LOS ABUSOS DE LAS EMPRESAS

Defensa exige a la nueva adjudicataria de su macrocontrato de seguridad que pague los salarios del convenio sectorial

La ministra Dolores de Cospedal, en Líbano.

El Ministerio de Defensa ha vuelto a sacar a concurso los servicios de seguridad privada de sus instalaciones, un macrocontrato de 39,92 millones de euros que hubo de resolver de forma anticipada con el anterior adjudicatario, la empresa low cost Marsegur, por sus numerosos incumplimientos contractuales. El nuevo acuerdo marco, que por su elevado importe ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, incluye entre las “condiciones de especial ejecución” que las empresas candidatas deban cumplir el convenio del sector de la seguridad privada.

Según ha explicado a infoLibre un portavoz del Ministerio de Defensa, se trata de la cláusula 38 del pliego de condiciones administrativas. En una respuesta escrita a una pregunta de la diputada del PSOE Miriam Alconchel, el Gobierno asegura que en los pliegos del concurso se obliga al contratista a cumplir “las tablas salariales mínimas en el convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad, o bien las tablas salariales del convenio colectivo de empresa si fuesen más favorables para los trabajadores”. El concurso aún no ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Estado. El contrato tiene un año de duración y entrará en vigor el próximo 11 de abril.

Defensa se une así a la empresa pública AENA, que acaba de licitar otros dos grandes contratos de seguridad privada para sus aeropuertos, por importe de 370,32 millones de euros, e igualmente ha incluido en las condiciones del concurso el respeto obligatorio a las condiciones del convenio estatal. Esa nueva redacción de los pliegos es la primera consecuencia del acuerdo firmado en noviembre por los ministerios de Fomento y Empleo con los sindicatos y las patronales del sector de la seguridad privada, que puso fin al conflicto abierto durante el verano en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. El pacto establece mejoras en las condiciones laborales y salariales de los vigilantes privados en el área de Fomento, por lo que los avances conseguidos se trasladarán también a los guardias jurados de otras grandes empresas como Adif y Renfe. E igualmente al resto de las empresas de seguridad privada que consigan adjudicaciones públicas en cualquier otra área.

Los pliegos del concurso de AENA, además, establecen la resolución del contrato si la empresa no paga los salarios a los vigilantes y valoran con un mínimo del 51% de la puntuación los criterios relacionados con la calidad del servicio, en detrimento del criterio ligado sólo al precio.

Impagos de nóminas, incumplimientos contractuales

Precisamente la prioridad del criterio cuantitativo propició la entrada de las empresas low cost de seguridad al servicio de las administraciones. Algunas de ellas han terminado no pagando las nóminas de sus trabajadores. Es lo que les ocurre a los vigilantes de Seguridad Integral Canaria en el Metro de Madrid, que llevan tres meses sin cobrar, al igual que a los de otros servicios adjudicados a esta empresa por las administraciones canarias. Lo mismo sufrieron los vigilantes de Marsegur en el Ministerio de Defensa, que no cobraron su última nómina ni la liquidación, también los asignados a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han tenido problemas con el ingreso de sus nóminas.

De hecho, el Ministerio de Defensa decidió abrir el procedimiento para resolver el contrato con Marsegur el pasado mes de septiembre. En abril le había adjudicado el contrato para vigilar durante un año todas sus instalaciones, por un importe de 16 millones de euros. Pero en sólo unos pocos meses acumuló más de 170 actas de infracción. Por ejemplo, los vigilantes carecían de armas en algunas instalaciones, después de que la Guardia Civil se las requisara por carecer de la documentación en regla. Los retrasos en el abono de las nóminas eran la tónica habitual. Además, Marsegur paga salarios hasta un 40% por debajo del convenio estatal, en virtud de un convenio de empresa que ha sido anulado tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo –en sus dos redacciones sucesivas– porque fue negociado de forma ilegal. Aun así, la empresa lo sigue aplicando.

Marsegur, que el pasado septiembre cambió su denominación social a Novo Segur Seguridad Privada, paga un sueldo base de 726 euros mensuales. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal. El convenio de esta empresa, además, tiene una duración inusual, 10 años, de los cuales cinco son de congelación salarial.

