No somos naciones, somos yacimientos

Los últimos acontecimientos en Venezuela no revelan nada nuevo: confirman, con brutal honestidad, una verdad que preferimos no mirar. No existe la libre determinación de los pueblos. Nunca existió del todo. Y hoy, menos que nunca. Un país deja de ser nación en el instante mismo en que posee petróleo, litio, gas, coltán o cualquier recurso que las corporaciones transnacionales consideren estratégico. Desde ese momento, ya no tiene bandera, idioma ni memoria: tiene precio.

La frase pronunciada por Donald Trump —“vamos a administrar el país hasta que las condiciones sean propicias para una transición segura”— no es un desliz ni una torpeza diplomática. Es una declaración de principios. Administrar: verbo colonial, verbo empresarial, verbo que se aplica a empresas quebradas, no a pueblos vivos. Administrar un país ajeno equivale a confesar, sin pudor, que la soberanía solo es tolerada mientras no interfiera con los negocios.

Según el propio Trump, la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría aceptado las condiciones impuestas o “se atendrá a las consecuencias”. La amenaza es explícita. Y el anuncio posterior de que las compañías petroleras estadounidenses ya están en camino hacia Venezuela disipa cualquier duda restante. Queda claro que nunca se trató de combatir el narcotráfico ni de restaurar la democracia. Se trató, desde el inicio, de intereses económicos respaldados por fuerza militar.

Esto no es un episodio aislado. Es una escena más de una historia larga y perfectamente documentada. Irán en 1953. Guatemala en 1954. Chile en 1973. Panamá en 1989. Irak y Libia en el siglo XXI. Cada vez que un país intenta ejercer control real sobre sus recursos, el guion se repite: sanciones, demonización mediática, asfixia económica, desestabilización política y, finalmente, intervención. El resultado es siempre el mismo: un Estado desmantelado y un mercado abierto.

Esto no es un episodio aislado. Es una escena más de una historia larga y perfectamente documentada

Que no se confunda el argumento: los autoritarismos, la corrupción y los abusos internos existen y deben ser denunciados. Pero no son la causa de estas intervenciones, sino su pretexto. Si los derechos humanos fueran el motor real, Estados Unidos no sostendría —con armas, dinero y silencio— a regímenes aliados que los violan sistemáticamente, como Israel en Gaza. El criterio no es ético: es estratégico.

La verdad incómoda es esta: ningún pueblo es soberano si posee algo que las transnacionales desean. La soberanía no se pierde por incompetencia, sino por rentabilidad. El derecho internacional se invoca cuando conviene y se ignora cuando estorba. Las leyes existen para los débiles; los poderosos no las violan: simplemente las suspenden.

Venezuela no ha dejado de ser un país por una derrota política o militar. Ha dejado de serlo en el instante en que una potencia extranjera se atribuye el derecho de decidir su destino económico y político. Cuando eso ocurre, la nación se convierte en expediente, la población en variable y el territorio en activo financiero.

El nuevo orden mundial no se organiza alrededor de pueblos libres, sino de recursos explotables. No existen países: existen territorios útiles y territorios descartables. La soberanía es una palabra decorativa que se pronuncia mientras no interfiera con las ganancias. Cuando estorba, se la borra con misiles, sanciones o “administraciones transitorias”.

Venezuela no es una excepción ni una advertencia: es el modelo. Lo que allí ocurre no es una crisis, sino un manual. Hoy es el petróleo; mañana será el litio, el agua, la selva, los puertos, la biodiversidad, los datos. Ningún pueblo está a salvo si tiene algo que el mercado global codicia.

La verdadera ocupación ya no necesita colonias ni virreyes. Basta con declarar que un país es inviable, peligroso o “mal administrado”, y entonces su destino deja de pertenecerle. Se le arrebata el derecho a decidir, se le confisca el futuro y se le llama a eso “orden”.

En este mundo, defender la soberanía no es una postura ideológica: es un acto de supervivencia. Porque cuando aceptamos que otros “administren” un país, aceptamos también que la democracia es negociable, que el derecho internacional es opcional y que la vida de los pueblos vale menos que un barril de petróleo.

Y cuando eso ocurre —cuando el negocio se impone definitivamente sobre la dignidad— ya no queda nada que administrar. Solo queda un territorio saqueado, un pueblo silenciado y una bandera convertida en logotipo.

Pero lo peor ni siquiera es esto; lo peor es la gente ignorante que se alegra de que así sea.

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Marcelo Noboa es socio de infoLibre.