, el derecho a la tutela judicial efectiva en su modalidad de derecho de defensa. Habrá que comprobar los razonamientos de la sentencia, pero si el Supremo estima que ese derecho fundamental ha quedado lesionado, se da por seguro que Amador lo hará valer.