La basura italiana conecta a la 'Ndrangheta y al tráfico de cocaína con los vertidos ilegales en Bulgaria y Rumanía

Italia llevaba décadas exportando basura a países de Europa del Este. Aunque podría hacerlo de forma legal, no es lo que le interesa a la mafia: el beneficio es mucho menor. Sus países favoritos como receptores de residuos son Bulgaria y Rumanía. Por cuatro buenas razones. La primera, que ambos pertenecen a la UE, por lo que las formalidades aduaneras se reducen al mínimo para los cargamentos que también proceden de estados comunitarios. También son países corruptos en los que se puede comprar casi todo por el precio adecuado. Además, el nivel de control aplicado por las autoridades es bastante limitado. Finalmente, eliminar los desechos en Bulgaria y Rumanía es mucho más barato que en Italia.

Así que muchas empresas italianas trabajan con otras rumanas y búlgaras. Y algunas de ellas están relacionadas con los Accarino, una familia que lleva décadas involucrada en el contrabando de residuos, como demuestra la investigación desarrollada por la revista italiana Espressoy los socios en Rumanía y Bulgaria (RCJI/TBS) del consorcio European Investigative Collaborations (EIC), cuyo medio colaborador en España es infoLibre.

En octubre del año pasado, Mario Accarino fue detenido en Italia por la Policía Antimafia junto con otros sospechosos de haber montado una gran red de tráfico ilegal de basuras. Según los carabinieri del grupo de protección del medio ambiente de Milán, la banda de traficantes desmantelada había acumulado más de 24.000 toneladas de desechos en vertederos ilegales repartidos por todo el norte de Italia, algunos en los alrededores de Milán, otros entre Varese y Como, algunos más en el Piamonte y cerca de Verona. Entre los 16 detenidos por orden de la Dirección Antimafia del Distrito se encontraba también Antonio Foti, que ya ha cumplido una condena por sus relaciones con la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, y que, junto con sus hijos Giuditta y Luciano, lleva años invirtiendo en el negocio de la basura. Un testigo citado en el sumario judicial declaró que Tecnobeton, una empresa propiedad de Foti, envía los residuos a Bulgaria. “Están triturando [basura] a toda máquina. Su ruta siempre es hacia Bulgaria”, explicaba por teléfono un camionero que fue interceptado por la policía. Otra pista que lleva a los Balcanes es la de Mario Accarino quien, junto con su hija Laura y su sobrino Francesco, también acabó en la red de los carabinieri.

Mario Accarino, de 61 años, controla la empresa búlgara Acar Eco, de la que también es accionista Avni Kadir Musein. Su hermano Kadir Avni Kadir fue detenido en 2012 por tráfico de cocaína a Italia. En la investigación policial el turco figura sin embargo bajo el nombre de Krassimir Zlatanski, con el que se inscribió en el Registro civil búlgaro en 2008. Contactado por teléfono por EIC, Zlatanski/Kadir confirma que conoce a Accarino y explica que la empresa Acar Eco, en parte propiedad de su hermana, tiene como objeto social la importación de chatarra desde Italia, pero que actualmente está inactiva. A pesar de los problemas judiciales del pasado, Zlatanski no ha cortado los lazos con Italia. Una pequeña empresa comercial en Milán está registrada a su nombre. “Pero no tengo nada que ver con los negocios de Accarino”, protesta. Junto a su hermano Salvatore, fugitivo quizá en el norte de África, Mario Accarino colecciona detenciones y condenas por delitos medioambientales. En 2019, a los dos traficantes de residuos se les confiscó un patrimonio millonario que incluía 27 propiedades y 28 cuentas corrientes y cajas de seguridad en Italia y Suiza.

La red italiana de los Bobokov

Pero, por muy ricos que sean, los Accarino no pueden compararse con los hermanos Atanas y Plamen Bobokov, dos de los empresarios más ricos de Bulgaria, que acumulan un patrimonio valorado en cientos de millones de euros. Los Bobokov también han acabado acusados de tráfico ilegal de residuos y su historia, como la de los Accarino, se desarrolla al menos en parte entre Italia y los Balcanes. El caso hizo sensación en Sofía, ya que los dos empresarios se habían forjado una reputación de intocables por sus múltiples relaciones en el mundo de la política. Todo se derrumbó a finales de mayo del año pasado, cuando la pareja acabó en la cárcel acusada de haber desechado ilegalmente al menos 7.000 toneladas de materiales de diversa índole, incluidas sustancias tóxicas, en varios lugares del país balcánico. La historia, de nuevo, conduce al norte de Italia.

