RETOS DE LA GESTIÓN IMPOSITIVA

Sólo 15 de 27 miembros del Foro de Grandes Empresas presentan informes de transparencia a Hacienda

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

El Foro de Grandes Empresas nació en 2009 como un órgano de cooperación entre las mayores compañías españolas y la Agencia Tributaria. Lo integran 27 empresas, que la Delegación Central de Grandes Contribuyentes consideró representativas por su volumen de facturación, impuestos pagados, información suministrada a la Agencia Tributaria, número de trabajadores, sector y distribución geográfica. Están todos los grandes bancos, las mayores eléctricas, automovilísticas, petroleras… Buena parte del Íbex 35, y algunas más. Desde entonces, el foro ha celebrado 23 reuniones, a razón de dos anuales, además de crear seis grupos de trabajo. Presidido por el presidente de la Agencia Tributaria, tiene carácter “informal, asociativo, flexible y desburocratizado”; por tanto, sus acuerdos, que se adoptan por consenso, no tienen carácter jurídico vinculante.

Uno de ellos fue elaborar un Código de Buenas Prácticas Tributarias, en 2010, al que en estos momentos se encuentran adheridas 164 empresas. Cinco años más tarde, el mismo foro aprobó un anexo a ese código por el que las empresas accedían a presentar cada ejercicio un informe fiscal a la Agencia Tributaria. Por supuesto, con carácter voluntario y reservado. Se concebía como un instrumento para “reforzar las buenas prácticas de transparencia fiscal empresarial”. La información suministrada es sustanciosa y abarca desde la presencia de las empresas en paraísos fiscales y su grado de cumplimiento de las normas BEPS de la OCDE –posibles dobles deducciones fiscales o doble no imposición por negocios en otros países, por ejemplo–, hasta los sistemas de financiación que usan, los cambios que realicen en sus holdings o las comisiones de gestión que se pagan por las operaciones intragrupo.

Desde 2016 ha ido aumentando el número de empresas que han facilitado esos datos a la Agencia Tributaria. Pero, aun así, este año sólo 34 de las 164 empresas adscritas al Código de Buenas Prácticas han presentado informes de transparencia fiscal correspondientes a 2020. Es más, de las 27 compañías del Foro de Grandes Empresas, sólo 15 lo han hecho. Y las ausencias son notables.

Pese a sentarse en ese órgano de cooperación con la Agencia Tributaria, ni Telefónica ni El Corte Inglés ni Naturgy han presentado el informe antes descrito. Tampoco Mapfre, Iberia, Vodafone o Renault. Ni Acerinox, Cofares, Generali España, Michelin y Norfin Holder, la filial de Carrefour en España.

Sí han facilitado información fiscal a la Agencia Tributaria los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter), las constructoras ACS, Acciona, FCC y Ferrovial, las energéticas Endesa, Iberdrola, Enel, Enagás, Red Eléctrica, Cepsa, Repsol y BP España, además de Amadeus, Inditex, Mercadona, Seat y Siemens. También la pública AENA, Arcelor Mittal, Amadeus, American Express, Cellnex, Siemens y Abertis. Y otras más pequeñas como el Grupo Armando Álvarez, fabricante de plásticos de polietileno; la biotecnológica Biohope y el grupo Renovalia, productor de energía solar. E incluso una empresa municipal, Saneamientos de Córdoba SA. También han cumplido las entidades de certificación Aenor y la Asociación Española de Normalización (UNE).

Ni las empresas públicas

Entre las 164 adheridas al Código de Buena Conducta Tributaria, las ausencias también son significativas. No están las dos principales cadenas de televisión, Atresmedia y Mediaset, pero tampoco Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de todos los mercados de valores, ni las sociedades rectoras de las bolsas de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia. Ni la empresa pública Loterías del Estado ni la semipública Hispasat. Se les suman la consultora Ernst & Young, Unicaja y Banca March. Como también las dos grandes farmacéuticas del Íbex, Almirall y Grifols. Los supermercados DIA y Telepizza han preferido no compartir información fiscal con la Agencia Tributaria. Lo mismo que las constructoras OHL y Sacyr Vallehermoso o Colonial y Metrovacesa. Entre las eléctricas, Viesgo. Y del sector turístico, la cadena hotelera NH.

