Regularización de migrantes
Feijóo sostiene que la regularización "es injusta, insostenible e insegura" tras apoyar tramitarla en 2024
Alberto Núñez Feijóo llevó este martes al Congreso su rechazo frontal al real decreto para la regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros y lo convirtió en un nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular aseguró que está "absolutamente en contra de la regularización masiva e irresponsable de un millón de inmigrantes ilegales". El Ejecutivo calcula que puede beneficiar a medio millón de personas, aunque otros informes elevan esa estimación a más de 800.000 y Feijóo añadió que la Policía eleva todavía más esas previsiones hasta el millón.
El conservador señaló que su rechazo no solo corresponde "al grupo mayoritario de las cámaras", sino que está respaldado por las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la Unión Europea y "la mayoría de los españoles". En un encuentro organizado en la Cámara Baja con los parlamentarios de su formación en el Congreso y el Senado, defendió un modelo migratorio basado en una política "legal, controlada y compatible con la UE" y remarcó que "somos los españoles los que tenemos derecho a controlar quién entra en nuestro país y en qué condiciones se vive". Así, tachó de "inhumana, injusta, insegura e insostenible" la medida del Ejecutivo.
Según el líder de la oposición, la medida "alienta a las mafias" y lanza "el mensaje de que España es un chollo" para ellas. También dijo que perjudica "a quien cumple" y a los inmigrantes que llegaron "de forma legal", contraponiendo a quienes respetan las reglas con quienes no lo hacen, según el relato del principal partido de la oposición. "España no puede convertirse en el país en el que romper las normas sea más rentable que cumplirlas", señaló.
El conservador rechazó que la regularización pueda derivarse simplemente del paso del tiempo y afirmó que sólo debería contemplarse a partir de "una integración real", medida por el trabajo, el conocimiento del idioma y la ausencia acreditada de antecedentes penales y policiales. La posición de Feijóo se explica, en gran medida, por la radicalización del discurso del PP en materia migratoria, apostando por la asimilación forzosa para optar a la regularización, en línea con lo que defiende Vox: dar prioridad a los migrantes que comparten idioma y religión y rechazar a los que no.
Asimismo, criticó que la iniciativa se plantee, a su juicio, sin "controles ni exigencias", sin saber con exactitud a cuántas personas afectará y "sin ningún tipo de memoria económica". Por último, advirtió de que los servicios públicos sufrirán "una fuerte demanda adicional".
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El líder del PP dijo que el debate "debería sustanciarse" en la Cámara Baja y no "en un Consejo de Ministros con el presidente viajando por China y tratando de que se deje de hablar del colapso del país y la agenda judicial de su familia”. La iniciativa llega tras un acuerdo del Gobierno con Podemos pero no tiene que pasar por el Congreso.
De hecho, si hiciera falta ese trámite, el Gobierno de Pedro Sánchez no tendría garantizados los votos, ya que tanto el Partido Popular como Vox han dejado claro que no la apoyarán, pese a que en abril de 2024 la formación de Feijóo aprobó que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas, siguiera su curso en la Cámara Baja.
Feijóo se posicionó en el bloque del sí movido por la presión de la Iglesia católica y de algunos sectores empresariales que requieren de mano de obra, con la vista puesta en la inmigración europea pero, sobre todo, en la latinoamericana. Ahora, sin embargo, el Partido Popular no solo está en contra, sino que tratará de paralizarla "por todos los medios" a su alcance, según trasladaron fuentes de Génova el pasado enero. El principal partido de la oposición no descarta iniciar acciones judiciales o acudir a Bruselas, según admitió Feijóo a la salida del acto. “Vamos a estudiar el texto con detalle”, zanjó.