Más democracia, en un nuevo proyecto de país

Durante la dictadura, España no tuvo Constitución —a no ser la de 1931, que nunca fue ni formal ni legalmente derogada— probablemente porque los vencedores asumían que el Estado estaba constituido de facto al ganar la guerra. Sin ser realmente una Constitución, las llamadas Leyes Fundamentales del Reino —promulgadas entre 1938 y 1967— simularon serlo y estuvieron vigentes hasta su explícita derogación en la Constitución de 1978. Cuarenta y siete años después de la republicana, España volvía a tener Constitución.

Es obvio que la del 78 se hizo en unas condiciones políticas y democráticas precarias que mediatizaron su elaboración: unas Cortes constituidas bajo la Ley para la Reforma Política —aprobada por las Cortes franquistas— de 1976; la posibilidad real de una intervención militar —aquel amenazante y permanente "ruido de sables" que culminó en el intento de golpe de 1981— que de nuevo impusiera una dictadura; y el aparato de Estado franquista intacto en la mayoría de las instituciones. Vale decir que, saliendo de la dictadura, se llegó hasta donde entonces se podía llegar, pero no más. Aquellas Cortes del 77 construyeron la Constitución sobre dos pilares: el consenso de los cuatro grandes problemas —ni Monarquía tradicional, ni República: Monarquía Parlamentaria; ni Estado unitario, ni Estado federal: Estado autonómico; ni economía planificada, ni libre mercado: economía mixta; y ni Estado confesional, ni Estado laico: Estado aconfesional— y el olvido la represión brutal de la dictadura.

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De esos cuatro consensos el más doloroso para los partidos de izquierda fue la renuncia a la república y la aceptación de un rey elegido por el dictador. Y el más arriesgado sin duda fue el logro del Estado autonómico —de evidentes resonancias republicanas. El olvido de la represión franquista se justificó como el silencio necesario para la reconciliación. Pero cuarenta años después apenas queda en pie nada de aquello: los cuatro consensos están en entredicho —abdicación del rey Juan Carlos; conflicto secesionista; economía cada vez más desregularizada y neoliberal; y sobre-protección de la Iglesia Católica— y el silencio se ha convertido, por fin, en reivindicación de la dignidad de las víctimas.

Mientras el conflicto secesionista catalán sigue abierto, el lehendakari Urkullu le ha propuesto al presidente Sánchez la posibilidad de una "convención constitucional" que reflexione "sobre la realidad plurinacional". Con o sin convención, cada día es un poco más necesario un parlamento constituyente que adecúe la Constitución a la realidad actual —tan distinta a la de entonces—, porque el modelo del 78 en la práctica está agotado. Si en el 77 se anhelaba democracia, hoy se precisa más democracia para un nuevo proyecto de país. Falta saber si habrá en algún momento un Parlamento con la voluntad política y la generosidad que hubo entonces.

Jesús Pichel Martín es socio de infoLibre