Los pactos de PP y Vox
Vox calcula el coste de gobernar en Andalucía: el "marrón" de gestionar frente a presionar desde fuera
La primera prueba para el Partido Popular y Vox en Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo se saldó esta semana sin acuerdo. La extrema derecha no estará en el órgano de gobierno del Parlamento andaluz— también ocurrió en Extremadura y Aragón — yaunque eso no equivale a una ruptura de la negociación, retrata el pulso entre el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla y el de Vox, Santiago Abascal, antiguos compañeros de Nuevas Generaciones del PP, que distintas fuentes apuntan a que será “largo”.
Desde el partido de Santiago Abascal aseguran que su prioridad es el contenido del acuerdo — de gobierno o de legislatura— con medidas, garantías de cumplimiento y una traducción andaluza de sus banderas nacionales, desde la "prioridad nacional" con la que pretenden discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas, tachada de “eslogan vacío” por el presidente andaluz, a las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el niqab y el rechazo a la Agenda 2030, entre otras cuestiones.
Con todo, en Vox ya hay voces de la dirección del partido que admiten en privado que es un “marrón” gobernar en comunidades con “mucho presupuesto”, como es el caso de Andalucía. La duda acompaña a Vox desde su salida de los ejecutivos autonómicos compartidos con el PP en julio de 2024. Aquella ruptura le permitió volver al terreno en el que mejor se maneja la ultraderecha, con la confrontación y la denuncia del "sistema” por bandera. Y sus propios dirigentes reconocen que es más cómodo no responsabilizarse de problemáticas inherentes a la gobernabilidad como las listas de espera, el campo, la vivienda o la seguridad.
Desde entonces, distintas lecturas dentro y fuera del partido coinciden en que Vox se mueve mejor cuando influye desde fuera que cuando debe responder por la letra pequeña de la administración y así lo reflejan también los sondeos. Su etapa en gobiernos autonómicos con el PP coincidió con una fase de debilidad: tras caer al 12,4% y perder 19 escaños en las generales de 2023, la mayoría de encuestas lo situaron durante meses en torno al 9%-12%, y en las europeas de junio de ese año obtuvo un 9,6%, por debajo de su resultado del 23J, además de sufrir la competencia de Se Acabó La Fiesta en el espacio ultra. La salida de los ejecutivos autonómicos en julio de 2024 le permitió recuperar posiciones.
Con todo, según aseguran fuentes de la formación ultra, entre sus planes sí está pedir entrar en el Ejecutivo andaluz, aunque reconocen que, en ese caso, aplicarían la “proporcionalidad debida”, ya que Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. Aun así, también contemplan la posibilidad de no entrar en la Junta y apoyar desde fuera pero siempre “con un acuerdo” tangible que tiene que incluir su consigna racista de ‘los españoles primero’, que el PP vincula sin embargo con el arraigo.
Vox ‘teme’ un presupuesto de más de cincuenta mil millones
En el caso andaluz, Juanma Moreno reprochó a Vox su falta de capacidad de gestión durante la campaña. Llegó a afirmar que "no quieren gobernar porque no saben" y que la formación ultra no tenía “equipos preparados” para ello, además de calificar la "prioridad nacional" de eslogan vacío e incluso ilegal cuando implica discriminar por nacionalidad en el acceso a recursos públicos. Ese discurso buscaba movilizar al electorado conservador en busca de una mayoría absoluta que finalmente no se produjo. Pero también generó un efecto boomerang que también alimentó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que Abascal se vio empujado a demostrar que no huía de las responsabilidades.
El líder de Vox no quiere aparecer como la muleta del PP ni tampoco como el líder de una formación que no sabe gestionar, sobre todo si su objetivo es llegar a La Moncloa de la mano de los conservadores. “El señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere gobernar, que no tiene valor para gobernar, que sale corriendo. Le tengo que decir sí vamos a gobernar en las tres regiones", señaló tras las elecciones de Castilla y León. Vox decidió entonces entrar a gobernar en coalición en esa comunidad, en Extremadura y Aragón. Unos pactos que, en realidad, son papel mojado porque determinadas promesas exceden las competencias autonómicas y dependen de la legislación estatal, europea o de los tribunales.
