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Autopistas quebradas: Fomento y los bancos callan sobre quién tiene la deuda por la que responderá el Estado

Imagen de archivo de la AP-47 Cartagena-Vera.

Desde 1998 el Estado ha adjudicado 15 concesiones para la construcción y explotación de 793 kilómetros de autopistas, de las que ocho, más del 50%, están en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). El fracaso del actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en su intento de negociar con los actuales acreedores de las ocho concesionarias quebradas –una de ellas tiene dos autopistas– a través del plan de rescate que diseñó su predecesora, Ana Pastor, conduce inevitablemente a las concesionarias de estas vías a una fase de liquidación en la que ya están inmersas varias de ellas.

Pues bien, la legislación en materia de contratos obliga al Estado a compensar a los concesionarios ante su liquidación por quiebra. Establece que, en caso de resolución anticipada de una concesión, la Administración tiene que indemnizar al concesionario abonándole el importe de las inversiones realizadas para la expropiación de terrenos y de la ejecución de las obras descontando las amortizaciones.

A esa garantía –criticada por algunos expertos porque transfiere gran parte del riesgo a los contribuyentes y, por tanto, incentiva a los inversores privados– se le denomina responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). En el caso de las nueve autopistas quebradas, los reales decretos de adjudicación de esas concesiones establecen que el máximo que podrían recibir del Estado por este concepto asciende a 3.344,5 millones de euros: 3.070,1 por la construcción y 274,4 por las expropiaciones.

Garantía pública

Pero la cuestión clave es que estas cantidades se pignoran en los contratos financieros y sirven, por tanto, como una garantía o seguro público para los prestadores. De ahí que vayan a ser finalmente los actuales tenedores de esa deuda los que reciban esas cantidades. Pero, ¿en manos de quién está la deuda vinculada a esas ocho autopistas de peaje? infoLibre ha consultado a los portavoces oficiales de las veinte principales entidades financieras que operan en España y la mayoría apenas ofrece detalles.

El titular de Fomento, por su parte, se ha limitado a subrayar la "dispersión" que actualmente presenta la titularidad de la deuda que soportan estas vías y que alcanza, en conjunto, 3.862 millones de euros, tal y como ha contrastado este periódico analizando la información más reciente depositada por las concesionarias en el Registro Mercantil. El equipo de comunicación del Ministerio de Fomento tampoco proporciona más información.

De las veinte entidades financieras consultadas por infoLibre, las únicas dos que admiten tener deuda vinculada a estas concesiones en vías de liquidación son Bankia y el banco de origen malagueño Unicaja. Según fuentes de Bankia, la entidad es acreedora de siete de las ocho concesiones quebradas: Accesos de Madrid, que gestiona las radiales R-3 y la R-5; Ciralsa, que controla la circunvalación de Alicante; Henarsa, que administra la R-2; Madrid Sur, la R-4; Eje Aeropuerto, la M-12; Madrid-Toledo, la AP-41; y Aucosta, el tramo de Almería-Vera de la AP-7. Es decir, todas menos Autopista de Levante, que tiene la AP-36. Un portavoz oficial del banco que dirige José Ignacio Goirigolzarri confirma que Bankia no ha procedido a la venta de ningún crédito, si bien no detalla a cuánto asciende la deuda que tienen estas empresas con la entidad.

Por su parte, un portavoz deUnicaja Banco confirma que la entidad participó en operaciones sindicadas de financiación –es decir, no individuales– en "algunas" concesionarias de autopistas en el momento en el que se pusieron en marcha, al inicio de la década de los 2000, aunque especifica que se hizo "con una participación muy limitada, acorde al peso de la entidad en el sector financiero". Además, concreta que el banco no ha realizado ninguna venta de deuda.

Traspaso de créditos

Otros bancos, sin embargo, sí han optado por traspasar los créditos que tenían vinculados a estas autopistas de peaje, si bien ninguna de ellas informa a qué entidades se los han vendido ni con qué descuentos. Fuentes del sector sí confirman que, para ejecutar esos traspasos, las entidades han tenido que aceptar importantes quitas perdiendo así hasta el 90% del dinero que prestaron en su día a grandes constructoras como Sacyr, ACS, Ferrovial u OHL para que pusieran en marcha estas operaciones. 

Las mismas fuentes señalan que los compradores de ese pasivo son en todos los casos fondos buitre, entre los que se encuentran Taconic Capital, Strategic Value Partners, Kingstreet Capital o Atlestor y, en menor medida, otros fondos oportunistas filiales de grandes corporaciones como Goldman Sachs, JP Morgan o Deutsche Bank. Taconic Capital fue, por ejemplo, el comprador de los más de 240 millones de euros que Banco Sabadell tenían en las ocho concesiones quebradas. 

Caixabank, por su parte, traspasó a mediados de 2016 los compromisos financieros que tenía con Ciralsa, que controla la circunvalación de Alicante, y Accesos de Madrid, que gestiona las radiales R-3 y la R-5, si bien la entidad declina ofrecer más información "por petición expresa del comprador". ING también vendió la deuda que tenía asociada a esta última concesionaria, así como a Aucosta, que gestiona el tramo de Almería-Vera de la AP-7, y a Eje Aeropuerto, que administra la M-12, en Madrid. En total tenía 100 millones.  

La mayoría de las entidades, sin embargo, declina dar detalles sobre posiciones concretas. No lo hace, por ejemplo, BBVA, que según la última información depositada en el Registro Mercantil por Inversora de Autopistas de Levante S.L. –la sociedad que es accionista única de concesionaria de la AP-36 (Ocaña-La Roda)– concedió a esta adjudicataria un crédito sindicado junto a BSCH SA, Societé General SA y The Royal Bank of Scotland PLC por valor de 549 millones de euros. 

Operaciones de venta

A preguntas de infoLibre también declinan informar sobre sus operaciones con terceros el Banco Santander, el Popular e Ibercaja Banco. Respecto a estas tres entidades, sin embargo, el periódico El Confidencial sí ha venido detallando en los últimos meses sus operaciones de venta del pasivo que tenían en las autopistas quebradas. Según este diario, el banco que dirige Ana Patricia Botín traspasó, entre finales de 2016 y principios de este año, 350 millones de euros en créditos fallidos a estas concesiones a los fondos buitre Taconic Capital, Strategic Value Partners (SPV Global) y King Street. 

Siempre según el citado periódico, Ibercaja Banco también se desprendió de préstamos por valor de 40 millones de euros vinculados a cuatro de estas concesiones a favor de un fondo gestionado por Taconic y el Banco Popular hizo lo propio con otros 125 millones que había prestado a las constructoras para la puesta en marcha de algunas de las autopistas.

Tampoco respondieron a las preguntas formuladas por este periódico en relación a su participación en operaciones de crédito con las adjudicatarias de autopistas y a la evolución de esos préstamos los departamentos de comunicación de AbancaBanco Mare Nostrum, BNP ParibasDeutsche Bank, Kutxabank, Liberbank y Novobanco. Sobre estas entidades no ha trascendido en prensa su exposición a las vías de pago. 

Por otro lado, Bankinter y otras entidades menores como Banca MarchColonya Caixa de Pollença, que operan principalmente en el ámbito de las Islas Baleares, y Caixa Ontinyent, que tiene su negocio en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, no participaron en operaciones de crédito con ninguna de las autopistas quebradas, tal y como han confirmado a este periódico sus portavoces oficiales. 

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