GESTIÓN ECONÓMICA

El Gobierno se la juega con las pensiones, la reforma laboral, los impuestos y los salarios

Foto de familia del nuevo Ejecutivo después de celebrar el primer Consejo de Ministros.

El Gobierno de Pedro Sánchez toma el mando de una economía que crecerá este año un 2,7%, cuatro décimas menos que el anterior, si se cumplen las previsiones que le dejó hechas el Ejecutivo del PP. El PIB se desacelera y los vientos de cola que han impulsado el crecimiento económico en los últimos tres ejercicios dejan de soplar.

El precio del petróleo se ha disparado –el del Brent se ha duplicado en dos años y casi roza los 80 dólares–, la política de estímulos monetarios del Banco Central Europeo (BCE) toca a su fin, subirán los tipos de interés y el turismo, que funcionó como motor turbo de la economía nacional, empieza a notar la falta de los visitantes prestados y recuperados por Túnez o Turquía.

Impulsado por esa velocidad suave, el Gobierno deberá lidiar con los efectos del amaine en el empleo. En el último trimestre, la ocupación creció un 2,36%, la menor alza interanual en ese periodo desde 2014la menor alza interanual en ese periodo desde 2014. Si se cumple el programa macroeconómico recién enviado a Bruselas, España tardará un año más de lo previsto en alcanzar los 20 millones de ocupados, lo que no ocurrirá hasta 2020. Este mismo ejercicio, la economía debería crear 475.000 puestos de trabajo, un descenso de 15.300 respecto a 2017. En 2019 pueden ser aún menos: 439.000. Pese a la recuperación económica y del empleo, España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro, el 16,74%, casi 3,8 millones de personas no tienen trabajo.

El Gobierno también tendrá que esforzarse por cumplir un objetivo de déficit que ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ni la Comisión Europea se creen. Bruselas desconfía de que España baje hasta el 2,2% pactado, incluso antes de computar la subida de las pensiones que el PP pactó con el PNV y que supone un gasto adicional de 1.522 millones de euros. La AIReF considera “improbable” alcanzar el objetivo, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco lo cumplirá la Seguridad Social, actualmente con un déficit histórico de 18.756 millones de eurosdéficit histórico de 18.756 millones de euros.

Mientras defienda en el Senado la aprobación de los Presupuestos elaborados por el PP, los socialistas tendrán también que pactar el techo de gasto para 2019, el primer paso para elaborar las Cuentas del Estado del próximo ejercicio, que deberán estar listas en septiembre. Unidos Podemos ya ha emplazado a Pedro Sánchez a fijar un techo de gasto –el límite de gasto no financiero que puede hacer el Estado– más laxo que permita una reducción más lenta del déficit público y dedicar más dinero a gasto social, educación, sanidad, dependencia y pensiones.

Sí que considera factible la AIReF que el Gobierno cumpla el objetivo de deuda pública, que debería rebajarse hasta el 97,6% este año. El pasado febrero estaba en el 99,5%. No obstante, apenas se corrigió en siete décimas del PIB en 2017, por lo que España lleva tres años consecutivos incumpliendo la reducción de dos puntos porcentuales establecida en la Ley de Estabilidad para los ejercicios en que la economía crezca por encima del 2% en términos reales. Basándose en ese ritmo de disminución, la AIReF prevé que hasta 2035 no se alcance el objetivo de recortar la deuda hasta el 60% del PIB.

De cada 100 euros de deuda, casi cuatro corresponden a comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero la reforma del sistema de financiación autonómica, una de las patatas calientes heredadas del PP, depende de una negociación parlamentaria que se adivina más que complicada. Sin embargo, la vicepresidenta, Carmen Calvo, anunció este mismo viernes en Canal Sur Radio que el Ejecutivo abordará “de manera inmediata” esta reforma y que Pedro Sánchez recibirá a todos los presidentes, incluido el catalán, para debatir el asunto.

¿Más impuestos?

El PSOE defiende una reforma del impuesto de sociedades para aumentar la recaudación, eliminando exenciones y deducciones. También prometió un impuesto que grave las transacciones financieras y otro los beneficios de la banca, a fin de destinar esos ingresos adicionales a gasto social, incluidas las pensiones. Sánchez tendrá que vencer la resistencia de las entidades financieras, que ya han mostrado su rechazo a cualquier nuevo gravamen, en un momento, además, en que sus márgenes son mínimos con los tipos de interés por los suelos.

