Podemos anuncia un acuerdo con el PSOE para una regularización extraordinaria de migrantes

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha anunciado que su partido ha llegado a un acuerdo con el PSOE para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes que conceda papeles a quien pueda acreditar al menos cinco meses de residencia en España, informa EFE.  El Ejecutivo ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para esta iniciativa, con el objetivo de regularizar a en torno medio millón de personas.

En un acto celebrado en Madrid bajo el título 'Regularización Ya', Montero ha hecho este anuncio, que significará "que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia", ha detallado la eurodiputada de la formación morada. Y podrán hacerlo con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder el padrón.

Además, en el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.

La admisión a trámite de la petición ya dará una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Retomar el mandato de la ILP bloqueada en el Congreso

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado que este real decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente y es fruto de un acuerdo con Podemos y de "una suma de voluntades que ponen en el centro a las personas".

La iniciativa retoma el mandato de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la regularización que llegó al Congreso de los Diputados respaldada por más de 600.000 firmas, superó su primer trámite en la Cámara Baja -la toma en consideración- con el apoyo de todos los grupos menos Vox en abril de 2024 y llevaba desde entonces bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.

Según el Ministerio que dirige Elma Saiz, con este real decreto España "refuerza" un modelo de política migratoria "basado en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social".

No será necesaria convalidación parlamentaria

Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, como sí ocurre con los reales decretos-ley, que al mes de su aprobación y entrada en vigor precisan del aval del pleno del Congreso, lo que obliga al Ejecutivo a buscar los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Esta vía permite esquivar la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia migratoria, entre otras razones por el rechazo de Junts a sus medidas.

De hecho, ha habido precedentes de regularizaciones aprobadas por esta misma vía, como la que emprendió en 2001 el Gobierno de José María Aznar, en su primera legislatura, cuando el PP todavía no tenía mayoría absoluta en el Congreso.

Los impulsores creían que ya era "inalcanzable"

Los impulsores de la iniciativa han celebrado el anuncio como un sueño que ya veían "inalcanzable". Así lo ha descrito Silvana Cabrera, una de las representantes de la plataforma durante un acto de Podemos en el que la formación ha adelantado que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno en este sentido.

Cabrera se ha mostrado muy emocionada ante el anuncio de la medida: "Estamos tan poco acostumbradas a este tipo de victorias y en todo momento la regularización pareció un sueño inalcanzable para nuestras comunidades...", ha señalado. La activista ha defendido que detrás de cada regularización y de cada papel "hay una vida migrante" con "una maleta llena de sueños", pero también de responsabilidades, que se topan con un sistema basado en el "racismo estructural e institucional", por lo que esta medida es un ejercicio de reconocimiento, de reparación colonial y de memoria.

Se trata de "un logro" para todas las personas que no podían ni tan siquiera soñar con regularizar su situación porque quedaban fuera de los cauces habituales como la figura del arraigo. Ha puesto como ejemplo de ello a las trabajadoras del hogar que pasados los 50 años no podían conseguir un contrato de trabajo, a las "trabajadoras sexuales", que tampoco pueden acceder a un contrato, a los manteros o a quienes trabajan explotados en la construcción o la hostelería. Cabrera ha advertido de que se trata de "una carrera de fondo" y estarán "atentas y vigilantes" para que todos los que lo necesitan puedan acceder a este mecanismo de regularización.

Otra representante de la plataforma, Vicky Columba, ha celebrado la medida como "la ley más antirracista que podría existir" en un momento en que las personas migrantes se han convertido en la diana de los discursos de odio y las políticas de criminalización. Pero también ha recordado que queda abolir la ley de extranjería, una "deuda histórica"; impulsar una ley que castigue las diferentes formas de racismo en España o mejorar el acceso a la vivienda para las personas migrantes, entre otros asuntos pendientes.

En este aspecto, ha recordado a los cientos de migrantes subsaharianos que se quedaron en la calle tras el desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 en Badalona, que están "resistiendo debajo de un puente" y a los que esta regularización "les va a salvar la vida".

Podemos celebra una medida "de justicia social"

Fuentes de la formación morada han señalado que se trata de una medida "urgente y de justicia social", que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que "viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista".

Han defendido que mantener a estas personas en la irregularidad sólo sirve para aumentar la explotación laboral, fortalecer a quienes se benefician de que existan trabajadores sin derechos y alimentar el odio y la exclusión: "Cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha avanza posiciones", han asegurado. Y han puesto como ejemplo de esta deriva los disturbios racistas ocurridos en Torre Pacheco (Murcia) el pasado verano o el desalojo de Badalona (Barcelona) y, en el plano internacional, las "redadas racistas del ICE que vulneran sistemáticamente derechos humanos" en Estados Unidos.

Las otras grandes regularizaciones extraordinarias

En relación con las regularizaciones precedentes, gobiernos liderados tanto por el PSOE como por el PP han aprobado desde los años ochenta hasta ocho procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes. Según las cifras ofrecidas por los sucesivos gabinetes, con esas fórmulas lograron papeles para residir y trabajar legalmente en el país más de un millón de extranjeros, aunque no ha sido para ellos el único camino para acceder a documentación. De hecho, el año pasado entró en vigor un nuevo reglamento de extranjería con el que el Gobierno calculaba poder legalizar la situación de alrededor de 900.000 personas en tres años por la vía del arraigo.

Los dos primeros procesos extraordinarios se activaron durante los gobiernos de Felipe González, en 1985 y en 1991, y se saldaron con más de 147.000 extranjeros beneficiados. Con José María Aznar en La Moncloa, en 1996 se diseñó un mecanismo para conceder papeles a quienes hubieran sido titulares alguna vez de un permiso y a sus familiares, siempre que hubieran estado en España con anterioridad al 1 de enero de aquel año. Obtuvieron papeles alrededor de 21.000 inmigrantes.

El siguiente proceso, en el 2000, tuvo un alcance mucho más amplio, ya que se exigió a los extranjeros haber entrado en España antes del 1 de junio de 1999 y haber contado en algún momento con una permiso o haberlo solicitado. Consiguieron la documentación alrededor de 163.000 personas.

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Ante el elevado número de peticiones rechazadas, en 2001 se decidió revisar de oficio los expedientes de quienes no habían podido acreditar su estancia en España antes de la fecha fijada y lograron regularizar su situación 36.000 personas más. El mismo año se celebró otro proceso extraordinario, pero solo pudieron acogerse a él los ciudadanos ecuatorianos. Benefició a más de 20.000.

El proceso de regularización más grande puesto en marcha durante los gobiernos de Aznar, se activó también en 2001 y fue la llamada "regularización por arraigo", que proporcionó documentación a más de 239.000 extranjeros. Tuvieron que demostrar que se encontraban en España desde principios de año y acreditar su arraigo en el país, su incorporación real o potencial al mercado de trabajo, una anterior residencia regular en el país o vínculos familiares con residentes legales.

Ese proceso fue superado en 2005 por la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que benefició a casi 578.000 extranjeros, según las cifras que ofreció el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por primera vez se vinculó de forma directa al mercado laboral, ya que se exigió un contrato de trabajo firmado.