Lo que arde y el rearme
Tomo prestado el título de Oliver Laxe porque, cada verano, arde algo más que el monte. Arden casas, empleos, recuerdos y, a veces, vidas. Después llegan las condolencias, las fotografías entre cenizas y la vieja pregunta: ¿faltaron medios o faltó voluntad antes de que apareciera el fuego?
Las comunidades autónomas destinaron a prevención y extinción unos 2.825 millones de euros entre 2012 y 2017: una media anual de 471 millones, un 20% menos que en el periodo anterior. En 2018-2019, la media subió a 517 millones; entre 2020 y 2022 volvió a bajar a 480. Para los años siguientes los datos siguen incompletos. También la estadística arde lentamente: cada autonomía contabiliza de forma distinta y algunas ni siquiera desglosan todo el gasto.
Mientras tanto, la defensa avanza con paso de desfile. España gastó 59.373 millones durante los seis años completos de Rajoy; 22.453 millones en 2018-2019; 56.847 millones durante la coalición PSOE-Unidas Podemos, y unos 55.816 millones estimados solo en 2024-2025, ya con Sumar en el Gobierno. En dos años, casi lo mismo que en seis. La OTAN estima 33.123 millones únicamente para 2025.
Y España es solo una pieza del tablero. En 2025 el gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares: cerca de 7.900 millones cada día. Con alrededor de una décima parte podría cubrirse la inversión adicional necesaria para reforzar la atención sanitaria primaria en los países de ingresos bajos y medios; con poco más del 3%, cerrar su brecha educativa anual, y con menos del 2%, financiar las inversiones estimadas para combatir el hambre. No significa que todo gasto en defensa sea prescindible, pero sí permite medir la desproporción: el mundo encuentra billones para prepararse contra enemigos y regatea miles de millones para evitar muertes por hambre, enfermedades tratables o falta de necesidades básicas.
El dinero público no cae del cielo: sale de quienes, cuando todo arde, esperan que las CCAA y sus servicios de emergencia lleguen antes que las llamas
Trump reclama más gasto militar, no por amor a nuestra seguridad cotidiana, sino porque el rearme también es un negocio. Pero la pregunta incómoda no debe dirigirse solo a Washington. Sumar se declara fuerza pacifista y afirma que las soluciones no pueden venir del aumento del gasto militar. Sin embargo, forma parte del Gobierno bajo el que el gasto medio anual en defensa casi se ha duplicado respecto a la coalición anterior. Puede alegar que Defensa está en manos del PSOE; lo que no puede es habitar el Gobierno y presentarse después como simple espectador.
También Ione Belarra ha reprochado al Gobierno que destine al armamento «el dinero que debería ir destinado a nuestra sanidad pública, a nuestra educación, a nuestro sistema de atención a la dependencia». La crítica señala una contradicción real, pero también exige memoria: durante la coalición PSOE-Unidas Podemos, de la que fue ministra, el gasto en defensa pasó de 11.240 millones en 2020 a 17.451 millones en 2023, un 55% más. Podemos expresó su desacuerdo, pero formó parte del Gobierno que aprobó los presupuestos bajo los que se produjo ese aumento. La oposición interna cuenta; la responsabilidad compartida, también.
Defender un país no consiste únicamente en comprar aviones, fragatas o misiles. También es mantener montes limpios, brigadas estables todo el año, pueblos vivos, vivienda, sanidad y servicios públicos. Un cortafuegos protege con menos épica que un caza, pero con más eficacia. No se trata de elegir entre seguridad y bienestar, sino de decidir qué amenazas son reales y cuánto estamos dispuestos a pagar por ignorarlas. Porque el dinero público no cae del cielo: sale de quienes, cuando todo arde, esperan que las comunidades autónomas y sus servicios de emergencia lleguen antes que las llamas.
_____________
Carlos Brage es socio de infoLibre.