En efecto, hace tres años, el grupo Monbat, controlado por los hermanos Bobokov, se hizo con la italiana Piombifera, con sede en La Spezia y planta en Macrobio, cerca de Brescia. La empresa recicla baterías agotadas extrayendo el plomo que luego transporta a la planta búlgara de Monbat para reutilizarlo como materia prima. Los magistrados de Sofía sospechan que los empresarios investigados también han ocultado residuos procedentes de Italia en vertederos ilegales. “No sabemos nada al respecto”, contesta sin embargo Paolo Pofferi, director general de la Piombifera italiana, que ya en 2019 devolvió a la empresa emisora un cargamento irregular que procedía de Eslovenia.

En cualquier caso, el nombre de Pofferi no es nuevo. Hace unos 30 años, el empresario originario de La Spezia, nacido en 1947, fundó una fábrica de todoterrenos en Nusco que tuvo una vida muy corta: cerró sus puertas a los tres años. Pofferi, abrumado por una serie de quiebras, acabó en el centro de una de las numerosas investigaciones abiertas sobre el despilfarro de dinero público que se utilizó para reconstruir la ciudad de Irpinia, en el sur de Italia, tras el terremoto que sufrió en 1980. También fue acusado de enterrar en Nusco residuos contaminantes de las empresas que poseía en el norte. “Un proceso muy largo, pero al final fui absuelto”, explica el socio italiano de los Bobokov, que dirige la Piombifera italiana junto al empresario Giovanni Grazzini, recién nombrado comisario de Forza Italia en la ciudad de La Spezia. Incluso Grazzini dice desconocer los problemas judiciales de los jefes del grupo Monbat.

En Bulgaria, sin embargo, las relaciones con la empresa italiana siguen más de actualidad que nunca. El asunto puede llegar al juzgado esta misma primavera, después de que tres acusados ya se hayan declarado culpables y estén pactando con la fiscalía una reducción de condena.

Documentos falsificados

“Llévense sus basuras”. Fue la orden de las autoridades búlgaras que en febrero de 2020 rechazaron 3.700 toneladas de residuos transportadas en 147 contenedores hasta Varna, una ciudad búlgara en el mar Negro, y que fueron devueltos a Salerno, de donde habían salido meses antes. Dentice Pantaleone, la empresa de la ciudad italiana de Avellino que los envió a Bulgaria, tendrá que hacerse cargo de la eliminación de esas basuras procedentes de la planta de Giugliano, que se había convertido en todo un símbolo de la catastrófica gestión medioambiental en la región de Nápoles. Según la versión oficial de los búlgaros, replicada por la contraparte italiana, la carga no se correspondía con la declarada en los documentos que la acompañaban.

El Gobierno de Sofía también suspendió la licencia de la incineradora que debía eliminar los residuos, parte de un cargamento cuatro veces mayor, unos 600 contenedores en total. La basura estaba destinada a una central eléctrica de carbón controlada por el magnate energético búlgaro Hristo Kovachki. Las 3.700 toneladas de residuos rechazadas por Bulgaria tendrán que ser eliminadas en Italia, lo que ya constituye un paso adelante respecto a lo ocurrido en 2015. En el verano de hace seis años, un barco que salió de Piombino y se dirigió a Varna arrojó al mar frente a la costa de Follonica 65 toneladas de residuos plásticos. Los contenedores siguen allí, una bomba ecológica que pone en riesgo las aguas protegidas del santuario de cetáceos.

Los intermediarios de Accarino en Rumanía

Mario Accarino también estuvo presente en Rumanía, como accionista de una empresa de servicios funerarios a principios de 2000. Sin embargo, sólo conservó sus acciones durante tres años y luego se retiró. Algunos de sus antiguos socios están relacionados con una empresaria rumana, Georgeta Trifa, implicada en el contrabando de residuos procedentes de Italia y eliminados ilegalmente en Rumanía. Las conexiones de Trifa con ciudadanos italianos son numerosos. Por ejemplo, era socia de Giuseppe Marinaro, Emilio Antonaci y Luigi Cataldo en una empresa rumana llamada Aeron Service SRL. Otros tres ciudadanos italianos eran sus socios en otra empresa rumana, Eurofier SRL: Francesco Maccarrone, Marco Nicola Domizio y Pier Paolo Cavallari. Domizio y Cavallari fueron procesados y condenados en Italia por tráfico ilegal de residuos y un informe del Senado italiano vinculó a ambos con el clan Accarino. En otra empresa rumana, Ikosro SRL, los socios de Trifa eran tres ciudadanos italianos –Giuseppe Antonio Marraffa, Gianni Monna y Antonio Caserta–, todos ellos procesados y dos de ellos condenados en Italia por contrabando de residuos.

