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La salida de la crisis

Dos formas opuestas de afrontar la crisis: España y EEUU una década después del 'crack'

Corredor de bolsa en Nueva York el día de la caída de Lehman Brothers.

Aunque los síntomas de asfixia del sistema financiero estadounidense llevaban desde 2007 manifestándose tímidamente, el crack que hizo que todo se viniera abajo no sonó hasta el 15 de septiembre de 2008. Aquella mañana, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, se declaró en bancarrota arrastrado por la crisis de las hipotecas basura. Ni las autoridades norteamericanas –que se negaron a sanear la entidad con dinero público– ni el sector privado –fracasaron las negociaciones con Bank of America y Barclays para vender la firma– lograron impedir el desplome. La caída de Lehman Brothers, que se unió a la que experimentaron sólo unos meses antes otras entidades como Fannie Mae, Freddie Mac o el gigante Bear Sterns, fue la mecha que condujo al estallido de la crisis financiera global. Un maremoto económico cuyos efectos aún siguen siendo visibles.

Tras el crack del banco de inversión, los movimientos para sortear un colapso de mayor envergadura fueron constantes. Durante la semana siguiente a la quiebra, la aseguradora American International Group (AIG) fue rescatada de la bancarrota y las dos principales entidades de inversión del país, Morgan Stanley y Goldman Sachs, tuvieron que reestructurarse en bancos comerciales para poder acceder a las ayudas contra la crisis financiera de la Reserva Federal estadounidense (Fed), aceptando así una mayor supervisión de la que tenían hasta la fecha. Y el Ejecutivo del republicano George W. Bush, tan reacio al intervencionismo estatal en los mercados, se vio obligado finalmente a preparar un ambicioso plan de rescate financiero para evitar que la crisis se agravara. Un descomunal desembolso que recibió la luz verde del Senado a finales de aquél trágico mes de septiembre.

Pocos meses después, la marejada llegó a Europa con el hundimiento de la economía irlandesa. En España, el primer aviso oficial se dio en diciembre de 2008, cuando el Banco de España anunció que la economía entraría en recesión en el último trimestre del año. Tras esto, llegaron las intervenciones de las cajas de ahorros, la caída libre de la Bolsa o el ascenso exponencial de la prima de riesgo. Y, por supuesto, los recortes: el tijeretazo de más de 15.000 millones llevado a cabo por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y el ajuste de 16.500 millones que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy nada más llegar a la Moncloa en diciembre de 2011. Sin embargo, el rescate parcial no llegó hasta 2012. El 9 de junio de ese año, se solicitó formalmente a Bruselas la ayuda económica para intentar evitar el colapso de unos bancos, cajas y entidades de crédito que acumulaban 130.000 millones de créditos dudosos.

Una década después del estallido, el paisaje financiero ha cambiado sustancialmente: en EEUU desaparecieron 489 entidades entre 2008 y 2013; España se quedaba sin cajas de ahorro, fusionadas primero y transformadas después en bancos. Y para quienes sobrevivieron, las instituciones internacionales aprobaron nuevas y más rigurosas normas de funcionamiento con la intención de evitar la repetición de los perversos comportamientos del pasado que habían conducido a la mayor crisis económica desde 1929. Pero, ¿cuáles han sido las diferencias sustanciales entre el estallido estadounidense y el español en materia de sanciones, procesos judiciales abiertos, investigaciones parlamentarias y devolución de las ayudas económicas?

  El plano judicial

Desde el colapso financiero de 2008, ni uno sólo de los peces gordos de Wall Street ha sido condenado. Sí que han caído, no obstante, decenas de ejecutivos de entidades de menor tamaño. Según aseguró en abril de 2016 la Oficina de la Inspectora General Especial del Programa de Rescate de Activos Financieros (Sigtarp, por sus siglas en inglés) en un informe remitido al Congreso de EEUU, más de una treintena de banqueros han sido condenados a prisión durante los últimos años por delitos relacionados con la crisis financiera. Una cifra que contrasta con la que el diario Financial Times puso sobre la mesa en agosto de 2017. Con datos del mismo Sigtarp, el rotativo elevaba a 324 el número de banqueros de pequeñas entidades, brokers o asesores inmobiliarios que fueron encontrados culpables en relación con el crack de hace una década.

