Desempleo

Las agencias privadas de colocación solo se han puesto a atender a parados en Cataluña

Sólo Cataluña, Aragón, Castilla y León y Navarra ponen en marcha sus agencias privadas de colocación

Fue una ley de septiembre de 2010, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la que creó las agencias privadas de colocación. En vista de que los Servicios Públicos de Empleo, el antiguo Inem, eran de todo menos eficaces a la hora de encontrar trabajo a los parados, y el desempleo, por culpa de la crisis que entonces empezaba, batía récords cada mes, el Ejecutivo socialista decidió recurrir a la iniciativa privada para que llegara allí donde no alcanzaban los fondos públicos. El Gobierno del PP no sólo recogió el testigo de Zapatero, sino que además lo convirtió en uno de sus proyectos estrella en la reforma con la que querían dar un vuelco al mercado laboral español. Pero, cuatro años y un millón más de parados después, las agencias privadas de colocación siguen sin funcionar. Y el Inem languidece víctima de unas partidas presupuestarias que han menguado año tras año.

Sólo en Cataluña han empezado las agencias privadas a buscar empleo a los parados. En el resto del país, el concurso está aún pendiente de adjudicación en el mejor de los casos. En otros, como el País Vasco, ni siquiera aparece en la agenda del Gobierno autonómico, según revela un portavoz del Departamento de Empleo. En Aragón y Castilla y León los ejecutivos autonómicos no han decidido todavía qué agencias resultarán elegidas pero el proceso está en marcha. En Navarra, el Gobierno foral acaba de publicar la licitación. Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja quieren ponerse a ello en 2015, habida cuenta de que el ejercicio está a punto de acabar.

Mención aparte merece el concurso que ha convocado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para buscar empleo a los parados del Plan Prepara –los que han agotado el resto de las prestaciones y carecen de ingresos– en todo el territorio nacional, además de a los desempleados de Ceuta y Melilla. El SEPE acaba de adjudicárselo de forma provisional a seis agencias que, en teoría, podrían comenzar a trabajar antes de que acabe el año. Sin embargo, aún debe remover algunos obstáculos.

Recursos contra el SEPE

El primero, los recursos que presentarán algunas de las agencias excluidas tras una primera adjudicación fallida. Al realizarse la primera evaluación, encabezaban la lista de las mejor situadas un puñado de empresas de formación que habían hinchado el número de oficinas que decían tener. Los pliegos del concurso privilegiaban el número de locales –suponían el 70% de la puntuación– que aportaba cada agencia por encima de cualquier otro requisito. Su capacidad de inserción –medida según el número de personas que colocaron en 2012 y 2013– sólo otorgaba un 15% de la nota. El 15% restante correspondía al precio por inserción laboral que cada participante ofreciera.

El SEPE les pidió documentación adicional que probara la existencia real de esas sedes, por encima del millar en el caso de la que más declaró. No pasaron la revisión. La mesa reelaboró la lista y de ella se cayeron todas las ganadoras de la primera evaluación. El vuelco ha sido total. Ahora las adjudicatarias provisionales son todas grandes ETT y grandes empresas. La Fundación Inserta de la ONCE operará en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco; Adecco en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Manpower en Aragón y Cataluña; La Asociación Salesiana en Madrid y Castilla-La Mancha; Telefónica Learning Services en Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Canarias; y Eulen en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Pero hay otro recurso más que podría afectar al procedimiento. El Gobierno vasco ha anunciado ya un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del SEPE que convocó el concurso. Alega que el Ministerio de Empleo ha invadido sus competencias en materia de políticas activas de empleo al incluir el País Vasco en el territorio ahora concedido a la Fundación Inserta de la ONCE para atender a los parados del Plan Prepara. “El Gobierno ha ninguneado la transferencia de 2010”, acusa el Ejecutivo del PNV, que se considera “competente para desarrollar todos los programas para la promoción del empleo y la intermediación laboral”. Además, el País Vasco, junto a Cataluña y Andalucía, rechazaron en su momento integrarse en el Acuerdo Marco que regula el funcionamiento de las agencias privadas de colocación, por lo que deberán crear su propio sistema.