Con carácter inmediato, en cualquier caso, tiene que abordar si crea el impuesto a las grandes compañías tecnológicasimpuesto a las grandes compañías tecnológicas que anunció el ministro Cristóbal Montoro tras pactar la subida de las pensiones con el PNV. La intención del Ejecutivo del PP era adelantarse al proyecto de tributo que prepara la Unión Europea y aplicar una tasa Google propia con carácter inmediato. Tras el primer consejo de ministros del nuevo Gobierno, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, sólo apuntó a los periodistas la “posibilidad” de recurrir a los impuestos para “mejorar las políticas sociales sin incumplir los objetivos de déficit pactados con Bruselas y con los que se comprometió Pedro Sánchez”.

Quizá los mercados ayuden involuntariamente al Gobierno a dejar para más adelante otro tema pendiente: la privatización de Bankia. La baja cotización del sector financiero en la Bolsa elimina cualquier prisa para vender nuevos paquetes de acciones del banco nacionalizado. En una de las resoluciones de su 39º Congreso, el pasado mes de julio, el PSOE abogaba por recuperar la banca pública, como medida para evitar el exceso de concentración en el sector y para garantizar el crédito destinado tanto a inversiones a largo plazo como para fines sociales. No precisaba cómo ha de revitalizarse esa banca pública que en estos momentos se reduce al ICO y a una Bankia rescatada con 22.000 millones de euros de dinero público y de la que el Estado aún posee casi el 61%.

Derogación de dos reformas del PP

“Lo primero que haré cuando llegue al Gobierno será derogar la reforma laboral”, ha repetido Pedro Sánchez en numerosas ocasiones. Y es lo primero que le han pedido los sindicatos a la ministra de Trabajo nada más tomar posesión. De momento, lo que Magdalena Valerio ha anunciado es diálogo con sindicatos y empresarios antes de hacer un “replanteamiento total” de la reforma de 2012. Isabel Celaá habló de “modificaciones” en la ley tras hacer un análisis íntegro. Valerio precisó que ese trabajo comenzará “inmediatamente”. Y lo hará con la oposición de la CEOE, que en estos años no ha dejado de pedir ampliaciones de la reforma que ya en su día el ministro Luis de Guindos calificó como “muy agresiva”.

Como gran prioridad Valerio ha situado la derogación de otra reforma del PP, la de las pensiones de 2013. No obstante, el Ejecutivo está a expensas de que la Comisión del Pacto de Toledo llegue a un acuerdo para actualizar sus 21 recomendaciones, un trabajo que debe acometer cada cinco años. Los partidos no se han sido capaces de hacerlo hasta ahora, paralizados desde hace año y medio por la coyuntura catalana y las tensiones políticas. Las manifestaciones multitudinarias de los jubilados añadieron más presión a los debates. La subida de las pensiones en dos fases, primero las mínimas y las de viudedad, después el resto al ritmo del IPC previsto, han terminado por descabalgar el modelo que hasta ese momento el PP había defendido como el único posible para garantizar la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social.

Aunque el Gobierno de Mariano Rajoy insistía en que la subida era una decisión puntual y tras ella se volvería a actualizar las pensiones según el Índice de Revalorización (IRP) creado por la reforma de 2013, lo cierto es que ésta ha quedado herida de muerte: el Ejecutivo del PP también retrasó hasta 2013 la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad –un coeficiente reductor de la primera pensión de acuerdo con la esperanza de vida de cada generación–, que estaba previsto aplicar el próximo año. De hecho, el PP ya ha empezado a converger con el resto de los partidos, que en el Pacto de Toledo están de acuerdo en suprimir el IRP y retornar al IPC, aunque con algún añadido, como el crecimiento del PIB. También se ha mostrado dispuesto a “repensar” el Factor de Sostenibilidad.

