Los abusos de la banca

La banca española gana 2.600 millones sólo en intereses por los préstamos avalados por el Estado en plena pandemia

El ICO ha concedido más de un millón de avales para financiar a empresas afectadas por la crisis del covid.
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Los préstamos garantizados por el Estado han sido el mecanismo estrella de los gobiernos europeos para combatir los problemas de liquidez de las empresas en el año de la pandemia. En la zona euro se han desplegado avales públicos por casi dos billones de euros, un importe que equivale al 16% de su PIB. El volumen es sólo dos puntos inferior al alcanzado durante la crisis financiera que siguió a 2008, cuando los gobiernos concedieron garantías por valor del 18% del PIB, según las cifras del BCE. Entonces los receptores de esos avales fueron las entidades bancarias, a las que urgía dotarlas de financiación y devolverles la confianza perdida. Ahora los beneficiarios son el resto de las empresas, sobre todo las pertenecientes a los sectores más perjudicados por las restricciones impuestas por el covid.

En España estos préstamos garantizados cuentan con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de dos líneas aprobadas por el Gobierno: una de 100.000 millones de euros y otra de 40.000 millonesotra de 40.000 millones. Hasta el momento, se han concedido 1,003 millones de avales, por un importe de 91.770 millones de euros, que se traducen en 120.799 millones de euros en préstamos otorgados. La garantía del Estado cubre el 80% de los préstamos que pidan autónomos y pymes, y el 70% de los que soliciten las empresas de mayor tamaño si es un nuevo crédito, el 60% si se trata de la renovación de uno anterior. En otros países europeos, como Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Suiza, el aval público cubre en algunos casos hasta el 100% del préstamo, dependiendo del tamaño de la empresa o la cuantía de la operación.

Tanto en 2008 como ahora, el aval del Estado está sosteniendo una buena parte del negocio bancario. Al menos el de los préstamos a empresas y, sobre todo, en España y Francia. Así lo asegura el BCE, tras constatar el aumento de la concesión de préstamos en la zona euro con la pandemia. Sólo entre abril y julio del año pasado los flujos de préstamos garantizados superaban a los flujos netos globales en todos los mayores países del euro. En otras palabras, el BCE advierte un desplazamiento en la concesión de préstamos ordinarios a préstamos con aval estatal. Es más, en España y Francia, donde más éxito han tenido estos programas, el 65% y el 70% de los nuevos préstamos otorgados, respectivamente, entre abril y julio consistían en préstamos garantizados por el Estado. En Alemania e Italia, en cambio, sólo un 20%. Excepto en Alemania, en las otras tres grandes economías del euro el volumen bruto de préstamos en esos meses superó al registrado en el mismo periodo de 2019.

Para hacerse una idea del brío que ha adquirido este segmento del negocio bancario, basta con señalar que, según la encuesta sobre préstamos bancarios del BCE, en el segundo trimestre del año pasado se produjo la mayor concesión de créditos a empresas desde 2003. Tras preguntar a 143 bancos europeos, un 62% informó de un aumento de la demanda de préstamos por parte de las empresas, una cifra que se elevaba al 80% de los bancos españoles, al 90% de los italianos y al 97% de los franceses. El Banco de España también lo confirma: entre marzo y mayo, en pleno confinamiento, el nuevo crédito bancario a empresas y autónomos se expandió “a ritmos históricamente altos”. Al término de 2020, el crecimiento ha sido del 8,2%, una tasa que no se veía desde 2008, cuando aumentó un 6,8%. Desde entonces la tasa había sido siempre negativa. En mayo llegó a su máximo, con un alza del 8,7% respecto al año anterior.

Además, los avales del ICO han servido a las entidades financieras para aumentar su cuota de mercado en este segmento del negocio. El instituto público repartió cada tramo de avales entre los bancos de acuerdo con la cuota que tiene cada uno de ellos en el sector de crédito a empresas. No obstante, algunos han conseguido finalmente operaciones por encima de su cuota –establecida según los cálculos del Banco de España para 2019–, gracias a la reasignación de los avales sobrantes de un tramo anterior. Es lo que ocurrió con el Santander, que otorgó 25.510 millones de euros en garantías –tiene una cuota del 20%– y al BBVA 19.000 millones –un 15,8%, superior al 11,1% de su cuota–. Bankia prestó 11.000 millones, Caixabank 12.640 millones, Sabadell 8.039 millones y Bankinter 8.600 millones.