Cataluña prefiere las subvenciones

Es lo que ha hecho ya la Generalitat catalana. En julio aprobó la concesión de 3,56 millones de euros en subvenciones a las agencias privadas para que coloquen a 10.000 parados en el plazo de un año. A diferencia del sistema estatal, no hay concurso y las agencias sólo buscarán empleo a quienes soliciten voluntariamente ser atendidos por ellas. En el resto del territorio nacional, el SEPE decidirá quién va a ser derivado a estas empresas privadas y quién no.

Los precios que cobrarán por desempleado oscilan en Cataluña entre 725 euros y 1.600 euros, según su dificultad de inserción laboral. En el concurso estatal se fijaron precios entre 300 y 3.000 euros, que las adjudicatarias habrán rebajado. Además, por cada entrevista a un parado percibirán 40 euros, 80 si es discapacitado. Los mayores de 45 años que lleven más de seis meses sin trabajar, los mayores de 30 con más de año y medio en el paro y los menores de 25 serán los grupos a los que las agencias privadas prestarán sus servicios.

Un plus del 10% por denunciar irregularidades

Aragón acaba de licitar su concurso, al que ha invitado a participar a 10 de las 80 agencias privadas preseleccionadas por el SEPE80 agencias privadas preseleccionadas por el SEPE. Hasta 2016 deberán encontrar empleo a un total de 704 parados por año, una cifra que podrá aumentar hasta 809. A cambio, recibirán 657.125 euros. Cobrarán entre 173,55 y 1.735,53 euros por desempleado, dependiendo de su edad y del tiempo que lleve sin trabajar. Eso sí, el Gobierno aragonés se ha curado en salud, y ha evitado los problemas que sufre el SEPE con sus baremos. La mayor parte de la nota la obtendrán las candidatas, por un lado, de la evaluación que en su día hizo el SEPE para seleccionar a las 80 agencias incluidas en el Acuerdo Marco estatal, y por otro, del número de inserciones que hayan completado en el último año. El número de oficinas supondrá sólo una quinta parte de la nota.

En lo que coincide el concurso aragonés con el diseño estatal es en el “incentivo” que las agencias privadas percibirán por “detectar irregularidades en los perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo”. Cobrarán un 10% más del precio previsto por reinsertar a ese parado, en el momento en que éste sea sancionado. En el concurso estatal, el plus era superior: un 15%. Las agencias también deberán comunicar al Departamento de Empleo si el parado no comparece a la entrevista a la que se le cite, o si rechaza una oferta de empleo o un curso de formación.

Igualmente se encuentra en fase de licitación la convocatoria de Castilla y León. La Junta pagará 3,3 millones de euros a las agencias privadas durante ocho meses a cambio de buscar empleo a 1.443 parados. Menores de 25 años, perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y desempleados que lleven seis meses sin trabajar serán el centro de atención prioritaria. El Gobierno autonómico no ha facilitado a infoLibre más detalles sobre el concurso. A diferencia del resto de los descritos, se trata de un procedimiento negociado y sin publicidad. Pero comparte con el concurso estatal el mismo problema con el número de locales aportado por las agencias candidatas, lo que ha pospuesto en dos ocasiones parte del procedimiento.

Finalmente, Navarra acaba de publicar su propio concurso, restringido, para seleccionar las agencias que deberán colocar a un mínimo de 360 desempleados en el plazo de un año. Se repartirán 256.000 euros. El Gobierno foral exige que a los parados que envíe a las agencias privadas se les haga la primera entrevista antes del 25 de diciembre. Al igual que Aragón, Navarra ha modificado el baremo para puntuar a las empresas candidatas respecto al utilizado por el SEPE en su concurso: el número de locales sólo supone la cuarta parte de la nota final. El mayor peso en la puntuación se lo lleva la inserción de colectivos especialmente difíciles, ya sean mujeres, perceptores de subsidios o discapacitados. A su vez, encontrar empleo a este tipo de desempleados redundará en una prima para la agencia de entre 100 y 300 euros.

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