Andalucía, sin embargo, es harina de otro costal, según admiten fuentes cercanas a Abascal. La Junta maneja uno de los mayores presupuestos autonómicos del país y competencias de alta exposición pública. Para Vox, asumir una consejería implicaría entrar en la gestión de una comunidad con más de ocho millones de habitantes y un presupuesto que supera al de las tres comunidades anteriormente citadas. Concretamente, son 51.597,9 millones de euros en 2026: 5,8 veces el de Extremadura, 5,6 veces el de Aragón y 3,3 veces el de Castilla y León. Incluso comparado con la suma de las tres —unos 33.714,6 millones de euros—, Andalucía gestiona 17.883,3 millones más, es decir, 1,5 veces más que Extremadura, Aragón y Castilla y León juntos.
El ‘abrazo de oso’: la estrategia del PP para desactivar a Vox
Por su parte, hay sectores del PP — aunque Moreno no es uno de ellos— que creen que es peor dejar fuera a Vox fuera de las instituciones, porque de esa manera capitalizan el enfado social sin pagar peaje por la gestión. Algunos conservadores consideran que es más inteligente hacer el llamado “abrazo del oso” a su socio de gobierno, teniendo ellos la posición mayoritaria lo que implica apropiarse de los “éxitos”. Esto, a su vez, implica que los de Abascal entren, gestionen y se desgasten, aunque sea a costa de ceder en cuestiones como la “prioridad nacional” y tener menos sillones para los suyos, especialmente si eso lleva consigo que Vox pierda fuerza a nivel electoral de cara también a las próximas generales.
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La tesis, especialmente compartida en Génova, es que mientras Vox permanezca fuera de los gobiernos, puede presentarse como una fuerza libre de contradicciones, dedicada a agitar agravios y denunciar las supuestas tibiezas de la "derechita cobarde" o el "PSOE azul", en palabras de una fuente del equipo de Feijóo. En cambio, una vez dentro de los ejecutivos, los ultras se convierten en corresponsables de la gestión de los servicios públicos y los presupuestos. Esto supone también un giro para el planteamiento del líder del PP, que siempre ha reivindicado los gobiernos en solitario, y ahora asume que el futuro pasa por incorporar a Vox al gabinete, si no le queda más remedio, auto enmendado su supuesta moderación.
Tras años de vaivenes con la ultraderecha, el PP ha concluido, según admiten fuentes de la dirección, que su problema no es pactar con Vox, sino dejarlo crecer al margen de las instituciones. Una decisión que no responde solo a una necesidad aritmética, sino a una estrategia política de largo alcance. El objetivo final de Génova es frenar el ascenso de los ultras replicando la estrategia de 2023 tras las autonómicas y municipales, aunque también existe el temor de que se vuelva a repetir un escenario en el que ambas fuerzas no sumen. Lo ideal, creen en Génova, es que el PP “triplique” en escaños a Vox.
La paradoja es que tanto PP como Vox tienen incentivos contradictorios. Moreno quiere gobernar en solitario para preservar su perfil de “gestor moderado”, pero necesita a Vox para reeditar en la Junta, si bien ambas formaciones descartan el escenario de una repetición electoral. Los ultraderechistas quieren imponer el programa y condicionar la acción de la Junta, con el temor de quemarse si asumen la gestión de áreas complejas. Y, aunque una parte del PP, cree que les viene bien que los ultras entren para que se desgasten, una coalición también puede reforzarlo como partido de gobierno. Y Vox puede preferir quedarse fuera, pero después de meses de reproches por "no saber gobernar", una negativa abierta alimentaría la crítica que Abascal intenta desactivar. El “lío”, como diría Moreno, está hecho.