El Gobierno despliega el mayor gasto público de la Historia, hasta el 51,5% del PIB, para hacer frente al covid-19

El destrozo que está causando la pandemia del coronavirus en la economía española se va a traducir en un desplome inédito del PIB que el Gobierno ha cifrado en un 9,2% para todo el año, pero que habrá sido del doble, el 18,2% en los dos primeros trimestres. Aunque el Ejecutivo también prevé que la recuperación será “más gradual y suave” en los dos trimestres finales de este ejercicio y “más fuerte” en 2021, la economía no recuperará hasta 2022 –sin precisar el trimestre– el nivel que tenía al acabar 2019.

De hecho, el PIB español terminará este año un 5,7% por debajo del nivel que tenía en 2019 y en 2021 aún será un 2,7% inferior, aun después de haber crecido un 6,8% según las previsiones del Gobierno.

La parálisis económica causada por el cierre de empresas y el confinamiento de la población ha forzado las cuentas públicas de tal forma que el aumento del gasto necesario para paliar los daños en el tejido productivo y en la sociedad, así como el recorte de los ingresos derivado de la caída de la recaudación fiscal van a disparar el déficit público hasta el 10,34%, el mayor desde 2012 y más del triple del que registraba España al acabar 2019, un 2,82%.

Tamaño descuadre es el resultado del alza del gasto público que el Ejecutivo ha previsto para afrontar el “shock temporal” causado por el covid-19 y conseguir una recuperación “que no deje a nadie atrás, a diferencia de lo ocurrido en otras crisis, como la desigualdad y la pobreza que provocó la de 2008”, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que presentó este viernes junto a la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas enviado a Bruselas la noche anterior.

Así, el Estado gastará este año 576.714 millones de euros, lo que equivaldrá al 51,5% del PIB. Respecto a 2019 subirá nada menos que un 10,5%. Es la primera vez que esa partida supone más de la mitad de la economía nacional y se trata de una cifra récord. Hasta ahora el año en que el gasto público alcanzó una mayor participación del PIB fue 2012, cuando llegó a representar el 48,7%. La rúbrica fue entonces de 501.688 millones de euros y España se encontraba en plena recesión, con una caída del PIB del 3% y seis millones de desempleados –la tasa de paro llegó al 26%–. El Gobierno ha calculado un impacto este ejercicio de las medidas para combatir el coronavirus y sus efectos en la economía que asciende a 138.923 millones de euros. De esa cantidad, 17.894 millones corresponden a l coste de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Además, este año el paro se disparará hasta el 19% de la población activa, por lo que se quedarán sin trabajo unos 4,37 millones de personas. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), España tenía a 31 de marzo, tras 15 días de estado de alarma, 3,3 millones de desempleados.

Gasto récord en prestaciones sociales

Para pagar las prestaciones de quienes pierdan su trabajo, así como de quienes estén sujetos a ERTE, el cese de actividad de los autónomos y el resto de las ayudas para desempleados, el presupuesto ha subido un 17,06%. Es el capítulo que más crece. El Gobierno cifra en cuatro millones el número de trabajadores con el contrato suspendido o su jornada y sueldo reducidos, en 1,4 millones los autónomos en cese de actividad y en 462.000 los trabajadores temporales con subsidio extraordinario. Otras 900.000 personas en paro recibirán prestación al haber perdido el empleo por culpa del coronavirus. De manera que este capítulo, 230.447 millones de euros, representará el 20,6% del PIB. En la cifra se incluyen también las pensiones: sólo las contributivas crecerán un 5,1% este año.

También es el de 2020 el mayor gasto en prestaciones sociales jamás acometido en España, tanto en cifras absolutas como respecto al PIB. Durante toda la crisis posterior a 2008, esa partida nunca superó el 16% del PIB. En 2012 y 2013, los años de la recesión más duros para el empleo, no alcanzó los 170.000 millones de euros.

En cualquier caso, el Gobierno ha elevado el peso en términos de PIB de casi todas las partidas de gasto, según destaca en el Programa de Estabilidad. La subida de salarios de los funcionarios, el aumento en las comunidades autónomas de las contrataciones de personal sanitario y del presupuesto para comprar material hospitalario por la pandemia van a disparar un 8,64% los llamados consumos intermedios. Finalmente, las inversiones públicas crecen bastante menos, un 2,6%, hasta los 26.066 millones de euros.

