La crisis en Oriente Medio coloca a la UE ante otro choque energético sin una respuesta común cerrada
El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue pendiendo de un hilo tras el fracaso de la negociación abierta en Pakistán y esa incertidumbre se traslada a la apertura del Estrecho de Ormuz. Donald Trump no quiere ni oír hablar de que Teherán cobre peajes de paso a los buques en la autopista marítima por la que navega una quinta parte de los hidrocarburos del planeta. El bloqueo permanece como principal riesgo económico global en las próximas semanas y meses, proyectando su sombra a los flujos comerciales entre países, a sectores industriales y a la actividad diaria de empresas y familias.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advierte que "incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno limpio y claro al statu quo anterior” por culpa de la espiral alcista de los precios energéticos, la destrucción en la infraestructura petrolífera, refinadora y gasista o las interrupciones en las cadenas de suministro que se están experimentando durante las últimas semanas. El FMI está preparando una rebaja en sus previsiones de crecimiento global y para regiones como Oriente Medio, Norteamérica o Europa, como ya ha hecho el BCE para la zona euro.
Las cuentas de la institución dirigida por la economista búlgara, que antes dirigió el Banco Mundial o fue vicepresidenta de la Comisión Europea, hablan de un aumento de la inflación provocado por los shocks en los precios del crudo o de los fertilizantes. El escenario es de estanflación, estancamiento o desaceleración de la actividad en paralelo a la subida de los precios. “La economía europea permanece en riesgo de shock estanflacionista”, ha asegurado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, quien ha añadido que “las perspectivas a largo plazo siguen oscurecidas por una profunda incertidumbre”.
La Unión Europea está en el ojo del huracán al que el belicismo de Israel ha arrastrado en Oriente Medio a unos proclives Estados Unidos de Trump. En la Comisión Europea temen que esta coyuntura reste al menos cuatro décimas al crecimiento del PIB de la UE este año y dispare un 1% la inflación, según lo explicado esta semana en la Eurocámara por Dombrovskis, el responsable de todo el departamento económico.
Este es el escenario base que manejan en Bruselas, el que ya estaría sucediendo en el conjunto de los Estados miembros, pero si continúan el conflicto bélico y el cierre del Estrecho de Ormuz los problemas serán “más sustanciales”, señaló el político letón, con una caída del PIB comunitario más pronunciada y también un impacto mayor en los precios, tanto este año como previsiblemente en 2027.
Recursos adicionales ante la parálisis de Bruselas
Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría, Irlanda o Portugal ya han activado medidas excepcionales y temporales para sus empresas y ciudadanos ante el encarecimiento de los precios de los hidrocarburos, con la gasolina un 15% más alta en abril respecto a comienzos de febrero y el diésel un 30%. Según el Boletín Semanal de Precios del Crudo de la Comisión Europea, publicado hace unos días, la gasolina Euro95 escaló ya de media hasta los 1,871 euros el litro y el gasóleo superó ligeramente los dos euros.
Este aumento de los precios del combustible es más pronunciado en Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Finlandia, mientras que España se encuentra en el rango bajo de la horquilla. Sólo en Malta, Hungría, Eslovenia, Bulgaria y Eslovaquia es más barato, de acuerdo con los datos del informe de la Comisión. Por el momento, la respuesta de los gobiernos europeos ante esta situación se basa principalmente en aplicar topes a los precios y retirar o rebajar impuestos como el IVA, aunque ya se abren paso los cheques o ayudas fiscales a las familias más necesitadas. La Comisión ha pedido por carta a los 27 que estudien la viabilidad de aplicar medidas adicionales de ahorro energético mientras sus propias propuestas e iniciativas siguen esperándose desde hace dos semanas. Por eso, varios gobiernos han preguntado a Bruselas sobre la posibilidad de introducir algún tipo de gravamen a los beneficios extraordinarios que están disfrutando las compañías energéticas gracias a los altos precios en el mercado de los combustibles y, con esos recursos, financiar el gasto público adicional de las medidas de apoyo lanzadas sólo desde el ámbito estatal.
El estatus incierto del Estrecho de Ormuz mantiene a los buques atrapados en el Golfo
Ver más
Es lo que quieren Alemania, Austria, Italia, Portugal y España. “Los que se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga del interés público”, señala la carta firmada por los ministros de Economía de los cinco países y enviada a Bruselas. Ahora, la Comisión Europea ha aceptado estas tesis.
“No hay nada que prevenga a los Estados miembros de aplicar esto”, detalló durante su comparecencia en el Parlamento Europeo el comisario Valdis Dombrovskis. “Estamos analizando si podemos presentar algún tipo de enfoque más coordinado a nivel europeo. Es lo que estamos valorando actualmente”, reconoció el político europeo, basándose en la experiencia previa de lo sucedido en 2022 cuando, tras la invasión de Ucrania por Rusia, los precios de la energía se dispararon y la Comisión permitió este tipo de fiscalidad temporal con la que paliar las medidas anticrisis introducidas.
Medidas más radicales como suspender las reglas de déficit para que los Estados incumplan esos límites proyectando su gasto público en favor de los hogares o las Pymes están, por el momento, descartadas. En la Comisión explican que esa decisión sólo se activaría en caso de “tener una desaceleración económica severa y actualmente no estamos en ese escenario”. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no quiere descartarla si empeora la situación en los mercados energéticos. En Bruselas confían en la mejoría de las tensiones geopolíticas para no tener que aplicar una medida que provocaría tensos debates en la UE entre los halcones de la austeridad, como Alemania, Austria o Finlandia, y las palomas del endeudamiento que habitan en los gobiernos del sur europeo, sea cual sea su color político.