Las técnicas de integración social de Andalucía en pie de guerra contra la Junta por la "privatización del empleo público"
Están "hartas" de estar en los márgenes. “¿Quién presta atención a las que nos dedicamos a atender a otros?”, se pregunta una de las protagonistas de las protestas que salpican estos días Andalucía. La comunidad cuenta con casi 3.000 técnicos de integración social, en corto, PTIS. Son profesionales que se encargan del alumnado más vulnerable, el que tiene necesidades educativas especiales, en centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, por lo que tratan a diario con menores de tres años a jóvenes que en algún caso “llegan a los 28”. “Los ayudamos con el control de esfínteres, la modificación de conductas, ir al aseo, los desplazamientos…”, explica una de ellas, Carmen R., y los apoyan “en la labor educativa”.
El colectivo, integrado de forma mayoritaria por mujeres, tiene diferentes condiciones laborales, según la vía de acceso a su puesto de trabajo. De un lado están las contratadas por la Junta, en concreto 1.087. De otro, se encuentra el grupo que accede a las aulas a través de las licitaciones cuyo esqueleto elabora la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que son un total de 1.880, según datos de la propia Administración. Estas últimas se han cansado de entrar en su realidad como a una tienda vigilada: mirando apenas y sin intervenir. Critina R. relata como ha estado años compaginando idas y venidas a un colegio y a un instituto. “Tenía que dejar desprotegida a una niña con parálisis cerebral que ni hablaba ni comía sola ni se podía desplazar, para trasladarme al otro centro, donde estaba de 11.30 horas hasta las 14.00, atendiendo a todos los niños de Primaria e Infantil”, sintetiza. Es común, dice, “que nos contraten por pocas horas, lo que hace que no podamos estar con los niños que nos necesitan dentro del aula, o en las actividades de integración”, se queja. Ahora trabaja sólo en un instituto, “en dos aulas específicas”, pero tiene a su cargo a “10 niños con distintas capacidades” y cuenta con la ayuda de una compañera “que viene sólo 10 horas semanales”. La "asfixia sigue", masculla.
Tanto Carmen como Cristina participan en las protestas que estas trabajadoras subcontratadas están llevando a cabo en la comunidad para reclamar que se revierta lo que consideran una “privatización del empleo público”. El abanico de actos ha sido amplio: desde encierros en dependencias de la Administración autonómica, a acampadas, concentraciones, una manifestación, que terminó en el Parlamento andaluz y en la que estuvieron acompañadas por madres y padres del alumnado al que cuidan; y una huelga, que han dejado en suspenso.
Desde el sindicato CGT confirman que la plantilla de externalizadas “ya no aguanta más años de desprecio” y de “ser discriminadas por el Gobierno andaluz". Se ha incrustado entre ellas un “descontento extremo” que las ha llevado a exigir que se adopten medidas urgentes que garanticen el respeto a su dignidad profesional. Condensan en cuatro los principales motivos del parón: “Graves problemas en la contratación, precariedad laboral y trato desigual con respecto al personal PTIS que forma parte de la plantilla de la Junta; saturación y sobrecargas de trabajo derivadas del aumento exponencial de alumnado a atender; el incumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud, siendo especialmente graves las condiciones y riesgos psicosociales; y, por último, la subcontratación con empresas privadas, sin escrúpulos, en las que prima el lucro sobre la atención al alumnado y el respeto a las PTIS”.
“Esto se ha convertido en una subasta de empresas”, confirma Carmen R., “la que licita por menos dinero es la que nos coge y después recortan”. Reconocen que a lo largo de los años han arañado derechos laborales, pero asegura también que algunos los han perdido por el camino. “Es una lucha continua. Hacen lo que quieren y te dicen que demandes”, dispara, para rematar con un: “Pero la Justicia es muy lenta y no nos sirve”. Desvela que una empresa “estuvo hasta seis meses sin pagar” a unas compañeras de Málaga.
“Pedimos que nos absorba la Junta de Andalucía, que nos subrogue para que seamos personal laboral”, recapitula, sobre todo, porque “trabajamos codo con codo con personal que está integrado en ella y sus condiciones laborales son mucho mejores. Su sueldo es prácticamente el doble que el nuestro y tienen beneficios sociales mucho mejores”, expone. El Gobierno autonómico le has traslado que “es un problema con las empresas”. A lo que replica: “Realmente cobramos de la Administración, sólo que tenemos un intermediario, que es el que hace las nóminas”. Y encadena: “Y trabajamos en centros públicos, en horario lectivo y con alumnos usuarios del servicio de educación público”.
