El CGPJ tiene en sus manos sancionar al juez que lleva el caso del exDAO por sus declaraciones machistas

Los comentarios machistas del juez David Maman Benchimol no han pasado desapercibidos, especialmente entre quienes comparten profesión con el magistrado. No son pocos los juristas que han decidido que no basta con una condena simbólica a lo expresado en febrero por el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, sino que es urgente tomar medidas. Profesionales y organizaciones han interpelado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para demandar una investigación exhaustiva sobre sus manifestaciones. Así que el futuro del juez está ahora en manos del órgano judicial.

"Con su ideología machista y misógina debería abstenerse de juzgar al exDAO o, si no, habría que recusarlo", deslizó el jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Su petición enseguida se transformaría en una solicitud formal: su departamento ha enviado un escrito al CGPJ, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, pidiendo la apertura de diligencias informativas y un expediente disciplinario contra el juez. Según la queja formal presentada por el Ministerio, a la que ha podido acceder infoLibre, el magistrado podría haber cometido una "falta grave" debido a sus declaraciones.

El escrito de Igualdad argumenta que sus afirmaciones "no constituyen meras opiniones aisladas, sino que reflejan una serie de prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos que afectan directamente a la percepción de imparcialidad del órgano judicial y comprometen la confianza pública en la Administración de Justicia". A su juicio, sus comentarios reflejan una "trivialización de la violencia de género y de los mecanismos de protección legalmente establecidos", además de constituir una "absoluta falta de perspectiva de género y la reproducción de estereotipos" contrarios al principio de igualdad reconocido constitucionalmente.

Igualdad también repara en la asunción implícita de "teorías sin aval científico, como el denominado síndrome de alienación parental" y en la falta de reconocimiento de las personas menores de edad "como víctimas directas de la violencia de género, en contradicción con el marco normativo". El departamento reprocha igualmente la "actitud tránsfoba" del juez y fundamenta su petición apoyándose tanto en el ordenamiento jurídico español como en el marco internacional. "Es una queja formal y vamos a hacer seguimiento del asunto", insisten desde la cartera de Ana Redondo a preguntas de este diario.

La de Igualdad no es la única queja que se ha registrado en las últimas horas. El despacho Olympe Abogados presentó el jueves a las 22:40 horas otro escrito a través del Formulario de Atención Ciudadana del CGPJ. Isaac Guijarro, cofundador del despacho, explica a infoLibre que las manifestaciones de David Maman Benchimol "no se pueden enmarcar en un ejercicio de la libertad de expresión", puesto que el magistrado no asiste a las jornadas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde las pronuncia, para "dar su opinión como ciudadano, sino como juez". "Cuando actuamos como profesionales no nos podemos abstraer de nuestra ideología", sintetiza el letrado. En otras palabras: "Un juez misógino en lo personal va a ser un misógino en lo profesional".

Para Guijarro, esto es algo que impacta en "todas las víctimas que pasan por su juzgado, por las decisiones que toma y por el trato que les puede dar", así que el Poder Judicial debería, bajo su punto de vista, tomar medidas inmediatas abriendo un procedimiento disciplinario por sus palabras.

También lo creen así más de un centenar de entidades y particulares que han suscrito un manifiesto conjunto que previsiblemente se traducirá también en una queja formal el próximo lunes, según señalan las promotoras a preguntas de este diario. Las entidades se apoyan sobre distintos principios constitucionales –como el de igualdad, pero también la tutela judicial efectiva o el sometimiento de la justicia a la ley–, citan los compromisos internacionales suscritos en materia de violencia machista e insisten en la imparcialidad de la justicia para exigir una investigación efectiva. "Un discurso público judicial que exterioriza prejuicios de género puede erosionar, al menos objetivamente, esas garantías y la confianza en la imparcialidad del órgano", argumentan.

El procedimiento

Así que la pelota está ahora en el tejado del CGPJ. "Si hay quejas presentadas, se iniciarán los trámites", explican fuentes del órgano judicial. En un primer momento, el Promotor de la Acción Disciplinaria debe abrir una diligencia informativa, en una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar "si los hechos encajan en algún tipo disciplinario". En caso de que se considere que hay "materia e indicios de que el juez pudiera haber cometido una infracción", el siguiente paso consiste en incoar expediente. "En este segundo momento, si se abre expediente disciplinario, se investiga en profundidad para ver si ha cometido algún tipo de falta", exponen las mismas fuentes. 