Pero mientras se alargan los debates en esa comisión parlamentaria, el déficit de la Seguridad Social continúa escalando. Este mismo mes, el Gobierno debe ir preparando el pago de las nóminas de julio, que incluyen una extraordinaria. Para sufragarla, el Estado ya tenía previsto hacer un préstamo al organismo público de 15.000 millones de euros. Es el segundo que debe concederle para abonar las dos extras anuales. El Gobierno del PP ha dejado el Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones, con sólo 8.095 millones de euros –llegó a tener 66.815 millones en 2011–, tras recurrir a él de forma continuada desde 2012 para afrontar las tensiones de tesorería que se repiten cada verano y cada navidad.

Así que, además de lo que recomiende el Pacto de Toledo sobre nuevas fuentes de ingresos para la Seguridad Social, el Gobierno debería ponerse enseguida a la obra con las medidas que el PSOE prometió en su programa: suprimir las tarifas planas que eximen a las empresas de pagar cotizaciones si contratan a trabajadores indefinidos, aumentar las bases de cotización y pagar con cargo a los Presupuestos los gastos de administración de la Seguridad Social. Sin olvidar los nuevos impuestos antes citados, para los que encontrará la oposición de, al menos, Ciudadanos y el PP.

Diálogo Social

Igualmente corre prisa el subsidio que debe sustituir a las ayudas del Plan Prepara y del Programa de Activación para el Empleo (PAE), así como a la Renta Activa de Inserción (RAI), destinadas a los parados de larga duración. Los dos primeros expiraron el pasado 30 de abril, pero el Gobierno de Rajoy fue incapaz de sacar adelante la Renta Complementaria por Desempleo (RED), que negociaba con sindicatos, patronal y comunidades autónomas. UGT y CCOO han puesto pegas a la RED, tal y como la diseñó el anterior Ejecutivo, porque deja fuera a un número considerable de parados. De momento, los Presupuestos del Estado en tramitación incluyen un como medida transitoria un “subsidio extraordinario de desempleo” de 430 euros renovable cada seis meses. Pero los sindicatos exigen una solución definitiva que mantenga el nivel de cobertura.

Si como han avanzado los agentes sociales, están cerca de alcanzar un acuerdo para subir los salarios los próximos años, éste será un acicate para el resto de las mesas de diálogo laboral. Las cinco abiertas con el ministerio de Fátima Báñez –pensiones, formación, calidad del empleo, parados de larga duración y seguridad laboral– han permanecido en estado de letargo desde su creación. De ellas se esperaban desde medidas contra el abuso de los contratos temporalesmedidas contra el abuso de los contratos temporales hasta una mejora de los contratos de formación o la citada RED. Precisamente reactivar el diálogo social fue una de las “urgencias sociales” que Pedro Sánchez prometió afrontar “sin la más mínima demora” en el discurso con el que defendió su moción de censura al Gobierno de Rajoy. Un diálogo necesario, dijo, para firmar un pacto de rentas que “dignifique los salarios”pacto de rentas que “dignifique los salarios”.

La bronca de la formación

En su programa electoral, el PSOE se comprometió a “recuperar las políticas activas de empleo”, cuyo presupuesto fue una de las primeras víctimas de los recortes de la crisis. Además, la reforma de la formación para el empleo que el Gobierno del PP aprobó en 2015 contó desde el inicio con el rechazo frontal tanto de la patronal como de los sindicatos. En 2015 no hubo siquiera convocatoria de subvenciones para cursos y la última que se ha ejecutado ha sido la de 2016. Ni siquiera las empresas y academias de formación están contentas con el nuevo sistema.

De ahí que el PSOE haya prometido un nuevo “diseño” del sistema en el que recuperen “la gobernanza, planificación y estrategia todos los agentes implicados”. Los sindicatos y patronal fueron expulsados de la gestión de las subvenciones por la reforma de 2015 y desde entonces luchan por recuperarla. Incluso han acudido a los tribunales.

Tras su primer consejo de ministros, Isabel Celaá, que también es la responsable de Educación se ofreció a darle “un buen lifting” a la Formación Profesional duallifting, otra asignatura pendiente, y necesitada, a su juicio, de “un buen convenio y comunicación” entre los empresarios, los centros educativos y los sindicatos.

Los salarios bajaron un 1,3% en 2016, su mayor recorte desde 2012

Los salarios bajaron un 1,3% en 2016, su mayor recorte desde 2012

Más sobre este tema
stats