En el caso de España, las pesquisas se han centrado principalmente en las cajas de ahorros quebradas. En los últimos años, 80 directivos han sido condenados a penas de entre tres meses y seis años por los desfalcos detectados en varias de las entidades colapsadas. Sesenta y cinco de estos altos cargos fueron condenados por las famosas tarjetas black de Caja Madrid. A ellos se suman los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia que cobraron indemnizaciones por 18,9 millones de euros, los cuatro de Caja de Ahorros del Mediterráneo condenados por falsedad contable y falsedad en la información que daban a los inversores, los dos de Caja Castilla La-Mancha que fueron encontrados culpables de alterar las cuentas de la entidad y los cuatro directivos de Caixa Penedés condenados por un delito continuado de administración desleal.

Esta cifra podría aumentar a medida que se vayan resolviendo otros tantos procesos judiciales que actualmente están abiertos en los tribunales. En noviembre, por ejemplo, arrancará el juicio del caso Bankia, que sentará en el banquillo de los acusados a 33 ex altos cargos de la entidad por las irregularidades detectadas en la salida a Bolsa de la entidad. También están siendo investigados una docena de Banco de Valencia por el supuesto falseamiento de las cuentas de 2009 y 2010, así como otros 41 exdirectivos y exconsejeros de Caixa Catalunya por el aumento de las remuneraciones aprobado mientras la caja de ahorros estaba en pleno rescate público. También están imputados otros ocho directivos y ex altos cargos de Banca Cívica por las irregularidades detectadas en la fusión que dio lugar a la entidad y su salida a Bolsa.

  La investigación parlamentaria

Ocho meses después de la caída de Lehman Brothers a los infiernos, el Congreso estadounidense dio luz verde a la Ley de Recuperación y Lucha contra el Fraude. Dicha norma, una de las primeras firmadas por Barack Obama al frente de la Casa Blanca, contemplaba la puesta en marcha de la Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC), una comisión parlamentaria que tenía como objetivo “examinar las causas de la crisis financiera y económica de EEUU”. Compuesto por diez “ciudadanos privados” –seis a propuesta de los demócratas y cuatro de los republicanos– con experiencia en el sector de la vivienda, las finanzas, la banca o la protección de los consumidores, el panel arrancó sus pesquisas en enero de 2010, un año y medio después de que colapsara el sistema financiero estadounidense, con un presupuesto de 9,8 millones de dólares.

En enero de 2011, la comisión de investigación puso sobre la mesa su informe final. El escrito, elaborado tras realizar más de 700 entrevistas y revisar millones de páginas de documentos, era demoledor. A lo largo de más de 600 páginas, los miembros del panel acusaron a funcionarios, políticos y banqueros de haber propiciado un colapso financiero que “habría podido evitarse”. En definitiva, el informe calificó el estallido de 2008 como el “resultado de la acción y la inacción humana”. “Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron las advertencias y fallaron en cuestionar, entender y gestionar los cambiantes riesgos dentro de un sistema esencial para el bienestar público estadounidense”, rezaba el documento, en el que se insistía que la caída “fue un gran fallo, no un tropiezo”.

En España, por el contrario, el colapso económico ha tardado casi una década en llegar al Parlamento. La comisión de investigación sobre la crisis financiera echó a andar en el Congreso de los Diputados en febrero de 2017 y espera tener listos la ponencia y el dictamen de conclusiones antes de que acabe el año. De momento, ya ha finalizado el periodo de comparecencias de personalidades políticas, económicas y académicas. Durante todos estos meses de trabajo, han desfilado por la Cámara Baja los consejeros delegados de los principales bancos españoles –BBVA, Banco Santander, Bankinter, Sabadell o Caixabank–, los principales responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante aquellos años o los exministros de Economía Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado.

Durante las comparecencias, prácticamente todos tiraron balones fuera. Rato negó la existencia de una burbuja inmobiliaria durante su etapa al frente del ministerio –“demanda embalsada de creación de hogares” lo llamó–. Solbes reconoció que no fue capaz de poner freno a un tren “que se iba acelerando” y echó la culpa del escándalo de las preferentes al Banco de España y la CNMV. Los responsables del supervisor y el regulador por aquel entonces, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura, se desentendieron cuando se les preguntó por su inmovilismo ante el problema de las cajas de ahorro y la venta de las preferentes. La respuesta, similar: falta de competencias. La exministra Elena Salgado, por su parte, también admitió que se habían cometido “errores”, pero achacó el estallido de la economía española al colapso financiero internacional.

