Un vocal de Sumar alienta sospechas sobre el Gobierno en el proceso de elección del nuevo juez para Estrasburgo
No es solo uno de los más de 5.000 jueces que hay en España. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional que tiene como principal misión preservar, promover y defender la independencia judicial en España. Desde esa atalaya, a la que fue aupado por el PSOE y Sumar, el consejero Carlos Hugo Preciado ha denunciado que el Gobierno formado por esos dos partidos pretendería controlar la elección del próximo miembro español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y lo ha hecho tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado ha impugnado el proceso ante la Audiencia Nacional y ha solicitado su paralización. Prospere o no, su recurso extiende una sombra de sospecha que afectará al debate sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.
Preciado, que no ha recurrido las bases de la convocatoria hasta que no ha sido rechazado para el puesto, advierte ahora que la comisión que debe seleccionar a los tres candidatos de la lista que el Consejo de Ministros enviará a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por tres miembros del Ejecutivo –los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia– a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso la designada es la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso actual, la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).
Con su recurso contencioso-administrativo, Preciado lanza dudas sobre la imparcialidad de un proceso que, sin embargo, fue regulado hace seis años por el Gobierno socialista mediante un reglamento precisamente para darle la objetividad, transparencia e institucionalidad que el Consejo de Europa –la organización internacional en la que se encuadra el tribunal europeo– reclamaba para los procesos internos de selección de jueces de cada país. En la anterior elección, la de la magistrada actual, María Elósegui, la preselección de la terna fue de cuatro miembros del Gobierno exclusivamente (secretarios de Estado y subsecretarios de Asuntos Exteriores, Justicia y Presidencia), sin la participación de ningún magistrado ni experto jurista, al contrario que ahora. El procedimiento, además, no estaba recogido en una norma, como actualmente, sino en unas simples “pautas” acordadas previamente por el Consejo de Ministros.
En cualquier caso, la última palabra sobre los tres candidatos finales, tanto entonces como ahora, corresponde al Ejecutivo, que, en teoría, puede devolver la terna de candidatos seleccionada si considera que no está formada por personas aptas para el cargo. Nunca lo hace. En realidad, en casi todos los Estados miembros, al igual que en España, la decisión final corresponde a alguna instancia gubernamental, ya sea el Consejo de Ministros, el presidente, el primer ministro o el ministro de Justicia o Asuntos Exteriores. Esas son las instituciones de cada país que envían la terna a la Comisión para la elección de los jueces del TEDH, un órgano de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el organismo que tiene en sus manos la decisión final sobre el nombramiento del juez de cada Estado.
Un mantra de la extrema derecha
Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en el procedimiento de elección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, elevándolo todavía más hasta el magistrado español del TEDH. Las asociaciones judiciales conservadoras (APM, Francisco de Vitoria y Foro) han llegado a comparar a España con la Hungría del recién derrocado Viktor Orbán –que sometió el Poder Judicial de su país al Ejecutivo–. Incluso han reclamado a la Unión Europea que abra un procedimiento de sanción contra España (que supondría cortar un flujo de miles de millones de euros en fondos europeos) por, supuestamente, vulnerar las normas europeas sobre el Estado de derecho. Bruselas jamás ha comprado esa iniciativa y, en sus últimos informes, ha valorado las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno de Sánchez.
Fuentes del sector progresista del CGPJ muestran su sorpresa con el recurso de Preciado porque, dicen, afectará a la imagen de la Justicia española ante uno de sus principales organismos evaluadores, el Consejo de Europa. Se cual sea el recorrido del pleito, estas fuentes dan por seguro que el cuestionamiento de la convocatoria por un miembro del órgano de gobierno de los jueces hará que las dudas sobre la legalidad del proceso planeen sobre todo el debate que mantengan los miembros de la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional. Dos de sus grupos de trabajo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la Comisión de Venecia analizan periódicamente la calidad democrática de las instituciones y los poderes públicos en España y emiten recomendaciones. El grado de cumplimiento de estas últimas es también el termómetro al que recurre la Comisión Europea para redactar su informe anual sobre el Estado de derecho.
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Las fuentes del Consejo consultadas, además, cuestionan la propia candidatura de Preciado, lanzada desde otro puesto de designación política como es el de vocal. El candidato ya desechado llegó a su cargo en el Poder Judicial en 2024 a propuesta del PSOE y Sumar, lo que podría afectar a su propia apariencia de imparcialidad en el proceso de selección de nuevo juez del TEDH al aparecer ya ligado a esos dos partidos, los que conforman el Gobierno cuya injerencia denuncia. Además, las fuentes critican que haya utilizado el órgano de gobierno de los jueces como “trampolín” para saltar a un nuevo puesto. Por último, recuerdan que en el caso de que hubiera podido conseguir la plaza en el tribunal europeo, el Consejo habría quedado definitivamente escorado a la derecha, ya que su sustituto sería un miembro de la conservadora y mayoritaria APM propuesto por el PP.
Fuentes del Gobierno aseguran que, por el momento, el proceso de selección sigue adelante. Si el vocal progresista consiguiera que la Audiencia Nacional lo paralizara cautelarmente, el resultado sería el bloqueo de la renovación del magistrado español del tribunal y la prórroga en ese puesto de María Elósegui, conservadora, perteneciente al Opus Dei y aupada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace ocho años. Elósegui fue muy criticada tras su nombramiento por formaciones como Podemos, IU o En Comú (estas dos últimas forman parte de Sumar) por varias manifestaciones homófobas previas a su designación como jueza española del TEDH.
Preciado, a través de un portavoz, ha rechazado hacer ningún tipo de declaración sobre su recurso contencioso-administrativo y los motivos que le han llevado a presentarlo. Sin embargo, su interposición ha generado ya un efecto. La comisión de selección ha decidido entrevistar a todos los candidatos al puesto, entre ellos al propio vocal progresista, pese a que inicialmente descartó a 13 de ellos, entre los que se encontraba el consejero propuesto por Sumar.
