El giro de Vox con Plus Ultra: de "escandaloso" a "pequeño caso" tras las supuestas maniobras de Ariza

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató Plus Ultra en 2021 —junto a otras compañías—, Vox convirtió esa decisión en una ofensiva total contra la supuesta corrupción del Ejecutivo, llegando incluso a personarse como acusación popular en la causa. Pero la formación ultra la dejó morir años después y no recurrió el archivo. Un contraste entre su estrategia política —que también ha ido variando— y su actuación procesal que resulta aún más llamativo a la luz de las nuevas revelaciones de infoLibre sobre las gestiones realizadas por el empresario de medios Julio Ariza y el exjuez Manuel García-Castellón para evitar que el partido siguiera perjudicando a la compañía.

Así, el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, acudió a Ariza en la recta final de la instrucción para que el partido de Santiago Abascal no recurriera el archivo de la causa. La gestión, según se deduce de las conversaciones entre los directivos de la compañía a las que ha tenido acceso infoLibre, dio sus frutos. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció en ese grupo de WhatsApp Julio Martínez Sola el 12 de enero de 2023, seis días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. De ahí se desprende que el empresario contactó con algún miembro de la cúpula de Vox que le indicó que no iban a dar más pasos judiciales.

Tal y como publicó este periódico, el juez Manuel García-Castellón también se postuló para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir en ese encuentro del entonces juez en activo de la Audiencia Nacional con el dirigente de Vox era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no intentara reabrirla. Y, según esos chats internos, la presión de ambos surtió efecto.

Así, después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara el archivo de la investigación sobre la legalidad del rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vox hizo el amago de presentar recurso aunque al final desistió —el PP tampoco recurrió— y la causa quedó definitivamente archivada. Las nuevas informaciones reveladas por infoLibre aportan ahora un contexto nuevo en el que se enmarcaría aquella decisión, aunque la formación de Abascal niega de manera rotunda que se produjera tanto esa reunión con García-Castellón en marzo de 2022 como que Ariza intercediera para tratar de convencerle de que Vox no recurriera el archivo.

De querellarse a un “caso pequeño” 

Más allá de las gestiones que se desprenden de esos chats en los que figuran referenciados tanto García-Castellón como Ariza, lo cierto es que sí se produjo un cambio en el discurso y la estrategia de la formación ultra a partir de 2023. El rescate a Plus Ultra fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. La operación, que se saldó con un coste de 53 millones de euros, tenía origen en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), con el objetivo de auxiliar a sociedades con dificultades por la crisis económica desatada por la pandemia. El fondo, a su vez, dependía de la SEPI y tenía como misión inyectar liquidez a empresas que fueran viables pero que, por el impacto de la crisis, se vieran en una situación comprometida.

Rápidamente tanto Vox como el PP situaron el foco sobre la propia operación de rescate, cuestionando la solvencia de Plus Ultra y reclamando solicitudes de información al Gobierno sobre el expediente del rescate, además de registrar preguntas parlamentarias sobre por qué Plus Ultra había sido considerada empresa estratégica y alimentar la duda de una intencionalidad política en la operación a través de entrevistas y comparecencias públicas. 

Es más, la formación de Abascal presentó una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la SEPI, criticaron sus informes y denunciaron la vinculación de los accionistas de la compañía con Venezuela. “Han concedido soporte financiero a sociedades que difícilmente cabe calificar de estratégicas conforme a sus criterios”, denunciaba ante el Congreso el diputado de Vox Víctor González. “¿Por qué se ayuda a empresas amigas que no reúnen los requisitos y al tendero de la esquina del barrio no?”, planteaba.

Sin embargo, con el archivo de la causa en 2023, las prioridades políticas de la formación cambiaron. Y, tras la apertura de nuevas líneas de investigación en la Audiencia Nacional en diciembre del pasado año, el eje del discurso ya no se situó en la compañía. Plus Ultra dejó de ser el objeto principal de la crítica para convertirse en el escenario sobre el que Vox construyó un relato centrado casi exclusivamente en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Venezuela y una supuesta trama de influencias políticas encabezada por Pedro Sánchez. 

Las iniciativas parlamentarias impulsadas por la formación durante los últimos meses reflejan ese desplazamiento. La mayoría de las comparecencias solicitadas y de las preguntas registradas se dirigen a esclarecer el papel del expresidente del Gobierno, de responsables de la SEPI o del Ejecutivo actual, mucho más que la actuación de la propia compañía o de sus administradores. Es más, el propio Abascal trató de restarle peso a la trama en una reciente entrevista con NTN24, un canal de televisión colombiano dirigido a la comunidad de América Latina.

“Hemos pedido la prisión preventiva y la retirada del pasaporte para que Zapatero no pueda huir de España ni destruir pruebas. Creemos que la gravedad de las acusaciones es extraordinaria, que la contundencia del auto del juez Calama es evidente y que todo apunta a la comisión de gravísimos delitos. Y, además, pensamos algo que todavía es más importante: que el caso Plus Ultra es solo la punta del iceberg. Es, probablemente, el caso pequeño dentro de los casos de corrupción que podrían afectar a Zapatero y al Gobierno”, señala el líder de Vox, que insiste antes de finalizar la pregunta en que “el caso de Hidrocarburos de Venezuela” es más grave. “Algunos han estado enriqueciéndose y aprovechándose del sufrimiento de los venezolanos”.