  Las sanciones

A pesar de la dificultad para perseguir judicialmente a los ejecutivos de las grandes firmas financieras estadounidenses, lo cierto es que los gigantes de Wall Street sí que han terminado pagando un alto precio por la hecatombe de 2008. Pero lo han hecho en forma de multas. Desde el estallido de la crisis, las entidades financieras de todo el mundo han pagado sanciones por valor de 321.000 millones de dólares –275.300 millones de euros–, según un informe de Boston Consulting Group. Casi la mitad de estos castigos se han concentrado en Estados Unidos, cuya banca ha terminado abonando 150.000 millones de dólares –unos 121.600 millones de euros–, según un análisis elaborado por el Financial Times. La mayor parte de las sanciones fueron por los engaños a los compradores de valores financieros avalados por hipotecas.

De todos los bancos, agencias de calificación y otras entidades financieras analizadas por el rotativo económico británico, el que más sanciones ha tenido que afrontar ha sido el Bank of America. En total, el segundo banco más grande de EEUU por valor de activos ha pagado más de un tercio de las multas impuestas por las autoridades estadounidenses: 56.000 millones por la venta de sus hipotecas y de las de dos de las firmas que adquirió –Countrywide y Merrill Lynch–. Le sigue JPMorgan Chase, que ha tenido que desembolsar 27.000 millones de dólares por el papel que tuvieron durante el crack tanto la compañía como las dos empresas que compró –Bear Stearns y Washington Mutuals–. El podio lo completa Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, que ha tenido que pagar unos 12.000 millones de dólares en multas.

En suelo español, las sanciones han sido mínimas. Desde el estallido de la crisis, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto sanciones a los bancos españoles por valor de 45,2 millones de euros, según consta en el informe La crisis financiera en España: marco normativo y actuación supervisora (2007-2015), entregado por el organismo regulador en el marco de la comisión de investigación de la crisis económica. El documento, que analiza las acciones en relación con la emisión de preferentes, deuda soberana y fondos de inversión, recogía tres multas al Santander por valor de 17,9 millones de euros y otras tres a CaixaBank por siete millones entre 2010 y 2011. En los años posteriores, también cayeron sanciones sobre Caja España, NCG Banco, Bankinter, Popular, Caja Madrid/Bankia, Catalunya Banc o BBVA.

La comisión sobre la crisis financiera finaliza con una reprimenda a los organismos reguladores y supervisores

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  Recuperación del rescate

En Estados Unidos, el Programa de Rescate de Activos Problemáticos (TARP, por sus siglas en inglés) fue dotado con la friolera de 700.000 millones de dólares –unos 560.000 millones de euros–, con los que el Tesoro estadounidense compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos. Sin embargo, de esa cantidad se han desembolsado hasta la fecha 439.000 millones de dólares, según consta en el último informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos (CBO, por sus siglas en inglés), presentado el pasado mes de marzo. Dicho documento también referencia que, hasta el 31 de enero de 2018, los bancos y empresas rescatadas durante los años posteriores al crack financiero estadounidense han devuelto unos 377.000 millones de euros. Por tanto, las arcas de EEUU ya han recuperado el 85,9% de la ayuda económica desembolsada.

Algo muy diferente ha sucedido en España. A pesar de que en 2013 el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba que se recuperaría lo que el Gobierno del PP definió como “un crédito a la banca” que no costaría “ni un euro” a los contribuyentes, la realidad ha sido bien distinta. Según los datos del último Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014 del Banco de España, referidos a julio de 2017, las arcas sólo han recuperado 3.873 de los 56.865 millones de euros de dinero público inyectados durante esos siete años para evitar el desplome del sistema financiero español. Es decir, las entidades financieras han devuelto apenas el 6,8% de lo aportado. Y el regulador bancario ya ha dicho que no cree que se logre recuperar finalmente más del 25% de lo aportado –14.275 millones–.

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