Con el acuerdo alcanzado, tanto los sindicatos como la patronal del sector –que las acusa de competencia desleal– pretenden evitar que estas empresas se lleven los contratos públicos ofertando precios mínimos basados en el recorte de las condiciones laborales de la plantilla. Algo que dejará de ocurrir finalmente en marzo cuando entre en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a las adjudicatarias a cumplir las condiciones salariales establecidas en los convenios sectoriales. Con la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los de sector, consagrada en la reforma laboral de 2012, algunas firmas de seguridad privada negociaron sus propios convenios rebajando considerablemente los salarios de los vigilantes. No sólo Marsegur, sino también Sinergias de Vigilancia y Seguridad han sido durante los últimos años los principales exponentes de estas empresas bautizadas como piratas por los sindicatos.

Seis contratos más de Empleo para las dos 'low cost'

Pese a que no sólo Defensa y Fomento, sino también otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Castilla-La Mancha y el Gobierno canario, han introducido ya estas claúsulas sociales en sus concursos, el Ministerio de Empleo sigue omitiéndolas en los suyos. Y continúa adjudicando contratos tanto a Marsegur como a Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

En las últimas dos semanas de 2017 ha adjudicado los seis contratos de seguridad privada que tenía licitados. Uno ha ido a parar a Marsegur y los otros cinco a Sinergias. El primero, por importe de 128.480 euros, para vigilar las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Cuenca. Los restantes cubren la vigilancia de los edificios de la Inspección de Trabajo en Cáceres y Badajoz, la TGSS en Guadalajara, el centro de atención (Caiss) de Badajoz, la TGSS de Jaén y la Casa del Mar de Valencia, dependiente del Instituto Social de la Marina (ISM).

Además, Marsegur ha conseguido dos contratos más en otros ministerios: para vigilar la sede del CSIC –que depende de Economía–y un centro del Imserso en Cáceres –de Sanidad–. En total, 1,05 millones de euros, de los cuales 823.886 corresponden a Empleo.

De hecho, de las 28 licitaciones abiertas por el departamento de Fátima Báñez desde agosto, sólo tres incluyeron cláusulas que obliguen a los candidatos a respetar el convenio del sector. Además de las seis adjudicaciones ya citadas, otras 11 recayeron igualmente en Sinergias y Marsegur,2,55 millones de euros más. También la mitad de los contratos conseguidos por ambas empresas en 2016 llevan la firma del Ministerio de Empleo, pese a que entre sus competencias se encuentra “el impulso de las condiciones laborales”. Y de que fue Empleo el departamento que denunció el convenio de Marsegur ante la Audiencia Nacional por haber sido negociado de forma ilegal.

Tampoco los problemas que acompañan a estas empresas en la ejecución de los contratos son óbice para que se les sigan adjudicando. Por ejemplo, la TGSS de Jaén otorgó el concurso a Sinergias después de que el órgano de contratación hubiera eliminado a Marsegur, en principio la ganadora, porque no se encontraba “al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social”, según consta en el acta de resolución, con fecha de 17 noviembre. Un mes más tarde, el 29 de diciembre, la TGSS de Cuenca le adjudicó su servicio de vigilancia. En otra concesión reciente, del pasado noviembre, la TGSS de Ciudad Real, los sindicatos ya han denunciado a Marsegur ante la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Interior por no haber entregado a los vigilantes ni el calzado ni la ropa reglamentaria ni los grilletes ni la defensa.

Sinergias y Marsegur, además, se presentan ahora a un concurso de 22 millones de euros licitado por la Xunta para vigilar sus edificios administrativos. Son 170 guardias para un contrato de año y medio prorrogable. En los pliegos no se ha incluido cláusula alguna que obligue al cumplimiento del convenio sectorial.

Seguridad Integral Canaria, en concurso

Ambas empresas están ligadas a Miguel Ángel Ramírez, dueño también de Seguridad Integral Canaria. El polémico empresario, donante del PP, indultado por el Gobierno tras ser condenado por el Supremo y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, siempre ha negado cualquier vínculo con las dos low cost. No obstante, tanto Seguridad Integral Canaria, como Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. Además, en Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

El pasado 22 de diciembre Seguridad Integral Canaria solicitó el concurso de acreedores, cuatro meses después de haber anunciado que prescindía del negocio de la vigilancia porque no le resultaba rentable y que se iba a dedicar sólo al transporte blindado. En ese tiempo, Ramírez ha cedido todos sus contratos en aquella actividad a Sinergias de Vigilancia. Asegura que fue la única empresa interesada.

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