Por qué se pueden importar a España frutas y verduras con restos de pesticidas prohibidos en Europa

El año pasado entraron cada día una media de 12.500 toneladas de frutas y verduras a España de grandes vendedores como Marruecos, Perú, Costa Rica o Brasil. Estos países, además de tener una mano de obra más barata y tierras a precio de saldo, pueden utilizar pesticidas prohibidos dentro de la Unión Europea y vender su cosecha a los Veintisiete siempre que el residuo que dejen en los alimentos no supere un límite.

Este agujero legal es una de las grandes quejas de los agricultores europeos porque según ellos rompe las reglas de juego. La última en denunciarlo es Asprocan, la patronal del plátano canario, que ha analizado 42 muestras de bananas procedentes de América Latina y África, en las que ha encontrado siete sustancias cuyo uso es ilegal en las plataneras españolas, pero que terminan en los supermercados con las bananas que cruzan la frontera.

El análisis, al que ha accedido infoLibre, ha detectado restos de bifentrina, boscalida, fenpropidina, espirotetramat, fenpropimorfo, fludioxonil y miclobutanil, sustancias que sirven de base para pesticidas y que no están autorizadas en España. Las bananas estudiadas procedían de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Camerún y Ghana.

Que estas sustancias estén prohibidas en España no significa que todas ellas sean peligrosas para la salud o el medioambiente. Tres de ellas sí tienen su uso autorizado en la Unión Europea, pero cada país tiene que evaluarlas individualmente y dar un permiso específico para emplearlas en cada cultivo, y España no lo ha hecho. Las otras cuatro sustancias detectadas por los análisis sí están prohibidas en la UE (la bifentrina, el espirotetramat, el fenpropimorfo y el miclobutanil) por su riesgo en la manipulación.

En todo caso, las bananas analizadas son legales porque las más de 40 muestras que se han evaluado tienen concentraciones que entran dentro de los llamados Límites Máximos de Residuo (LMR), una horquilla establecida por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para casi 70 sustancias prohibidas que permite su comercialización dentro de Europa.

Por ejemplo, la bifentrina, un insecticida, tiene un LMR de 0,1 miligramos por kilo de producto, y en el análisis de Asprocan se han detectado en las bananas importadas cantidades de entre 0,01 y 0,069 mg/kg, es decir, está dentro de la legalidad.

Esther Domínguez, responsable del departamento técnico de Asprocan, reclama que se impongan las mismas exigencias a los países terceros que a los agricultores europeos. "No queremos tener acceso nosotros a esos pesticidas porque son dañinos para los trabajadores y el medioambiente, pero queremos que a ellos tampoco se les permita utilizarlos", subraya.

Los pesticidas garantizan que los cultivos no sufran plagas de hongos, insectos o malas hierbas que destruyan la cosecha, pero tras décadas de investigación, la Organización Mundial de la Salud y la EFSA han detectado que muchas de ellas son tóxicas. Para decretar su peligrosidad se evalúa su efecto en los agricultores que las manipulan, en la salud de los consumidores y su impacto ambiental.

La Unión Europea ha prohibido hasta la fecha casi un millar de estas sustancias químicas, y las más agresivas para la salud son cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción, aunque el estudio de estos pesticidas es muy precario y sobre muchos de ellos solo hay sospechas de su impacto en el organismo. Algunas sustancias afectan exclusivamente al medioambiente y provocan la muerte de abejas y otros seres vivos a gran escala cuando se esparcen en el campo.

Salomé Roynel, portavoz de Pesticides Action Network (PAN), una ONG europea que lucha contra los pesticidas, explica que el sistema de Límites Máximos de Residuo es la solución que ha encontrado Bruselas para evitar el desabastecimiento de frutas y verduras que se importan en grandes cantidades de terceros países donde se sigue utilizando químicos prohibidos en la UE.

"Esta situación es inaceptable porque perpetúa un doble rasero entre los alimentos importados y los cultivados en la UE, permitiendo el uso de pesticidas que se sabe que son peligrosos en terceros países, dañando a sus comunidades locales y al medio ambiente", subraya Roynel.

Koldo García, experto en pesticidas de Ecologistas en Acción, también recuerda que estos límites de residuo no solo sirven para garantizar que estos alimentos se puedan traer de América o África, sino que también garantizan que se puedan seguir cultivando en tierras europeas donde históricamente se han utilizado químicos ahora prohibidos.

Un estudio que publicó su ONG en 2025, con datos oficiales de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), concluyó que el 9,63% de los alimentos importados de fuera de la Unión Europea tenían residuos de plaguicidas no autorizados, pero también los encontraron en el 4,7% de las frutas y verduras de origen español.  Por ejemplo, el famoso insecticida DDT, que es un sospechoso cancerígeno, sigue detectándose en España en muestras de carne de pato y de pescados de agua dulce.

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"Nos guste o no, los alimentos de fuera son tan legales como los españoles porque cumplen con la normativa. También los que se producen en España contienen residuos de plaguicidas prohibidos", opina Koldo García.

El sector agrícola europeo lleva años exigiendo abordar este problema mediante el establecimiento de las llamadas cláusulas espejo en los acuerdos de importaciones, en las que se exige al país proveedor mantener las mismas condiciones laborales y de calidad de producto que dentro de la Unión. Francia anunció hace dos semanas que aplicará estas cláusulas por su cuenta y prohibirá la entrada de alimentos con residuos de sustancias fitosanitarias prohibidas en Europa, aunque está por ver que lo lleve a término. 

"Francia ha liderado siempre el debate sobre las cláusulas espejo y hace unos días lanzó el debate, aunque es cuestionable que vaya a conseguirlo", afirma Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, una organización agraria. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, también puso el asunto sobre la mesa hace dos años y dijo que lo llevaría a Bruselas, durante las fuertes manifestaciones del campo en todo el país, pero no ha trascendido el resultado de aquella propuesta.