Precisamente, el componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno español ha enviado a Bruselas incluye el “avance en el desarrollo del modelo de relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las grandes empresas”. Como indicador de seguimiento de esa iniciativa, la Agencia Tributaria ha facilitado a la Comisión Europea el número de informes de transparencia fiscal presentados por las empresas. Así se lo explicó el director del organismo, Jesús Gascón, a los miembros del Foro en el pleno que celebraron el pasado mes de junio.

Cuando las 27 grandes empresas aprobaron la propuesta para facilitar los informes en aras a reforzar la cooperación con la Agencia Tributaria, convinieron en que la transparencia fiscal supone “la entrega de información más allá de los requerimientos legales”. Ese ejercicio, aseguraban en el texto aprobado, redunda en “una mejora de la reputación y de la empresa como contribuyente responsable, aumentando con ello el valor de las compañías y el interés de los inversores”. También les garantiza una mayor seguridad jurídica y una reducción de costes. E incluso reproducían una frase de la OCDE donde se destacaba que la relación del contribuyente con la administración tributaria basada en la “cooperación y confianza mutua” suponía “una voluntad de ir más allá del mero cumplimiento de sus obligaciones legales”.

Desde litigios fiscales hasta su política de dividendos

Pero, a la vista del tímido número de grandes empresas que han desnudado sus políticas fiscales ante la Agencia Tributaria, no parece que valoren demasiado las ventajas reputacionales o la seguridad jurídica correspondientes. Pese a que, en cualquier caso, las empresas deciden “de mutuo acuerdo” con la Agencia “el contenido y alcance” de la información que se va a poner en común. Esos datos, además, sólo pueden utilizarse para el análisis de riesgos fiscales de las empresas por parte del organismo.

Es decir, las empresas no tienen por qué proporcionar a la Agencia Tributaria ni un dato más de los quieran facilitar, limitando la información a España y omitiendo cualquier referencia a su actividad exterior. El catálogo teórico de datos aprobado en 2015 es amplio. No sólo pueden explicar qué tipo de operaciones desarrollan en paraísos fiscales –ya sean los de la lista española o cualquier otra clasificación–, sino también cómo se financian, si utilizan derivados y cuál es la política de dividendos.

También pueden describir sus acuerdos de intangibles –cánones, patentes, royalties–, cuya cesión es uno de los principales instrumentos utilizados por las multinacionales para rebajar su factura fiscal. Otro tanto ocurre con las comisiones de gestión que se pagan entre filiales de un mismo grupo. Por eso, la Agencia Tributaria pide a las grandes empresas que sean transparentes y detallen qué servicios se prestan entre las distintas sociedades de un mismo grupo y cómo se retribuyen.

Un capítulo importante del informe de transparencia debería estar dedicado igualmente a precisar el grado en que las grandes compañías cumplen con el proyecto BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios) de la OCDE. Lo que incluye las operaciones de estas empresas en el exterior: si han firmado algún tax ruling –acuerdos preferenciales con otros Estados, como los que firmó Luxemburgo con multinacionales y fueron revelados por los Luxleaks—o no han pagado impuestos ni en España ni en terceros países por ciertas operaciones.

Además, pueden informar a la Agencia Tributaria de su estrategia fiscal, de los cambios que han realizado en su estructura de holding, de cuáles son sus medidas para prevenir operaciones ilícitas, de blanqueo o alzamiento de bienes y hasta de si tienen litigios fiscales pendientes.

En resumen, un auténtico ejercicio de striptease fiscal sobre el que las empresas, no obstante, mantienen todo el control. Y que aún pocas se atreven a hacer.

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