Con la ayuda del BCE

Las empresas, sobre todo las más pequeñas y los autónomos, acudieron enseguida a los bancos en busca de un colchón que les permitiera sobrevivir a lo que por entonces se preveía un duro pero corto paréntesis de actividad. Y las entidades financieras aprovecharon al máximo el blindaje del Estado. Como el riesgo soberano español es cero, según las normas que rigen el cálculo de los requisitos de capital, los préstamos acogidos al programa del ICO consumen menos recursos propios. Además, en caso de impago, la pérdida que debe anotarse el banco se reduce si la operación ha contado con una garantía pública. En consecuencia, explica el Banco de España, el programa de avales del Estado facilitó la expansión de los balances de los bancos estimulando la oferta de crédito. E incluso ha contribuido a contener la ratio de créditos dudosos,ratio al aumentar la liquidez de las empresas y el volumen de préstamos.

Además, esos préstamos se han beneficiado de unas mejores condiciones: el tipo medio de interés de la línea ICO es del 2,1% para pymes y del 2,3% para empresas mayores, inferiores al 2,6% y al 3% que obtenían antes de la pandemia o se les ofrecía en caso de operaciones sin el aval público. El plazo medio de los préstamos ICO también es tres años mayor al ofrecido al resto, lo mismo que su importe medio: por encima de los 200.000 euros para pymes para los créditos con aval del Estado, frente a los 70.000 euros de los que no entraban en el programa.

Aun con esos tipos más bajos, los bancos españoles han ganado hasta el momento casi 2.600 millones de euros gracias a los cerca de 120.800 millones prestados a las empresas. A esa cifra hay que sumar las cantidades que obtienen de los tipos negativos con que les financia el BCE. Pueden ganar hasta un 1% pidiendo dinero prestado al supervisor europeo. Esos beneficios constituyen ahora “una parte significativa de los ingresos de las entidades”, admite el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo. En la subasta de liquidez del mes de junio, la cuarta de las 10 programadas en principio, los bancos pidieron al BCE una cifra histórica: 1,3 billones de euros. Y aún quedan otros 554.055 millones para repartir en las cuatro subastas que quedan.

Aunque los tipos negativos hunden la rentabilidad del negocio bancario, las entidades financieras reconocen en la encuesta del BCE que la facilidad de depósito negativa –fijada en el 0,5%– está contribuyendo a aumentar los volúmenes de crédito en todos sus tipos. Lo mismo dicen de los programas de compra de activos y del plan de compra de emergencia pandémica –1,35 billones de euros– del BCE, que han tenido un “impacto positivo” en la liquidez –dan más créditos– y en las condiciones de financiación –más favorables para las empresas–. Lídia Brun, investigadora de la Universidad Libre de Bruselas cree también que a los bancos “les ha ido bastante bien” con la política monetaria del supervisor europeo, gracias a la recompra masiva de bonos públicos y a los tipos de depósito negativos. Y que las entidades financieras se han beneficiado de la expansión del crédito corporativo “subvencionado por el Estado” que han supuesto los préstamos del ICO, pero pide “prudencia” hasta que se revele cuántas empresas terminan en la insolvencia.

