Fomento dispara en un 56% la contratación de personal externo en Seguridad Aérea

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro presumió el pasado lunes ante cinco ministros europeos de haber reducido en 400.000 los empleos del sector público desde 2011. No debía de conocer el caso de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), donde este año se ha presupuestado un aumento del 56,7% en las asistencias técnicas, mediante las que contrata con empresas externas desde pilotos hasta administrativos, para realizar inspecciones de seguridad en aviones y aeropuertos. También crece su gasto en funcionarios, pero el alza será pequeño en comparación: un 13,7%.

En todo caso, se trata de un aumento considerable si se tiene en cuenta que, por imperativos del ajuste del déficit público, la tasa de reposición que el Gobierno del PP ha impuesto es cero –las plazas de quienes se jubilan no se cubren– y la oferta de empleo público permanece congelada. El presupuesto para pagar funcionarios pasa pues de 12,89 millones de euros en 2013 a 14,64 millones este año. Pero el de las denominadas asistencias técnicas se dispara de los 17 millones de euros del anterior ejercicio a 26,48 millones en el actual, de acuerdo con las cifras publicadas en los Presupuestos Generales del Estado.

De esta forma, la plantilla de AESA estará compuesta por 478 funcionarios –40 más de los 438 existentes a 31 de diciembre de 2012, según las cuentas de agencia publicadas en el BOE–, 35 laborales fijos y un número de empleados contratados como asistencias técnicas que la web AviaciónDigital.com cifra en 432, unos 160 trabajadores más de los actuales. En su página web, la propia directora de AESA, Isabel Maestre, dice tener una plantilla de 650 empleados. De los 60,9 millones de presupuesto con que cuenta para este año –un 27% más que en 2013–, destinará a pagar a su personal 19,19 millones, y a asistencias técnicas, 7,3 millones más.

No se trata sólo de un problema de volumen, sino también de precio. Según fuentes sindicales, es más caro un piloto o un ingeniero externo que uno por oposición. Un administrativo contratado mediante asistencia técnica, aseguran, cuesta 3.000 euros al mes; si es funcionario, la mitad. De hecho, los sindicatos creen que el recurso a este tipo de contratos constituye un caso de cesión ilegal de trabajadores, considerada una infracción muy grave sancionada con multas de hasta 90.000 euros y que implica la conversión automática de estos trabajadores en personal laboral fijo.

Cuando los pilotos no podían ser funcionarios

Las fuentes sindicales recuerdan que las asistencias técnicas fueron el sistema empleado en un principio para contratar pilotos cuando la ley no se lo permitía a la Dirección General de Aviación Civil, la antecesora de AESA. Ésta se creó en 2008 como un organismo público con “personalidad jurídica diferenciada respecto la del Estado, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión y funcional”. Pero las asistencias técnicas sirven ahora para contratar también ingenieros aeronáuticos, gestores aeronáuticos e incluso administrativos, aseguran las fuentes.

La mayor parte de esos puestos los suministra a AESA la empresa pública Senasa (Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica SA), un “medio propio instrumental de la Administración”. Es decir, una sociedad del mismo tipo que Tragsa, por ejemplo, la compañía pública que limpió las playas bañadas de crudo del Prestige o fue contratada por el Ayuntamiento de Madrid para limpiar las calles durante la última huelga de basuras. Senasa tiene una plantilla de 420 trabajadores, según su página web y sus ingresos sufrieron en 2012 una caída del 20,4%.

Las mismas fuentes atribuyen el aumento de las asistencias técnicas y de funcionarios en AESA a las elevadas ratios que las autoridades europeas le exigen en materia tanto de personal como de inspeccionesratios. En 2012 la agencia hizo un total de 15.284. En cada una de ellas debe participar un ingeniero aeronáutico y un piloto. “Yo hago al menos dos por semana”, asegura uno de los primeros.

Ser funcionario, una garantía para el ciudadano

“En lo que no estamos de acuerdo es en que se recurra a las asistencias técnicas en lugar de convocar oposiciones”, protestan. En eso coinciden otras fuentes del sector consultadas. “La condición de funcionario de los inspectores es fundamental y garantiza a los ciudadanos la independencia, de intereses políticos, económicos u otros, de quienes están encargados de velar por su seguridad cuando se suben a un avión”, explican.

Porque los inspectores tienen labores “muy comprometidas”, destacan. Pueden dejar un avión en tierra “con centenares de billetes vendidos”, lo que supone “importantes pérdidas económicas para los operadores”. “Si cualquier resquicio se lo permite”, advierten, “exigen entonces indemnizaciones no sólo a la Administración, sino también al propio inspector”. También tienen potestad para clausurar un helipuerto o un aeródromo si éstos incumplen los requisitos de seguridad. La responsabilidad patrimonial que se les exige entonces a los inspectores puede ser “enorme”, apuntan. Además, son los encargados de autorizar, o no, los servicios de control de tráfico aéreo, y deciden si una nueva aerolínea puede operar o bien si determinados profesionales aeronáuticos pueden obtener la correspondiente licencia.

Pese a este catálogo de responsabilidades, los sueldos de los inspectores de AESA están por debajo de los cobrados por los inspectores de Hacienda u otros, se quejan. “Hasta 80 personas”, resaltan, “han abandonado la agencia en los últimos años, debido a la abismal diferencia entre responsabilidad, salario y perspectivas de promoción laboral”.

Aunque al sector aeronáutico no le gustan las asistencias técnicas de AESA, culpa a las “rigideces de la Administración” de su existencia: “Impiden contrataciones eficaces e incentivos eficientes”.

De alquiler en un centro comercial

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Este año está previsto que el personal de AESA regrese a los locales del Ministerio de Fomento de donde salió en julio de 2011. Un traslado que fue polémico en su día, hasta el punto de que la mitad de sus trabajadores suscribieron una carta a la ministra Ana Pastor en septiembre de 2012 para pedirle la vuelta de la agencia a un edificio público. AESA lleva dos años y medio instalada de alquiler en unos locales del centro comercial madrileño Moda Shopping, a escasos metros de Fomento.

El alquiler, protestaba en su carta la plantilla, cuesta 3,7 millones de euros al año. “Los trabajadores públicos no deben sufrir una rebaja de sus sueldos mientras existan gastos innecesarios una rebaja de sus sueldosque puedan evitarse”, le reprochaban a la ministra, a quien exigían además “el cese del despilfarro de dinero público en AESA”. El contrato de alquiler, según fuentes sindicales, concluye en diciembre de este año, por lo que se está intentando recuperar para la agencia las instalaciones del antiguo Ministerio de la Vivienda, “que se encuentran vacías”. Para este año los Presupuestos del Estado consignan un alquiler de 3,85 millones de euros, 120.000 euros más que en 2012.

infoLibre intentó ayer, sin éxito, obtener una respuesta del Ministerio de Fomento sobre el aumento de los gastos de personal y asistencias técnicas en AESA.