Las comunidades del PSOE, el inesperado muro con el que choca la política ambiental de Transición Ecológica

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) aspiraba a declarar la anguila europea como una especie protegida. Llevó al Comité de Flora y Fauna de las comunidades autónomas numerosos informes científicos nacionales e internacionales que apoyaban la propuesta, pero ni una región votó a favor. Tampoco las comunidades con las que comparte las siglas del PSOE. Asturias fue la más beligerante, posicionándose en contra, mientras que Cataluña, Navarra y Castilla-La Mancha se abstuvieron. 

No es la primera vez que el ministerio de Sara Aagesen choca con una región socialista en materia ambiental o animal. Ha pasado recientemente con la anguila y con el lobo, pero también con el plan de recuperación de las Tablas de Daimiel, que sigue estancado. Al fin y al cabo, muchas de las políticas de conservación que impulsa el Gobierno central son de competencia autonómica, y lo que desde Madrid se considera una medida en defensa del medioambiente, localmente se percibe como una amenaza para la economía y el empleo, por mucho que se apoye en estudios científicos o en peticiones de grupos ecologistas.

En el caso de la protección del lobo, una de las banderas de Transición Ecológica, las comunidades socialistas del norte se han levantado contra esta iniciativa desde que el Gobierno introdujo este mamífero en la lista de especies protegidas (Lespre) en septiembre de 2021. Desde ese momento, solo se podían abatir lobos con permiso de este ministerio y tras agotar cualquier otra vía de prevención, pero Asturias y La Rioja aprobaron aun así planes de control mediante cupos máximos, una fórmula que supuso abrir la puerta a la caza a gran escala y echar un pulso a la directriz del Miteco.

Aun así, ninguna de las dos regiones abatió a ningún lobo entre esa fecha y marzo de 2025, cuando el animal volvió a salir de la lista de especies protegidas. Asturias intentó matar un ejemplar en Picos de Europa, pero no recibió permiso de Transición Ecológica, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja tumbó el programa de esa Comunidad tras una denuncia de la organización conservacionista Ascel. Tras la salida del lobo del Lespre hace ahora un año, Asturias ha recuperado la caza por cupos y se han abatido 25 ejemplares, aunque la semana pasada tuvo que paralizar las batidas por orden del Tribunal Supremo, y no espera retomarlas hasta verano. 

Daimiel, el muro de García-Page

Otro muro con el que se ha topado la Secretaría de Estado de Medioambiente es el Gobierno de Castilla-La Mancha, en manos del barón socialista Emiliano García-Page, conocido por estar alineado con el ala más conservadora del partido. Transición Ecológica lleva más de dos años negociando con esta región para elaborar un plan de rehabilitación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un humedal a punto de desaparecer debido a la agricultura intensiva. Pero el equipo de Aagesen no logra ponerse de acuerdo con el Ejecutivo autonómico. Este choque es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el ministerio ya ha cerrado dos acuerdos similares para recuperar el Parque Nacional de Doñana y el entorno del Mar Menor, en dos comunidades gobernadas por el Partido Popular.

La ministra insiste a menudo en que las conversaciones están en marcha y en que el acuerdo con Castilla-La Mancha es inminente. La última vez, en una entrevista con eldiario.es a comienzos de febrero: "Esperamos que muy pronto podamos lanzar el marco de actuaciones consensuado con la Comunidad Autónoma. Hemos avanzado mucho en los trabajos técnicos, pero también en el plan socioeconómico, que es muy importante que vaya de la mano de lo ambiental", contestó Aagesen.

Sin embargo, fuentes del Gobierno autonómico dicen que la negociación "está paralizada" desde que enviaron dos propuestas de actuaciones sobre la zona del humedal, y que siguen esperando una respuesta del ministerio. Como ya ha ocurrido en el pasado en otros casos donde está implicada la industria agrícola, los expertos atribuyen el enquistamiento a que la Comunidad quiere proteger el sector primario para que no tenga que abandonar esas tierras.

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"Nosotros entendemos que hay que apostar por la protección ambiental, pero también por el desarrollo económico de la región", señalan esas fuentes . "Quienes lo comparan con acuerdos como el de Doñana deben saber que aquí es mucho más complejo. La extensión afectada es muchísimo más grande y hay más población. El pacto afectaría a ciudades muy vinculadas a la agricultura". De nuevo, en este caso, las competencias están mezcladas, porque el parque nacional depende del Gobierno central, pero si el programa quiere incluir una revisión de las parcelas de alrededor, necesita el apoyo de Comunidad y ayuntamientos.

Cuestión de economía

Tanto en la disputa sobre el lobo como en la de las anguilas, el componente económico también está sobre la mesa. Por una parte, los ganaderos ejercen una fuerte presión política para mantener las batidas con el argumento de los ataques que sufre el ganado –por ejemplo, Cantabria asegura que en 2025 murieron 3.493 animales por el lobo–. 

Por el lado de la anguila, la protección de estos peces afectaría a la pesca. La presencia de angulas –el alevín de la anguila– en las aguas de la península se ha reducido un 90% en los últimos 70 años, pero aun así sigue siendo un inmenso negocio: en 2024 se pescaron 59 toneladas de anguilas en España, por un valor de 1,01 millones de euros. "Asturias ha reducido de manera drástica el esfuerzo pesquero, ha limitado licencias, ha acortado campañas, ha prohibido la pesca recreativa y aplica una veda total sobre la anguila amarilla y plateada, lo que cumple con los objetivos comunitarios de conservación", argumentan desde esta Comunidad.