 Traslado del riesgo al Estado

Pero no son éstas las únicas ventajas que los bancos han obtenido de los avales públicos. Otro beneficio, y fundamental, es que trasladan buena parte del riesgo al Estado. El BCE calcula que casi un tercio de los préstamos que las empresas no van a poder devolver serán asumidos por los Estados una vez activadas las garantías que han concedido. Hay que recordar que el aval del ICO cubre entre el 60% y el 80% de cada préstamo. El resto de la pérdida la tendrán que asumir los bancos. En Reino Unido, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria calculó en julio que un 40% de las empresas que han pedido préstamos de hasta 50.000 libras con un 100% de garantía estatal pueden terminar en morosos, así como el 10% de las medianas –100% de garantía– y grandes –80%– que han solicitado créditos avalados. La pérdida para el Tesoro británico ascendería a 16.900 millones de libras –19.678 millones de euros–. En octubre, la Oficina Nacional de Auditoría, que depende del Parlamento británico, aumentaba las cifras de posibles morosos hasta una horquilla del 35% al 60% y hasta 26.000 millones de libras las pérdidas que debería asumir el Estado. Y el contribuyente.

En España, el índice de morosidad de los préstamos a empresas es del 4,9%. El de las operaciones del ICO es el 4,1%, según explicó el pasado noviembre en el Congreso la directora general de Negocios del organismo, Rosario Casero. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, ha hecho un cálculo del impacto que tendría en la deuda pública la ejecución de entre el 15% y el 30% de los avales hasta 2025: entre uno y dos puntos del PIB, de 12.000 a 24.000 millones de euros.

Calculando en unos 30.200 millones de euros el coste del porcentaje de garantía que deben asumir los bancos en España por la parte que no garantiza el Estado –a partir de la financiación aprobada hasta febrero–, si finalmente el 20% de las empresas beneficiarias no pueden devolver los préstamos, las entidades se comerían unos 6.000 millones de euros. Hasta el momento, los seis mayores bancos del país han hecho provisiones por un importe superior a los 8.000 millones de euros, por lo que el agujero que podría dejar el impago de los créditos del ICO estaría cubierto. El Estado, por su parte, tendría que digerir unos 18.100 millones. En todo caso, un informe de Barclays considera que los bancos españoles, gracias a los saneamientos realizados tras la crisis financiera, están mejor preparados que en 2008 y podrán soportar una tasa de morosidad de hasta el 30% en los sectores más afectados por el coronavirus. Aun alcanzando ese porcentaje, las entidades financieras mantendrían un colchón que sería mayor para el Sabadell y el Santander pero menor para el BBVA, precisa el banco.

La línea covid del ICO habrá supuesto un revulsivo para los bancos “si todo acaba bien”, matiza García Montalvo, en referencia al alargamiento de la crisis. Los créditos también tienen un coste y es seguro que una parte significativa va a convertirse en fallidos, añade. El 2% de interés que las entidades están cobrando por prestar a las pymes es, en realidad, un interés “muy subvencionado”, prácticamente el que se pide por una hipoteca, que tiene mucho menos riesgo que una pyme. “En un préstamo ordinario, a las pequeñas empresas se les cobra por encima del 4%”, subraya.

Las pérdidas no suprimen el dividendo

Como parte de su último paquete de medidas contra la crisis del covid, el Gobierno ha aprobado un plan para reestructurar los préstamos con aval público que las empresas no puedan devolver. Tiene una partida de 3.000 millones de euros, que incluye las quitas de deuda sólo como último recurso. En la dura negociación que el Ejecutivo mantuvo con la banca para ponerlo en marcha, las entidades financieras se negaron en redondo a que las quitas fueran generalizadas y obligatorias. Para saber cómo se van a realizar, habrá que esperar a que se publique el Código de Buenas Prácticas que ha de elaborar el Gobierno y que será, en cualquier caso, voluntario para las entidades financieras.

Pese al aumento de las provisiones y la subsiguiente repercusión en los resultados –los seis grandes perdieron 5.536 millones de euros en 2020–, los bancos van a pagar dividendos. Aunque en marzo el BCE prohibió el reparto de beneficios entre los accionistas, relajó la medida antes de acabar el año: podrán distribuir un máximo del 15% de la ganancia acumulada de 2019 y 2020. Aun así, sigue recomendando máxima prudencia y pidiendo que no se paguen dividendos hasta septiembre de este año. Cinco de los seis grandes el Sabadell no lo hará ya han anunciado que repartirán beneficios. Todos por encima del 1%.

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