Ese cambio de foco coincide con otro hecho llamativo. Mientras que, en un primer momento, el partido había mantenido una intensa ofensiva política sobre qué había detrás de ese rescate, ahora su líder lo reduce a un “caso pequeño” dentro de la corrupción del Ejecutivo. Los ultraderechistas no entran tampoco a valorar la estrecha relación entre Manuel García-Castellón y Julio Martínez Sola, la utilización de la sede de Plus Ultra como dirección profesional del exmagistrado tras su jubilación ni la entrevista concedida desde esas oficinas a Telemadrid, tal y como ha ido publicando este periódico. Tampoco han emitido ninguna explicación pública sobre la decisión de no recurrir el archivo de la causa, como reclamaban los directivos, y las fuentes del partido consultadas simplemente señalan que “están personados” en la misma.

La influencia de los Ariza

La información revelada por infoLibre también apunta a la posición de Julio Ariza dentro del ecosistema político y mediático de Vox. Aunque nunca ha ocupado responsabilidades orgánicas en el partido, distintos exdirigentes de la formación han descrito reiteradamente a la familia Ariza como uno de los principales centros de influencia alrededor de Santiago Abascal. En los últimos meses, antiguos cargos de Vox han denunciado públicamente el peso que, a su juicio, ejercen tanto Ariza como su entorno familiar sobre las decisiones estratégicas del partido y su aparato mediático.

Julio Ariza fue diputado del PP en Cataluña entre 1993 y 1997, jefe supremo de Intereconomía, candidato de cierre por Vox en Barcelona en las generales de 2019, “hombre del Opus” según la exdirigente de Vox Macarena Olona, ligado a la secta integrista El Yunque según el exdirector de La Gaceta Carlos Dávila y muy críticos con las vacunas durante la pandemia del covid. Lo que se conoce de él y su familia apunta a que su expansión en el aparato de Santiago Abascal no se ha detenido. Abascal –opina Olona en su libro– es el “director de orquesta de las almas de Vox, juguete en manos de las tinieblas que empiezan en Ariza y acaban no sé si en El Yunque, en Miami o en Irán”.

La relación entre Vox y el grupo Intereconomía ha sido, además, especialmente estrecha desde los primeros años de la formación. Ariza impulsó posteriormente el relanzamiento de La Gaceta, convertida hoy en uno de los principales altavoces del partido. Además, una de las empresas de su hijo Gabriel Ariza, Tizona Comunicación SL, fue la que registró la marca del Instituto Issep, el laboratorio de ideas y cursos que es una sucursal del de Marion Maréchal Le Pen y cuyo domicilio se localiza en la antigua sede de Vox; un local alquilado por la misma Tizona Comunicación a una empresa vinculada a un dirigente del partido. Es también Gabriel Ariza el que ubicó la sede en la misma dirección donde hoy aparece alojado el denominado Sindicato Solidaridad impulsado por Vox, cuya web también consta aún a su nombre como persona física.

El respaldo de Vox a García-Castellón

El exjuez García-Castellón concedió una entrevista a Telemadrid desde la sede de Plus Ultra

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La posición de Vox respecto a Manuel García-Castellón constituye otro elemento relevante del contexto. Durante años, la formación defendió públicamente al magistrado frente a las críticas recibidas por algunas de sus resoluciones e hizo suyo el relato según el cual era objeto de ataques por investigar asuntos incómodos para la izquierda, especialmente para Podemos. El juez no dudó en abrir una investigación secreta sobre la supuesta financiación irregular del partido en base a las declaraciones del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal. Y cuando los varapalos de sus superiores le obligaron a decretar el archivo de la misma, puso en marcha otra causa para investigar por blanqueo y falsedad a Juan Carlos Monedero, también archivada.

Por el juzgado de García-Castellón también pasaron algunos de los procedimientos judiciales que han marcado con mayor intensidad la agenda política nacional de los últimos años: desde Púnica y Lezo hasta Tándem, la macrocausa de corrupción construida alrededor del comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo. Y, por supuesto, Tsunami, que García-Castellón convirtió en uno de los principales obstáculos para la amnistía defendiendo la existencia de un delito de terrorismo en las protestas derivadas de la sentencia del procés. 

Hasta su jubilación en septiembre de 2024, Vox presentó públicamente a García-Castellón como un magistrado atacado por el Gobierno de Sánchez y sus socios por investigar causas incómodas para el independentismo y manifestó que todas las críticas formaban parte de una “campaña orquestada” por el Ejecutivo para “blanquear” a los separatistas catalanes y defender la amnistía”. Es más, los de Abascal pidieron la reprobación de la entonces ministra Teresa Ribera y llevaron el caso a Bruselas en defensa de la independencia judicial.