En concreto la consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación, Patricia del Pozo, ha sostenido que el Ejecutivo regional no puede “entrar” en el asunto porque no son la empresa. Ha defendido que la Junta hace “los pliegos de licitación” y contrata “unos servicios”, pero las técnicos de integración “tienen una relación directa con sus empresas”. En conclusión: que “no pueden intervenir”.
De su lado, ha destacado, además que las PTIS “han crecido en cinco cursos un 55%” y que de un presupuesto en 2018 de 11,5 millones, se ha pasado “en este curso y para el próximo año” a 32 millones. Ha subrayado la “gran inversión en recursos humanos para la educación especial” realizada por la Junta, si bien ha admitido que existen dos grupos de profesionales que “tienen dos regímenes diferentes con dos convenios colectivos distintos”. Del Pozo ha puesto el acento además en que la Junta ha “endurecido los criterios de los pliegos” necesarios para llegar a las adjudicaciones empresariales y han “subido el precio de licitación a 22 euros”. En cuanto a la actualidad, ha aseverado que lo que existen son “varios conflictos abiertos entre el personal, entre las PTIS, y las distintas empresas, pero no con la Administración pública”.
La consejera andaluza ha insistido también en que respetan el derecho a la huelga, que las trabajadoras iniciaron el pasado 14 de noviembre, y a la manifestación y que se garantizarán los servicios mínimos. Si bien desde CGT declaran que ha habido “presiones” y “sustituciones” que “atentan directamente contra el derecho fundamental”. Es más, avanzan que “se están adoptando medidas judiciales contra la violación sistemática” de éste.
Censuran, asimismo, la “desidia” de una Administración que, “ni siquiera acudió al Sercla -Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía-”, como tampoco “la mayoría de empresas comisionistas”, para intentar “buscar una mediación que pudiera dar soluciones al conflicto”. A su juicio, esto constituye una prueba de que “el talante al que tanto apela el presidente andaluz -el popular Juanma Moreno-, sólo es marketing”.
Un "atropello laboral y social"
Con todo, después de más de dos semanas de protestas, se ha producido una llamada desde la Consejería de Desarrollo Educativo y se ha acordado una cita: el comité de huelga se reunirá la tarde de este lunes, 4 de diciembre, con representantes de ésta, por lo que han suspendido la huelga hasta el próximo 11 de diciembre. Si bien, anuncian que "se retomará a partir del 12, si para entonces la Junta no ha adoptado medidas, comprometiéndose en la línea de las reivindicaciones planteadas, que pasan por poner fin a la subcontratación a través de empresas privadas sin escrúpulos que sólo usan este servicio público para hacer caja y obtener millonarios beneficios y por la equiparación total de derechos laborales, sociales y económicos con las PTIS que ya forman parte del personal laboral" del Gobierno autonómico. Es más, ya han diseñado la próxima acción: si no hay acuerdo, a partir del 13 de diciembre iniciarán una caravana de vehículos que recorrerá Andalucía, "haciendo escala en colegios e institutos públicos donde existe alumnado con necesidades especiales y compañeras del sector, la caravana de la Marea Rosa", la han bautizado.
“No queremos más mentiras”, avisan a navegantes. Aluden a una reunión que mantuvieron en 2019 con representantes de la Junta en la que, cuentan, se les prometió que iban a revertir la situación, pero “aquí seguimos”. Miguel Montenegro, secretario de Organización de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, lo tiene claro: “Asistimos a un paso más de las múltiples privatizaciones que Moreno está haciendo de todo el sector público”. Se muestra satisfecho por el hecho de que “un colectivo tan humillado por la Junta y la Consejería de Educación como son las PTIS haya despertado” y se oponga a lo que tilda de “atropello laboral y social”. “Los niños que las necesitan son los verdaderos perjudicados de poner este servicio tan necesario en manos de empresas privadas en las que prima el ánimo de lucro y a las que poco les importan ni las profesionales ni los chavales y las chavalas”, condensa. Entiende que las protestas son “un paso más” para “cambiar esta sociedad tan injusta y avanzar hacia un mundo mejor, que es lo que reclamamos desde la CGT”.