La recaudación fiscal cae un 5%

En cambio, la merma es notable en el capítulo de ingresos: 25.711 millones menos que en 2019, un descenso del 5,3%. La razón estriba en que la caída del PIB se traducirá en un recorte de la recaudación tributaria del 5%. La cifra total de recursos prevista es de 461.043 millones de euros, un 41,2% del PIB. Los impuestos ingresados por las administraciones públicas se quedarán en 263.443 millones de euros, poco más de lo que el fisco recaudó en 2017, pero por debajo de las cifras de los dos últimos años. El aumento del paro se notará en el IRPF, que perderá un 2,4% respecto a 2019, pero que también mermará los ingresos del IVA, un 5,2%, al contraerse el consumo –un 8,8%–. Mucho más bajará la recaudación del impuesto de sociedades, un 8,7%, por la caída de los beneficios empresariales: no llegará a los 23.600 millones de euros. Pero el impuesto que sufrirá un auténtico descalabro será el que grava las transmisiones y actos jurídicos documentados, cuya recaudación se hundirá un 38% por la paralización de las operaciones económicas.

Las cotizaciones a la Seguridad Social tampoco se escapan del deterioro de la actividad económica y del empleo. Bajarán un 5,75%, ayudadas por la medidas del Gobierno para eximir de su pago a los trabajadores sometidos a ERTE y a los autónomos en cese de actividad. La Seguridad Social sufre un déficit de 16.052 millones de euros, el 1,29% del PIB, por lo que es previsible que aumente también este año.

“Ni una subida ni una bajada masiva de impuestos”

A preguntas de los periodistas, la ministra María Jesús Montero aseguró que el Ejecutivo no tiene previsto “ni una subida ni una bajada masiva de impuestos”, pero sí pretende conseguir “cuanto antes” la aprobación en el Congreso de los tributos sobre servicios digitales y sobre transacciones financieras, de forma que ambos entren en vigor en el último cuatrimestre del año. También anunció que el Gobierno “retomará su agenda fiscal en el momento adecuado” y que ésta deberá discutirse en la comisión de reconstrucción que se constituirá en las Cortes. No dejó de recordar que el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos incluye una fiscalidad sobre la riqueza que “no necesariamente implica un nuevo impuesto”.

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Por su parte, Nadia Calviño se desmarcó de las nacionalizaciones de empresas en apuros que han llevado a cabo otros países europeos. A su juicio, ese “debate ideológico no es productivo”. La ministra prefiere “la respuesta eficaz” para contrarrestar el efecto del covid-19 que, a su juicio, está dando el Gobierno español.

El panorama que dibujan las previsiones macroeconómicas del Gobierno no deja lugar para ninguna alegría. La inversión va a caer un 25,5% este año, más de lo que se contrajo en 2009; el consumo, un 6%; las horas trabajadas, un 9,7% –el doble de lo que se han recortado hasta marzo, según la EPA–. El resultado será una deflación del -1% –también favorecida por los precios históricamente bajos del petróleo–. La caída de la demanda interna arrastrará a las importaciones, que disminuirán un 31%. Y las exportaciones, por la pérdida del turismo extranjero y la crisis en los países que compran los productos españoles, se dejarán un 27,1%. Es decir, a diferencia de la pasada crisis, ni la demanda interna ni el sector exterior podrán tirar de la economía española en los próximos meses. La deuda pública, del 95,5% en 2019, se disparará hasta el 115,5% del PIB.

Para 2021, en cambio, el Ejecutivo dibuja un paisaje más optimista. Sitúa su recuperación en V asimétrica ya en el segundo semestre de este año, para continuar el próximo con la reactivación del turismo y de las exportaciones –hasta un 11,6%– e incluso de la demanda nacional, un 5,8%, lo que permitirá mejorar las importaciones un 9,3%. También aumentarán las horas efectivamente trabajadas, un 5,7%, por lo que el paro bajará, pero no demasiado, ni siquiera dos décimas, y terminará 2021 en el 17,2%. El nivel que tenía en el segundo trimestre de 2017.