A partir de ese momento, el funcionamiento es similar al de una instrucción judicial. "Se persona el Ministerio Fiscal, se toma declaración al juez, se recaban pruebas y todo lo necesario para ver si esos hechos denunciados son constitutivos de una falta", completa un portavoz autorizado. Si el señalado es responsable, entonces el promotor confecciona una "propuesta de sanción que eleva a la Comisión Disciplinaria, quien a modo de tribunal será la que decida si se sanciona o no".

Las mismas fuentes no aciertan a concretar durante cuánto tiempo puede prolongarse la investigación, en caso de iniciarla. "Puede depender de la dificultad del caso o de cuestiones como las pruebas que se soliciten", agregan. Al cierre de esta edición, el CGPJ todavía no contaba con una notificación formal de las quejas registradas, pero las voces consultadas insisten en que una vez llegue, se activarán los mecanismos pertinentes. 

Es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que recoge cuáles son las faltas por las que sus señorías pueden ser sancionados. Según las quejas ya registradas, las declaraciones del magistrado podrían haber incurrido en una falta grave recogida en el artículo 418.5, por suponer un "exceso o abuso de autoridad o de consideración respecto de los ciudadanos". En añadido, el precepto 419.2 tipifica como falta leve toda "desatención o desconsideración" con los ciudadanos. 

Igualdad añade que las manifestaciones del juez "podrían encuadrarse en el incumplimiento del deber de abstención de prejuicios y de mantenimiento de la apariencia de imparcialidad exigible a todo miembro de la carrera judicial". Añade que, en un contexto formativo como es el de las jornadas en las que se enmarcan sus declaraciones, "resulta especialmente grave" porque contribuye a "perpetuar prácticas contrarias a los estándares de protección de los derechos humanos". 

Entre la inacción y la complicidad

Pese a los esfuerzos por exigir una respuesta a la altura por parte del Poder Judicial, lo cierto es que no todo el mundo confía en la diligencia del órgano a la hora de actuar contra este tipo de situaciones. "El CGPJ es el gran culpable en este país de que la justicia sea machista, por su inacción, su sectarismo y por taparse entre ellos", clama Isaac Guijarro. Para el abogado, "el problema de estos jueces es la impunidad: saben que hagan lo que hagan y digan lo que digan, no van a tener consecuencias". 

En el año 2018, el CGPJ recibió una queja por las palabras del juez Francisco Javier Martínez Derqui en torno a una denunciante. En una grabación accidental, el magistrado se refería a la víctima como "bicho" e "hija de puta". Ella formuló una queja formal. El CGPJ abrió una diligencia informativa, pero la investigación quedó archivada. La clave es que el órgano judicial entendió que la grabación se había producido accidentalmente, sin consentimiento y en el ámbito privado. 

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Enero de 2025. Al CGPJ llegan centenares de quejas por el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaa, en el marco de la causa contra Íñigo Errejón. En octubre del mismo año, el caso queda archivado. El Promotor de la Acción Disciplinaria consideró que los fragmentos del interrogatorio difundidos públicamente ofrecían una visión "descontextualizada".

Según la estadística anual de la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ, en 2024 se presentaron 22.056 escritos –incluyendo quejas, peticiones de información, sugerencias y agradecimientos– ante la unidad y otros órganos de gobierno. Esos escritos dieron lugar a 16.409 expedientes, pero únicamente una pequeña parte acaba, tras aplicar los filtros internos precisos, en un expediente formal contra un juez. La última Memoria del CGPJ detalla que en ese mismo año se adoptaron un total de 17 acuerdos en el ámbito disciplinario. En dos de ellos, la deriva final fue el archivo, mientras que en 15 se impuso una sanción. Al cierre del año, existían 12 expedientes incoados pendientes de resolución.

Guijarro sugiere trabajar sobre vías alternativas y efectivas para que los tribunales sean espacios libres de violencia machista. "El Gobierno debería modificar la Ley del Poder Judicial para permitir a los abogados especializados recusar a los jueces que hayan tenido públicamente un comportamiento machista o misógino", sugiere. La ley contempla la recusación en distintos supuestos, por lo que el abogado cree que entre los motivos recogidos deberían incluirse, en los procedimientos de violencia contra las mujeres, las expresiones o manifestaciones misóginas. Lo contrario, concluye el letrado, deriva en un clima de total impunidad.