Los partidos nacionalistas y la construcción del Estado

Cuatro de las cinco ocasiones en que ha habido gobiernos en minoría, porque no hubo una mayoría absoluta tras las elecciones, se resolvieron con el apoyo de partidos nacionalistas (básicamente de CiU, PNV y CC, pero también de ERC en una ocasión). Sin embargo, son demasiados los puentes que se han dinamitado desde entonces entre el Gobierno de España y el Gobierno autónomo de Cataluña (y del País Vasco) y demasiados los agravios y las provocaciones mutuas: desde la sentencia del Constitucional recortando el Estatuto refrendado por los ciudadanos, hasta las conspiraciones grabadas en despacho ministerial; desde el desafío del referéndum en urnas de cartón, hasta la hoja de ruta hacia la independencia en marzo de 2017. En este contexto, parece imposible revertir la situación y que vuelvan a implicarse los partidos nacionalistas en la construcción en común de un Estado más justo para todos. Y efectivamente, tras las elecciones del 20D, en las que ningún partido tuvo mayoría suficiente para gobernar, la legislatura fracasó entre otras cosas porque la opción de pedir apoyo a los partidos nacionalistas se vetó y se descartó de antemano marcándola como una de las líneas rojas irrebasables precisamente por reivindicar el derecho a decidir.

El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones del 26J, incluso con más votos y escaños que las anteriores, pero el panorama general no es muy distinto al que había: ningún partido cuenta con mayoría suficiente y, en consecuencia, deben buscarse acuerdos a dos o tres bandas entre los mismos actores que no se pusieron de acuerdo hace solo unas semanas. Sin embargo, entre todas las posibles combinaciones que se barajan, de nuevo se excluye a los partidos nacionalistas exactamente por las mismas razones.

Que sería bueno para la estabilidad política y para la convivencia de todos encontrar la fórmula para que los partidos nacionalistas quisieran implicarse en la política de Estado (y del Estado), quiero pensar que es algo en lo que todos, o al menos la mayoría, estaríamos de acuerdo. Y desde ese criterio, hay una combinación ingenua que podría resolver satisfactoriamente la compleja situación política: unir para la investidura del próximo Presidente los 179 votos que suman PSOE, UP (y sus confluencias), ERC, CDC, PNV y CC e iniciar una legislatura breve con tres ejes básicos: redacción de una nueva Constitución en clave federal con la participación activa de los partidos nacionalistas renunciando (al menos temporalmente) a sus tesis secesionistas; compromiso con una agenda social urgente (plan contra la pobreza, blindaje de derechos sociales, etc.); y acciones contundentes para la regeneración democrática y contra la corrupción. La disolución de las Cortes, unas nuevas elecciones y un referéndum de ratificación de la nueva Constitución en 2019 completarían esta otra hipotética hoja de ruta.

En las actuales circunstancias de incertidumbres, de sospechas, de conspiraciones y desconfianzas de todos contra todos quizá sea ésta una opción irreal e irrealizable porque efectivamente ya no haya posibilidad de acuerdo alguno, pero garantizaría un gobierno con un apoyo amplio y muy alejado de las políticas neoliberales, conservadoras y recentralizadoras de un PP que puede vivirse absuelto de corrupción por las urnas; y podría servir, además, para empezar a reconstruir los afectos recíprocos perdidos y para empezar a resolver empáticamente el problema territorial del Estado reincorporándose, mejor aún si participaran en el Gobierno, los partidos nacionalistas a la tarea de reconstruir un Estado, que cada vez está más cerca del abismo.

Jesús Pichel Martín es socio de infoLibre