El control político del PP sobre las teles autonómicas degrada la calificación europea de los medios públicos españoles
El retroceso alarmante que sufren los medios públicos en España ya es una constatación en Europa. La erosión de la independencia editorial se ha acelerado en el último año, con especial incidencia en las radiodifusoras autonómicas, lo que contrasta con el liderazgo que Europa mantiene en materia de autonomía mediática pública. Esta es una de las principales conclusiones del State Media Monitor 2025, que refleja que “la pérdida de autonomía no es un fenómeno aislado, sino un patrón vinculado a la creciente instrumentalización política” de los organismos de radiodifusión.
El deterioro más evidente, en el caso español, se observa en las comunidades autónomas. De los 15 medios públicos examinados en el informe, ocho están ahora clasificados como medios controlados, frente a solo uno en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP —y a veces de Vox— el control de las emisoras autonómicas. Es una categoría que señala subordinación total a las autoridades estatales, convirtiendo a los medios en vehículos de propaganda con mínima autonomía editorial. La rapidez de este giro, aseguran los autores del estudio, evidencia un incremento preocupante en la captura política de los medios públicos autonómicos.
Los casos más recientes subrayan esta tendencia. El Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) y la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) fueron degradados a categoría de medio público “controlado” por los Gobiernos de sus comunidades autónomas respectivas tras haber estado previamente clasificadas como medios públicos que se encontraban en un punto intermedio, con independencia editorial a pesar de estar fuertemente vinculados a los Ejecutivos. Estos cambios se produjeron después de un aumento significativo del control sobre las operaciones editoriales por parte de los Gobiernos autonómicos respectivos.
El factor político, subraya el State Media Monitor 2025, es central. Gran parte de este control estatal ha sido impulsado por las Administraciones conservadoras del Partido Popular, que han reforzado la supervisión editorial y politizado aún más los medios autonómicos, limitando su capacidad de actuar como instituciones independientes. Esta dinámica se suma a los retrocesos de 2024, cuando la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Radio Televisión Canaria (RTVC) y Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) fueron clasificados como medios públicos “controlados”.
La excepción, casi anecdótica, es Radio Televisión Ceuta (RTVCE), que recupera la categoría intermedia, revirtiendo su degradación de 2024. Sin embargo, este caso apenas matiza la tendencia general.
Vulnerabilidad
La erosión de la autonomía editorial no solo debilita la confianza pública en los medios autonómicos, sino que, según este estudio, contribuye a una fragmentación creciente del ecosistema mediático español, haciéndolo más vulnerable a la politización que en cualquier otro momento de la última década.
El Estudio Global 2025 del Monitor de Medios Estatales (Media and Journalism Research Center, MJRC) es un informe exhaustivo que examina la libertad editorial de las organizaciones de medios públicos y estatales en 170 países. Los autores, Marius Dragomir y Muhammad Rayhansyah Jasin, emplean una tipología específica para clasificar las entidades según su financiación, gobernanza y autonomía editorial. Las conclusiones principales exponen un deterioro continuo y global, indicando que un alarmante 85% de los 606 medios encuestados están capturados o controlados por sus respectivos Gobiernos.
El estudio subraya reveses importantes, como el colapso de la independencia de los medios públicos en Estados Unidos y la consolidación de modelos de propaganda en Eurasia y África subsahariana. Además, detalla tácticas recurrentes como el uso de recortes presupuestarios como herramienta de coerción política y la creciente expansión de la influencia de los medios estatales chinos a nivel internacional.
Entre los medios públicos españoles monitorizados por el Media and Journalism Research Center (MJRC) y calificados en la categoría más baja (sometidos a control gubernamental) está también RTVE. Aunque los criterios hacen referencia a los acontecimientos previos a la actual etapa, por lo que habrá que esperar a saber si el nuevo periodo abre la puerta a un cambio de categoría.
En un escalón intermedio (independencia editorial, pero financiación y gestión estatales) están la agencia Efe y las autonómicas Euskal Irrati Telebista (EiTB), Radio Televisión Pública de Castilla-La Mancha (RTVCM), Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), Radio Televisión Melilla (RTVM) y la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA).
Lejos de los mejores
Ningún medio público en España alcanza la excelencia que reconoce la etiqueta de “independientes”, que, en Europa, solo disfrutan 13 medios públicos. Es el caso de la británica BBC, las alemanas ZDF y ARD, la sueca Sveriges Television (SVT), la holandesa Nederlandse Publieke Omroep (NPO) y la Radio e Televisão de Portugal (RTP).
La clasificación del State Media Monitor 2025 se basa en la Matriz de Medios Estatales, un sistema analítico creado en 2021 y actualizado en 2023 que permite evaluar con precisión el grado de independencia o control político de los medios públicos y estatales. Su finalidad es superar la dicotomía simplista entre “medios de propaganda” y “medios de servicio público”, ofreciendo una tipología matizada a partir de datos verificables.
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El sistema analiza cada medio a partir de tres dimensiones esenciales: la financiación (y su dependencia del presupuesto estatal), la gestión y gobernanza (quién controla los órganos directivos) y el control editorial (hasta qué punto las decisiones informativas están influidas por el poder político). Con estos criterios se combinan respuestas binarias que permiten situar a cada operador en una de las siete categorías de la matriz.
La investigación se nutre de un proceso sistemático que combina documentos oficiales, informes independientes, cobertura mediática e investigación académica, junto con entrevistas en profundidad a periodistas, expertos locales y actores de la sociedad civil. Estas entrevistas —363 en la edición de 2025— resultan cruciales para detectar formas informales de injerencia política que no aparecen en normas legales o presupuestos. En algunos países, el estudio incorpora además análisis de contenido durante periodos políticamente sensibles para identificar patrones de sesgo o censura.
Con toda la información reunida, cada medio se clasifica como entidad única —independientemente del número de canales o plataformas que gestione— para garantizar la comparabilidad internacional. El resultado es una radiografía rigurosa que documenta avances y retrocesos en la autonomía editorial de los medios públicos, partiendo de la premisa de que la independencia es un equilibrio frágil que requiere vigilancia constante.