En Rumanía, Georgeta Trifa está siendo investigada en estos momentos por contrabando de residuos. Dos comunidades rurales, Ineu y Vadu Criș, en el condado rumano de Bihor, al oeste del país, se sorprendieron a finales de 2019 al descubrir que una enorme cantidad de residuos habían sido depositados en una antigua granja oculta bajo muros levantados con pacas de paja. Más tarde, en febrero de 2020, la Guardia de Medio Ambiente calculó que suman 830 toneladas de residuos, entre plásticos, caucho y textiles. Según la respuesta facilitada a EIC por el Gobierno, los residuos se transportaron hasta Rumanía desde tres regiones italianas: Toscana, Lombardía y Emilia Romagna. Sin embargo, los documentos del envío indicaban como destino final de una parte de los residuos Chișinău, la capital de la República de Moldavia, vecina de Rumanía por el este, mientras que el resto de los residuos deberían haber sido reciclados por dos empresas rumanas con sede en Timișoara, otra ciudad rumana.

Sin embargo, lo más probable es que todos los documentos del cargamento estuvieran destinados a permitir que los residuos pasaran por la aduana y no fueran el resultado de un contrato real firmado por el importador. “No hay ninguna relación comercial entre nuestra empresa y las empresas que usted ha mencionado [las responsables de los residuos depositados ilegalmente], responde el director general de una de esas dos empresas con sede en Timișoara, Pro Air Clean Ecologic SA. La otra empresa que, según los documentos del traslado de residuos, debía reciclar los residuos es Geocycle Romania SRL, propiedad de la cementera suiza Holcim. La compañía no ha respondido a las preguntas de EIC ni, según la Guardia de Medio Ambiente, se ha puesto en contacto con ella para reciclar los residuos importados desde Italia. Los residuos para quemar como combustible en las plantas de cemento son muy lucrativos en Rumanía y empresas como Geocycle Romania SRL y Pro Air Clean Ecologic SA son bien conocidas por enviar grandes cantidades de residuos a estas instalaciones. Así que, en principio, no resultaba sospechosa la presencia de esas dos compañías en relación con los residuos de Ineu y Vadu Criș, salvo que los desechos no acabaron en las cementeras, sino escondidas tras pacas de paja en el campo rumano.

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Los residuos tienen que ser devueltos a Italia

Dos empresas rumanas se encargaron del transporte: Intrarom Service SRL y Gaz & Oil Gross Group SRL. La primera es propiedad al 100% de Georgeta Trifa, que ya se dedicaba al comercio ilegal de residuos en 2016, cuando, según informan los medios de comunicación italianos, Intrarom Service SRL pidió permiso para sacar 6.000 toneladas de residuos por mar del puerto de Pozzuoli, autorización que fue denegada por el alcalde Vincenzo Figlioglia por falta de datos sobre el destino de los residuos. La segunda, Gaz & Oil Gross Group SRL, es propiedad de dos socios: la mayoría de las acciones pertenecen a Georgeta Trifa (65%) y el resto al moldavo Adrian Grossu, un personaje muy turbio implicado en algunos negocios de contratación pública en la República de Moldavia. La empresa fue creada en 2017 por Grossu y otros dos moldavos, pero éstos dos vendieron sus acciones a Georgeta Trifa en 2018, justo un año antes de que la empresa organizara el traslado de residuos desde Italia a Rumanía.

A pesar del largo historial de Trifa en el traslado de residuos sospechosos, la mujer logró mantenerse al margen de las investigaciones en Rumanía hasta el hallazgo de la Guardia de Medio Ambiente en febrero de 2020. Tras intervenir la Fiscalía, Trifa está siendo investigada por varios delitos. Su caso, sin embargo, aún no ha llegado a los tribunales. Intrarom Service SRL debe pagar una multa de más de 12.000 euros y devolver los residuos a Italia, pero es bastante improbable que la empresa lo haga, ya que acaba de declararse en quiebra. El motivo: otra empresa denunció que Intrarom Service SRL no había pagado una deuda de más de 10.000 euros por servicios de transporte.